Por Agustín Santella (IIGG-UBA / CONICET)
La empresa PepsiCo había anunciado el cierre de la planta situada en Florida, zona norte del Gran Buenos Aires, dejando sin salario a unas 690 familias. La Comisión Interna de los trabajadores y trabajadoras de la empresa rechazó las indemnizaciones por despido, a pesar de la aceptación por parte del Sindicato de la Alimentación (STIA-CGT). Ante la falta de negociación, los obreros ocuparon la planta. La misma fue desalojada violentamente por la policía.
El conflicto de la fábrica PepsiCo adquirió enormes repercusiones, y llegó a la portada del diario La Nación. Los principales actores de la política argentina evaluaron los hechos. Esta confrontación tiene un significado profundo sobre la dinámica global de la economía y la política, en tanto en este momento se están procesando embates cruciales que afectarán el futuro de los trabajadores.
Diversos analistas hablan de una recuperación de la economía y la inversión desde 2015 en escala mundial. Sin embargo, en Brasil y Argentina los empresarios piden mejores condiciones de rentabilidad para realizar sus “negocios”, en el contexto de una cuasi recesión. Los economistas, abogados y periodistas de orientación neoliberal insisten en que el costo laboral en Argentina es muy caro, y que esto quita competitividad a la economía. En rigor, las políticas del Gobierno argentino han incentivado la ganancia financiera con altas tasas de interés, pero también las importaciones. Por ejemplo, el mercado para el cual produce Pepsico (papas fritas, bebidas gaseosas) se ha inundado de productos extranjeros. Para estas empresas es incluso más rentable importar que producir para el mercado interno.
En Brasil el Senado sancionó el reciente 11 de julio la reforma a la ley del trabajo, que tiene un impacto histórico. Desde los años 1930 en este país se mantuvieron la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), a pesar de los reiterados cuestionamientos, particularmente de parte de los empresarios en cuanto a los derechos del trabajo (aunque también en su momento de parte de sindicalistas clasistas, en relación a las limitaciones sobre la organización sindical). La modificación legal tuvo estado parlamentario durante un año, luego de su aprobación por Diputados. La resistencia no pudo frenarla, incluso cuando hubo este año dos huelgas generales (28 de abril y 30 de junio). Si bien necesitamos ver cuáles son los modos de implementación real de esta reforma, todo parece indicar que su promulgación viene luego de una batalla infructuosa para los trabajadores. Cabe aclarar que el gobierno brasileño actualmente tiene apenas un 7% de aprobación en las encuestas, y seguramente no mucho mejor vistos estén los parlamentarios. Un sin fin de procesamientos judiciales por corrupción arrastra a la política brasileña desde hace varios años (aunque tendencialmente parecen condenar solo al PT). Una de las paradojas históricas es que es el gobierno más débil el que aprueba una reforma que ni siquiera los militares se atrevieron a realizar.
Esto trae lecciones para la Argentina. Los procesos políticos son distintos, pero los objetivos de las fuerzas en pugna son similares. Podemos aprender, por ejemplo, de la máquina de propaganda que ha usado el empresariado brasileño para construir el consenso para su flexibilización laboral. Según ellos las leyes protectoras de los derechos de los trabajadores, atentan contra la “creación de empleos”. Así por ejemplo, el diario O Globo (“Tempo das reformas”, 12/07/17), muestra algunos números para sostener que la anterior Ley del trabajo “excluía a los más pobres”. La conclusión es que la Ley anterior protegía a los empleados “más ricos”, a los que estaban en el sector formal, que son una minoría: “Entre ¿el? 20% más pobre del país, el 60% de ellos trabajan en la informalidad y el 24% están desempleados. Entonces el 84% de los pobres están fuera de la CLT. Entre el 20% más rico, sucede lo contrario. Solo el 3,1% está desempleado y el 16% está en la informalidad”.
Los números reales pueden usarse con arbitrariedad en las conclusiones. Con los mismos datos podemos decir que la situación de la informalidad sigue siendo un hecho de gravedad que afecta a la clase trabajadora. Pero también indagar sobre las causas de la informalidad, y pensar que precisamente es una estrategia convenida por las patronales para erogar menores costos, impuestos y salarios. La nueva Ley precisamente busca generalizar lo que de hecho se encuentra en la informalidad. Contradictoriamente, la crítica neoliberal a la ley protectora de derechos laborales usa una retórica “populista”, en el sentido de la demagogia hacia los pobres, para favorecer otros intereses que no son los de estos. Apelan al sentimiento de injusticia, pero lo dirigen contra los mismos trabajadores. Bajando los costos del trabajo, sostienen, podremos lograr empleos para todos, y así terminar con la injusticia de una situación donde los trabajos son para pocos.
Este discurso no conecta la distribución de los salarios ni con la desigualdad entre las clases. Precisamente, el neoliberalismo oculta las relaciones sociales entre las clases detrás de la economía. La variable oculta es precisamente la rentabilidad de las empresas, y su relación con la desigualdad de ingresos en la sociedad. La creación de empleos es la creación de una ganancia, en condiciones “rentables”, “competitivas”. Por competencia se entiende a su vez rivalidad entre capitales, necesitando mejorar la ganancia respecto otros capitales.
Lo que está pasando con PepsiCo ilustra la dinámica del capital que cuenta Beverly Silver en su libro Fuerzas del trabajo (2005). En su búsqueda incesante de la ganancia los capitales incrementan la explotación, lo cual suele derivar en conflicto laboral, debido a la resistencia de los trabajadores a ser tratados como “cosas”. En este proceso los empresarios moverán sus inversiones hacia lugares más rentables, que pueden ser tanto inversiones financieras (irse de la producción), o mudar la inversión industrial a regiones donde los costos y la mano de obra sean más baratos. El primer punto entonces que surge de aquí es que el capital no tiene interés en crear empleos, como mandato moral social, sino en ganar más dinero. Los puestos de trabajo surgen como opción rentable entre otras. PepsiCo de hecho trasladará parte de su producción a la planta de Mar del Plata, buscando reducir los costos salariales. En la planta de Florida, Vicente López, hay una Comisión Interna que defiende sistemáticamente los derechos. También se ha mencionado que el grupo de trabajadores de ésta tiene mayor antigüedad en la empresa, con los consiguientes mayores salarios. Pero también hemos visto que muchas empresas en la Argentina prefieren invertir ganancias en tasas de interés o en importar los mismos productos que podrían producir. La creación de empleos no es un interés de los empresarios, como pretenden en su campaña para reformar las leyes. El abogado ultra-neoliberal José Luis Espert, lo dijo en un Twitt, a propósito del conflicto de PepsiCo: “Las empresas toman gente y a veces también despiden. El trabajo no es un derecho como dice el populismo cavernícola. Es una contingencia” (14/07/17). El mismo abogado de las empresas viene sosteniendo la necesidad de despidos masivos. El objetivo es bajar los salarios.
Se trata de disputas que están ocurriendo en el momento en que hablamos de ellas, indagamos y pensamos públicamente. Ciertamente, en estos debates tan importantes la modalidad de intervención sociológica no es la misma que la de los abogados. No se trata simplemente de agregar argumentos, de manera instrumental, sino de colaborar a conocer más globalmente un fenómeno. Sin embargo, la pretensión de objetividad pura tampoco es posible. La ciencia no es un proceso objetivo, propio de objetos o formas, sino parte de las acciones de personas sociales. Esto le da su sentido social. Lo interesante de una mirada científica reside en poder dar lugar a reflexionar un tema, con mayores conocimientos basados en teorías y datos, sin conclusiones arbitrarias. Pero no hay que olvidar que estas conclusiones afectan la vida de millones de personas. La importancia de estos debates reside también en que las ideas son fundamentales para construir la conciencia de los intereses en pugna. Los empresarios de hecho invierten dinero en sus “publicistas” para generar consenso en políticas regresivas. Una sociología crítica, sin pretender reemplazar el protagonismo popular, es necesaria para desmontar la arbitrariedad de este discurso, no ceder al consenso de las clases dominantes, y ser parte de una socialización autónoma y democrática.