Por Rodrigo Carmona (UNGS/UNPAZ-CONICET)

En poco más de un año y cuatro meses de haber asumido Mauricio Macri la presidencia, se han definido en términos generales los ejes de un esquema de intereses y decisiones de política de orientación neoliberal conservadora. Diversas intervenciones en materia económica y social fueron puestas en marcha con el objeto de generar un categórico “cambio” de rumbo respecto a la etapa anterior, entre otras: la eliminación de retenciones agropecuarias y mineras, la devaluación inicial del peso para beneficio de los sectores exportadores, el levantamiento de restricciones para la adquisición de moneda extranjera, la supresión de regulaciones bancarias y de encajes para el ingreso de capitales especulativos, un mayor endeudamiento externo y salida de divisas, fuertes aumentos de tarifas en los servicios públicos (en especial, luz, gas y transporte), apertura comercial para el ingreso de importaciones, despidos masivos en el sector público (como efecto disciplinador del ajuste dentro de un supuesto proceso de racionalización del gasto público) y en el sector privado (producto de la caída de la actividad económica y la desindustrialización creciente), ausencia de políticas anticíclicas y de protección del empleo, depresión deliberada del consumo interno vía acuerdos salariales y jubilaciones a la baja, política monetaria rígida y atraso cambiario reciente para contener precios internos en un marco de alta inflación, criminalización/estigmatización y/o represión según el caso de la protesta social.

Este conjunto de acciones iría plasmando de manera persistente y con vaivenes, fruto de diversas resistencias sociales y errores de implementación gubernamentales, una matriz socioeconómica y  de desarrollo menos inclusiva, más desigual y con un papel subordinado (y de menor autonomía relativa) de las decisiones públicas –dirigidas mayormente por ex-gerentes privados- frente a grupos económicos y corporaciones con alcance nacional y global. A partir de ello se torna relevante examinar más estructuralmente los alcances de este proceso y sus implicancias en términos de empleo, inclusión y desarrollo, considerando dos ejes de análisis: la dinámica social, en términos de pobreza y desigualdad, y la dinámica sectorial y laboral reciente.

Dinámica social

En el plano social y más allá de la fuente consultada, las medidas implementadas por el gobierno generaron en un breve lapso un fuerte aumento de los niveles de pobreza y desigualdad. Según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) la pobreza aumentó a un 32,9% en el tercer trimestre de 2016 (con lo cual 1 de cada 3 argentinos es pobre) y la indigencia subió un 6,9%. En poco menos de un año de gestión macrista, 1,5 millones de personas pasaron a ser pobres y 600 mil cayeron en la indigencia. Las cifras vertidas exhiben así un cuadro de deterioro social respecto a abril de 2016 donde la UCA revelaba que la pobreza ascendía al 32,6 % y la indigencia al 6,2 % (cifras cercanas a las que daba hacia fines de septiembre el INDEC, 32,2% y 6,3% respectivamente, en base a los resultados de la Encuesta Permanente de Hogares). Los cálculos recientes del organismo oficial daban que la pobreza alcanzaba el 30,3% para el segundo semestre del año 2016, con lo que casi 8,3 millones de personas eran pobres y un 6,1% de la población indigente, estos es 1,7 millones (estando la mitad de los pobres situados en el Conurbano Bonaerense –casi 4,1 millones y de ellos  951 mil indigentes-).

Un informe de septiembre pasado de Andrés Asiain sobre “Pobreza e indigencia en Argentina (2003-16)” del Centro de Estudios, Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), contemplaba todo el período planteado con el cambio de metodología de medición de la población bajo línea de pobreza e indigencia aplicados por el INDEC. Los resultados obtenidos indicaban que aplicando la nueva metodología del organismo de estadísticas el 60,8% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza en el segundo semestre de 2003. En el mismo semestre de 2015, el 27,3% de la población tenía ingresos por debajo de la línea de pobreza.

De esta forma, según el CESO entre el año 2003 y el 2015 un 33,3% de los habitantes del país (1 de cada 3) habían salido de la pobreza. Por otro lado, la población bajo línea de indigencia pasaría del 22,5% al 4,7% (bajando un 17,8%) en el mismo período. La reducción a lo largo del período sería así persistente con dos excepciones, el segundo semestre de 2007 (relacionado al impacto en los alimentos del alza internacional de las materias primas) y el año 2014 (con la fuerte devaluación de la moneda nacional).Ya desde el año 2016, la aceleración de la inflación y las medidas llevadas a cabo por el nuevo gobierno reduciría el ingreso real de los trabajadores y sectores más humildes incrementando la pobreza e indigencia. En consecuencia, la población bajo la línea de pobreza se incrementaría en 5 puntos porcentuales entre el segundo semestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016, con lo que se calculaba que más de 2,15 millones de habitantes habían pasado a ser pobres, y respecto a la indigencia el incremento era de 1,5 puntos porcentuales, que involucraban a más de 670 mil personas.

Siguiendo este enfoque Agustín Mario en un informe reciente de este año, “El retorno de las estadísticas oficiales sobre pobreza en Argentina: pobreza absoluta por ingresos (2003-2016)” del Centro de Estudios de la Ciudad de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (CEC), arriba a conclusiones similares sobre la base de la nueva metodología aplicada por el INDEC a todo el período. Los resultados revelan que entre los años 2003 y 2015 un 47% de personas había dejado de ser pobre, al mismo tiempo que la proporción de indigentes había bajado un 72,7%. En términos de hogares, la pobreza encontró una reducción del 53,2% por ciento y la indigencia un 72,3%. Por el contrario, con la gestión de Cambiemos durante el año 2016 se ha incrementado nuevamente la indigencia y la pobreza a nivel de personas con 32% y 6,3% en cada categoría.

Con independencia de la fuente consultada, se evidencia entonces un fuerte incremento de la pobreza y la indigencia desde el año 2016 relacionado al paquete de medidas implementadas por la actual gestión de gobierno. Se agudiza por la tanto la situación respecto a los últimos años del período anterior (fundamentalmente 2014) aumentando en un muy breve lapso –sin considerar aún los primeros meses del presente año- la población pobre entre 1,5-2,15 millones de personas y la indigente entre 600-670 mil respectivamente. Es de particular relevancia como la pobreza absoluta por ingresos afecta actualmente a prácticamente la mitad de los niños/as de entre 0 y 14 años. Por otra parte, se hace manifiesta la importante reducción de la pobreza desarrollada por el kirchnerismo, fundamentalmente entre los años 2003 y 2011. A partir de ese momento, la pobreza muestra avances y retrocesos al igual que el porcentaje de población bajo la línea de indigencia.

En materia de desigualdad, al igual que con la pobreza y la indigencia, el cuadro es de agravamiento de la situación. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA al examinar la evolución del Coeficiente de Gini y del Coeficiente de Variación del Ingreso período (2010-2016) se aprecia un aumento de la desigualdad en la distribución de los ingresos -tanto a nivel de los hogares como de la población-, aunque este incremento habría sido principalmente el resultado de lo ocurrido en el último tramo entre 2015- 2016 (cuadro 1).

Cuadro 1. Coeficiente de Gini y Coeficiente de Variación del Ingreso por Equivalente Adulto (IEAF) de los hogares y del Ingreso per Cápita (IPCF) de las personas. Total de aglomerados

		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hogares (según IEAF)	Gini	0,425	0,430	0,422	0,416	0,428	0,412	0,440
	CV	93,1	95,4	95,0	92,6	105,8	87,3	100,2
Personas (según IPCF)	Gini	0,422	0,422	0,409	0,409	0,411	0,411	0,436
	CV	92,8	93,8	92,0	93,0	95,5	89,9	100,1

Fuente: EDSA-Bicentenario (2010-2016), Observatorio de la Deuda Social Argentina, UCA.

Desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), un informe de octubre último titulado “Desigualdad: Un cambio con ganadores y perdedores” realiza un análisis más amplio para el período 20O3-2016.  Durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) se produjo una reducción de la brecha entre los ingresos del 10% más rico y los ingresos del 10% más pobre, sustentada en una trayectoria de aumentos porcentuales mayores de los ingresos bajos en relación a los ingresos altos, con las excepciones de 2009 y 2014. En estos términos, la brecha entre el decil 1 -el más bajo- y el decil 10 -el más alto- evolucionó con esa dinámica según el tipo de ingreso que se considere (ingresos a escala individual, medios del hogar y medios per cápita familiares). Del mismo modo, a través del coeficiente de Gini se hace posible comprobar la reducción de la desigualdad durante el período kirchnerista, en base a cualquier indicador utilizado.

A partir del año 2016, se evidencia un contraste marcado con la etapa anterior y el segundo trimestre se caracteriza por un aumento fuerte de la desigualdad medida por la brecha entre los ingresos del decil 1 y el decil 10.[1]

En relación al coeficiente de Gini la desigualdad también aumenta entre el segundo trimestre del año  2015 y el segundo trimestre del año 2016, cualquiera sea el tipo de ingreso que se contemple.[2] Por último, se destaca que para los años 2015/2016 la caída de ingresos reales por decil más importante se da para el decil 1, aunque se extiende fuertemente hasta los deciles 7 y 8. De manera inversa, se evidencia un incremento en el poder adquisitivo del decil 10, el más alto, que había tenido una reducción importante en el período anterior.

Dinámica sectorial y laboral

Un análisis de la dinámica sectorial permite apreciar claramente ganadores y perdedores del modelo implementado. Un primer elemento a considerar, es la problemática tributaria. Desde que el macrismo arriba al gobierno, tal como destaca José Natanson en su artículo “El macrismo realmente existente” del Le Monde diplomatique edición Cono Sur de enero último, se produjo una gradual pero evidente transformación impositiva a favor de los sectores sociales más altos sustentada en el menor peso de los impuestos progresivos y el aumento de los regresivos. Sobre la base del procesamiento de datos oficiales los derechos de exportación (retenciones) pasaron de recaudar el 4,63% del PBI en el año 2015 al 3,42% en el 2016, el impuesto a las ganancias –por su parte- cayó del 22,41% al 19,73% y el impuesto a los bienes personales del 1,07% al 0,92%, en tanto el impuesto al valor agregado (IVA), a pesar de la caída del consumo y la recesión, se elevó del 25,49% al 26,72%. En la misma línea, los cambios desarrollados por el oficialismo a partir del tema jubilatorio y el blanqueo fiscal en impuestos que gravan la posesión de riqueza material, como el de Bienes Personales y la Ganancia Mínima Presunta, también favorecerían a los sectores más acomodados (lo que llevaría  a que el peso de los impuestos a la riqueza se reduzca según algunas estimaciones en una proporción significativa).

En relación a las actividades económicas, a partir de información del INDEC Francisco Cantamutto y Martín Schoor en el artículo “Ganadores…” del Suplemento Cash- Página 12 de diciembre último, aportan elementos interesantes al destacar que: las cuatro actividades económicas que más incrementaron su participación fueron la agricultura y actividades asociadas (pasó de representar el 7,7 % del producto en el año 2015 a un destacado 12% en el año 2016), las finanzas (del 3,9% al 4,3%),  servicios públicos (del 1,3% al 1,6%) y la minería (del 3,9 al 4,1%), mientras que las caídas se registraron en la industria (17,1% al 15,7%), la construcción (del 5,3% al 4,3%) y el comercio (14,3% a 13,7%) (cuadro 2).

Cuadro 2.  Actividades económicas que avanzan y retroceden según participación en el Valor Agregado Bruto (VAB) total 2015-2016 (en %)

De esta forma, aparecen como claros beneficiados sectores y actividades económicas vinculadas al procesamiento de materias primas (agricultura, ganadería, explotación pesquera y de minas y canteras), la intermediación financiera y los servicios públicos. Si bien son en algunos casos sectores competitivos y dinámicos, con alcance global y  generadores de divisas, muestran como contrapartida poca generación de empleo y limitados encadenamientos productivos. Las actividades perdedoras (industria, construcción y comercio) se vinculan más con el mercado interno y son fuertes creadoras de puestos de trabajo.

La mayoría de los indicadores sobre la situación económica muestran resultados negativos. El nivel de actividad económica durante el año 2016 se contrajo un 2,3% según la última información oficial. También se evidencian descensos marcados en el sector de la construcción con un 11% y en la industria manufacturera con un derrumbe del 5,7%. En este marco, tanto la construcción (con 2,4%  de caída) y la industria (con otro 1,1%) arrancan en el primer mes de este año con niveles aún inferiores a los del 2016, acentuando la tendencia de estancamiento y recesión.

Precisamente, entre fines del 2015 y el tercer trimestre de 2016, se evidenció el mayor cierre de empresas desde el año 2002 dejando de existir oficialmente unas 5.147 empresas y en base a algunas estimaciones privadas la cifra estaría llegando a las 6 mil firmas registradas y una cantidad semejante a nivel informal. Por otra parte, según el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que supervisa las contribuciones patronales de los trabajadores registrados hubo 52.155 trabajadores menos en el sector industrial entre noviembre del año 2015 y diciembre del año 2016.[3]

Esta constante expulsión de mano de obra aparece como una tendencia clara desde marzo del año pasado hasta el mes de enero de 2017, como se advierte a partir de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Gráfico 1)[4].

Gráfico 1. Cantidad de trabajadores de la industria, período noviembre 2015 – diciembre 2016 y evolución de la EIL, período noviembre 2015 – enero 2017

Otros indicadores también daban cuenta de las dificultades generadas por el modelo implementado. En términos de inversión general, la formación bruta de capital fijo (inversión en Construcción, Maquinaria y Equipo y Equipos de Transporte) para el 2016 alcanzaba el 15,1% del PBI, lo que significaba una caída del 1,9% respecto al año anterior y respecto al promedio histórico de la última década. Según información oficial de cuentas nacionales,  la inversión del país cayó un 5,5% y el consumo privado un 1,4%  respecto del año 2015. Entre octubre y diciembre la inversión declinó el 7,7% y el consumo privado un 2,1%, frente al mismo período del año anterior; siendo aún peor las variaciones en el tercer trimestre del año pasado (con el 8,2 % y 2,9 %, respectivamente). Por otra parte, según el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), en materia de divisas la toma de unos 77 mil millones de dólares de deuda externa (15 % del Producto Bruto Interno) entre diciembre del 2015 y febrero del 2017 por parte del Estado nacional y provincial serviría para financiar gastos corrientes y salidas de recursos por diversas vías -pagos de deuda, fuga de capitales, remisión de utilidades, importaciones, turismo-. El financiamiento, logrado centralmente en mercados internacionales, se utilizaría para sostener el drenaje constante de dólares del mercado interno, a partir de la desregulación de los controles cambiarios y la apertura a movimientos especulativos de capitales permitiendo una dinámica de negocios financieros de los bancos sin impacto directo sobre la producción y el empleo.

Un análisis de la problemática laboral en su conjunto mostraría una evolución hacia arriba tanto en el sector público como en el privado durante todo el año 2016. De una tendencia inicial pareja entre ambos sectores a comienzos de ese año la situación iría paulatinamente a un mayor agravamiento en el ámbito privado. De acuerdo al Centro de Economía Política Argentina (CEPA), hacia fines de noviembre se alcanzaba la cifra de 232.286 trabajadores afectados, la mayor parte en el sector privado. Los más aquejados por cesantías, suspensiones  y despidos eran los obreros industriales, que concentraban el 84% de los casos (cuadro 3).

Cuadro 3.

Según datos del INDEC a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), con menos personas que buscan empleo la desocupación fue del 7,6% en último trimestre del año 2016. La tasa de actividad (con 45,2 %) fue la segunda más baja de los últimos 13 años para este período. Este porcentaje implica que para diciembre 937.000 personas (de los 31 aglomerados urbanos que releva el organismo de estadística) que buscaban activamente trabajo no lo consiguieron. Es decir que si se ampliaran las estimaciones  al total país el número sería mayor, en torno a 1,5 millones de personas desocupadas. A esto se suman los subocupados, cuyo porcentaje subió del 10,2% a 10,3%, y suman 1,3 millones de personas -según el informe del INDEC- que también presentan problemas de empleo. Asimismo, se encuentran los “ocupados demandantes de empleo”, que si bien tienen trabajo, buscan otro ante la caída del salario y los fuertes aumentos en los precios de la canasta básica. El porcentaje de personas en este grupo creció de 14,2% a 14,6%.

En el tercer trimestre del 2016, el desempleo había afectado a un 8,5% de la población, y, en el segundo, a 9,3%. El INDEC destacaba entonces que “los resultados del cuarto trimestre de 2016 no presentan diferencias estadísticamente significativas en el empleo con relación al trimestre anterior”, aunque señalaba que “disminuye la actividad y la desocupación por refugio en la inactividad”. La gravedad del problema se hacía patente claramente en los grandes centros urbanos, ciudades importantes al interior provincial  y capitales de provincias (cuadro 4).

Cuadro 4. Tasas de desocupación, de ocupados demandantes de empleo y subocupación por área geográfica. Cuarto trimestre de 2016 (en porcentajes)

Área geográfica	Tasa de desocupación	Tasa de ocupados demandantes de empleo	Tasa de subocupación
Mar del Plata	10,6	19,2	13,8
Partidos del Gran Buenos Aires	9,4	17,4	12,2
Bahía Blanca- Cerri	9,2	9,3	5,7
Río Cuarto	9,1	10,0	4,6
Gran Rosario	8,6	13,8	8,9
Gran Córdoba	8,0	16,9	10,2
Gran Tucumán- Tafí Viejo	7,9	17,3	11,4
Santa Rosa- Toay	7,6	6,2	6,2
Gran La Plata	7,1	11,6	10,2
Total  31 Aglomerados	7,6	14,6	10,3

Fuente: EPH, INDEC.

Por último, en base a datos recientes de empleo del último trimestre de 2016, el INDEC resaltaba que en comparación a un año anterior,  se perdieron  68.314 puestos de trabajo formales y cerraron 4.462 empresas en el país.[5]

En este escenario laboral, el desempleo inducido por las políticas desarrolladas opera de disciplinador social y resulta central en un esquema abierto de paritarias presente para sostener la baja salarial (que los datos oficiales indicaban el año pasado en un 6% en el salario real del sector privado formal y todavía más pronunciada cuando se consideran los ingresos en el sector público y entre los asalariados precarizados) y promover distintos esquemas de flexibilización salarial.

Por otra parte, las estimaciones oficiales y privadas más precisas reflejan tal como hemos visto fuertes caídas del consumo, la producción industrial, la construcción y la actividad general durante el 2016 y el corriente año. A partir de ello, se evidencia que el agravamiento de la situación en estos sectores en la segunda mitad del año pasado y  hasta la actualidad fue más importante que en la primera parte del 2016, cuando se puso en marcha un programa de políticas ortodoxas con ajuste fiscal, devaluación y distribución regresiva del ingreso, con pérdida de poder de compra de los trabajadores y jubilados. La industria, la construcción y el comercio absorbieron así y en mayor medida el impacto del desmoronamiento de la demanda agregada, a lo que se sumó la apertura comercial y sus efectos negativos sobre la primera. El cuadro de “genocidio industrial”, que el gran Aldo Ferrer describía para ciertos momentos de la Argentina (dictadura de 1976 y los años ´90) se estaría repitiendo en la actualidad ante un nuevo ciclo político neoliberal.

Consideraciones finales

Las políticas llevadas a cabo por el macrismo durante este año y cuatro meses han generado importantes impactos en materia social, económica, política e institucional. Tal como hemos podido apreciar, las acciones implementadas han generado aumentos significativos de la pobreza y la desigualdad, del desempleo público y privado beneficiando claramente a ciertos sectores (agro, finanzas, energía y minería) por sobre otros (construcción, industria, comercio y ciertos servicios), y modelando un andamiaje político e institucional de reafirmación de intereses corporativos, de menor autonomía nacional e integración regional y de restricción de derechos adquiridos que ponen en tensión al propio funcionamiento democrático.

Bajo una orientación neoliberal como guía, se postula como modelo de desarrollo a seguir el caso australiano de base primaria y agroindustrial con alto bienestar por su situación particular o ejemplos latinoamericanos más cercanos como Chile y Perú, especializados todos en recursos naturales y con poblaciones menos numerosas además de las diferencias históricas, geográficas y culturales. La complejidad de una sociedad como la argentina, con más de 40 millones de habitantes, un desarrollo educativo, científico y productivo importante en el contexto regional, una arraigada tradición de clase media  y una historia de reivindicación de derechos afianzada con el peronismo que elevan los niveles de demanda social mucho más alto que en otros países latinoamericanos, modelan un cuadro interesante y difícil para cualquier gobierno. Las numerosas marchas en marzo y abril últimos (en su mayoría en contra de la gestión gubernalmental pero también a favor) dan muestra así del carácter movilizador de esta sociedad y también de sus profundas diferencias y contradicciones en términos de propuestas ideológicas y de país.

Por un lado, se hace patente la distancia entre un modelo político, económico y social  de desarrollo cuyo eje es más nacional, intervencionista en lo estatal e inclusivo, con base en la demanda interna y una orientación externa regional y multilateral, y otro cuyo vértice, es más liberal promercado, conservador desde lo social e institucional y alineado con los intereses de Estados Unidos y las principales potencias occidentales. A ello se suman cuestiones aspiracionales, simbólicas y de cultura política (peronismo/antiperonismo y sus derivaciones)  que también influyen en el marco de las preferencias. Lejos del discurso oficial de “unir a los argentinos”, la tan mentada grieta está más que presente y se ensancha por las medidas gubernamentales ejecutadas y la prédica revanchista estigmatizadora del pasado reciente.

En este marco, el macrismo avanza a paso firme aunque cada vez con mayores niveles de resistencia social y sindical en una senda de transformación estructural y de desarrollo excluyente. Con un esquema de política económica que muestra inconsistencias de diseño e implementación, en una economía doméstica que continúa en recesión y con un contexto internacional poco favorable, el sostenido estancamiento expulsa fuerza de trabajo y agrava la situación social ya de por sí compleja. Este panorama aleja las muy demandadas inversiones, que en el mejor de los casos se dirigen a colocaciones cortoplacistas y especulativas, favoreciendo así el negocio financiero y la fuga de capitales en un marco de mayor endeudamiento externo para cubrir déficit fiscal y gastos de cuenta corriente. Por otra parte, los sectores primarios, como lo han hecho históricamente, no logran impulsar al conjunto de la actividad económica mostrando límites para encauzar el proceso. Esto se conjuga con una coalición político-social no de todo consolidada, que tiene como sostén el apuntalamiento corporativo y un apoyo ciudadano fuertemente antikirchnerista y reactivo a lo anterior, pero fluctuante en términos de apoyo en el tiempo.

Se contrastan así nuevamente dos visiones de país, en tanto viejo dilema no resuelto en Argentina. La apuesta a un modelo de desarrollo nacional alternativo dependerá entonces de las circunstancias políticas en juego, tanto a nivel electoral como en relación a la conformación de opciones superadoras a favor de los intereses de las mayorías. Del mismo modo, una opción diferente en un contexto de globalización y hegemonía neoliberal no podrá estar exenta de una mayor articulación en el plano regional y en alianza con distintas fuerzas progresistas a nivel internacional, de modo de discutir el modelo actualmente vigente puesto en tensión desde los países centrales con la asunción de Donald Trump y el Brexit.

 

[1] Así, I) ingresos a escala individual: en 2015 el ingreso promedio del decil 10 (más alto) era 18,7 veces el del decil 1 (el más bajo), mientras que en 2016, la brecha se amplió a 23,2 veces; II) ingreso medios del hogar: en 2015 el ingreso promedio del decil 10 (más alto) era 12,3 veces el del decil 1 (el más bajo), mientras que en 2016, la brecha se amplió a 13,8 veces; III) ingreso medios per cápita familiares: en 2015 el ingreso promedio del decil 10 (más alto) era 16,3 veces el del decil 1 (el más bajo), mientras que en 2016, la brecha se amplió a 19 veces.

[2] En efecto, I) ingresos a escala individual: en 2015 el coeficiente de Gini es 0,3856 y aumenta a 0,4168 en 2016; II) ingreso medios del hogar: en 2015 el coeficiente de Gini es 0,3650 y aumenta a 0,3822 en 2016; III) ingreso medio per cápita familiares: en 2015 el coeficiente de Gini es 0,4005 y aumenta a 0,4174 en 2016.

[3] Estas cifras son coincidentes con las constatadas por la Unión Industrial Argentina (UIA) que mostraba una caída en la actividad industrial del 4,9% en 2016 con relación al año anterior, y donde se planteaba la pérdida de 48.480 puestos de trabajo entre noviembre de 2015 y noviembre último. A  nivel de las PyMEs industriales la caída era más abrupta, del 5,5% para el mismo período y 5,2% para todo el año, según los datos de la Encuesta Mensual Industrial de la  Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) en base a 250 empresas del país

[4]  Vertsbisky, H., “Qué estamos inventando”, Página 12,  12 de marzo de 2017.

[5] Según los datos del organismo, al cuarto trimestre existían 6.463.751 puestos de trabajos registrados, 68.314 menos que en la comparación interanual, pero 50.712 respecto del tercer trimestre desde información del SIPA. Además, el piso de puestos de trabajo del 2016 se dio durante el tercer trimestre, con un total de 6.413.039 puestos laborales asalariados en blanco. Del mismo modo, se detalló la existencia de 573.987 empresas, 4.462 menos que un año atrás y 829 por debajo del período anterior.