Por Mauricio D. Balbachan
Luego de que Luis Oscar Chocobar fuera condenado a dos años de prisión en suspenso por “homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber”, y fuera inhabilitado para ejercer sus funciones de policía por cinco años, los debates en torno a la seguridad volvieron a hacerse protagónicos en la escena pública. Mauricio D. Balbachan presenta ejemplos que dan a ver cómo este tipo de discusiones son utilizadas en tiempos electorales y plantea que el desacuerdo pareciera no tener salida: mientras un sector apela a la angustia de la “gente” de vivir con miedo, el otro se encierra en un laberinto de tecnicismos jurídicos. En este contexto, el autor propone un discurso alternativo, que haga hincapié en la defensa de los derechos humanos, pero que sea capaz también de mostrar la ineficacia de las políticas represivas y punitivistas para prevenir el crimen.
Chocobar es el apellido de alguien que alguna vez fue policía y que ya no podrá serlo, ni portar un arma, por al menos cinco años, tras la reciente condena judicial. Pero Chocobar también es una toma de posición en un territorio en disputa en materia de seguridad y de derechos. Durante el gobierno de la alianza Cambiemos fue presentado como ejemplo de buena actuación policial (fue recibido en la Casa Rosada por el presidente Mauricio Macri y la ministra de seguridad Patricia Bullrich), y en este año electoral es esperable que se convierta en un símbolo del punitivismo que enarbola ese espacio político convertido hoy en oposición.
La condena judicial puede ser contraproducente para la persona Chocobar, pero lo agranda como símbolo, porque, de acuerdo con la lectura de sus defensores, supone la desprotección de la sociedad frente al delito, luego de que un policía decidiera ejercer la violencia legítima del Estado y disparara. El hecho de que haya disparado 7 veces en la vía pública y por la espalda amerita una discusión sin lugar a dudas, pero concentrarse en esas cuestiones puede ser una trampa en el debate público de los tiempos que corren, más proclives a los zócalos televisivos y a las tapas de los diarios.
Un ejemplo claro de la utilización del miedo al delito para ganar votos ocurrió durante las elecciones presidenciales de 1988 en Estados Unidos. El candidato republicano, George Bush (padre) se enfrentaba al demócrata Michael Dukakis, que había sido gobernador de Massachusetts. Durante su mandato, un detenido llamado William Horton había cometido una serie de delitos aberrantes mientras se encontraba gozando de un permiso de libertad temporal.
Poco importó que este programa hubiera sido creado en 1972 por el gobernador anterior (que era republicano) y que hubiera sido validado por la Corte Suprema de Massachusetts. El problema era que Dukakis no lo había eliminado y que además había vetado una ley que establecía la pena de muerte.
Esto fue utilizado por los republicanos para bombardear la campaña con mensajes que buscaban promover el miedo y la indignación. Se nombró tanto a Horton en ese momento que, varios años después, Lee Atwater (el principal estratega republicano de aquel entonces), comentó que mucha gente llegó a pensar que se trataba del candidato a vicepresidente de Dukakis.1 Además, con el objetivo de presentar al candidato demócrata como débil frente al delito, emitieron un comercial televisivo que mostraba una supuesta cárcel de Massachusetts con puertas giratorias, por las que una hilera extensa de presos entraba mientras otra igual de larga al mismo tiempo salía. 2
Si esta imagen de la cárcel con puertas giratorias resulta familiar es porque es parodiada de forma excepcional en el programa de televisión Los Simpsons, en el capítulo donde Bob Patiño le gana las elecciones al Alcalde Diamante gracias a una campaña “sucia”. Destaca en esa campaña un aviso similar al que comentábamos recién (aunque más exagerado): la publicidad muestra a un grupo de presos entrar y salir de la cárcel por medio de puertas giratorias, también con escaleras eléctricas y aerosillas, y finaliza con este remate maravilloso: “Diamante incluso ha liberado a Bob Patiño condenado dos veces por intento de homicidio, ¿puede confiar en un hombre como Diamante? Vote Bob Patiño”.
En nuestro país este debate parece un laberinto sin salida: un sector apela a la angustia de la “gente” de vivir con miedo para reclamar “mano dura”, mientras el otro se defiende con tecnicismos jurídicos. En este contexto, es necesaria la emergencia de un discurso alternativo que no sólo cuestione a Chocobar desde la mirada de los derechos humanos, sino también desde la eficiencia en materia de política criminal que esa supuesta doctrina representa. Una salida “por arriba” de ese laberinto, si se quiere.
Este discurso no puede obviar, en primer lugar, el clima social respecto del delito, pero esto no implica aceptar lo que los promotores del punitivismo dicen en nombre de “la gente” Una cosa es compartir la preocupación de las personas por ser víctimas de delitos y otra muy distinta es asumir que las políticas más punitivas gozan de un amplio consenso social. En nuestro país hay encuestas que indican que la “inseguridad” representa un problema importante para un gran número de habitantes, y se realizan algunas encuestas de victimización que suelen incluir preguntas sobre el accionar de la justicia penal y de las fuerzas de seguridad3, pero no existen estudios sobre el apoyo o el rechazo de medidas de castigo penal como, por ejemplo la British Crime Survey (BCS), que desde 1982 mide las percepciones sociales de la ejecución de las penas en el Reino Unido.
Por esta razón, es fundamental producir más conocimiento sobre el delito, pero también sobre la mirada social del castigo, porque es la única manera de llenar de contenido esa muletilla vacía del punitivismo, que es “la gente”. Es posible diferenciar el diagnóstico (la inseguridad como preocupación social relevante) de las herramientas para su abordaje, tal como hicieron algunos criminólogos en los años ‘80, como Jock Young y John Lea, preocupados no sólo por el daño que los delitos producían en los sectores más vulnerables de la sociedad, sino también por el daño que representaban las propuestas punitivas de los gobiernos neoconservadores de Estados Unidos e Inglaterra de esa época. “¿Qué hacer con la ley y el orden?” es hoy una pregunta urgente4.
Un camino inicial podría ser exigir a ese discurso algunas respuestas. En particular, que explique cuál es la relación entre las medidas que propone y su objetivo, es decir, en qué medida y cómo las mayores facultades policiales o las penas más extensas (por nombrar dos ejemplos concretos) son útiles para reducir la comisión de delitos. En los últimos 20 años, el país ha endurecido cada vez más su sistema penal a través de distintas leyes modificatorias del código penal, del código procesal penal y de la ley de ejecución penal, sin que haya tenido un efecto importante en la reducción de los delitos.
En este sentido, la fantasía “garantista” que proyecta el manodurismo no existe en el mundo real: las cárceles argentinas se encuentran saturadas como resultado de esos experimentos legislativos. Llegó entonces el momento de preguntarse qué sucede cuando las personas están en la cárcel y qué pasa cuando salen. Los elevados índices de reincidencia no pueden explicarse sólo como el resultado de trayectorias individuales fallidas, algunas razones institucionales deben existir.
Por supuesto que una posición alternativa no puede ser sólo un discurso electoral. Es posible construir una política criminal que sea efectiva para reducir los delitos y las violencias, incluyendo la violencia institucional. No se trata solo de mostrar la inefectividad de la cárcel como única respuesta, sino también de promover acciones concretas y superadoras del tratamiento que la ejecución de la pena hoy representa, ampliando derechos durante la detención y estableciendo programas post penitenciarios audaces, con un presupuesto acorde para hacerlos realidad y que no dependan del voluntarismo de los actores involucrados.
Frente al avance de la “doctrina Chocobar”, no basta con afirmar que es necesario el control político de las fuerzas de seguridad. Debe también ofrecerse un modelo eficaz e inteligente de reducción de los delitos y las violencias, atacando las estructuras criminales que el punitivismo omite cuando centra su mirada en los autores de delitos callejeros. Es necesario impulsar investigaciones complejas sobre los mercados ilegales que se abastecen de esos autores, y al mismo tiempo, multiplicar intervenciones preventivas integrales, con presupuestos que también excedan al voluntarismo de los actores involucrados.
Mauricio Balbachan. Abogado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), maestrando en Criminología por la Universidad del Litoral (UNL) y docente de la carrera de Abogacía de la Univseridad de Jose C. Paz (UNPAZ) en los seminarios “Política Criminal y Seguridad” y “Ejecución de la Pena”. Sus temas de interés son la violencia institucional, las cárceles, los derechos humanos y los debates políticos y sociales sobre el delito y su control. En Twitter es @_DrMabuse y en Instagram @morisrobot.
1 Recuperado de https://www.baltimoresun.com/news/bs-xpm-1990-11-11-1990315149-story.html
2 Se lo llamó “puertas giratorias” y puede verse aquí: https://www.youtube.com/watch?v=CEv5OupiTV
3 En Santa Fe, un equipo de la Universidad del Litoral dirigido por Máximo Sozzo las realiza con regularidad, y en el año 2017 hizo lo propio el INDEC con una encuesta de carácter nacional.
4 “Qué hacer con la ley y el orden” es el título del libro que escribieron Lea y Young en 1986 y hace referencia a ese tipo de discursos punitivistas llamados de “ley y orden”.