Por Sergio Friedemann.
CONICET/UNAJ/UBA

Los trabajadores en la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires.

A fines de mayo de 1973 asumió Héctor Cámpora como Presidente de la Nación, Jorge Taiana como Ministro de Cultura y Educación y el historiador Rodolfo Puiggrós como rector de la Universidad de Buenos Aires, que pasó a llamarse “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires”. Pero no se trató meramente de un cambio de denominación, sino de un ambicioso proyecto de transformación universitaria, que apenas comenzó a caminar cuando un año y cuatro meses más tarde, durante el gobierno de Isabel Perón, la extrema derecha desplazó a la izquierda peronista de la gestión universitaria, interrumpiendo dicho proceso que ya mostraba fuertes apoyos y también resistencias.

Conferencia de prensa de asunción de Puiggrós el 30 de mayo de 1973. Atrás a su derecha, Ernesto Villanueva. A su izquierda, el ministro Jorge Taiana.[1]

El proyecto de reforma implicaba, entre muchos otros aspectos, romper con lo que se consideraba una universidad fuertemente elitista, a la que solo podían acceder los hijos de las clases altas y medias-altas, dejando afuera de la posibilidad de estudiar una carrera universitaria a las clases trabajadoras.

Después de asumir, Puiggrós le respondía en un reportaje a Osvaldo Soriano el significado de lo que debía ser una “universidad para el pueblo”. Se trataba de que “tengan acceso a todas las carreras estudiantes de las clases más humildes del país”, por lo que “una de las primeras medidas ha sido suprimir el examen de ingreso, que no era en realidad un medio de selección intelectual, sino una traba que obligaba a las familias (…) a invertir una suma de dinero”.[2]

De modo similar, el ministro de Educación Jorge Taiana definía que “la universidad del pueblo, sostenida con los fondos de la Nación, mantiene sus claustros colmados por la juventud de ese mismo pueblo, confundidas todas las clases sociales, abiertas sus puertas en forma irrestricta a todos …”.[3]

Como puede verse, la idea de que todas las clases sociales pudieran estudiar fue uno de los propósitos centrales de este proyecto inconcluso de reforma universitaria. Aunque hoy naturalizamos el ingreso irrestricto y la gratuidad universitaria de la que goza nuestro país, y que a pesar de las dificultades tiene poco que envidiarle a otros sistemas de educación superior en lo que respecta a la democratización en el ingreso, hacia 1973 esa posibilidad de acceder había estado mucho más tiempo restringida que abierta. La gratuidad y el ingreso irrestricto eran banderas del movimiento estudiantil, pero no políticas de Estado. Recordemos que la reforma universitaria de 1918 no aprobó la gratuidad como uno de sus postulados, y que recién durante el primer peronismo y solamente hasta 1955 el ingreso fue declarado libre de restricciones. Tuvieron que pasar esos 18 años de proscripción al peronismo para que la gratuidad y el ingreso libre volvieran al centro de un proyecto universitario en el ´73.

Movilización de la Juventud Universitaria Peronista[4]

Así, en 1974, la cantidad de ingresantes a la UBA se duplicó respecto de la de 1972, aunque volvió a disminuir fuertemente un año más tarde y hasta 1984. Existía una fuerte demanda de estudios universitarios que no era satisfecha cuando se instalaron cupos en cada una de las facultades. Las vacantes eran asignadas según el resultado de los exámenes de ingreso o en algunos casos según el promedio obtenido en el secundario.

¿Significó esto que entre 1973 y 1974 accedieron en forma amplia las clases trabajadoras a la universidad? Según reconocían los impulsores de esta reforma universitaria finalmente derrotada, este era un propósito a largo plazo, que no podía lograrse de un día para el otro. La idea de una “universidad del pueblo” era el horizonte, que todos los adultos estudien, trabajen, y enseñen, según versaba un documento institucional, recuperando la noción de “educación permanente”. Pero como no todo el pueblo iba a acceder en el corto plazo a los estudios superiores, se definió que este debía participar del gobierno de las universidades, a través de sus organizaciones: centros comunales, organismos sindicales, etc. También aparecía la idea de “universidad al servicio del pueblo”. Mientras existiesen limitaciones materiales para que ciertos grupos poblacionales pudieran estudiar una carrera de grado, entonces la universidad tenía una deuda. La universidad al servicio del pueblo implicaba que esta debía aportar al desarrollo del país y a la resolución de problemas, particularmente los problemas de la clase trabajadora y de la población más vulnerable. Estudiantes de Medicina aprendían nutrición yendo a la villa a pesar y medir pibes; la política de investigación se orientó, por ejemplo, a la detección y resolución de problemas de contaminación en los lugares de trabajo; abogados y estudiantes de Derecho instalaban centros barriales de asesoramiento jurídico; estudiantes de Filosofía y Letras participaron del programa nacional de alfabetización CREAR; los de Arquitectura hacían sus prácticas en villas y asentamientos proyectando posibles soluciones habitacionales; la Facultad de Odontología llevó adelante un programa de prevención, asistencia y educación bucal en la Villa 3 de Soldati; las Facultades de Farmacia y Bioquímica y Medicina, instalaron una pequeña fábrica de medicamentos para destinarlos al Hospital de Clínicas; entre otras medidas orientadas a la vinculación con las necesidades del país y de la población.

Imagen del manual elaborado por el Instituto de Medicina del Trabajo que repartían a los trabajadores para detectar problemas de salud relacionados con el ambiente de trabajo.[5]

Universidad del pueblo, y universidad al servicio del pueblo: ¿Existía una tensión entre ambos postulados? La ansiada democratización se anunciaba contrariando cierta lógica del sistema educativo conocido: meritocrático y piramidal, más o menos excluyente. La distinción realizada por Rubén Dri entre utopía y proyecto ayuda a explicar la tensión que se presentaba a la hora de delimitar el sujeto de la educación superior. La utopía “es el momento de la máxima apertura del sujeto”, pero que “no puede realizarse ni inmediata ni completamente”.[6] La utopía es sin embargo el motor que moviliza a la transformación y se debe traducir en proyectos realizables para trascender la mera proclamación. La plena igualdad de oportunidades educativas es la utopía, y más o menos lejos estuvo alguna vez de realizarse. Pero la proyección de ese horizonte, cuando se tradujo en proyectos cristalizables, redundó en una movilidad social ascendente y en una mayor apertura en el acceso a niveles educativos superiores. La utopía provoca efectos concretos al objetivarse en proyectos que se institucionalizan.

Los Centros Piloto de Investigación Aplicada (CEPIA) y sus Centros de Cultura Popular fueron un proyecto de Enrique Grynberg. El único centro que llegó a funcionar adoptó su nombre luego de haber sido asesinado en septiembre de 1973.[7]

La pregunta por la democratización en el acceso sigue vigente para pensar la universidad pública en Argentina y también a nivel global. Es cierto que cierta lógica elitista subyace a los sistemas educativos en nuestras sociedades contemporáneas, en tanto su estructura piramidal habilita u obstaculiza el salto hacia niveles superiores según criterios que difícilmente cumplan en forma efectiva con la tan mentada igualdad de oportunidades. Pero los planteos que toman como punto de partida esta realidad irrefutable —la presencia de desigualdades en el acceso a la educación— corren el riesgo de asumir posiciones de resignación frente a las posibilidades reales de lograr mayor apertura y democratización educativa.

Más oportunidades para espectros poblacionales otrora excluidos no necesariamente niegan el carácter piramidal y meritocrático propio de la institución universitaria, aunque permiten “dar visibilidad a las formas de selectividad que se producen a pesar de la apertura en el ingreso” [8] e invitan a atender con políticas concretas el problema de la baja tasa de graduación. El acceso irrestricto y la gratuidad no garantizan que todos los grupos sociales puedan ingresar a las facultades. Y, en caso de acceder, no es más probable la finalización del grado que su abandono.

Lejanía geográfica de las universidades respecto de los lugares de residencia, con la consiguiente necesidad de alquiler de vivienda durante los años de estudio. Padres, y sobre todo madres, que dejan los estudios al transitar el primer embarazo. Problemas económicos para sostener gastos en alimentos y materiales de estudio. Problemas de salud y deficiente atención sanitaria pública. La lista de problemáticas que pueden provocar el abandono universitario es tan larga como posibles mecanismos para paliar sus efectos, aunque no siempre su aplicación sea sencilla, y aunque casi nunca los presupuestos han sido suficientes para ello. Creación de nuevas universidades estratégicamente ubicadas, ampliación de turnos y del calendario académico, becas, atención sanitaria gratuita para estudiantes, guarderías, comedores, y también, políticas pedagógicas orientadas a la permanencia: tutorías, seguimientos personalizados, títulos intermedios, entre otras, son algunas de las soluciones que se han ensayado o reclamado históricamente. Algunas de ellas se comenzaron a implementar en los últimos tiempos, aunque una y otra vez reflotan discursos excluyentes que falsamente contraponen políticas de igualdad con calidad académica.

En 1973 fue concebido uno de los más radicales proyectos de democratización en el acceso a la educación superior en la Argentina, pero dicho proyecto no pudo materializarse en forma duradera. La Ley de Universidades aprobada en 1974 no llegó a aplicarse casi en ningún aspecto, y el gobierno democráticamente electo en 1983 decidió retrotraer la situación a los estatutos de los años cincuenta basados en los decretos-leyes de la aurtodenominada “revolución libertadora”. El proceso de institucionalización y crisis de la “Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires” fue tan rápido como intenso, y así también cierto olvido se apoderó de él. Un proyecto de reforma universitaria que es hijo de su tiempo, y como tal, terminó siendo víctima de la política de la desmemoria o del borrón y cuenta nueva de la pos-dictadura. Una nueva generación debe sacarlo del olvido, sin santificaciones ni demonizaciones. Sus luces y también sus sombras deben servir al aprendizaje histórico y a los legados generacionales que pueden facilitar la proyección de nuevos horizontes utópicos y proyectos cristalizables. Al menos para todos los inconformistas que consideramos todavía pendiente una transformación del sistema universitario argentino. Aunque sus condiciones de posibilidad requieran que otras batallas se impongan más temprano que tarde.

Abril / 2016

[1]Imagen recuperada de http://www.elortiba.org/puiggros.html.

[2]Entrevista a Rodolfo Puiggrós, revista Cuestionario, Año 1, Nº 3. Julio de 1973.

[3]Ministerio de Cultura y Educación. Centro Nacional de Documentación e Información Educativa. “Espíritu y normas de aplicación de la ley universitaria”, Buenos Aires, 1974.

[4]Imagen recuperada de http://www.elortiba.org/

[5]Manual de Medicina de Trabajo para Trabajadores. Instituto de Medicina del Trabajo.  Recuperado de http://www.unla.edu.ar/documentos/institutos/isco/cedops/02.pdf

[6]Dri, R. (2011). Hegelianas: Irradiaciones de la Fenomenología del Espíritu. Buenos Aires: Biblos. pp. 73-75.

[7]Imagen extraída de La Ménsula, año 6, Nº 16, p. 5. Octubre 2012. Programa de Historia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires.

[8] Carli, S. (2011). La cuestión universitaria en la Argentina (2006-2011). Debates, dilemas e hipótesis históricas. Revista Sociedad, 29/30, p. 119.

Becario postdoctoral del CONICET. Docente-investigador de la Universidad Nacional Arturo Jauretche y de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de “La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (1973-1974). Una reforma universitaria inconclusa”, tesis doctoral aun no publicada. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.