Por Pilar Fiuza (UBA/CONICET) y Joaquín Zajac (UBA/CONICET)
El narcotráfico ha ido cobrando creciente relevancia como “problema público” en América Latina desde la caída del bloque de países socialistas y el reemplazo en la región de la llamada “doctrina de la seguridad nacional” por la llamada doctrina de las “nuevas amenazas”. Esta doctrina parte de un ideario de un orden de seguridad global que se ve amenazado, ya no por un enemigo estatal con una determinada ideología política, sino por organizaciones ilegales, de carácter no estatal y naturaleza transnacional, dedicadas a actividades económicas o políticas ilegales, principalmente el narcotráfico y el terrorismo.
En ese sentido, es preciso señalar que en nuestro país la construcción del “narcotráfico” como amenaza global ha podido vislumbrarse en forma reciente en los discursos desplegados en el campo político y de los medios de comunicación. Puntualmente, en los últimos cuatro años el gobierno de Mauricio Macri ha consolidado y amplificado esta agenda, impulsando varias medidas en ese sentido desde el inicio de su gestión. En primer lugar, el otorgamiento de poderes de excepción a las fuerzas de seguridad y a las agencias judiciales. Leyes, decretos, resoluciones y otras normativas que avasallan las garantías procesales mínimas en nombre de la urgencia y el supuesto poderío de este enemigo[2]. En segundo lugar, avances concretos en el involucramiento de fuerzas militares en seguridad interior aduciendo que, por su carácter trasnacional, recursos económicos y “poder de fuego”, las organizaciones ilegales dedicadas al narcotráfico asumen una complejidad inabordable para las fuerzas de seguridad policiales[3]. En tercer lugar, incrementando la presencia de fuerzas de seguridad en los barrios socialmente vulnerables de las grandes ciudades, con un perfil netamente represivo[4]. En este sentido, parte muy significativa de la campaña política del gobierno nacional y también provincial se centra en mostrar los “avances” en la “lucha contra el narcotráfico”, midiéndolos en kilogramos de drogas “incautados” y quemados, en cantidades de casillas precarias destruidas (supuestos “bunkers” de drogas), y en cantidad de personas detenidas por contravenciones a la ley de drogas 23.737 (muchas de ellas, consumidores, o comerciantes de “narcomenudeo”).
Sin embargo, esta agenda represiva y militarizante nada respecto a una de las dimensiones más relevantes del fenómeno: el involucramiento del poder político, las fuerzas de seguridad y las agencias judiciales, es decir, del propio Estado. A lo mucho, coberturas periodísticas señalan la “connivencia” de ciertos funcionarios policiales, judiciales o políticos con el negocio ilegal de las drogas. Sin embargo, la participación estatal en las condiciones de posibilidad del mercado de drogas ilegales, es mucho más profundo, amplio y complejo. Aportar a su descripción, dimensionamiento y conceptualización, es lo que nos proponemos hacer a través de esta entrevista con Javier Auyero. Javier es profesor de sociología de la Universidad de Texas, Austin. Historiador y sociólogo, se licenció en la Universidad de Buenos Aires y se doctoró en The New School for Social Research. Sus áreas de trabajo son la etnografía política, la pobreza urbana, la acción colectiva, los estudios latinoamericanos y la teoría social y cultural. En su último trabajo “El Estado Ambivalente”, analiza el contradictorio papel del Estado argentino frente a la economía ilegal de las drogas: al mismo tiempo que la persigue de manera obsesiva, pero ineficaz, no solo la habilita o la tolera, sino que participa de ella y la hace posible a través de los propios agentes que deberían “combatirla”.
Pilar Fiuza y Joaquín Zajac: Mucho se viene diciendo en este último tiempo respecto de la pretendida expansión cualitativa y cuantitativa del narcotráfico en la Argentina en la última década. Se trata de un discurso que viene siendo fuertemente desplegado desde el gobierno nacional y más particularmente desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, pero que no obstante encuentra eco también en el ámbito académico y en los medios de comunicación ¿Coincidís con este diagnóstico?, A partir de los emergentes del trabajo realizado en el marco del libro ¿Cómo caracterizarías la situación del narcotráfico en la Argentina?
Javier Auyero: Mi reconstrucción de lo que pasa con el narcotráfico en la Argentina fue hecha en base a fuentes secundarias, porque el libro lo que hace es echar luz sobre un aspecto muy particular de cómo funciona el mercado ilegal en Argentina y ese aspecto particular es la relación entre traficantes y agentes del Estado. Yo reconstruyo el contexto en base a los escritos de Marcelo Saín[5], de Marcelo Bergman[6], del CELS que hablan de la prevalencia del narcomenudeo en la Argentina pero también hablan de la macro ruta del tráfico que usa a la Argentina como vía de pasaje a Europa y del crecimiento del mercado doméstico en los últimos 20 o 30 años. Pero en el libro, en realidad, lo que hago, es un recorte analítico porque como sociólogo no me interesaba tanto escribir un libro sobre el narcotráfico en la Argentina. Como tuve acceso a las escuchas telefónicas de varias causas judiciales, se me ocurrió que podía usar esos documentos para examinar ese aspecto del que muchos observadores, no solo en Argentina sino en México, Colombia, Italia, hablan: el de la necesaria participación de lo que se conoce como “esquemas de protección del Estado hacia las economías ilegales”. Lo que nos interesaba, lo que quería saber, era cómo funcionaban efectivamente esas microdinámicas de protección. Porque todo el mundo habla de protección policial del tráfico, pero cuando estudiás un poco más detalladamente, te das cuenta de que no hay sólo protección, sino que hay toda una forma de regulación, que incluye apoyo material, soporte informativo. Pero volviendo sobre tu pregunta yo no tengo un diagnóstico sobre cómo funciona el narcotráfico en la Argentina muy distinto al que describen los autores que mencioné antes.
PF y JZ: Volviendo a este tema de la protección, ¿Qué características tiene el Estado ambivalente o la protección del Estado en los negocios del narcotráfico? ¿Cómo se da esa dinámica?
JA: Mirá, se da justamente por transacciones entre agentes de los distintos niveles de las fuerzas represivas del Estado. Todo lo que digo es en base a los datos que fuimos construyendo. Por ahí puede sonar muy empirista lo que voy a decir, pero yo soy muy respetuoso de la evidencia que tenemos, de los datos que nos dan todas esas cientas y cientas de escuchas telefónicas. A mí me gustaría haber hecho una comparación de cómo funciona el mercado cuando no hay protección policial, pero no tengo datos de cuando no la hay. Dicho esto, la protección funciona en base a transacciones particulares de la Prefectura, de la Gendarmería, de la Policía Federal y de las policías provinciales. De manera bastante aleatoria, cuanto mayor es la organización, por ejemplo, una organización que está en Corrientes y que trafica droga de Paraguay hacia Rosario y hacia el conurbano, mayor es la extensión de sus operaciones y obviamente mayores contactos necesita tener, entonces extiende su red de protección no sólo a las autoridades provinciales sino también a las fuerzas de seguridad. Por ejemplo, para mover la droga por ruta a la zona fluvial necesita contactar a la Prefectura y Gendarmería.
Cuando menor es, por ejemplo, una organización pequeña de venta de drogas en San Martín, le basta para funcionar la protección de la policía provincial. Si bien están involucrados niveles de esa policía provincial muy distintos, desde un comisario de una comisaría hasta un comisario distrital. En este caso todo queda dentro de la policía provincial. Entonces ¿cómo funciona la transacción? Se establece a cambio de dinero. El narcotráfico se queda con una parte de la operación del tráfico y de la venta. Pero a diferencia de lo que nos hacen suponer ciertas narrativas no es que sólo la policía espera su coima o su soborno sentado, sino que la policía participa muy activamente de la regulación del mercado. Sabe mucho más cuánto hace cada traficante, cuánto deja de hacer, cuánto trabaja y cuánto no trabajan y al mismo tiempo apoya materialmente el trabajo de los narcotraficantes. Y en esto quiero ser muy concreto: los narcotraficantes se matan entre sí o matan a otra gente con armas que le alquilan o les da la policía. Esto no es algo que estoy inventando. Hay conversaciones a las que tuvimos acceso que dicen: “necesito balas” “dame la pistola”. Después hay causas judiciales que dicen “este traficante fue muerto por este otro traficante y el arma era de la policía”. Esto ya excede la protección, sino que es, más bien, una participación activa en el mercado de drogas.
PF y JZ: ¿Ves mayores o menores niveles de involucramiento de las distintas fuerzas?
JA: No te puedo dar ninguna afirmación categórica respecto de ello. Las causas a las que accedimos son justamente causas en las que participan actores de las policías. Te puedo decir de manera muy impresionista que siempre están involucradas las fuerzas locales que son las que por ejemplo conocen mejor el terreno.
PF y JZ: Y respecto a la participación o regulación del poder político ¿qué has podido ver?
JA: Hay evidencias claras en las causas judiciales de algunas zonas de las provincias donde están involucrados no sólo el policía y el comisario sino el intendente. Ahí lo podés ver con charlas telefónicas de intendentes, el hijo del concejal, el concejal, etcétera, etcétera. En las causas más graves, hay indicaciones de que algún juez o algún político están involucrados pero por obvias razones no se hacen escuchas telefónicas a los políticos o propios jueces. Pero por ejemplo en toda la economía ilícita alrededor del mercado de la Salada hay muy buena evidencia de la participación del poder político en el sentido de que lo que se genera en la Salada financia campañas políticas y financia programas de asistencia del Estado. Muchos de los guardapolvos que distribuía el Estado estaban hechos en talleres de la Salada. Lo cual es muy interesante desde el punto de vista analítico, tenés a la economía ilícita proveyendo productos para que el Estado los distribuya. Muchos de los textos de Matías Dewey[7] muestran los vínculos del poder político con estos mercados ilegales. Justamente está pasando que están cayendo los capos de la Salada, pero no cae nadie de los que los apoyaban. En el caso del mercado ilícito de drogas hay evidencia en las provincias, hay evidencia en Salta, en Corrientes de la participación de jueces, políticos. Pero cuando las causas son más grandes y más importantes ahí hay menos evidencia contundente. No estoy comparando las bandas de drogas con la mafia pero así como los que estudiaron muy bien las mafias en Italia, te dicen que, si bien en su momento, no había evidencias tan fuertes, era imposible pensar la reproducción de la mafia sin pensar la participación de elementos superiores del poder político. En esto lógicamente también es así. Yo no tengo evidencia pero lógicamente debe ser así…
PF y JZ: Y yendo a un punto más conceptual ¿crees que tiene que ver con alguna cuestión más propia del Estado argentino el hecho de que la policía se financie a través de estos mecanismos en reemplazo del financiamiento estatal? ¿Cómo lo pensás?
JA: Mira en eso yo creo lo que dicen Marcelo Sain y Paul Hathazy[8] al respecto de lo que es la comparación con Chile y las fuerzas de seguridad en la Argentina. O sea, los mecanismos ilegales de financiación de la policía andan dando vueltas hace mucho tiempo. Antes era el juego clandestino, la prostitución. Hay un documento de 1997 del CELS que advierte sobre nuevos mecanismos de financiamiento de la policía vinculados justamente al mercado de droga. Es decir, lo que se llama la “caja sucia” ha ido cambiando, pero eso coincide en términos más conceptuales con intentos del poder político de gobernar la policía que fracasan. Entonces el poder político abdica y deja que la policía se autogobierne.
Entonces tenés mecanismos ilegales de financiación, más autogobierno policial, más falta de accountability. Eso es una ecuación que da lo que hay hoy. No es una ecuación estadística ni mucho menos, pero se entiende el punto. Entonces los Estados, ahora en términos más conceptuales, ningún teórico del Estado te diría que el Estado es coherente, ni unificado. Los Estados son ambivalentes en general. Uno puede pensar en la policía o la política criminológica en Inglaterra y vas a ver que conviven políticas de tolerancia cero con enfoques más terapéuticos. No hay una cosa monolítica. Lo que hacemos en el libro es dar evidencias sobre esa ambivalencia. Es decir, cómo esa ambivalencia estructura e impacta en la vida cotidiana en un determinado contexto geográfico muy concreto. Queremos ver qué pasa cuando un Estado actúa de forma ambivalente en los márgenes urbanos. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense es muy claro en ese sentido. Por ejemplo un Estado que hace estos despliegues casi espectaculares de punitivismo, que llega con las topadoras, tiran un búnker abajo y al día siguiente, nosotros que estamos en el barrio vemos que el que acaba de tirar el búnker abajo está haciendo negocios con la policía, eso es ambivalencia Y eso se traduce en lo que llamamos en el libro “cinismo legal”, porque si sos habitante de ese barrio ¿vas a creer en el policía? La invitación que nosotros hacemos en el libro es a comprender este fenómeno que llamamos cinismo legal – y cierta resignación general que existe con respecto a la (in)capacidad del Estado para actuar correctamente.
PF y JZ: ¿Y a qué responden estos intentos de mostración de la fuerza con el argumento de narcotráfico?
JA: Es que los Estados como bien dicen Pierre Bourdieu y Robert Jessop, y desde corrientes teóricas muy distintas, lo que proyectan es el monopolio de la violencia. Estos despliegues punitivistas no son sólo propiedad de la ministra actual de Macri, mucho de los despliegues que vemos sucedieron con Scioli o anteriormente. Es el Estado que necesita imponer su autoridad, visibilizarla. Esto es de lo que hablaba Michel Foucault: “nosotros somos los que castigamos”. Bueno esto es lo que hacen los Estados decir: “estamos acá”.
PF y JZ: ¿Y analizaron qué efectos tiene esta presencia en los barrios?
JA: El mercado ilícito de droga no siempre va de la mano con altos niveles de violencia. Fijate si no el caso de México que lo podés comparar históricamente y podés ver que no siempre México ha sido así de violento. Esto tiene que ver con arreglos que hacía el PRI con los carteles. Hay zonas de México que son más violentas que otras aún con igual cantidad de flujo de drogas. Entonces lo que se conoce como violencia sistémica dentro del mercado ilícito varía mucho. Si a esta violencia sistémica le sumas el hecho de que un actor importante, como la policía, participa no sólo protegiendo sino dando armas, dando municiones, indicando a los traficantes a quién pueden atacar y a quién no, el fenómeno es más complejo… Veamos el caso de Los Monos. Por ejemplo, la chica de 14 años a la que matan unos hombres que pasan baleando su casa. Eso salió en todos los diarios. Nosotros tuvimos acceso a la conversación que tienen el líder de la banda con un sargento de policía antes de esa muerte. Allí el policía básicamente le da vía libre para que “le de a mansalva” a esa casa. Entonces lo que tenés es evidencia que no necesariamente la violencia aumenta como producto de la protección policial, pero que la policía sí está dirigiendo hacia dónde va la violencia y hacia donde no.
No obstante, es muy difícil, con los datos que tenemos, tejer el argumento de que la participación de la policía está haciendo aumentar la violencia. Lo que sí está produciendo es que la gente en los barrios no recurra a la policía para resolver sus conflictos justamente a causa de este cinismo legal al que hacíamos referencia. La gente sabe que la policía está dirigiendo el tráfico de hacia dónde va la violencia y hacia dónde no… por qué hay zonas protegidas y otras zonas en donde como dicen “acá vale todo”. Entonces no me animaría a defender ese argumento. Lógicamente, uno sí podría decir que cuando mejor funciona la protección, menor violencia. Porque a nadie le interesa que haya violencia en los mercados ilegales de droga. Mejor cuando todo va bien. A todo el mundo le interesa que esté todo tranquilo. La violencia ocurre cuando no todos están protegidos, cuando a algunos los protege una fuerza y a otros, otra. Cuando, como en el caso de San Martin, algunos agentes que se cortan solos de la propia comisaría para hacer negocios solos en esas zonas les dicen a los narcotraficantes “bueno yo te protejo” pero el traficante te dice “yo ya te pagué a vos” y se arma un desmadre. Entonces en este universo transaccional, esta es otra de las cosas que van en contra de las visiones tradicionales de cómo funciona narcotráfico, no hay una estrategia, un plan, sino que como vemos mucho en las escuchas telefónicas, todo está al punto de salir mal en todo momento. Y a último momento todo se arregla. Pero eso quiere decir, conceptualmente hablando, que es un universo con mucha incertidumbre y a veces la incertidumbre y los errores se resuelven a los tiros
PF y JZ: Pero entonces la violencia no tiene que ver tanto con este estereotipo de una cultura de las bandas sanguinarias sino con esta incertidumbre y esta falta de un tercero regulador…
JA: Creo que la violencia es parte de un repertorio de resolución de problemas cuando vos no tenés una tercera parte que regula el conflicto y esto lo han estudiado quienes estudian la violencia sistémica en los mercados ilícitos. Por ejemplo, si a mí me venden ropa de mala calidad yo voy y reclamo en el comercio o, si no me atiende mi reclamo, en el departamento del defensa del consumidor. En el mercado de drogas no podés ir a reclamar a una tercera persona “esto no era cocaína de la buena” o el que la vendió se tomó la mitad. No tenés esa tercera parte. Entonces mucho de los conflictos se resuelven a punta de pistola. Pero esto no tiene que ver con la cultura o la disposición de los sujetos que participan ahí sino con cómo se resuelven los conflictos en este mundo. Si vos vas a una zona de conurbano bonaerense te diría que nadie está acostumbrado a la violencia, que a nadie le gusta o, como escribimos en el libro “La violencia en los márgenes”, a nadie le parece normal, a nadie le gusta que la gente se mate. Entonces hablar de una cultura que supuestamente pertenecería los pobres o de que las cosas se resuelven así más bien responde al estigma que son “feos sucios y malos”.
PF y JZ: Pienso en esto de que el insumo de las investigaciones hayan sido las escuchas. Me despierta una serie de preguntas sobre la cuestión de la inteligencia criminal y sobre ese mundo que está tan en boga, tan discutido con el escándalo de las internas de las extorsiones. ¿Qué reflexión tenés al respecto de los cuerpos de inteligencia que tienen las distintas fuerzas y cuán involucrados están en esta cuestión de la regulación de narcotráfico?
JA: Es una buena pregunta porque nosotros tomamos esa videncia con mucho cuidado. Hay toda una serie de criterios que los criminólogos utilizan para leer esta información que te brinda el Estado. Ya estoy grande como para pensar que esto es una ventana transparente hacia los secretos del poder. No es eso ni mucho menos porque a quién se escucha, cómo se le escucha y cuánto tiempo se le escucha tiene mucho que ver con disputas al interior del Estado. Por eso te digo que hay que ser muy cuidadoso. Y esto es como “el que se quema con leche ve una vaca y llora”, ya me pasó cuando escribí el libro sobre clientelismo, que hice todo tipo de reparos a cómo no quería que se leyera. Y, en ese sentido, el libro fue un fracaso total, porque lo leyeron para decir que los pobres hacían clientelismo. Y ahora puede que suceda lo mismo, porque lo que queremos ver es cuáles son los mecanismos comunes de cómo se obtiene la protección, qué efectos tiene, qué soportes materiales, cuáles son los mecanismos relacionales, qué mediaciones, cómo en todo momento es un mundo que está a punto de fracturarse. Pero en ningún momento querría mostrar que es una evidencia transparente de cómo funciona el Estado. Entonces para contestar a tu pregunta, es parte de la ambivalencia que el Estado esté justamente generando estas escuchas. Si no hubiese ambivalencia no podríamos tener ni siquiera acceso. Y, vuelvo sobre la pregunta que me hicieron antes sobre los escalafones. ¿Qué pasa con los escalafones altos del Estado? ¿Por qué no están ahí en esas escuchas? Justamente porque se espía a los más vulnerables.
PF y JZ: Volviendo sobre los barrios y los efectos en estos espacios, queríamos preguntarte, ¿pudieron, en la investigación, indagar algo respecto del peso de estas economías ilegales en los barrios populares? ¿Es realmente un peso significativo en la reproducción de la vida de estos sectores?
JA: No podría hablar sobre el impacto de esta economía en los barrios. No estudiamos eso. Lo que sí podría decir es que si le preguntas a cualquier vecino si se saldrían de esa economía, todos te dirían que sí, que les genera mucha violencia y mucha incertidumbre, mucha frustración. En el libro dedicamos casi dos capítulos a estudiar cómo es que la gente ve esta economía. Y lo que se rompe son justamente los lazos de confianza que caracterizan a la vida de los sectores populares por siempre. Porque estás en una reunión y no sabes en quién confiar y en quién no confiar.
PF y JZ: ¿Encontrás alguna relación entre este hallazgo y los resultados de tus estudios previos, como en “La violencia en los márgenes”?
JA: Vimos dos cosas. Una, que ya habíamos visto cuando empezamos a trabajar en el libro de “Violencia en los márgenes” con Fernanda Berti (que es una maestra del conurbano) y que trabajamos más para este libro. Hago un prefacio. Normalmente cuando se habla de la violencia del mercado de drogas se habla de una “violencia pública”. Es la que leés en los diarios, un traficante mata a otro, una violencia, callejera, espectacular, pública. Lo que vimos en el trabajo de campo de ese libro es que esa violencia “migraba” de escenario, y se transforma, por ejemplo, en violencia doméstica. Qué la separación entre una “violencia de las drogas”, pública y una “violencia doméstica” es más bien una división artificial. ¿Por qué? Porque como trabajamos en este libro, hay una cantidad de pasajes en los que la violencia de la droga se transforma en disputas domésticas. Por ejemplo, una madre que le pega a su hijo porque consume. Si uno reconstruye todas las entrevistas siguiendo ese episodio violento, en el origen hay una disputa por el tema de las drogas. Una disputa que tiene que ver con ese tema por la adicción por consumo, por intentar controlar ese consumo, etc. Eso fue una de las cosas que yo no estaba preparado para ver y que me sorprendió. La existencia de estas conexiones.
La otra tiene que ver con esto del cinismo legal y que es un producto justamente de esa ambivalencia estatal. En los barrios todo el mundo “sabe”. Si vos vas al barrio de Lomas de Zamora (que dicho sea de paso, era el barrio donde yo militaba cuando tenía veinte años), ese barrio, no era lo que es ahora. Si vos ves los números de ese barrio, vas a ver que las tasas de homicidios se quintuplicaron en las últimas dos décadas. Hay un contexto de “despacificación de la vida cotidiana”. Crece la desconfianza pública, porque no sabes en quién confiar, no sabés por ejemplo si un referente es puntero, narco, o las dos cosas. Ese es un clima que me sorprendió un poco. En ese barrio, no obstante, también hay proyectos, hay esperanza y proyectos de futuro. Está el mercado más grade e ilegal que es La Salada, se dan proyectos de movilidad ascendente. En este punto, es posible que, cuando se publique, el libro se lea de la misma manera que ocurrió con el libro sobre clientelismo, donde aclaré que no creía que la “política de los pobres” era clientelar y se hizo esa lectura y hasta una serie de televisión en base a ello. Es difícil controlar la lectura que se hace de lo que uno investiga y escribe.
PF y JZ: En comparación con otros países ¿Qué características tienen estos grupos? Pienso por ejemplo en los cárteles mexicanos
JA: Tienen un poder de fuego muchísimo menor. Organizativamente son mucho más pequeños, más elementales. Están generalmente basados en núcleos familiares. Me parece equivocado pensar que hay una evolución de estos sectores y que entonces Argentina va camino a ser como México. No diría eso de ninguna manera. Son fenómenos sociales diferentes…si vos comparas lo que sabemos de los grupos en México, en Brasil y en Colombia, los de Argentina se parecen en poco. Se parecen mucho en que son organizaciones ilícitas con conexiones bastantes aceitadas con el Estado.
PF y JZ: Ya terminando, queremos preguntarte si ves actores, políticos, de las fuerzas de seguridad, si ves actores genuinamente interesados en enfrentar estos mercados ilegales y qué margen de acción le ves a estos actores.
JA: Conceptualmente uno puede pensar con Pierre Bourdieu que los Estados son campos de lucha. Entonces tenés facciones, como las tuviste en Italia, en México, en Colombia y las tenés en el Estado argentino, de gente que, como diría Spike Lee quiere “hacer lo correcto”. En el libro terminamos con una especulación empíricamente informada de lo que nosotros desearíamos que suceda. No quiero ser muy normativo, pero al final del libro nos permitimos esa licencia. El margen de acción de estos actores está muy determinado por qué pasa afuera del Estado, por lo que pasa en la sociedad civil, en los movimientos sociales que logren colocar la transparencia, el accountability y la reforma policial en el centro de su agenda. Y como pasó en Italia, que haya alianzas transpartidarias. El caso Italia es muy interesante porque lo que parecía un destino irreversible que era el éxito de las mafias, se revierte porque hay actores que jamás se hubiese pensado que se podían aliar –comunistas, demócratas cristianos, etc.- se aliaron en este tema particular. No quiero sonar naif o idealista, pero los casos que indican que hay salida son cuando los actores débiles, que pueden ser del poder judicial o político partidario, se alían con sectores que están fuera del Estado y eso produce una sinergia que puede producir ciertos cambios positivos. No hay un destino irreversible y cuando se revirtió fue porque estas alianzas se dieron.
[1] Pilar Fiuza (UBA/CONICET) y Joaquín Zajac (UBA/CONICET): Agradecemos especialmente a Belen Roca Pamich y Leandro Gamallo por los aportes realizados en la diagramación de la entrevista.
[2] Nos referimos, por ejemplo, al decreto 228/16 de emergencia en seguridad, sancionado en los primeros días del gobierno de Cambiemos, y que autorizaba el derribo de aeronaves “sospechosas” en el espacio aéreo argentino, así como la reincorporación de personal retirado, o las compras y licitaciones de equipamiento de forma directa, omitiendo procedimientos administrativos y legales vigentes. El decreto 70/2017, que flexibilizó las garantías y promovió la expulsión administrativa e inapelable de residentes extranjeros con antecedentes penales, también justificado por la participación de inmigrantes en la “narcocriminalidad”, es otra medida del gobierno que va en esa dirección.
[3] Se observa a este respecto además de un cambio contundente en la retórica, medidas concretas que progresivamente, preparan el terreno para que las fuerzas armadas participen de manera directa en este tipo de actividades: 1)La restitución a los mandos de las fuerzas de prerrogativas administrativas, para definir ascensos o retiros, y de cuestiones vinculadas a la formación que habían sido transferidas al Ministerio de Defensa, 2) la resolución 154-E/2017 que autoriza el uso de la fuerza para rechazar la comisión de delitos flagrantes en “jurisdicción militar”, así como la actividad de inteligencia militar bajo la ambigua figura de “informes socio-ambientales”, 3) el Decreto 683/18: que reforma el decreto reglamentario 727/06 que elimina el requisito del origen estatal de la agresión externa, abriendo la puerta al involucramiento de las FF.AA. para enfrentar al terrorismo y al narcotráfico, aunque se traten de delitos y no de agresiones en términos militares, 4) el Decreto 703/18 en el que se postula una completa renovación de la “directiva de política de defensa nacional”. En su Anexo formula como uno de los riesgos “el impacto de la criminalidad transnacional”, y postula como prioridad para la reforma el “Apoyo al Sistema de Seguridad Interior”, focalizado en dos funciones: el “apoyo logístico en las zonas de frontera” y 5) la Resolución 860/18 del Ministerio de Seguridad, que lanza el “Operativo Integración Norte”, involucrando a las fuerzas armadas en el apoyo logístico a la Seguridad, el “apoyo a la comunidad”, y el adiestramiento operacional a las fuerzas de seguridad, y manteniendo en “secreto militar” las “Reglas de Comportamiento” de los militares en el terreno.
[4] El marco político más significativo de este incremento es el “Programa Barrios Seguros”. El mismo fue lanzado en las villas 31 y 31 bis en abril de 2016, con 42 allanamientos simultáneos realizados por 600 efectivos de la PFA y la GNA, que fue cuestionado por organizaciones de la sociedad civil.
[5] Marcelo Fabián Sain es licenciado en Ciencia Política (Universidad del Salvador, Buenos Aires, 1987), maestro en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política (FLACSO-Argentina, 1993) y doctor en Ciencias Sociales (UNICAMP, Brasil, 1999). Es director del Núcleo de Estudios sobre Gobierno y Seguridad en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) (desde 2013). Fue diputado provincial bonaerense (2011-15), interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (2005-09) y subsecretario de Planificación del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires (2002-03). Entre sus principales libros se cuentan Seguridad, democracia y reforma del sistema policial en la Argentina (2002); Política, policía y delito. La red bonaerense (2004) y El leviatán azul: policía y política en la Argentina (2008) Fuente: https://www.editorialoctubre.com.ar/team/marcelo-sain/
[6] Profesor y director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (CELIV) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero en la Argentina. En los últimos 15 años se ha especializado en temas de la Sociología del Derecho y la Criminalidad. Su trabajo académico se centra en el Estado y la aplicación de las leyes, y en la Criminalidad y la Seguridad Ciudadana en América Latina. Fuente: http://celiv.untref.edu.ar/marcelo-bergman.html
[7] Es sociólogo e investigador permanente en el Instituto Max Planck para el Estudio de las Sociedades, Colonia, Alemania. Su trabajo de investigación, con eje en el conurbano bonaerense, se concentra en los mercados ilegales, las organizaciones criminales y las agencias estatales, la teoría social y la metodología cualitativa. Su actual proyecto de investigación aborda la cuestión del futuro y la esperanza en el contexto de La Salada. Fuente: http://katzeditores.com/fichaAutor.asp?IDA=303
[8] Paul Hathazy es investigador en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad de Córdoba. Se especializa en los determinantes sociales y los efectos de la violencia estatal legítima a través de métodos comparativos e históricos. Actualmente se encuentra investigando la institucionalización de la seguridad como categoría de política pública en Chile y Argentina post-autoritarias. Fuente: https://www.researchgate.net/profile/Paul_Hathazy