Por Mariano Millán
(Conicet – UBA)

El terrorismo de Estado contra los estudiantes

Este 16 de septiembre se cumplen 40 años de La Noche de los Lápices, cuando la dictadura secuestró y torturó a siete militantes estudiantiles secundarios de La Plata, seis de los cuales permanecen desaparecidos. Aquellas acciones fueron parte de un plan de exterminio contra la militancia de izquierdas (marxista o peronista), tanto en el movimiento obrero, estudiantil y popular como en la intelectualidad.

Para comprender por qué el gobierno de la provincia de Buenos Aires y su policía, al mando del coronel Ramón Camps y su colaborador, Miguel Etchecolatz, lanzaron sus Comandos de Operaciones Tácticas e Investigaciones (así llamaban a sus grupos de tareas) sobre los adolescentes que reclamaban por el boleto estudiantil, dándoles caza y llevándolos a un cautiverio espantoso en el Pozo de Banfield, necesitamos entender que los estudiantes constituían un objetivo prioritario de quienes se propusieron “reorganizar” la Argentina.

Entre fines del alfonsinismo y el comienzo de un nuevo ciclo peronista, cuando la academia prefería hablar más de la transición democrática que de los ’70, Inés Izaguirre continuaba “obstinadamente” su reconstrucción del genocidio argentino. Su base de datos, más completa que la de la CONADEP de los dos demonios, fue utilizada en varios tribunales argentinos y extranjeros. En uno de sus trabajos pioneros, demostraba la inexistencia de aleatoriedad: los estudiantes universitarios representaban más del 20% de los desaparecidos, cuando constituían menos del 10% de su grupo de edad.

Los estudiantes argentinos tenían una larga tradición de luchas y organización política que se pretendía desterrar. Esto era más pronunciado entre los universitarios, pero hacia los ’60 y ’70 los secundarios también computaban una amplia trayectoria de movilización. El gobierno peronista del ’73 buscó institucionalizar a los alumnos, combinando “palos y zanahorias”. Los sucesores del mismo partido desde el ’74, con apoyo inicial del radicalismo de Ricardo Balbín, lo reprimieron mediante el terror paramilitar bajo la divisa de Dios, Patria y Ciencia. La dictadura cívico-militar instaurada en marzo de 1976 profundizó aquel rumbo, y si bien existieron diferencias palpables, en muchas instituciones hubo continuidades de funcionarios y/o criterios.

La fragua de la historia

Córdoba, mediados de 1918 – En la Argentina del primer gobierno radical, y en un mundo conmovido por el final de la Gran Guerra, las revoluciones mexicana y rusa y el declive de la “civilización” europeísta, los estudiantes cordobeses tomaron por asalto la asamblea universitaria donde los dirigentes clericales elegían su rector y arrojaron por la ventana del salón a varios académicos. Fue el comienzo de la Reforma Universitaria, un acontecimiento de impacto continental que catalizó esfuerzos previos y lanzó a la política de izquierdas a numerosos grupos y personajes de toda América Latina.

El legado de la autonomía y el co-gobierno; el carácter laico y científico de la educación; y la preocupación por la extensión y el compromiso universitario constituyeron en la Universidad argentina un espacio propicio para el activismo de avanzada. La herencia reformista se convirtió en un amplio paraguas que incluyó a independientes, liberales, radicales, socialistas, comunistas y anarquistas. Frente al reformismo se erigió la reacción conservadora, durante varias décadas bajo el ropaje católico, muchas veces nacionalista y luego, hacia fines del siglo pasado, vestida con las corbatas de la tecnocracia neoliberal.

Argentina, laica versus libre (1956-1958) – Tras el golpe de Estado de 1955, fueron expulsados muchos docentes que venían del catolicismo y estaban identificados con el peronismo, y comenzó una era de “modernización” donde se intensificaron los vínculos entre investigación y docencia. El reformismo universitario, activo militante contra el peronismo desde la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), ocupó las universidades en 1955 y terminó por contar con rectores afines, en un gobierno cuya cartera educativa estaba a cargo de Atilio Dell Oro Maini, un católico cordobés del ’18.

La previsible colisión se produjo durante mayo de 1956, cuando estudiantes secundarios y universitarios tomaron numerosos establecimientos en reclamo de la derogación del artículo 28 del decreto-ley 6403/55, donde se establecía que las universidades privadas podían expedir títulos. Tras el primer combate de laica versus libre, fue suspendida la aplicación del mencionado artículo y renunciaron el Ministro de Educación y el Rector de la UBA, José Luis Romero.

Dos años después el gobierno de Arturo Frondizi, apoyado inicialmente por la izquierda reformista, se propuso legalizar las disposiciones de la autoproclamada “Revolución Libertadora” y permitir que las universidades privadas otorgaran diplomas. De un lado estaba el bando laico, donde militó el reformismo universitario y cientos de colectivos estudiantiles secundarios, con gran presencia del socialismo y el comunismo, y el apoyo inicial del Rector de la UBA Risieri Frondizi, hermano del presidente. Del otro, la Iglesia católica, cámaras empresarias, grupos nacionalistas y algunos peronistas como el diario Mayoría, que proclamaban la “libertad de enseñanza” y se autodefinían como libres.

Desde fines de agosto hasta octubre de 1958 se produjo un enorme ciclo de movilización social en varias ciudades, que contaron con algunas de las manifestaciones estudiantiles más nutridas del mundo en la posguerra. En ciertos actos laicos llegaron a congregarse 160.000 personas (algunas fuentes consignan hasta 300.000); en los mitines de los libres cerca de 60.000. El análisis de la prensa demuestra la temprana aparición del discurso anti-comunista, así como cientos de choques violentos en las calles entre miembros de ambas facciones, con varios heridos y numerosos detenidos, mayoritariamente laicos.

La victoria fue para los libres, con el concurso parlamentario del dirigente reformista Horacio Domingorena, quien posteriormente fuera asesor del Ministro Jorge Taiana para la polémica ley universitaria de 1974. La llamada “traición Frondizi”, donde se incluían los contratos petroleros con Standard Oil, dejó una fuerte marca sobre una generación de reformistas y militantes de izquierdas. La “modernización” universitaria enfrentó la radicalización ya antes de la Revolución Cubana. Hacia los primeros ’60, las casas de altos estudios se constituyeron como escenarios de varias confrontaciones: por el presupuesto universitario, contra la participación argentina en la invasión de Santo Domingo y la pugna entre los defensores de la integración científica con los centros mundiales y sus detractores de izquierdas, quienes denunciaban al cientificismo y la dependencia.

De la resistencia contra la dictadura a la era de los azos (1966 – 1972) – En junio de 1966 se produjo el golpe de Estado comandado por el General Juan Carlos Onganía. Un mes después, el 28 de julio, la intervención y ocupación policial de las universidades. Marcado por la Doctrina de Seguridad Nacional, el gobierno de facto consideraba las casas de altos estudios como un ámbito esencial del enemigo interno: el comunismo.

En Buenos Aires, la resistencia de los estudiantes reformistas, numerosos profesores y algunas autoridades, como en Ciencias Exactas, recibió por respuesta una dura represión el día 29 de julio, en la conocida Noche de los Bastones Largos. En ciertas facultades hubo una gran oleada de renuncias de profesores y autoridades, y el acceso de docentes católicos, algunos viejos peronistas, que formaron las “cátedras nacionales”, primeramente anti-comunistas, aunque luego muchas de ellas fueron parte de la resistencia contra la dictadura.

La Iglesia Católica, el gremialismo peronista y casi todos los partidos políticos excepto los comunistas y una fracción radical, apoyaban a Onganía. El social-cristianismo, que había cobrado cierta influencia estudiantil en varias provincias, esperaba que las nuevas autoridades actuaran “con sentido nacional” y nombrasen funcionarios afines.

Las primeras acciones contrariaron a este sector y poco después, en septiembre, el asesinato del estudiante Santiago Pampillón en Córdoba llevó a los jóvenes católicos a la oposición, junto a los reformistas. Hubo importantes huelgas, manifestaciones y asambleas en todo el país, pero la capital mediterránea se convirtió en el centro político del movimiento estudiantil. Sin embargo, la dictadura no retrocedió y se reafirmó durante 1967, con la única excepción de la crisis tucumana, donde los alumnos reformistas y católicos aunaron sus esfuerzos en apoyo de los trabajadores azucareros. El comunismo estudiantil fue diezmado con la ruptura del grupo que posteriormente creó al PCR, y se fundó la Franja Morada, inicialmente con presencia anarquista, socialista y radical.

La recomposición comenzó en 1968, con las manifestaciones alrededor del 50 aniversario de la Reforma y la alianza con la CGT de los Argentinos, una vertiente del movimiento obrero que se oponía frontalmente a la dictadura. Un año después, mientras los estudiantes correntinos luchaban contra la privatización del comedor universitario recibieron una dura represión, que costó la vida de Juan José Cabral el día 15 de mayo. La noticia recorrió el país y se multiplicaron las movilizaciones en todas las ciudades. En Rosario la policía abatió al estudiante Adolfo Bello el 17 del mismo mes y, cuatro días más tarde durante el primer rosariazo, al alumno Norberto Blanco. En Tucumán y Córdoba, las manifestaciones obrero estudiantiles llegaron al clímax hacia fines de mes. En la última de estas urbes, el paro activo de la CGT local de los días 29 y 30 de mayo terminó en el conocido Cordobazo. Eran las primeras revueltas llamadas “azos”, de las cuales se cuentan más de 30 hasta 1975.

Posteriormente, la dictadura militar, con sus relevos (Roberto Levingston y Alejando Lanusse), intentó limitar el ingreso a la universidad aplicando exámenes de admisión desde 1970. La resistencia estudiantil y popular fue poderosa, surgieron cuerpos de delegados y la Federación Universitaria Argentina (FUA), dividida entre los recuperados comunistas y socialistas, articuló varios encuentros de estos organismos. Los estudiantes que perecieron en la Noche de los Lápices crecieron en hogares marcados por estos procesos de movilización, donde participaron hermanos mayores o parientes cercanos.

Hacia mediados de 1971 comenzó la etapa del Gran Acuerdo Nacional y la transición hacia el final de la dictadura. Crecieron las identificaciones estudiantiles con los partidos tradicionales; Franja Morada terminó por ser plenamente radical y, hacia fines de 1972, comenzó a tomar forma la Juventud Universitaria Peronista (JUP), un agrupamiento ligado a la Tendencia Revolucionaria del Peronismo.

El movimiento estudiantil y el “tercer peronismo” (1973 – 1976) – El complejo y contradictorio trienio peronista, donde hubo cuatro presidentes y numerosos cambios en los poderes ejecutivo y legislativo, también resultó profundamente conflictivo en la Universidad. El triunfante FREJULI estaba integrado por quienes veían en el peronismo el camino a la revolución social y el socialismo en Argentina, y por aquellos que encontraban allí la herramienta para evitar semejante transformación.

Con algunas excepciones, hasta ese momento los estudiantes peronistas no habían considerado central la militancia en el movimiento estudiantil, y sus actividades tenían lugar en el ámbito barrial, en el movimiento obrero o en las organizaciones armadas. Durante 1973 la JUP reconoció un crecimiento exponencial y adquirió influencia en la política educativa, pudiendo sugerir nombres para ocupar altos cargos en la cartera. Las corrientes reformistas, como Franja Morada, el Movimiento de Orientación Reformista (MOR – PC) y el Movimiento Nacional Reformista (MNR – PSP); así como la izquierda marxista maoísta de FAUDI (ya parte del PCR), también contaban con grandes niveles de organización.

La JUP, apoyada por una fracción radical y por el MOR, triunfó rotundamente en las elecciones estudiantiles porteñas. Fue la primera minoría a nivel nacional, pero sin lograr hegemonizar el movimiento estudiantil. Esta relativa fortaleza convivía con las dificultades de la interna peronista, donde retumbaban las contradicciones sociales del país. Referentes conservadores, algunos de ellos funcionarios de la saliente dictadura, participaron desde junio del ’73 en el grupo que proyectó la nueva ley universitaria, del cual fueron excluidas la FUA y la JUP.

El movimiento estudiantil había sufrido varias detenciones, amenazas y acciones paramilitares de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) y otras organizaciones desde 1971. Durante las presidencias de Raúl Lastiri y de Juan Perón estas acciones crecieron en cantidad e intensidad. Entre fines de 1973 y comienzos de 1974, una serie de acontecimientos fueron decisivos para agravar la crítica relación entre Perón y Montoneros y, por esta vía, mellar los proyectos universitarios de la JUP. Por una parte, el tristemente célebre Documento Reservado que llamaba a una guerra contra la infiltración marxista; por otra la formación del Consejo Superior Peronista, donde fue excluida la JUP; la intervención de la Provincia de Buenos Aires y el “navarrazo” cordobés, ambas contra gobernadores considerados “de la Tendencia”; el endurecimiento del código penal; una nueva ley de asociaciones profesionales favorable a la dirigencia sindical ortodoxa y las disposiciones sobre la “prescindibilidad” de los empleados estatales.

En este marco, y tras el pacto Perón – Balbín, fue aprobada la ley universitaria 20.654/74, que reconocía demandas como la autonomía, el co-gobierno y no se explayaba sobre el tema del ingreso. Sin embargo, prohibía “el proselitismo político partidario y/o de ideas contrarias al régimen democrático” y contemplaba como causal de intervención de las universidades la “subversión contra los poderes de la Nación”. El lenguaje no era inocente, y muchos peronistas, radicales, comunistas y marxistas de la Universidad señalaron los peligros de estas fórmulas, sobre todo en un contexto crecientemente represivo por medios legales e ilegales, como la Triple A.

Tras la muerte de Perón sobrevinieron cambios en el gobierno. La Presidente María Estela Martínez nombró a Oscar Ivanissevich como Ministro de Cultura y Educación, en agosto de 1974. Su gestión es recordada como la “Misión Ivanissevich”. Fueron cesanteados más de 15.000 docentes, la contundente represión, tanto frontal como selectiva, se llevó adelante con fuerzas oficiales del Estado y grupos paramilitares, provenientes de la policía, el ejército o el sindicalismo. La “Misión…” costó cientos de vidas. El movimiento estudiantil de Buenos Aires fue el primero en caer, tras la contundente intervención de Alberto Ottalagano. En el conjunto del país las resistencias duraron unos meses más, pero en ningún caso tuvieron posibilidad de revertir los efectos del terrorismo de Estado. Hacia marzo de 1976, cuando la junta militar tomó el control del poder ejecutivo, el peronismo ya había realizado una tarea represiva de gran escala, sin embargo esta senda autoritaria seguiría profundizándose.

La Noche de los Lápices

El derrotero del movimiento secundario estuvo signado por su par universitario, al menos hasta el Cordobazo, cuando comenzó a tomar fisonomía propia. Sus ejes de articulación fueron la resistencia contra la reforma educativa propuesta por la dictadura; las masivas movilizaciones de los técnicos bonaerenses contra la “Ley Fantasma”, sobre el final de 1972; la pugna por derogar el llamado Decreto De la Torre, que prohibía las asociaciones y centros estudiantiles desde 1936; y los esfuerzos de las distintas organizaciones políticas que buscaban conformar sus agrupaciones en las escuelas. El Partido Comunista constituyó la FEMES, de notorio éxito. El peronismo tuvo un desempeño regular hasta 1973, cuando la UES tomó impulso y extensión. Otros colectivos marxistas tuvieron alguna influencia en colegios de determinadas ciudades, como LAR en Córdoba o TERS en Capital Federal.

El peronismo en el poder terminó con el veto para la constitución de centros de estudiantes y estos se multiplicaron. Sin embargo, las libertades democráticas duraron poco, y los alumnos secundarios enfrentaron dificultades similares que sus colegas universitarios.

Una de las demandas más sentidas por los estudiantes secundarios de la Provincia de Buenos Aires fue su inclusión en el boleto educativo. Hacia septiembre de 1975, poco después de la salida de Ivanissevich, cerca de 3.000 alumnos de varios colegios de La Plata se movilizaron por esta demanda. La represión policial cayó con fuerza sobre los jóvenes platenses. Sin embargo, casi una semana después, durante la jornada del 13, comenzó a regir un boleto educativo reducido en La Plata, Berisso y Ensenada.

Se trataba de una victoria en tiempos de grandes derrotas. La CNU secuestraba y asesinaba militantes estudiantiles y populares cotidianamente. En la búsqueda de reestablecer las jerarquías, las autoridades de los centros educativos asumieron criterios de una estricta disciplina y vigilancia de los estudiantes.

Tras el golpe de Estado de marzo del ’76 la situación se agravó. En la Provincia de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata y el Municipio la transición fue ordenada, y varios miembros de la CNU colaboraron con las tareas represivas durante los primeros meses.

Los estudiantes secundarios comenzaron las clases de 1976 con el gobierno militar ya asentado. Poco después, hubo aumentos del transporte en abril y también durante junio, cuando los nuevos incrementos deterioraron la conquista del año anterior. Comenzaron semanas de gran inquietud en varias escuelas de La Plata, reuniones de estudiantes en bares céntricos, largas horas pintando carteles y colocando pilas de volantes en defensa del Boleto Estudiantil Secundario. Los organismos de seguridad vigilaban a los alumnos. Numerosos testimonios recuerdan que varias víctimas de La Noche de los Lápices discutían si las medidas respecto del boleto no eran, realmente, para hacerlos visibles y capturarlos.

El primero de septiembre fueron secuestrados cuatro estudiantes del Colegio Nacional, que previamente fueron interrogados sobre el Boleto Estudiantil en su casa de estudios, durante el horario escolar. Días después, corrieron la misma suerte otros siete colegas de distintas escuelas. En la noche del 16 de septiembre, casi en simultáneo, grupos de tareas capturaron en domicilios particulares a Francisco López Muntaner, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ángel Ungaro, Daniel Alberto Racero y María Clara Ciocchini, estudiantes de la UES que habían militado por el boleto. Pablo Alejandro Díaz, el único sobreviviente de La Noche de Los Lápices, se escondió hasta el 20 de septiembre, cuando también fue raptado. Todos quedaron detenidos, en condiciones infrahumanas, en El Pozo de Banfield, donde fueron torturados y las mujeres vejadas y violadas.

Sus familiares los buscaron durante años y recibieron las respuestas mentirosas de autoridades policiales, eclesiásticas y políticas. Algunos de ellos fueron secuestrados en distintos puntos del país y permanecen desaparecidos, otros resultaron amenazados de muerte. Hacia fines de enero de 1977 Pablo Díaz fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, con decreto del 28 de diciembre, y permaneció detenido hasta el 19 de noviembre de 1980. Luego se sumó a la lucha por los derechos humanos. Parte de su declaración en el juicio a las juntas de 1985 se encuentra en el libro de María Seoane y Héctor Ruiz Núñez sobre La Noche de los Lápices.

Ojalá estas palabras honren la militancia de los caídos.