Por Cecilia Lesgart (Conicet-UNR)
1.
Más allá del significado analítico estricto que guarda el concepto “golpe” en el vocabulario de la Ciencia Política y de la Política Comparada, la Bolivia de hoy nos interpela en el sentido público con el que usamos las palabras en el vocabulario corriente de los asuntos políticos. Empecemos por aquí, y veamos qué podemos hacer con las conceptualizaciones, también ellas provisorias frente a la vertiginosa marcha de los acontecimientos.
Bolivia exige ser pensada, y su situación necesita ser articulada políticamente con palabras claras más acá de los juegos de lenguaje, porque lo sucedido puede no ser un evento contingente que aguarda ser conceptualizado con precisión cuando pase la “inestabilidad” política o institucional. Asimismo, porque lo sucedido el 9/11 podría no ser un suceso que empaña un rumbo que más tarde o más temprano se resolverá con el mecanismo institucional previsto en la constitución. Tal como fue por estos días contrastada con la inestabilidad política y social de Argentina en 2001, cuando el Presidente De la Rúa -sumido en una grave crisis económica, social y política, y tras declarar el estado de sitio-, renunció y se sucedieron cinco presidentes en una semana. Si posamos la mirada en la noche del 12/11 antes de observar los días previos, Bolivia no ha logrado una canalización institucional a la crisis golpista. En cambio, se sigue vulnerando la constitución cuando la segunda vicepresidenta del Senado Jeanine Añez, se autoproclama presidenta interina en una sesión legislativa que no cuenta con quorum reglamentario en ninguna de las dos Cámaras legislativas. Por lo tanto, la autoproclamada presidenta, carece de legitimidad de origen y de legitimidad constitucional.
Bolivia emerge dentro de una situación política muy complicada para la América Latina actual, una región en donde la democracia está en abierta disputa, como construcción de un horizonte común de sentido y como lazo que une a representantes y representados. Y donde, al mismo tiempo que se ha deprimido la presencia de organizaciones regionales que actúen en la promoción de espacios de diálogo y de negociación en caso de conflictos, se renueva la presencia de los militares en la vida pública y/o gubernamental. Esta situación que no replica, pero renueva el recuerdo del pasado reciente de golpes militares y dictaduras cívico-militares en la región.
Hace casi un mes que en Chile emergieron protestas sociales disparadas por la suba del boleto del metro, y a las que el presidente Piñera respondió, antes que nada, con un inescrupuloso “estamos en guerra”. Protestas sociales y políticas que intentaron ser reprimidas y no lo lograron con la declaración de estado de sitio, la ostensible presencia de militares en el espacio público, y una represión que vulnera seriamente el Estado de Derecho y los Derechos Humanos de sus ciudadanos. La cifra de heridos de balas de goma, especialmente disparada en los ojos, crece, como así también la de perseguidos, detenidos, y es aún incierta la de los muertos en las protestas. Ecuador había declarado el toque de queda unas semanas antes, y la represión a las movilizaciones sociales ante los ajustes impuestos por las medidas del FMI, también le fue confiada a los militares. En Perú, el mes de octubre ha sido institucionalmente controvertido. El presidente disolvió al Congreso que sucesivamente suspendió al presidente, y la vicepresidenta juramentó en su lugar. También aquí las FF.AA. contribuyeron al sostenimiento de este controvertido orden político.
La renovada presencia de los militares en la vida pública es heterogénea pero contundente. Estos ocupan funciones claves en gobiernos cuyos países padecieron golpes de estado y cruentas dictaduras militares. Como en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro es un capitán, y el vicepresidente un coronel, ambos retirados. Pero con un gabinete que los tiene como funcionarios en distintas líneas. En México han sido sacadas al espacio público para reprimir el crimen organizado. Y allí también han contribuido, como en Guatemala y Honduras, en las tareas de contención ofensiva y/o represión de los migrantes.
Por todo esto, la “recomendación” realizada por la policía y las FF.AA. a Evo Morales en el momento inmediatamente posterior a que el presidente aceptara los resultados de la Auditoria de la OEA y llamara a elecciones para encontrar una salida institucional a la crisis política desatada, no sólo renueva la presencia de los militares y policías en la vida pública y política. Desnuda la ostensible acción de amenaza coactiva de dos de las instituciones estatales que poseen el monopolio de la violencia física, sobre el personaje político principal. Un presidente que, si hubiese funcionado el Estado Constitucional de Derecho, tendría que haber encontrado en esas dos instituciones subordinación. En cambio, inmediatamente después de producida esa recomendación coactiva, la policía que hasta ese momento había estado acuartelada se desacuarteló, y haciendo uso de un artículo de una Constitución que ya había violado, recurrió a las Fuerzas Armadas para dar el batacazo siguiente. He aquí el núcleo principal de la situación golpista.
2.
Hay que insistir y hacer audible que nada de lo acontecido con anterioridad al domingo 9/11 justifica el golpe del 9/11. Ojalá llegue el momento en que se puedan discutir las múltiples causas y comportamientos políticos que corroen por dentro a las democracias. Pero hoy, ninguna de las controversias institucionales anteriores acerca del carácter más o menos forzado (pero no informal) de los arreglos que llevaron al tercer mandato de Evo Morales, ni la suspensión momentánea del recuento de votos aguardando los resultados que provenían de las zonas rurales, justifica la ruptura institucional y la vulneración del estado de derecho provocados por el “golpe político-policial y cívico” -para llamarlo, provisoriamente, con las palabras del presidente Morales-.
Es que el tiempo de las controversias institucionales anteriores quedó interrumpida en el preciso instante en que la policía (acuartelada hasta ese momento) y las FF. AA, ambas instituciones armadas que poseen el monopolio de la fuerza física, desoyeron y desposeyeron de todo valor político e institucional el llamado de Evo Morales a elecciones para garantizar una salida institucional a la crisis. La propuesta presidencial era democrática porque tras los resultados arrojados por la Auditoria de la Organización de Estados Americanos (OEA), Evo Morales llamó a elecciones, aunque los fundamentos de acusación sobre el fraude no están claros ni en el informe de la OEA, ni en la oposición política boliviana. El presidente no sólo tomó un camino institucional, se avino, además, a la posibilidad de que la contingencia del resultado de unas nuevas elecciones le fueran adversas para el triunfo de su candidatura y del MAS. Por lo que la “sugerencia” coactiva de la policía y de las FF.AA., realizada casi en forma simultánea al llamado a elecciones, revelan el golpe.
Toda la situación coercitiva y represiva de invasión policial y militar del espacio público que se extendió antes, durante y después del 9/11, muestran la decisión golpista de desplegar la violencia estatal y clausurar las garantías del Estado de Derecho. No es solamente la orden de detención librada contra el presidente por una policía que después negó lo dicho, pero fue a buscar a las FF.AA. amparándose en el artículo de una Constitución que ya había violado. También es la ocultación clandestina de Evo Morales, quien tuvo que protegerse con los “hermanos de las Federaciones del trópico”, su gente, los cocaleros del Chapare. En el momento en que le sacaron el avión presidencial, fueron los militares los que impidieron la salida legal del territorio boliviano. Posteriormente vino el saqueo y el vandalismo hacia su casa. Por supuesto que hubo otros arrestos posteriores -el de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral es contundente-, que pusieron en evidencia que la circulación de formas de amedrentamiento, persecución, violencia física, racial y xenófoba de los días previos, abrevaron en el golpe. Las listas negras que circularon los días anteriores al 9/11, una alcaldesa tomada como rehén y torturada, amenazas de quema de los domicilios particulares de distintos funcionarios y de legisladores del MAS, la toma de otros rehenes que fueron agredidos, violentados y humillados, muestran la manera en que se inician los autoritarismos, aunque aún no se pueda hacer prospectiva de la forma política que sobrevendrá. La declaración de estado de sitio de facto el día lunes 11 a la noche, revelan el socavamiento del Estado de Derecho, y muestran una vez más el golpe contra el estado.
3.
El conjunto de acciones, declaraciones, y la ostensible presencia de la policía y de las FF.AA. en el espacio público y en la vida pública boliviana en estos días cruciales, no convierten al golpe en un golpe militar. Al menos, no lo es en el sentido en que nos enseñaron las experiencias conclusivas de apoderamiento enérgico del poder político de los años ’60 y ’70 del siglo pasado, cuando las FF.AA. como institución y como actor estatal, derrocaban y destituían por la fuerza a autoridades legítima y legalmente constituidas, y se hacían cargo de las riendas del gobierno y del estado apoyándose en la Doctrina de Seguridad Nacional e implantando el terror estatal, como en Argentina.
Pero al ser dos instituciones estatales y dos actores que poseen el monopolio de la fuerza física legítima las que “sugieren”, mediante amenaza coactiva y uso manifiesto de la fuerza, la renuncia de un presidente y de un gobierno legítimo y legalmente constituido tras un nuevo llamado a elecciones, golpean al presidente Evo Morales y al gobierno del MAS. Este desplazamiento provocado mediante “sugerencia” coactiva y uso manifiesto de la fuerza es novedoso en relación a las anteriores formas de acceso al poder político que suelen manifestarse en los golpes de estado: no es estrictamente una remoción por la fuerza, ni un derrocamiento, ni una destitución.
El uso ostensible de la fuerza, golpea la institución impersonal del estado, desafiando a un estado constitucional de derecho que ya estaba severamente dañado por la no subordinación de dos fuerzas estatales al mando constitucional, y por la generalizada situación de persecución, amedrentamiento, y violencia policial hacia la oposición y hacia la población. Es, por tanto, un golpe contra la institución impersonal del estado, aunque no se trata, como en los golpes militares, de la conquista ofensiva y violenta del estado por parte de un actor colectivo, elitista y minoritario. Aún no se puede prever cuán definitivo o concluyente es este golpe, porque un golpe no inaugura necesariamente un nuevo tipo de régimen político o una nueva forma política. Lo dicho hasta aquí, hace visible a uno de los actores que Evo Morales nombró como responsables del golpe cívico, político y policial.
Este golpe tampoco se ajusta a los llamados golpes parlamentarios, en donde un conjunto de acciones audaces, pero no secretas ni sorpresivas, son realizadas desde uno de los poderes hacia otro, generando el desplazamiento de autoridades legítimas. Tampoco se parece a los golpes dentro de la democracia (blando, constitucional, institucional), como el denunciado en Brasil por Dilma Rousseff y llamado por quienes la sucedieron en el gobierno “impeachment” en el año 2016, o la moción de censura contra el gobierno de Fernando Lugo en Paraguay en el año 2012. En ellos, una acción o conjunto de acciones de actores formales, -estatales y gubernamentales-, generan inestabilidad hacia un gobierno generando un desplazamiento por mecanismos institucionales o constitucionales de autoridades legítimamente constituidas, que golpean al gobierno sin alterar el régimen político.
Así, los intentos por recuperar el funcionamiento institucional previamente violado y dañado, se vuelve complicado en la Bolivia actual. Tras la “sugerencia” coactiva a la renuncia del presidente y del vicepresidente, se sucedieron las renuncias de una parte nutrida de la línea sucesoria establecida por la constitución: la presidencia y vicepresidencia de la Cámara de Diputados, y la presidenta de la Cámara de Senadores Adriana Salvatierra. Renuncias que, paradojalmente, no pudieron ser aceptadas o rechazadas por la falta de garantías constitucionales y amenazas para el trabajo parlamentario, que son denunciadas por los políticos y funcionarios. Muchos de los cuales, además y por ahora, no darán quorum reglamentario para refrendar una renuncia coactivamente sugerida.
Esto llega hasta la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, la senadora santacruceña del oriente terrateniente Jeanine Añez, quien se autoproclamo presidenta interina de Bolivia fuera de todo mecanismo de convalidación constitucional y de todo consenso legislativo, dado que no hubo quórum en las sucesivas reuniones parlamentarias. Aún resta por considerar cómo se rencauzarán este conjunto de acciones. Pero hay que subrayar que Jeanine Añez no cuenta con legitimidad de origen. Y ha sido autoproclamada por mecanismos institucionales que, en el estado de situación actual, no siguen el ordenamiento constitucional para cubrir la acefalía. Por ahora, esta senadora, ha callado la audibilidad que tuvieron en su momento el hombre visible de la oposición política Mesa, y el hombre de Santa Cruz, proveniente de la derecha conservadora, católica y reactiva contra las tradiciones de los pueblos originarios, Camacho. Esto hace visible a otro conjunto de actores políticos que Evo Morales nombró como responsables de lo que llamó golpe cívico, político y policial, aunque no sean ellos los golpistas.
4.
Este tiempo de oscuridad en Bolivia nos deja algunos legados que ella y la región tal vez estén a tiempo de asumir.
Nada de lo ocurrido con antelación al 9/11 lo justifica. Pero hay que subrayar que hay líderes de diversos lugares del mundo, que suelen forzar las reglas institucionales y constitucionales debilitando los regímenes democráticos y forcejeando con la decisión popular soberana. Este problema, no es una particularidad latinoamericana, aunque en nuestros países ésta suele ser una práctica que se generaliza con el transcurrir de los tiempos democráticos. Aunque se lo ha llamado de muy distintas maneras, es una de las regresiones constitucionales más palpables de las democracias contemporáneas. Problema que pone en escena complejas tradiciones políticas que hoy conviven como arreglos conflictivos: la democracia, el populismo, el liberalismo político, el estado de derecho. Y que se entronca, con la espinosa cuestión de la sucesión presidencial y/o de los líderes en el mundo actual. Aun cuando la democracia debe entenderse como un orden conflictivo, la alteración o el forzamiento de las instituciones formales generan una inestabilidad corrosiva para los regímenes políticos democráticos. La Bolivia anterior al 9/11 obliga a pensar estas cuestiones.
Hay prácticas que sobrevinieron al 9/11, que forcejean con el núcleo de sentido de las democracias: la expresión del pueblo soberano. En este caso, a diferencia de lo anterior, se trata de mecanismos constitucionales, como el toque de queda o el estado de sitio, que ya no pueden integrarse ligeramente en el repertorio de las prácticas de un estado democrático. Junto a la presencia renovada y heterogénea, pero extendida y contundente -como lo desnuda la Bolivia del golpe-, de las FF.AA. y de la policía en el espacio público de los distintos países de la región, dejan el legado de la necesidad de formación democrática y del control civil que debe establecerse sobre las fuerzas destinadas a la seguridad y de las fuerzas destinadas a la defensa nacional. Dos actores, que como muestra la Bolivia de hoy y de manera contundente enseñan las dictaduras militares de los años ’60 y ’70, poseen el monopolio de la fuerza física legítima, pero no están destinadas a suplantar al pueblo soberano. Tampoco están capacitadas para interpretar o sugerir, mucho menos mediante amenaza coactiva y uso manifiesto de la fuerza, el destino democrático de los gobiernos de nuestros países. La Bolivia anterior y posterior al 9/11, lega la urgencia de construir políticas públicas dentro y fuera de su territorio nacional.
También por estos días en que hay muchas voces disputándose la soberanía, se nota la falta de instituciones regionales que se imaginen reconstruyéndose sobre el declive y el desprestigio actual de muchas de las instituciones nacidas al calor de la Segunda Postguerra mundial y del sistema de Naciones Unidas. Tal vez otro de los legados que nos deja Bolivia es la necesidad de unos organismos regionales sólidamente comprometidos con el futuro democrático de América Latina. Una democracia que, como nos lega cada uno de los países de la región, es un orden común litigioso y contingente.
Imagen de portada: DEMOCRACIA (2017) – Working Class. Escultura. Mármol de Carrara.