Por Amílcar Salas Oroño
(UBA/UNPAZ)

Hay varias formas de caracterizar lo que ha sucedido en Brasil: “golpe parlamentario”, pues ha sido el propio Congreso el que ha determinado la salida de Dilma Rousseff; “golpe en cámara lenta”, siendo que desde que se aceptó el pedido de juicio político (dentro de un conjunto de otros pedidos) hasta la separación del cargo han pasado más de 6 meses, que se podrían extender aún más si se considera el período en el que el entonces Presidente de la Cámara de Diputados (quien debe formalizar el ingreso del expediente) chantajeaba al Poder Ejecutivo con aceptar o no algún pedido, situación que se extendió por meses; “golpe a la paraguaya”, puesto que fue un trámite parlamentario signado por una sucesión de ilegitimidades procesuales groseras, como lo fue en su momento el desplazamiento de Fernando Lugo en Paraguay, en 2012; “golpe blando”, pues no fue en estricto sentido un desplazamiento violento de la Presidente; “golpe judicial”, en tanto que las instancias judiciales –tanto de primer orden como la Corte Suprema de Justicia– han colaborado de diversas formas con el proceso destituyente; “golpe mediático”, por la clara incidencia que han tenido los medios de comunicación hegemónicos (Multimedios Globo, Estado de Sao Paulo, Zero Hora, Folha de Sao Paulo, Revista Veja, etc.) en la elaboración de un determinado estado de opinión desfavorable al gobierno del Partido dos Trabalhadores. Varias posibilidades clasificatorias que habilitan, en un ejercicio de síntesis, a dejar de lado los adjetivos y quedarse con lo que es, un golpe.

 

Una alteración al Estado de Derecho

La caracterización de golpe de Estado se asienta, en lo que estrictamente tiene que ver con el proceso de juicio político a la Presidenta Dilma Rousseff, sobre dos aspectos: uno de carácter procedimental y otro respecto de la substancia de lo que se está juzgando. En ambas dimensiones las alteraciones han forzado la legalidad de los actos, la jurisprudencia sobre la materia y lo que se entiende como interpretación constitucional. Las comparaciones –rápidas e intencionadas– con respecto al proceso de juicio político al Presidente F. Collor de Mello, realizado en 1992, tienen tan pocos elementos en común que es llamativa su referencia. Lo que fue determinante, desde el punto de vista de aquél impeachment, fue el hecho de que las investigaciones, tanto las que se desarrollaron en el ámbito penal como las que se hicieron en el Congreso –en la Comisión Parlamentaria de Inquerito (CPI)–, fueron previas a la aceptación e inicio del juicio político, es decir, funcionaron como antecedente jurídico-político. Todo lo contrario a lo sucedido en este caso. Lo evidenció perfectamente la boutade J. Arantes, quien fuera el encargado de confeccionar el parecer en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que al momento de justificar su informe acusatorio a favor del impeachment admitió no estar plenamente convencido de que existieran los suficientes argumentos y, sin embargo, señaló: “ante la duda, me quedo con la denuncia”. Primero la denuncia, después investigar; lo contrario al caso de Collor de Melo.

 

En términos procesuales, son varios los “actos jurídicos” que permiten declarar nulo el juicio político en curso. Para empezar, el pedido de impeachment presentado por H. Bicudo, J. Pascoal y M. Reale Jr fue recepcionado por el Presidente de la Cámara de Diputados (E. Cunha)  el mismo día que diputados del Partido dos Trabalhadores anunciaron que acompañarían en votos, en la Comisión de Etica, las investigaciones sobre las actuaciones del propio E. Cunha. Se trató, por lo tanto, de un abuso de poder por parte de E. Cunha en sus funciones y competencias, una “retaliación” (para usar una expresión utilizada por la propia Corte Suprema de Justicia), que es inadmisible desde el punto de vista de la imparcialidad con la que debe actuar el habilitado para recibir los pedidos de juicio político –según lo que figura la ley–. En segundo lugar, se verificaron alteraciones al momento de la sesión que derivó en la votación del Plenario de Cámara de Diputados: no sólo no se verificó el derecho de la defensa para ser la última voz en la exposición de los argumentos, sino que tampoco se garantizó el ejercicio de consciencia de los diputados que, en el marco de un juicio político, se convierten en jueces (como lo ha señalado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y, por lo tanto, no deben adelantar sus veredictos, como tampoco ser coaccionados a votar según sus bancadas. A estas fallas procedimentales se le podrían sumar otras, vinculadas a la ausencia de resoluciones formales para cada paso o el no cumplimiento de las indicaciones oportunamente realizadas por la Corte Suprema respecto de los elementos a ser considerados.

Desde el punto de vista substantivo, esto es, respecto de aquellos elementos que hacen a la solvencia del pedido de impeachment tramitado, las debilidades argumentales han sido reiteradamente expuestas por los diferentes expositores convocados por la defensa. Por un lado, los créditos suplementarios dispuestos sobre el gasto (primero seis, luego cuatro, según se fue aclarando en el expediente) no implicaron una alteración al presupuesto, en tanto que al mismo tiempo también se dispusieron inviabilizaciones de partidas. Tampoco puede decirse que los retrasos de las partidas del Tesoro Nacional al Banco do Brasil (en el marco del Plan Safra 2015), las denominadas “pedaladas fisclaes”, hayan sido alteraciones graves respecto de la Ley de Responsabilidad Fiscal, ámbito en el cual se inscribe el “crimen de responsabilidad” que se le imputa a la Presidenta. Además de que, siendo que el ejercicio fiscal (2015) no había sido evaluado por el Tribunal de Cuentas de la Unión, no hubo ninguna alteración a las metas fiscales comprobada que permitiera fundamentar la acusación.

 

Gobierno Temer: el poder de las elites

La composición del gabinete de M. Temer expone de forma bastante clara quiénes han estado detrás de este golpe de Estado. Para empezar, un detalle no menor: es el primer gabinete de ministros que no tiene ninguna mujer entre sus integrantes desde la última dictadura militar en Brasil. Es que M. Temer es expresivo, también, de una determinada mirada (machista) de la sociedad y el poder. El contraste entre la última conferencia de prensa brindada por Dilma Rousseff, diversa en géneros, razas y edades, respecto de la asunción presidencial de M. Temer, que sucedió unas horas más tarde, fue notable. En un sentido cultural, ahora llegan al gobierno aquellos que en los últimos años se han dedicado, de las formas más groseras, antidemocráticas y  repugnantes, a ridiculizar las luchas minoritarias, a apuntalar una cultura homofóbica, a insistir que el lugar de la mujer es, precisamente, aquél que bien simboliza y declara (como lo hizo recientemente en una revista de circulación masiva) la propia esposa de M. Temer.

Es un gabinete colonizado por los intereses específicos, corporativos, empresariales: ahí está Blairo Maggi –del grupo Maggi, primer productor mundial (!) de soja– en el Ministerio de Agricultura; José Serra, el nuevo Canciller, un político que hace tiempo parece sentirse más cómodo en su rol de lobbista de las compañías petroleras que vienen por Petrobrás que con sus contribuciones de economía política de finales de los años `70; Alexandre de Moraes, el nuevo Ministro de Justicia, que tiene una dudosa acción como Secretario de Seguridad de San Pablo, direccionando procedimientos de forma personal en función de los intereses de los (mega) clientes de su propio estudio de abogados, sin mucha preocupación por el aumento de la violencia institucional de las fuerzas de seguridad que controlaba; y la lista podría seguir. Ministros, en su mayoría, provenientes del propio sistema político –de la Cámara de Diputados, para ser más exactos, esa misma Cámara de Diputados que poco tiene de voceros del “bien colectivo” – y que vienen a formar un conjunto que, ideológicamente, se caracteriza por representar a los grandes intereses del país.

 

Es por eso que puede decirse que éste es un golpe de las elites. Es un golpe a la vida social brasileña diseñado, planificado y ejecutado por sus elites más consolidadas; de allí que la reversión del cuadro será una tarea bastante compleja. Instrumentado ilegalmente por una clase política degradada, la tarea que M. Temer viene a realizar es la de destruir como horizonte de posibilidad el hecho de que un gobierno pueda ser la articulación de los diversos intereses de una sociedad desde un punto de vista popular; eso es lo que incomoda del Partido dos Trabalhadores, de Lula, de Dilma. Con M. Temer lo que quiere instalarse nuevamente es que Brasil sólo puede ser gobernado por sus elites, y nunca más por otras diversidades. En ese sentido es que oponerse a este golpe de Estado es, al mismo tiempo, afirmar la posibilidad de que exista un proyecto popular para la democracia brasileña. Hay suficientes solidaridades de afuera del país y fuerza social y política adentro como para hacerlo.