Por María Maneiro (IIGG/UBA/CONICET)

La CTA: su apuesta, su devenir y sus vínculos con las organizaciones sociales

¿Acontecimiento del fin?

El “Grito de Burzaco” es esa declaración que nos murmura al oído nuestra juventud- le dije a un amigo el otro día. Tal vez haya exagerado un poco, porque los recuerdos de juventud son múltiples y contradictorios, pero sin duda, entre ellos, se encuentra esta fenomenal declaración que proponía un sindicalismo integral, democrático, ético, autónomo (tanto respecto del estado, como de los partidos políticos y de los patrones).

Este nuevo sindicalismo, tan esperanzador, que se mostraba a comienzo de la dedada del ‘90, incluso con sus debilidades y sus errores, fue un paraguas fundamental para resistir la envestida neoliberal que trajo consigo toda esa década. Actualizó el debate en torno al modelo sindical, posibilitó la demanda de derechos más allá del esquema corporativista estrecho y colocó en agenda la cuestión de los ingresos ciudadanos.

Con todo, a casi 30 años de ese grito esperanzador, la decisión unánime del pasado 3 de octubre en el Congreso Nacional Ordinario de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA) de los Trabajadores (CTA-T) de unirse a la tradicional Confederación General del Trabajo (CGT) invita a que volvamos sobre los fundamentos de este sindicalismo disidente, que exploremos sus apuestas y su zigzagueante itinerario y, finalmente, que volvamos a interrogarnos acerca de esta actual decisión dirigencial.

Cabe decir que esta nota rastrea este devenir desde una perspectiva muy particular porque como investigadora y activista de las organizaciones sociales, mi enfoque tendrá una impronta que pondrá la mirilla en las particulares relaciones que desde este sindicalismo se proponen para esta red de organizaciones sociales no sindicales. Éstas son quienes condensan reclamos de aquellas fracciones de la clase trabajadora más desancladas de las seguridades sociales que se han desarrollado en torno al empleo. Estas fracciones que involucran al 30% de la población económicamente activa (PEA) comprenden a quienes a pesar de estar desprovistos de derechos laborales se encuentran insertos en la venta de la fuerza de trabajo, mediante diversas formas de precariedad e incerteza; estas fracciones transitan una zona gris entre los programas sociales de asistencia, las changas y los trabajos precarios; ellos fueron armando, no sin reveces, sus colectividades territorializadas (de clase). Colectividades que aún hoy están disputando su estatus público, con su propio cuerpo, con su propia presencialidad situacional, en cada una de las disputas por cupos, por planes, por alimentos y, sobre todo, por el reconocimiento de sus derechos y discutiendo, en cada uno de estos actos, el modelo corporativo segmentado.[1]

Propongo abordar la cuestión mediante una periodización de la central –las periodizaciones son una imprescindible construcción investigativa, pues la demarcación de umbrales expresa una modalidad de lectura memorial del pasado-. Abocaré esta nota, primeramente, a la exploración de la construcción de la CTA y la ruptura con el modelo clásico durante la lúgubre década del ‘90; posteriormente desarrollaré el devenir de ésta en la pos crisis; para terminar con una serie de reflexiones en torno a la articulación de las organizaciones sociales y las matrices sindicales.

De la invitación esperanzadora al paraguas de la resistencia al neoliberalismo

Las tentativas fracasadas de reconfiguración del modelo de desarrollo durante la década del ‘80 evidenciaron una sociedad signada por la deuda externa. Las dificultades de financiamiento aparecieron como el núcleo explicativo de los obstáculos para un nuevo proceso de crecimiento económico. Con este telón de fondo, la articulación de la sociedad mediante el salariado comienza a ponerse en jaque.

El reacomodamiento del peronismo, luego de haber sido derrotado en las elecciones inaugurales del retorno a las instituciones republicanas, bajo el rótulo “renovador” parecía haber tomado nota de la transformación social y prometía mecanismos articuladores más amplios y diversos. Sin embargo, la emergencia del menemismo, con su neoliberalismo de guerra, trajo impactos múltiples; la mutación del sindicalismo es un elemento clave, la descolectivización fue otro de los aspectos sobresalientes. Es en este marco que bajo el nombre de Congreso de los Trabajadores Argentinos emerge como una voz crítica ante esta arremetida, su proclama autónoma, de afiliación directa y la preocupación ética abre esta etapa. Un sendero tendiente a un articular colectividades nuevas y preexistentes subyace en esta propuesta, como así también la promesa de un sindicalismo menos corporativo y más integral.[2]

De acuerdo con este derrotero, la primera acción de este congreso fue la realización de una campaña para la obtención de un millón de firmas en contra de la privatización del sistema previsional.[3] En un pívot entre los formatos de acción de tipo ciudadano-universal y repertorios más clásicamente sindicales como las huelgas, usando frecuentemente las movilizaciones y los actos, la central fue constituyendo una configuración híbrida, que remitía a la tradición sindical corporativa, pero salía de los cánones del corporativismo selectivo con su bies universal-ciudadano.[4]

A finales de 1996 se constituye verdaderamente en central y, si bien se explicita la necesidad de fortalecer la matriz gremial, aparecen una serie de elementos que justifican el planteo que estamos revisitando. En su acta de presentación se fomenta la expansión hacia otros sectores de trabajadores, enfatizando el papel de las organizaciones sociales, promoviendo las federaciones como colectividades legítimas, ampliando la participación hacia otras organizaciones en contra del neoliberalismo y fomentando los formatos de acción de carácter ciudadano.

La relevancia de las organizaciones sociales sindicales que representan a los trabajadores del estado constituyó un elemento que dejó huellas. El enfoque de la central no fue sólo gremial corporativo. La relación múltiple con el estado como patronal y garante de derechos, supuso una fuerte reflexión en torno al papel y el estatuto de lo público. En un contexto de estigmatización de todo lo estatal, esta perspectiva inscribió un horizonte de derechos estado-céntrico que se actualizaría en diversas acciones. La Carpa Blanca instalada en la plaza del Congreso de la Nación entre 1997 y 1999 constituye una modalidad original de visibilización y demanda que incluye reclamos corporativos, pero los excede, en la medida en que pone en el centro de la atención la relevancia de la educación pública. Es de esta forma que se expresa la particular hibridez.[5]

La Federación Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV) tuvo un papel relevante, constituyéndose en una de las principales organizaciones de colectivización de demandas de los trabajadores desempleados y de los problemas de vivienda y hábitat.[6] Este aspecto fue el sostén de la consigna “de la fábrica al barrio”, abriendo no sólo el campo territorial físico, sino centralmente, expandiendo los horizontes selectivos del modelo tradicional. Es en este sentido que las demandas ciudadanas también ingresan dentro de esta red ampliatoria y democratizante. Con todo, los límites del sindicalismo fueron un obstáculo para la intersección con las múltiples colectividades de trabajadores desocupados que se estaban conformando. Más radicalizadas, más combativas y más autónomas, otras organizaciones sociales se abrían camino para finales de la década del ‘90 y la central mostraría límites en torno a su capacidad inclusiva.

La consulta popular del Frente Nacional contra la Pobreza (FreNaPo) para finales del año 2001 constituye la máxima expresión de esta capacidad de poner en agenda una demanda ciudadana; enfocando a los jefes de hogar desocupados y a los adultos mayores sin cobertura previsional, logró la participación de más de tres millones de personas.[7] Sin embargo, al mismo tiempo también evidenció sus límites y debilidades. El desprestigio de las instituciones hegemónicas, la acción directa de diversas fracciones sociales, la magnitud y la profundidad de la crisis, desdibujaron la envergadura de la iniciativa. ¿La central habría perdido la capacidad de canalizar el descontento? A pesar de su innovadora propuesta y su relevancia durante la década, en la crisis misma se produce un desborde institucional que deja atrás y por fuera no sólo a la CTA sino a al conjunto de instituciones sociales, políticas y sindicales clásicas de organización colectiva.

Después del desborde: clivajes y desacoples

En el marco de una salida institucional a la crisis, la propuesta gubernamental de un programa masivo de ingreso para los jefes y jefas de hogar desocupados (PJJHD) retoma algunas de las demandas objetivadas en la propuesta del FreNaPo. Con ello, se cierra un ciclo y, ciertamente, el papel nodal cumplido por la central. La capacidad de inclusión selectiva de las demandas de la central tanto por el gobierno del estado como por otras organizaciones e instituciones constituye un elemento de importancia.

Para diciembre del año 2002, en un nuevo congreso de la central, se define una nueva estrategia, la construcción de un movimiento político, social y cultural. Sin embargo, poco tiempo después la figura de Néstor Kirchner y sus iniciativas de gobierno ocupan ese espacio que intentaba llenar el movimiento naciente.

La interlocución e incluso la inclusión selectiva de referentes de las organizaciones que conforman la central en el gobierno naciente, como así también, la relevancia de los espacios de coordinación con el gobierno nacional modifican el ámbito de acción de la central. Esta cercanía se torna más relevante en una central cuyo fundamento de origen estaba anclado en la autonomía respecto del gobierno del estado y en el cual la reflexión respecto del estatuto del estado constituía un pilar referencial. No obstante, no todos los vínculos son positivos, la decidida negación de la personería gremial a la central configura los límites de la relación de proximidad.

En el año 2007, una nueva iniciativa actualiza la capacidad organizativa, articulatoria y federal de la CTA. La Paritaria Social y la Constituyente Social ponen en cuestión las capacidades del gobierno para ampliar las voces acerca de lo gremial y lo político. Mientras la Constituyente Social revisita el proyecto del movimiento político, social y cultural, la Paritaria pone en discusión la negociación salarial en ámbitos excluidos de ella, dando un puntapié “gremializante” a las trayectorias laborales precarias.[8] Quiero detenerme en este aspecto, hasta este momento la inclusión de las federaciones territorializadas y la atención hacia el problema del empleo había incluido experiencias no gremiales a la central; como se ha dicho, la apuesta incluía la bifrontalidad: insertar lo territorial dentro de la central sindical y gremializar lo territorial y, al mismo tiempo, llevar a cabo múltiples iniciativas ciudadanas de defensa de derechos de carácter universal; por el contrario, esta experiencia actual sólo fomenta la ampliación de las prerrogativas gremiales en las esferas no insertas dentro de la lógica corporativa selectiva, previamente señalada. Compone, entonces una iniciativa central, pero se estrechan los nudos de hibridación.

Los efectos suscitados por las experiencias mencionadas se eclipsan en el año 2008 ante la crisis “del campo”; con este nombre se conoce la serie de controversias que se producen entre las patronales y el gobierno en torno a las retenciones a la exportación de los productos agrarios. Éstos reconfiguran el diagrama político y las polaridades entre las fracciones sociales. Se expresan así las dificultades de encontrar un lugar común entre los referentes de la central, que logre valorar los avances producidos por el gobierno del estado, pero mantenga autonomía y capacidad crítica para demandar derechos gremiales y ciudadanos.

Estas dificultades se expresaron a finales de 2010 en la ruptura de la central en dos grupos diferentes. La CTA de los Trabajadores (CTA-T) y la CTA Autónoma (CTA-A). La fragmentación disminuyó la relevancia de la acción de cada una de ellas. Es así como los colectivos miembros afrontaron, entonces, la tremenda envestida macrista sin un paraguas amplio que los contuviera. Evidentemente, los efectos de esta falencia aún los estamos sufriendo.

A modo de cierre: Las organizaciones sociales, la cuestión gremial y el modelo sindical

En los párrafos previos se han enfatizado dos elementos nodales respecto del vínculo de la CTA con las organizaciones sociales. Recapitulando, se puede decir que durante la década del ‘90 se produjeron dos mutaciones centrales. El primer aspecto remite a la inclusión de colectividades no sindicales dentro de la central, la ampliación de la red de articulaciones constituye un primer aspecto que modifica sustancialmente la referencia sindical. El segundo elemento importante concierne al estatuto de la territorialización de las colectividades, la relevancia de los entramados compuestos por articulaciones políticas de cercanías y la tentativa de dotar de otros sentidos a los vínculos y las políticas de asistencia allí contemplados. Ambos aspectos complejizaron el enfoque de la central que nos interpela.

Durante los dos mil, la Paritaria Social abre otra línea de vinculación con las fracciones que quedan por fuera del umbral del corporativismo segmentado, la visibilización respecto de la falta de protección social y de soportes de negociación para amplias fracciones de los trabajadores se abordan, ahora, bajo la propuesta de una paritaria social.

La tentativa de gremializar a los trabajadores precarios constituye una iniciativa revisitada por un amplio espectro de organizaciones sociales. La experiencia de la Asociación Gremial de Trabajadorxs Cooperativistas Autogestivxs y Precarizadxs (AGTCAP) entre 2009 y 2012 constituye una línea humilde pero sustancial, en este sentido.[9] Esta dirección, de hecho, se retoma, actualiza, amplía y reelabora en la propuesta de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Tomando la propuesta de la Paritaria Social de agremiar a los trabajadores precarios e informales, la experiencia de estas nuevas organizaciones como la CTEP pretende sindicalizar a los trabajadores de la economía popular y de los programas estatales de asistencia.[10]

Esta dirección de acción se está intentando instalar desde aquel momento, pero asume mayor relevancia en el proceso de lucha en torno a la Ley de Emergencia Social acaecido entre el año 2016 y 2017. Incluso en este proceso de lucha, el acompañamiento de las dos CTAs fue muy importante, pero lo más sobresaliente es el respaldo -por primera vez en la historia de las organizaciones sociales de este tipo de acción- por parte de la CGT. Cuán sólido sería este apoyo aún no lo sabemos, pero ya desde aquel momento parece que algunas posiciones se fueron modificando.

Ahora bien, si la CTA nace con un grito esperanzador que pone en jaque el modelo sindical tradicional, no resulta desatinado preguntarse si este tipo de iniciativas no constituyen un retorno a un modelo sindical tradicional. Es decir, ¿lo que se está buscando es una ampliación del viejo esquema o una transformación del modelo mismo? Sin ánimo de clausurar discusiones, sino todo lo contrario, sería pertinente volver a interrogarse acerca de las particularidades de este formato, su capacidad de ampliación y profundización de derechos, como así también reflexionar acerca de sus límites.

Revisitar la perspectiva ciudadana y universalista de las primeras experiencias de la central tal vez permita actualizar discusiones. En sociedades complejas, en las cuales las redes de articulación son múltiples, la apuesta para un modelo gremial monopólico debe entrar en el debate. Ciertamente esta es una revisita hacia las formas de la democracia, democracia que, tal como lo planteaba aquel grito que murmura la memoria emotiva juvenil, no se puede dejar de atender. Asimismo, la estrecha relación que se avizora con el nuevo presidente, que festejó la decisión dirigencial de la CTA-T de promover la incorporación a la CGT, otra vez, pone en entredicho la autonomía, cuestión relevante y fundante de la experiencia que estamos mencionando. Este aspecto es nodal en una central que incluye sobre sí, como sindicatos de base, a los asalariados del estado y que hizo, en su trayectoria, una particular reflexión acerca del papel del estado. Por último, tanto el componente identitario –de conformación colectiva por la comparación y la otredad con la CGT- como el componente ético que distancia las tradicionales dirigencias, no puede ser menospreciado. Las experiencias progresistas saben lo duro que puede ser el reclamo en este último aspecto, no se puede pescar dos veces con la misma red.

 

[1] En este texto hablamos de corporativismo estrecho o segmentado. La noción de neocorporativismo segmentado está tomada de Etchemendy, S. y Collier, R. B. (2007). “Golpeados pero de pie: resurgimiento sindical y neocorporativismo segmentado en Argentina (2003/2007)”. Politics and Society, vol. 35, núm. 3, septiembre (pp. 145-192).

[2] Acerca de este momento fundante se puede ver Armelino, M. (2005). “Resistencia sin integración: protesta, propuesta y movimiento en la acción colectiva sindical de los ‘90. El caso de la cta”. En Naishtat, F., Schuster, F. Nardacchione, G. y Pereyra, S. (comps.). Tomar la palabra. Estudios sobre protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea (pp. 275-311). Buenos Aires: Prometeo.

[3] La caracterización de esta acción como la primera ha sido tomada de Retamozo M. y Morris, M. B.  (2015). “Sindicalismo y Política. La Central de Trabajadores Argentinos tiempos kirchneristas. Estudios Sociológicos, XXXIII, 97 (pp.63-87).

[4] Mientras que algunos subrayan la matriz ciudadana de las acciones, otros enfatizan los formatos sindicales. Entre los primeros: Schuster F. y Pereyra, S. (2001). “Las transformaciones de la protesta social en la Argentina democrática. Balance y perspectiva de una forma de acción política”, en Norma Giarraca (comp.). La protesta social en la Argentina, Buenos Aires, Alianza (pp.41-63). Entre los segundos: Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2000). “Reestructuración productiva y formas de la protesta social en la Argentina”. En Enrique de la Garza Toledo (comp.). Reestructuración productiva, mercado de trabajo y sindicatos en América Latina (pp. 73-86). Buenos Aires: Clacso.

[5] Acerca de la experiencia de la Carpa Blanca se sugiere ver Suárez, D. (2005). Conflicto social y protesta docente en América Latina. Estudio de caso: El conflicto docente en Argentina (1997 – 2003). Ensayos & Investigaciones (Buenos Aires: OLPED).

[6] La bibliografía en torno a la FTV es vasta, entre ellos se puede consular Manzano, V. (2007). “Del desocupado como actor colectivo a la trama política de la desocupación. Antropología de campos de fuerzas sociales”. En Cravino, M. C. (comp.), Resistiendo en los barrios. Acción colectiva y movimientos sociales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (pp. 101-133). Los Polvorines, UNGS.

[7] El FreNaPo fue estudiado por Armelino, M. (2004). “Algunos aspectos de la acción colectiva y la protesta en la cta y el mta”. Revista de Estudios Sobre Cambio Social, num. 15 (pp. 5-11).

[8] Esta experiencia ha sido poco abordada por la bibliografía, se sugiere ver Retamozo y Morris (2015).

[9] Sobre esta articulación se sugiere Maneiro, M. (2018). “La lucha de las organizaciones de trabajadores desocupados en los últimos años del kirchnerismo. Análisis del proceso de protesta ligado al Programa Argentina Trabaja”. Sociohistórica, 42 (pp. 1-30).

[10] Acerca de la CTEP se está produciendo una gran cantidad de estudios, entre ellos se pueden sugerir los trabajos de Muñoz, M. A. y Villar L. I. (2017). “Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP en la CGT). Entre la organización sindical y el conflicto político-social (Argentina, 2011-2017)”. Crítica y resistencias, 5 (pp. 22-52) y de Natalucci, A. y Morris, M. B. (2019). “¿Superando la fragmentación? Un análisis de las estrategias de articulación entre la CGT y la CTEP (2009-2017)”. Astrolabio nueva época, 23 (pp. 169-197).

 

Imagen de portada: Martín Fierro de Ricardo Carpani