Por Horacio Moreno
Desde hace unos sesenta años, tanto en Europa como en Estados Unidos, la lógica de circulación de las investigaciones científicas muestra una tendencia hacia la mercantilización: pagar por leer y/o por publicar. Horacio Moreno reconstruye el sendero latinoamericano del acceso abierto, que se posiciona como una potente herramienta para la democratización del conocimiento.
La evolución de la edición académica digital como instrumento de la democracia del conocimiento
En el año en que nuestra última etapa democrática cumple 40 no está de más recordar que, mientras recuperábamos esa democracia en Argentina, el mundo comenzaba su todavía vigente periplo en la noche neoliberal. Durante los noventa “pasaron cosas”: procesos de concentración económica, promoción del individualismo extremo y solipsista, y aparición de lógicas de educación superior que pretendieron atar las instituciones a un capitalismo a ultranza, con universidades públicas que debían generar sus propios recursos a partir de una relación más estrecha con el “mercado”, comercializando servicios y asesorías. Estos procesos no fueron exclusivos de la Argentina: se generalizaron en todo el mundo y se produjeron en las disciplinas más diversas.
En el ámbito de la edición, sin salir de la lógica de la época, se fue dando un paulatino proceso de automatización de procesos técnicos, con evoluciones de hardware y software, cuyo resultado es la edición profesional tal y como la conocemos hoy en día, es decir, un proceso completamente digital que, incluso en la etapa de producción física, involucra una informatización casi total: imprimir ya no es lo que solía ser.
En el segmento universitario, en 1991 se creó la carrera de Técnico en Edición, luego Carrera de Edición, en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), la primera dentro del sistema universitario nacional, con una clara injerencia de la industria editorial local en el diseño de sus contenidos, que fueron actualizados por última vez en 1997 manteniendo la misma impronta. Las editoriales universitarias, que en muchos casos se constituyeron como una evolución de las antiguas oficinas de publicaciones o como un sector destinado a procurar “ingresos de mercado” para las universidades, todavía mantienen esa lógica ligada al sector comercial. Mientras en 2014 la Red de Editoriales Universitarias (REUN) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), con fondos suministrados por la Secretaría de Políticas Universitarias, promovía un proyecto de creación/desarrollo generalizado de editoriales universitarias públicas siguiendo ese modelo clásico, en Estados Unidos y en Europa –particularmente en el Reino Unido– surgían las denominadas NUP (New Universities Presses): una creciente cantidad de editoriales universitarias que recuperaban la misión original de vehiculizar la difusión del conocimiento creado en sus propias instituciones a través de las herramientas aportadas por el acceso abierto. La rentabilidad de los noventa dio paso a la sustentabilidad, en un fenómeno aún en desarrollo que ha incorporado a otros jugadores en la tarea, como las bibliotecas universitarias o las asociaciones de académicos.
Hagamos un poco de historia para observar cómo llegamos a donde llegamos.
Big Science y concentración monopólica
Así como la Segunda Guerra Mundial produjo determinados alineamientos y respuestas para los temas sociales, también fue un gran catalizador para el surgimiento de un nuevo modo de producir el conocimiento científico, porque profundizó el rol del aporte de fondos estatales para la investigación y su injerencia para decidir qué temas investigar. La Big Science supuso un tipo de investigación en grandes grupos de científicos abocados a la resolución de un determinado problema, como fue, por ejemplo, el Proyecto Manhattan, cuyo resultado fue la bomba atómica.
Esta participación del “inversor” estatal trajo como consecuencia adicional la burocratización de las tareas administrativas necesarias para fondear la actividad. En ese sentido, el aporte teórico más significativo lo realizó Derek J. De Solla Price en 1963, quien planteó un esquema para que la ciencia fuera analizada y sopesada “científicamente”, aplicándole métodos propios. Este autor establecía que la medición de la interacción o influencia de los científicos en su campo de trabajo –su “colegio invisible”– se verificaba a través de las citas bibliográficas dadas y recibidas en sus propios papers.
En la visión de Price, los papers pasaban de ser concebidos como medios para publicar nuevos conocimientos a considerarse como un canal de comunicación entre los miembros de una determinada comunidad científica, transformando su cometido en un vehículo para reafirmar la “propiedad intelectual” de una idea. La autoría intelectual era reconocida a través de la cita bibliográfica, que se transforma en el elemento que permitía “medir” el “impacto” de un determinado conocimiento y, a la vez, mensurar la capacidad de impacto de las revistas que publican esos artículos.
En línea con el aporte de Price, Eugene Garfield funda en 1960 el Institute for Scientific Information (ISI) y establece las bases de la cienciometría, una disciplina cuyo objeto es estudiar la producción científica, su circulación y su eventual impacto. Uno de los instrumentos más relevantes y populares desarrollado alrededor de este tema es el Science Citation Index (SCI, actualmente Web of Science o WoS), creado en 1964 como una base de datos en la que se incluían citas de artículos aparecidos en revistas científicas y tecnológicas. En sus orígenes, su objetivo era medir el denominado “factor de impacto” o “índice de impacto” de un determinado documento, a través de una fórmula sencilla (cantidad de veces que una publicación, realizada hasta dos años antes, era citada en la literatura del año en estudio, dividida por la cantidad total de publicaciones de la revista en la que fue publicada durante el bienio estudiado). Este número permitiría cuantificar la relevancia de un determinado aporte científico, estableciendo una especie de jerarquía de los conocimientos por su circulación registrada en las citas. Este tipo de evaluación, muy “objetiva” sobre todo para el no iniciado, redundó en desigualdades muy profundas para el desarrollo de la ciencia.
El paso siguiente para hegemonizar el acceso al conocimiento fue la concentración monopólica. En la edición académica, que desde sus inicios había sido una tarea que los propios profesionales y científicos abordaban casi como una “carga pública”, se inicia un proceso de concentración de activos por parte de las editoriales comerciales más importantes, que adquieren en poco tiempo las revistas más significativas de cada especialidad, con lo que comienzan a ejercer un control creciente respecto de los contenidos que serían publicados y, por ende, pasibles de ser “analizados” por su “factor de impacto”.
Cuando la concentración alcanzó una masa crítica, comenzó la carrera de precios. Las revistas son imprescindibles para los investigadores: por un lado, para acceder a lo que se considera como el cutting edge de sus respectivos campos de conocimiento; por el otro, para poder publicar y conseguir un espacio de mayor capital simbólico y social. Las grandes editoriales incrementaron paulatinamente los costos de las suscripciones lo que, primero, produjo la desaparición de las suscripciones individuales y, a continuación, que las instituciones tuvieran que asumir el costo de esas suscripciones a precios cada vez más abusivos.
En su anteúltima etapa, el modelo comercial –ya definitivamente digital–, realiza acuerdos por paquetes de publicaciones: para poder acceder a las revistas que realmente interesan se debe adquirir una suscripción que incluye otras revistas de menor relevancia. Es lo que ocurre en Argentina con la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología (BECyT).
El procedimiento refuerza la posición monopólica: en un artículo de 2015, a partir de analizar 45 millones de documentos indexados en WoS en los 20 años anteriores, se constató que en algunas disciplinas cinco grandes corporaciones editoriales concentraban el 70% de los artículos, y más del 50% si se tomaban solo los dos años anteriores al estudio. En consecuencia, esas mismas corporaciones facturaron en 2012-2013 más de dos mil millones de dólares cada una, superando a farmacéuticas como Pfizer (un 42% más), bancos como el ICBC (un 29% más) o la automotriz Hyundai (un 10% más), es decir, las empresas más redituables en sus especialidades según la revista Forbes.
El mecanismo es un negocio de proporciones: en su edición del 9 de febrero de 2023, el Observatorio de la Universidad Colombiana informaba que el Consejo de Rectores de Universidades y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España habían acordado pagar, a cuatro grandes grupos editoriales, 170 millones de euros en 4 años para permitir que sus empleados puedan acceder y publicar en sus revistas.
¿Qué puede salir mal?
Acceso abierto: la reacción de la academia
Ante esa creciente tendencia “extractivista” de las editoriales, se gestaron diferentes respuestas por parte de los principales damnificados. Como consecuencia de las protestas crecientes del mundo científico, algunas publicaciones decidieron aprovechar el desarrollo de la informática y experimentaron otros modelos de publicación. En 2001 aparece la Public Library of Science (PLoS), cuya misión fue posibilitar que los trabajos estén inmediatamente disponibles, sin ningún costo para el acceso y sin restricciones en la redistribución o utilización posterior, en un claro primer antecedente de lo que actualmente conocemos como acceso abierto.
Las editoriales convencionales suelen afirmar que el acceso abierto distorsiona la realidad del mercado que, como sabemos, tiene “manos invisibles” y “soluciones infalibles”. Para el “mercado”, las publicaciones académicas solo resultan atractivas en la medida en que contribuyan a crear un nuevo “nicho monopólico”, lo que redunda en que mucha de la producción quede relegada al no encontrar un canal a través del cual darse a conocer. Además, el modelo comercial no se ajusta al crecimiento de la investigación ni al incremento de volumen del conocimiento publicado ya que mientras la investigación sigue creciendo, el sistema de suscripción paga va decayendo, lo que disminuye el porcentaje de investigación accesible.
El acceso abierto es una respuesta de la propia comunidad académica, que intentó fijarle unos límites muy precisos y delinear sus políticas de desarrollo a través de lo que se conoce como las “tres B”.
1- Declaración de Budapest, 2002: corolario del congreso del Open Society Institute, plantea las condiciones necesarias para la ciencia en el siglo XXI y pone el énfasis en que el acceso libre debe depender del consentimiento de los autores, quienes retienen los derechos de propiedad intelectual.
2- Declaración de Bethesda, 2003: especifica qué es una publicación de acceso abierto, qué derechos garantizan a propietarios o creadores y usuarios a través de diferentes licencias y las vías a través de las cuales se puede acceder a los materiales en acceso abierto.
3- Declaración de Berlín sobre acceso abierto al conocimiento en ciencias y humanidades, 2003: para apoyar la transición al paradigma del acceso abierto electrónico, establece metas, una definición de los requisitos que deben cumplir las contribuciones de acceso abierto y recomendaciones para instituciones de investigación.
Estas iniciativas académicas establecieron también las primeras dos vías o rutas para poner a disposición los recursos de acceso abierto:
1- La vía verde se materializa a través de repositorios y bases de datos que albergan colecciones de artículos científicos y otros documentos. En este sentido, en 2011 se creó en Argentina el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD), dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con el objetivo de conformar una red de repositorios digitales con políticas, estándares y protocolos comunes y, en 2013 se sancionó la Ley Nº 26.899 de Repositorios Digitales Institucionales de acceso abierto, que exige que los organismos o instituciones públicas que componen el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y reciben financiamiento del Estado, desarrollen sus repositorios institucionales.
2- La vía dorada se concreta a través de revistas y libros digitales de acceso abierto y es un modelo especialmente exitoso en algunas disciplinas y comunidades geográficas. Los contenidos se publican bajo diferentes tipos de licencias que permiten o restringen los modos y las acciones que se pueden ejercer sobre ellos.
En paralelo con el acceso abierto, a partir de septiembre de 2011 hizo su aparición un nuevo camino de acceso a la información científica, que algunos definen como la vía negra del acceso abierto o directamente la emparentan con la piratería digital. Nos referimos, por ejemplo, a Sci-Hub, la página web de Alexandra Elbakyan a través de la cual se pueden obtener millones de artículos de revistas especializadas sin realizar ningún pago.
En esta línea de creciente rebeldía, en 2012 tomó estado público un masivo boicot de diferentes científicos de todo el mundo contra la editorial Elsevier, una de las más grandes, no solo por sus conocidas prácticas abusivas sino también por el apoyo que la empresa dio a iniciativas como la Stop Online Piracy Act (SOPA, responsable del cierre del sitio Megaupload), la Protect IP Act (PIPA) y la Research Works Act (RWA). Este último proyecto de ley que ingresó en el Congreso de los Estados Unidos incluye la prohibición expresa de que las investigaciones financiadas con dinero público sean de acceso abierto y gratuito. Sus impulsores fueron acusados de haber recibido sobornos de Elsevier, su tratamiento ha sido suspendido y los hechos están bajo investigación del propio Congreso estadounidense. Al boicot se sumaron poco después numerosas universidades de prestigio.
El descontento generalizado, la reducción de los ingresos por suscripciones y la posibilidad de que el acceso abierto se convierta en un nuevo estándar, llevó a las editoriales a adoptar la vía híbrida, que ofrece acceso abierto mientras mantiene el modelo de negocio basado en suscripciones: los autores pueden optar por pagar un pago por procesamiento (article processing charges, APC, o book processing charges, BPC) a las editoriales para tener artículos en acceso abierto dentro de revistas pagas, que tampoco disminuyen los valores de suscripción pese al nuevo flujo de ingresos. Al procedimiento se lo llama double dipping o double dip.
En septiembre de 2018, el Consejo Europeo de Investigación lanzó la iniciativa denominada Plan S, que establecía que a partir de 2020 (la fecha fue postergada) toda la investigación europea financiada con fondos públicos debía ser publicada a través de un canal de acceso abierto. El Plan desarrolla alrededor de 10 puntos que, pese a establecer un rechazo explícito de la vía híbrida, en los hechos cambia el financista de la publicación: ya no pagan los autores sino las instituciones en las que trabajan… o, para decirlo en términos más coloquiales, las editoriales privadas se financian “con la nuestra”. Eso sí, con precios “razonables” según la mirada europea. Como no podía ser de otra manera, en junio de 2019 –mientras el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación era Secretaría– nuestro país afirmó en una reunión con representantes de la Unión Europea que se uniría al Plan S, desoyendo todas las críticas que ha recibido la iniciativa.
El Plan S no es la única respuesta surgida desde la academia radicada en el Norte. Las ya citadas NUP se basan en un modelo cooperativo, de aporte de trabajo y recursos propios, y de colaboración entre editores a través de diferentes formatos e iniciativas, como por ejemplo el Radical Open Access Collective, grupo nacido en 2015 en la inglesa Coventry University.
Mientras tanto en América Latina…
El acceso abierto de América Latina –y del Sur Global– tiene una tradición en la que se destaca la casi absoluta orfandad de la tarea de investigación y su subordinación a los intereses de los “centros” de la especialidad. En ese contexto en el que la inversión para la adquisición de publicaciones fue esporádica y la participación en el mainstream limitada a unos pocos, las propias instituciones editaron trabajosamente sus revistas, que sirvieron como prenda de trueque con las de instituciones similares de la región y del mundo, y suplieron de alguna manera la falta de acceso a la bibliografía necesaria. Esa característica ha transformado a la región en uno de los principales jugadores del acceso abierto, con modelos teóricos autóctonos y soluciones originales como Ameli Conocimiento Abierto para América Latina y el Sur Global (AmeliCA).
A este tipo de acceso abierto se lo conoce como vía diamante, un modelo editorial académico sin fines de lucro en el que no se cobra a los autores por publicar ni a los lectores por leer y/o descargar contenidos. Esta vía de acceso suele estar financiada por instituciones académicas, gubernamentales o sociedades científicas y combina elementos de otras vías de acceso.
Por todo eso, antes de la popularización de las “tres B” y del Plan S, en América Latina se dieron intentos asociativos para buscar la integración de las iniciativas de acceso abierto, con plataformas consolidadas desde hace años. Las declaraciones latinoamericanas no definen el acceso abierto, pero alertan sobre la tendencia a la concentración y la monopolización, y los usos comerciales derivados:
1- La Declaración de San Salvador sobre acceso abierto, 2005, declara que la investigación científica y tecnológica es esencial para el desarrollo social y económico, que la ciencia avanza de una forma más eficaz cuando no hay barreras que limiten el acceso a la información y que el acceso abierto debe considerarse un derecho universal. Llama a los gobiernos a fomentar el acceso abierto de toda la investigación científica y académica financiada con fondos públicos.
2- La Declaración de México a favor del ecosistema latinoamericano de acceso abierto no comercial, 2017, fue realizada de manera conjunta entre LATINDEX–REDALYC–CLACSO–IBICT y recomienda el uso de la licencia abierta Creative Commons BY-NC-SA para garantizar la protección de la producción académica y científica regional en acceso abierto.
Los “comunes” y el acceso abierto
Pese a los esfuerzos en el ámbito de los repositorios institucionales, tanto desde la normativa como del financiamiento del Estado, la principal dificultad que enfrenta el acceso abierto en nuestro país es la Ley de Propiedad Intelectual (N° 11.723) y el espíritu que le es inherente, que debe ponerse en tensión frente a los Tratados Internacionales que tienen rango constitucional y que contraponen derechos de índole diferente.
El acceso abierto en América Latina, y en la Argentina, es un acto de resistencia en más de un sentido: por un lado, se trata de una resistencia al modelo tradicional de monetización de las publicaciones periódicas en el ámbito científico; en segundo término, es un acto de resistencia a la lógica hegemónica de evaluación de la calidad científica y del acceso al conocimiento científico; finalmente, es un acto de resistencia en el marco de la tensión que existe entre la propiedad privada y los derechos humanos, detallados y acordados por el concierto de naciones.
Esther Vargas Arbeláez, siguiendo la teoría de Elinor Ostrom –primera mujer ganadora del Premio Nobel en Economía en 2009–, incluye al conocimiento dentro de los bienes comunes. Los recursos naturales, ejemplifica, no son por naturaleza propiedad de ninguna persona: son recursos que están en la Tierra y ofrecen, entre otras cosas, sustento a los seres humanos. De acuerdo con la concepción de los comunes de Ostrom, los diferentes modelos económicos han pensado el problema de modo dicotómico: o bien deben ser administrados por el Estado, es decir, desde una perspectiva de lo público, o bien deben privatizarse para garantizar su sustentabilidad, es decir, poniendo al mercado como árbitro del control de recursos que naturalmente son comunes. En el planteo de Ostrom existe una tercera posibilidad, la comunitaria, que consiste en estudiar de qué manera las comunidades de personas crean sus propias formas de gobernar los bienes comunes, ofreciendo un tipo de administración que ponga a los individuos en comunidad en el centro de la discusión. El mecanismo son las “instituciones para la autogestión”, es decir, un conjunto de reglas situadas en espacio y en tiempo que una comunidad respeta a la hora de gestionar los bienes comunes, en general a través de mecanismos de cooperación. Por un lado, discute el abordaje dicotómico del problema y, por el otro, plantea que este tipo de administración comunitaria puede aplicarse a todos los bienes comunes, sean recursos naturales o intangibles como el conocimiento.
La crítica que se podría plantear es que en este modelo ideal(ista) no está considerada la correlación de fuerzas. La historia de nuestra región que nos ha enseñado que solo a través del Estado es posible que lo comunitario pueda imponerse a los factores de poder del “mercado”. También es cierto que en la cultura política del peronismo existen las “organizaciones libres del Pueblo”, que no son otra cosa que formas de organización comunitaria con objetivos que hacen a la gestión de lo que les es común: pueden ser sindicatos, mutuales, fundaciones, asociaciones de profesionales, cooperativas, organizaciones de productores, etc. Existen por fuera del Estado y del mercado y articulan entre sí y con ambos, en un modelo de democracia participativa cuya utopía última es la “comunidad organizada”, en la que el individuo se realiza en la comunidad, al tiempo que esta se realiza en el individuo. A partir del manejo de algunos de los resortes del Estado la correlación de fuerzas puede inclinarse de manera favorable al interés comunitario, en tanto el Estado sea representación fidedigna de la comunidad organizada.
Vargas Arbeláez profundiza su análisis desde la perspectiva de los planteos de Marx respecto del capitalismo, sosteniendo que el teórico alemán estableció que el futuro de la estructura capitalista no se cifraría en la plusvalía que genera el trabajo directo (es decir, en el aporte de los obreros en la cadena de producción), sino en el dominio de la naturaleza a través de la ciencia, lo que traería como consecuencia una mayor productividad.
No es la naturaleza la que construye máquinas que reemplazan la fuerza de trabajo: es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los medios de producción, es decir que el conocimiento es una nueva fuente de riqueza. Entendida esta premisa, queda también claro que el conocimiento no es un recurso naturalmente escaso, sino que su escasez es una construcción artificial que se adopta justamente para determinarle un valor de cambio. El conocimiento es un producto común, que se construye en común y se dinamiza con el aporte de conocimientos previos, que se acumulan –o deberían acumularse– sin límites artificiales. Dada esa naturaleza, el conocimiento no puede tener un propietario particular ni puede tener un precio relativo, porque es un bien inmaterial de toda la humanidad.
¿Cómo se le podría asignar un precio al conocimiento que hay en una publicación científica? Probablemente la publicación es fruto de una investigación que necesitó recursos –que normalmente provienen del dinero público– y en ese sentido tuvo un costo, un valor objetivo. Pero desde una perspectiva global, esa publicación no corresponde a una producción aislada e individual, sino que tiene una deuda con los avances disciplinares previos, con el conocimiento previo que funciona como un bien común.[1]
Considerando al conocimiento como un bien común, que se acumula por aportes de diferentes fuentes, muchas veces financiadas por el Estado, es difícil asignarle un valor de intercambio que tome en cuenta todas estas variables.
A esta estructura económica contemporánea, en la que el conocimiento ha tomado una posición absolutamente central, se la ha llamado “capitalismo cognitivo” y es allí donde el acceso al conocimiento se convierte en un campo de batalla, un lugar de disputa agonística y política. El conocimiento es autónomo respecto de la producción y de los sistemas imaginados para su valoración, como los factores de impacto. El conocimiento es conocimiento vivo por su propia naturaleza y no se reduce a su aplicación en tal o cual mecanismo productivo, está vivo porque es inseparable de los seres vivos que le dan forma y que aportan a su crecimiento. El conocimiento desborda sus aplicaciones materiales y crece en la medida en que se facilita su intercambio y se propicia su crecimiento exponencial.
Así, la única manera de “capturar” el conocimiento, de mantenerlo atado a una determinada tecnología y restringir lo que naturalmente no está restringido, es a través de barreras artificiales, que se materializan en los productos de las editoriales comerciales bajo la protección de la propiedad intelectual.
Si nos enfocamos específicamente en el conocimiento científico, sabemos que los investigadores y académicos no solo intercambian información de sus especialidades a través de los papers publicados: existen diferentes mecanismos, al amparo de los “colegios invisibles”, pero cuando la propiedad intelectual se incorpora a la ecuación, aparecen muy claramente las barreras artificiales y se crea una escasez cuyo único objetivo es monetizar lo que, en esencia, es un bien común y cooperativo. El acceso abierto, entonces, es la herramienta para evitar esos obstáculos.
Seguir adoptando lógicas ajenas a nuestra realidad situada contribuye a un círculo vicioso cuyo resultado es la ilegalidad por falta de recursos: el acceso a los materiales específicos a través de vías negras, siempre en peligro de hacerse inaccesibles por cuestiones “legales”; o de las llamadas redes sociales académicas (Academia.edu, ResearchGate, por ejemplo), cuyo afán start up es monetizarse hasta eventualmente transformarse en un agregado más de las corporaciones editoriales. No nacen así, pero terminan así.
El acceso abierto es un movimiento y, como tal, es diverso y complejo e incluye diferentes concepciones. El acceso a la información y al conocimiento, al igual que a la educación, es un derecho humano universal y un instrumento para la concreción de otros derechos humanos igualmente fundamentales.
En el cumpleaños número 40 de nuestra democracia se trata de democratizar el acceso y promover el avance del conocimiento académico, la ciencia, la investigación y la innovación tecnológica, las artes y las humanidades, todas esenciales para el desarrollo social, cultural y económico de los pueblos. El acceso abierto es la herramienta de este momento histórico y una forma más de perseverar en cuestionar el capital simbólico hegemónico del Norte Global.
Como se expresa en unos de los lemas del cyberpunk:[2] information should be free. La información debería ser libre, pero también gratuita.
Horacio Moreno: Bibliotecario (UBA) y Especialista en Gestión de Información Científica y Tecnológica (UNLP, posgrado en curso). Ex Director General de Gestión de la Información y Sistema de Bibliotecas (UNPAZ), ex Director Provincial de Impresiones y Digitalización del Estado (Provincia de Buenos Aires), docente del módulo “Políticas de acceso abierto y preservación” en el Seminario de Extensión “Publicaciones Científicas y Académicas” (Facultad de Filosofía y Letras, UBA).
[1] Ver Vargas Arbeláez, E. J. (2014). Acceso abierto e instituciones de lo común. Acción política en la academia latinoamericana. Disponible en http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20141213104744/Ensayo.pdf
[2] Movimiento literario surgido en el seno de la ciencia ficción anglosajona a principios de los años ochenta, cuyos futuros distópicos de alguna manera profetizaron el estadio actual del capitalismo corporativo y al que se le deben términos muy populares como ciberespacio o metaverso.