Por Sabrina Morán (IGG-UBA/CONICET)

17 de julio de 2008, de madrugada. Tras una extensa pausa y con buena parte de la ciudadanía desvelada frente al televisor, el entonces vicepresidente Julio César Cleto Cobos emite su emblemático voto “No positivo”. El tiempo se detiene apenas un momento, y se clausura casi de inmediato el asunto que había tenido en vilo a buena parte de los argentinos y argentinas durante 128 largos días: el llamado conflicto del campo. Para algunos, también, se cancela, con ese preciso acto, el periodo de concertación y transversalidad gubernamental que había iniciado Néstor Kirchner 4 años antes. Para nosotros, con certeza, se inician entonces varios procesos que informan/explican, claro que parcialmente, la constitución de la alianza contra hegemónica que gobierna la Argentina desde fines de 2015.

Efectivamente, a 10 años de aquellos acontecimientos políticos es mucho lo que hay por decir, y es también mucho lo que ya se ha dicho. Tal como señala Roy Hora, “Una disputa que comprendió a tantos actores y que abarcó una geografía tan compleja suscita preguntas de índole muy variada, y puede ser interrogado desde distintas perspectivas”[1]. Valga la pena señalar, en este sentido, que no es nuestro objetivo hacer un balance en perspectiva de la famosa “Resolución 125” en virtud de su precisión como política económica. Nos interesa reflexionar, en todo caso, sobre los efectos políticos de este conflicto: el litigio en torno a la representación política que el mismo suscitó, y la construcción de una alianza opositora que hasta el momento no había encontrado punto de anclaje para su articulación, y cuya efectividad electoral se dejaría ver con el correr del tiempo.

Los hechos

Antes de seguir lanzando hipótesis interpretativas, cabe regresar brevemente sobre lo acontecido. No hace falta llevar adelante un racconto cronológico. Basta recordar, para comprender cabalmente la emergencia del conflicto que nos convoca, que tras la devaluación de la moneda nacional en el año 2002, el gobierno post crisis había implementado retenciones del 20% a un sector agroexportador fuertemente favorecido en su actividad  por el nuevo régimen cambiario. En efecto, la fundamentación de la medida se basaba en la recomposición del presupuesto público y el financiamiento del llamado plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados^[2]. Los beneficios del sector siguieron incrementándose todo a lo largo del gobierno de Néstor Kirchner, en función de la demanda internacional de soja y el aumento de los precios de estas commodities, que alcanzaron un pico extraordinario en el año 2008.

Aquella implementación de retenciones al sector no estuvo, sin embargo, exenta de protestas por parte del mismo, que se unificó en torno al reclamo infructuoso de eliminación del gravamen, aunque sin aunar sus estratagias de combate (la confrontación en el caso de las CRA (Confederaciones Rurales Argentinas) y la FFAA (Federación Agraria Argentina), y el diálogo desde la SRA (Sociedad Rural Argentina) y Coninagro (Confederación Intercooperativa Agropecuaria). Las entidades se habían unido por primera vez en 1975 y posteriormente en 1985, 1994 y 1999, en demandas de políticas de respaldo hacia el sector^[3]. Según Hora, “el programa conjunto que la SRA, la FAA, CRA y CONINAGRO presentaron a las autoridades en 1994 refleja bien la confluencia de intereses y perspectivas que, más de una década antes de la formación de la Mesa de Enlace, ya se abría camino tanto entre los productores como entre sus dirigentes”[4].

Las retenciones fueron creciendo paulatinamente a medida que se acrecentaban los precios internacionales de las commodities, sin que trascendieran las protestas del sector. “Sin embargo, el lanzamiento de la Resolución 125 el 11 de marzo de 2008 generó un movimiento de resistencia social y política de una magnitud sorprendente, no sólo para el gobierno sino también para los principales actores del conflicto”[5]. La misma ponía en marcha un esquema de retenciones móviles a la producción de soja, girasol, trigo y maíz, en épocas de cosecha y sin realizar distinciones preliminares entre pequeños y grandes productores; además, la medida contemplaba un ajuste automático del gravamen al precio de dichas materias primas para los siguientes cuatro años. Para Nardachionne y Taraborelli[6], la unilateralidad de la decisión gubernamental fue acaso el mayor de los errores, en un contexto de restructuración del sector agrario que resultó imperceptible para el gobierno hasta el estallido del conflicto. El acercamiento entre las principales entidades rurales de la Argentina había re-comenzado en febrero de ese año en torno al tema de los precios de la carne, sentando un precedente fundamental para la acción conjunta que se pondría en marcha apenas semanas más tarde. Sólo de esta manera es posible comprender la celeridad de su respuesta frente al anuncio del 11 de marzo: el día 12 la Mesa de Enlace anunció el cese de la comercialización de los principales productos agropecuarios, dando comienzo a una escalada de confrontación frente al gobierno nacional que sólo tomaría un cariz institucional cuando el proyecto fuese enviado al Congreso.

Efectivamente, a lo largo de su desarrollo el conflicto presentó dos fases delimitables: una primera de enfrentamiento corporativo entre el gobierno y el sector agropecuario, y una segunda que implicó – hay que decirlo, rápida e inusitadamente – el involucramiento de vastos sectores medios urbanos, y donde la disputa dejó de girar en torno a una política pública específica para convertirse en un litigio en torno al modelo productivo y a la legitimidad gubernamental de la gestión Kirchner.

A pesar de que con el correr de las semanas el gobierno flexibilizó su posición, iniciando una serie de ofertas y negociaciones concretas con el sector, las protestas continuaron e incluso se incrementaron, con la integración de amplios contingentes sociales de las provincias predominantemente agropecuarias, a lo que se sumarían los sectores medios y altos de Capital Federal. Al mismo tiempo, se sostuvieron las movilizaciones de apoyo al gobierno de los sectores piqueteros a cargo de Luis D´Elía, y la creciente crisis económica que estaba generando el desabastecimiento del sector agropecuario. Frente a este escenario, el gobierno decidió elevar la resolución al Congreso para su tratamiento parlamentario, y el “campo” congeló sus medidas de fuerzas tras 100 días de protesta. En primera instancia, la ley fue aprobada por 129 votos a favor, 122 en contra y 2 abstenciones en la Cámara de Diputados. De hecho, la presión de las bases y la amplificación de la protesta por los medios masivos de comunicación impulsaron a muchos diputados y senadores del oficialismo a votar contra la iniciativa legislativa de su espacio. Tras dos semanas de arduas discusiones en la Cámara de Senadores, El proyecto de ley fue rechazado el 17 de julio por el célebre y ya citado voto de desempate del vicepresidente de la Nación y presidente del Senado. “Dos grandes marchas en la ciudad de Buenos Aires habían coronado un día antes el ciclo de movilización en las calles y nuevamente el campo y sus aliados le habían ganado numéricamente al acto oficial”.[7]

Implicancias estructurales: Argentina granero del mundo

La (re)apertura de este frente agonal con el sector agropecuario argentino plantea una serie de dimensiones respecto de las cuales vale la pena decir algunas palabras. La primera de ellas remite a la fisonomía de la estructura productiva argentina.

En su emblemático análisis de los ciclos stop and go en la Argentina previa al último golpe de Estado, Guillermo O’Donnell[8] planteaba ya el problema que supone el hecho de que la estructura productiva de nuestro país se haya configurado originariamente de modo tal que los principales productos de exportación constituyen, a la vez, los bienes-salario básicos en lo que respecta al consumo interno de los argentinos. Evidentemente, la consecuencia principal de la inmediatez de este vínculo es una inflación atada a la capacidad productiva y/o a las tendencias especulativas del sector que, aún a la fecha, se jacta de haber insertado a la Argentina en el mundo y haberla sacado a flote tras la crisis de 2001. En efecto, el argumento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a la hora de aplicar la Resolución 125 se apoyaba en esta condición estructural, teniendo en cuenta el alza de los precios de las commodities en un contexto de inminente crisis económica internacional.

El argumento de O’Donnell planteaba que la burguesía pampeana, a la vez que cíclicamente lograba generar un movimiento masivo de capitales en su favor, no invertía dichos capitales en una transformación cualitativa de la actividad para convertir la gran hacienda en agrobusiness, en parte debido a la inclinación de la política económica de los gobiernos posteriores a la crisis del 30 en favor de la industrialización. Este análisis abarca, como se dijo, hasta el año previo a la dictadura militar: no contempla entonces el feroz proceso de desindustrialización, el avance del tercer sector, ni el refortalecimiento del agro durante la década del noventa. Según algunos economistas, hacía fines del siglo XX el agro argentino sí devino gran hacienda tecnológica ¿Todo “el campo” se volcó hacia la inversión tecnológica? Evidentemente, no. Sólo los que pudieron hacerlos y ello, si bien redundó en mayores ganancias para el sector, también generó una concentración inusitada del ingreso y una mayor diferenciación entre pequeños, medianos y grandes productores. El boom de la soja al que ya nos referimos vino hacia los años 2000 a reafirmar esta tendencia.

Esta concentración del ingreso no ha impedido, no obstante que desde los años noventa en adelante se ampliara la base social y regional de la actividad agropecuaria, cosa que explica, aunque parcialmente, las dinámicas regionales que adoptó la protesta contra la 125 y la apelación al imaginario decimonónico que primó en los discursos “pro campo” todo a lo largo del conflicto: la posición económica de la Argentina en el plano internacional se sustentó, y lo hace todavía, en la actividad agropecuaria. En este sentido, el proceso de re-industrialización impulsado por el kirchnerismo no alcanzó entonces a hacer mella, en términos simbólicos, a este imaginario nacional.

La disputa en torno a la representación política. Republicanismo y populismo

La disputa en torno a la representación política del siempre problemático sujeto pueblo constituye la segunda de las dimensiones del conflicto entre campo y gobierno que, desde nuestro punto de vista, vale la pena recuperar, una década después y teniendo en cuenta la reconfiguración de las relaciones de fuerza entre los distintos actores que ha tenido lugar en los últimos años.

El conflicto involucró a actores económicos, partidos políticos, corporaciones empresariales, sindicatos, intelectuales e incluso clases medias urbanas, interpelados todos por el choque entre el gobierno y los empresarios rurales, cuya reproducción mediática desmesurada no dejaba margen para la indiferencia individual. Los medios de comunicación masiva tuvieron, en efecto, una centralidad sobresaliente durante el desarrollo y resolución del conflicto, al punto que creció la preocupación social por su injerencia y parcialidad. El colectivo de intelectuales Carta Abierta, nacido al calor de este conflicto, identificó como un mismo antagonista al sector agrario y los medios de comunicación, acuñando el término “complejo agromediático” para hacer referencia a ellas. La vigencia de esta expresión – así como la de “clima destituyente” – una década después, es acaso una demostración en los hechos de la veracidad de la misma.

Siguiendo la hipótesis de Aronskind y Vommaro, puede afirmarse que el conflicto puso en entredicho la construcción política erigida por el kirchnerismo durante su primer mandato, así como sus principales líneas de gestión. Al mismo tiempo, permitió la articulación de una serie de actores y fuerzas que, descontentos con aquellos lineamientos, no habían encontrado previamente un elemento aglutinador tan efectivo como esta disputa. De hecho, otros ejes de conflicto posteriores, como la Ley de Medios en 2009, no lograron suscitar semejante movilización y adhesión por parte de sectores de la ciudadanía no dispuestos a reconocer el carácter intrínsecamente político de su toma de posición. No obstante, el nacimiento de otro agrupamiento intelectual en esta coyuntura, el ahora más conocido Club Político Argentino, conformado por referentes del derecho y las ciencias sociales, pero también por muchos de los dirigentes políticos que son hoy representantes o funcionarios del oficialismo gobernante, nos permite afirmar que aquella aglomeración de intereses que el conflicto del campo propició estuvo lejos de ser espuria.

La disputa que inicialmente fuera corporativa se trasladó a la legitimidad y envergadura de los actores en pugna, a la autodefinición de los mismos, y por ende, a las intenciones y características que se les atribuían. Aquello que comenzó siendo un conflicto económico y sectorial alcanzó rápidamente dimensiones políticas y nacionales. Desde el discurso presidencial, la deslegitimación de la protesta se centró en la definición peyorativa del sector, la puesta en relieve de su condición de privilegio frente al resto de la sociedad y su escaso interés por el bien común. Sin embargo, la estrategia de antagonizar con “el campo” como representante de la vieja oligarquía “golpista” no tuvo los efectos esperados: prueba de ello fueron las masivas movilizaciones en su apoyo, incluso en grandes centros urbanos donde, evidentemente, este reclamo operaba como aglutinante de otra serie de disconformidades.

La Mesa de Enlace, por su parte, logró en la protesta de 2008 un consenso táctico sin precedentes, recurriendo a cortes de rutas, asambleas, debates públicos y lock-out. Para legitimar su protesta y otorgarle transversalidad, impugnó la Resolución 125 como un intento ilegítimo del gobierno de apropiarse de las ganancias obtenidas por el sector – autodefinido, además, como el principal sostén de la economía argentina – y buscó vincularlo a hechos de corrupción y abuso de poder. Son dos formas de hacer política las que se enfrentan, desde la óptica de los opositores a la medida, en esta disputa por la representación popular: el decoro y el respeto por las instituciones propio del tan mentado republicanismo, y el clientelismo, la concentración de poder y los abusos propios del siempre vilipendiado populismo, que claramente no es concebido como una realización sustantiva de la forma democrática, sino como pura demagogia y corrupción.

El conflicto por las retenciones al agro desató así una disputa simbólica en torno a la verdadera representación del pueblo argentino en la que las partes en confrontación se aglutinaron en dos polos: “el campo” vs. “el gobierno”. El polo denominado campo nucleó un conjunto de reclamos que iban desde la suspensión de la 125 hasta la puesta en cuestión de la figura presidencial, pasando por una revalorización del modelo productivo agroexportador. Su fortaleza se construyó sobre la supresión de la organización y la pertenencia partidarias y la apelación a la movilización espontánea de las llamadas “bases” del sector agrario. Su construcción discursiva eminentemente antipolítica lo erigió más como delegado que como representante de las clases afectadas – apelando a una suerte de mandato imperativo, un vínculo más directo que el de los ciudadanos con la clase política, que ha salido de la crisis no hace tanto tiempo. El gobierno, por su parte, apeló a una retórica primero confrontativa y luego institucionalista, exhortando a sus antagonistas a formar un partido y disputar elecciones.

Ambos polos recurrieron a la presencia efectiva en el espacio público en aquella disputa por el “todos”, en manifestaciones emblemáticas como el acto del Campo en Rosario el 25 de mayo o la manifestación en favor del gobierno el 18 de junio en Plaza de Mayo. Sin embargo, la interpelación del “campo” a la ciudadanía no organizada – fundamentalmente a las clases medias urbanas y de pequeñas urbes vinculadas a la actividad agropecuaria – resultó siempre más contundente, fortalecida por su espontaneidad y por la construcción tan efectiva como ficticia del colectivo de “autoconvocados”.La vieja fórmula alfonsinista que enfrentaba democracia y corporaciones no resultó una estrategia retórica efectiva por parte del gobierno, en un contexto de democracia que aparecía paradójicamente como suficientemente consolidada en términos institucionales.

Corolarios

El pasado marzo, a 10 años de la Resolución 125, quienes formaron en aquel entonces parte de la Mesa de Enlace se reunieron en las oficinas del diario La Nación para rememorar lo ocurrido. Se refirieron a Cobos como un héroe, recordaron con emoción el rol fundamental de las clases medias urbanas en el reforzamiento de la efectividad de las medidas de fuerza. Evocaron, también, los deseos explícitos de amplios sectores de dicha configuración opositora de “hacer caer el gobierno”[9]. “La 125 pasó a ser una excusa para el gauchaje” afirmaba Buzzi al tiempo que se arrepentía de haber declarado en Rosario que el gobierno a veces “es un obstáculo”. De vez en cuando las emociones nos juegan malas pasadas.

Esta escena pintoresca, no obstante, nos permite hacer un balance preliminar de los efectos políticos que aquel emblemático conflicto ha tenido a lo largo de esta década.

En primer lugar, como se señaló al inicio, la forma en que se desarrolla y resuelve marca el fin de la transversalidad y la cooperación intersectorial abierta originalmente por el gobierno de Néstor Kirchner. No sólo porque se reforzó y explicitó la oposición con sectores corporativos de peso fundamental en la Argentina como son los sectores dominantes del agro y los medios de comunicación, sino también porque el No positivo marcaría el fin de la coalición con buena parte del radicalismo, hoy aliado mayoritario del gobierno del PRO.

Esta fisura reforzó, por otra parte, la disputa política conceptual vinculada a la legitimidad del gobierno representativo de Cristina Fernández de Kirchner. La tribuna del republicanismo carriotista encontró eco en todos aquellos que deslegitimaron la medida como una forma de acceder a recursos para dar continuidad al clientelismo político propio del denostado populismo de la pareja presidencial. En este sentido, la configuración de los grupos de intelectuales Carta Abierta y Club Político Argentino jugó un papel central en la representación de la disputa en torno al binomio conceptual. Mientras Carta Abierta instó al gobierno a ampliar la sustancialidad democrática reforzando sus vínculos con la ciudadanía activa en tanto actor fundamental de un proceso democrático popular de este tipo, el Club encendió las alarmas respecto de la transgresión de la división de poderes, los abusos presidenciales, y coincidió con el campo respecto de su rol fundamental en la estructura productiva nacional y su proyección internacional. Si Carta Abierta no se equivocaba al hablar de “complejo agromediático” y “clima destituyente” – la reunión de la Mesa de Enlace en La Nación resulta bastante elocuente al respecto – Club Político Argentino tampoco desatinaba al vincular sus reclamos de institucionalidad a aquellos sostenidos por los dirigentes políticos de la oposición que son, al presente, oficialismo. Ahora bien, como señaló A. Rosler hace unos meses en una entrevista, es claro que el republicanismo de oposición y el de gobierno no se asimilan demasiado: ser republicano a la Montesquieu parece ser una posición cómoda y correcta desde la tribuna, pero el decretismo, la presión sobre el poder judicial y los vetos legislativos dan cuenta de que, a la hora de gobernar, se escinden la ética y la voluntad política.

Los resultados electorales de las elecciones de 2009 en adelante – exceptuando el histórico 54% obtenido por Cristina Fernández de Kirchner en el 2011, que sin dudas revitalizó e imprimió otras dinámicas simbólicas y performativas al kirchnerismo como movimiento e identidad política – dieron cuenta de que, si puede ser un error hiperracionalizar la politicidad de los sectores medios urbanos y sus rational choices todo a lo largo de esta década, evidentemente no lo es considerar que el concierto de actores organizados que se unieron en aquella coyuntura mantuvieron una unidad de discurso y acción que les permitió llegar fortalecidos a las presidenciales del 2015.

Como señala Pucciarelli[10] el conflicto campo-gobierno abre en 2008 una disputa en torno a la hegemonía del modelo kirchnerista, que se volvería cada vez más explícita con el correr de los años. En algún sentido, el aniversario del No Positivo de J. C. Cobos comprende el aniversario de la configuración primigenia de la actual alianza de gobierno y de un retorno progresivo del discurso de la economía liberal hoy reforzado por el retorno del FMI a nuestro país. Es, también, el aniversario de una disputa que se dio, durante meses, en las calles de nuestro país. Si la herencia del kirchnerismo es uno de los temas predilectos de la actual gestión, una de los aprendizajes más valiosos que hemos heredado es que la configuración del sujeto pueblo tiene lugar efectivamente allí. Y este balance puede, acaso, aportar algunas nociones para pensar hoy dónde estamos posicionados, hacia dónde vamos, cómo nos constituimos, en el mediano plazo, como sujetos políticos singulares y colectivos.

 

 

[1] Hora, R. (2010) “La crisis del campo del otoño de 2008”. Desarrollo económico, 50, (197).

[2] Aronskind, R. y Vommaro, G. (2010). Campos de batalla. Las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario. Buenos Aires, Prometeo.

[3] Nardacchione, G. y Taraborelli, D. (2010). “La importancia de los aliados: un estudio sobre el conflicto rural (marzo-julio 2008)”. En Campos de batalla. Las rutas, los medios y las plazas en el nuevo conflicto agrario. Buenos Aires, Prometeo.

[4] Hora, R. op. cit. p. 96.

[5] Aronskind y Vommaro, op. cit, p.11

[6] Op. cit.

[7] Giarracca, N., Teubal, M. y Palmisano (2008). “Paro agrario. Crónica de un conflicto alargado”. Realidad Económica, (237), 33-54.

[8] O’Donnell, G. (1977). “Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976”. Desarrollo Económico, 16, (64), 523-554.

[9] https://www.lanacion.com.ar/2112935-a-10-anos-del-conflicto-por-la-125-lo-que-nunca-se-conto-de-la-pelea-entre-el-campo-y-el-gobierno-de-cristina-kirchner

[10] Castellani, A., Pucciarelli, A. (2017). Los años del kirchnerismo. La disputa hegemónica tras la crisis del orden neoliberal. Buenos Aires, Siglo XXI.