Por Alejandra Roca, Mariana Lettieri y María Jimena Vera
¿Es posible pensar la relación entre ciencia, tecnología y democracia desde las Universidades del Conurbano?, se preguntan en el día del Investigador e Investigadora científica Alejandra Roca, Mariana Lettieri y María Jimena Vera. Para responder, las autoras presentan una genealogía y un recorrido histórico por las nociones y los modos en los que la investigación se incorporó, a lo largo de los años, al desarrollo de la Argentina. En particular, observan el aporte específico de las nuevas universidades a la generación de conocimientos situados para la soberanía del país.
Introducción
El 10 de abril se celebra el día del Investigador e Investigadora científica en honor al natalicio de Bernardo Houssay, primer premio Nobel en ciencias de la Argentina (1947) por sus avances en Medicina y Fisiología sobre el papel de la hipófisis en la regulación de la cantidad de azúcar en sangre.
Argentina es el único país de Latinoamérica con premios Nobel en ciencias (a Houssay se le suman Leloir en 1970 y Milstein en 1984) y el único en producir satélites geoestacionarios; además, fue el primero en desarrollar una vacuna propia contra la Covid 19 (ARVAC Cecilia Grierson), y uno de los pioneros en biotecnología agropecuaria y en el desarrollo de reactores atómicos a nivel mundial.
Son muchos los hitos y reconocimientos internacionales que destacan a nuestra Nación, a lo mencionado se suma el CONICET, que sigue manteniendo su primer lugar como institución gubernamental de ciencia de Latinoamérica, según los resultados de la última edición del Ranking Scimago (SIR). El reconocido ranking refleja la actividad científica mundial y fue publicado hace tan solo dos semanas, encontrando al CONICET en el puesto 15 entre 1870 instituciones a nivel global, por delante incluso de la NASA.
Sin duda la pandemia demostró la excelencia de la ciencia y tecnología de nuestro país, reflejada en la capacidad de respuesta ante la emergencia para producir conocimientos y tecnologías de frontera como es el caso de CHEMSTRIP, ATOM PROTECT, CEROCOVID FEDERAL y ARVAC, tecnologías desarrolladas en universidades del conurbano bonaerense, además del vasto campo de las ciencias sociales, con investigaciones sobre el impacto de la pandemia a distintos niveles (económico, educativo, laboral, salud mental, tareas de cuidado, entre otros).
Ante un contexto en donde la educación pública y el rol de las universidades y de sus investigadores/as están siendo fuertemente cuestionados, y frente a un desfinanciamiento generalizado, que pone en riesgo inminente a todo el sistema científico-tecnológico nacional, resulta urgente y necesario reflexionar acerca de la democratización del conocimiento y, particularmente, sobre el rol de los/as investigadores/as en las universidades de reciente creación.
Universidad, Ciencia y Sociedad: imaginarios sociales en tensión
¿Es posible pensar la relación entre ciencia, tecnología y democracia desde las Universidades del Conurbano? Y en relación a éstas ¿Qué puede aportar, distintivamente, una mirada situada en la generación de conocimiento? Las reflexiones “situadas” ameritan un examen genealógico que permita comprender sus múltiples sentidos y dimensiones.
Los términos “ciencia”, “tecnología” y “democracia” remiten a una universalidad monolítica y atemporal que hace pocos años comenzó a cuestionarse. Durante mucho tiempo nos acostumbramos y nos formamos en la firme creencia de estos términos como inmutables y neutros; particularmente, la ciencia ha sido revestida por un aura de ascetismo a salvo de cualquier contaminación personal, histórica o política.
En particular es la política pública el lugar de encuentro de estos tres términos, y el espacio en donde se revelan explícitamente sus dimensiones políticas y las tensiones que emergen de las ideologías que subyacen en los modelos de país y del rol del estado en las decisiones desde la esfera estatal. Entendemos el término “políticas” en su doble acepción, de políticas públicas y de posiciones políticas en tensión, en este caso, en torno de la ciencia y la tecnología, sus fundamentos, objetivos y destinatarios.
A partir de la ilustración, la ciencia y tecnología (CyT) conformó uno de los grandes relatos optimistas para los territorios anexados en la expansión colonial: la modernidad auguraba un horizonte de progreso infinito donde la tecnología, neutral y benéfica, aseguraría el desarrollo material y desterraría el hambre; la ciencia iluminaría las mentes, reemplazaría a las creencias, la irracionalidad y la ignorancia.
Desde el siglo XIX, en la Argentina, la ciencia y la tecnología han sido concebidas unívocamente como recurso estratégico para un progreso inexorable; la idea de ampliar los horizontes de futuro ha estado presente desde la constitución misma de la nación. A partir de allí, los proyectos modernizadores han guiado las discusiones y las decisiones de las políticas del conocimiento (término que engloba la ciencia, la tecnología y las universidades). La CyT, en tanto patrimonio de la humanidad en su conjunto, constituían una suerte de fuerza moral planetaria y redentora, independiente de las cosmovisiones particulares y otorgaría los ajustes necesarios para que el progreso material e intelectual tuvieran una misma dirección y un mismo significado, esto es crear y/o reforzar un orden socioeconómico, basado exclusivamente en un sistema de conocimiento, el correspondiente al Occidente moderno. Este orden mundial constituido como modelo al que los países coloniales aspiraban a “convertirse” o “integrarse”, pronto reveló las asimetrías y desigualdades estructurales que imponían una geopolítica del conocimiento y de los bienes materiales que no podían disolverse con el anatema del “atraso” como mera fórmula para alcanzar el progreso. Los procesos de institucionalización de la producción y legitimación de conocimiento científico en Argentina revelan continuidades y similitudes respecto de otros procesos latinoamericanos: formación de pequeños enclaves y/o élites organizadas a partir de la introducción de científicos europeos, en una modalidad de producción de conocimiento subalterna, “colaborativa” con la “ciencia universal” y sujetos a contextos políticos definidos por la consolidación de las nuevas naciones independientes.
El modelo de intervención estatal y la iniciativa de una política pública explícita y de gran inversión en ciencia y tecnología[1] del primer peronismo, en los años 50, fue el primer antecedente que expuso la tensión entre las nociones de autonomía de la universidad y la libertad de investigación, y la planificación y orientación en base a un proyecto de desarrollo nacional. La masificación del ingreso, la supresión de aranceles y de institutos nacionales de investigación vinculados a problemáticas locales, concretas y productivas sugerían una estrecha relación entre estas iniciativas y la voluntad de disputar el canon cognitivo elitista y colonial. A su vez, la apertura o inclusión de grandes sectores de la población se realizó a través de distintas estrategias para la formación y popularización científica y cultural, como los cursos para formar dirigentes sindicales dentro de la universidad y la creación de la Universidad Obrera Nacional (1948).[2] Esta voluntad se expresa en la noción de soberanía, desplegada en diversos sentidos, y la centralidad del pueblo como destinatario y “dueño por derecho” de los bienes científicos, tecnológicos y culturales. La defensa de la soberanía tanto del patrimonio natural, científico-tecnológico, como intelectual y cultural, fueron un eje de la política pública truncada por el golpe de estado de 1955.
Después de la segunda guerra mundial y la guerra de Vietnam, la capacidad de destrucción de la industria bélica hará desvanecer la noción de una tecnología universal y benéfica dispuesta para el progreso de la humanidad. En ese contexto, el Pensamiento Latinoamericano en Ciencia y Tecnología (PLACYT) renovará la discusión y centrará la mirada en las dimensiones políticas. Jorge Sábato, Oscar Varsavsky y Amílcar Herrera, referentes en nuestro país y enmarcados en la teoría de la dependencia, iniciaron un proceso de “repolitización” de la CyT: la noción de autonomía tecnológica y la capacidad para proyectar, programar, financiar e instrumentar la propia política científica en base a las demandas y necesidades del desarrollo nacional, retornaron a las discusiones sobre la necesidad de orientar las políticas públicas. Estos autores ejercieron una poderosa crítica al modelo lineal de innovación y al colonialismo intelectual y científico, el cual dominaba la producción de conocimiento en las universidades y centros de I+D.
Sábato es quien desarrollará la idea pionera respecto del rol del estado en los procesos de desarrollo tecnológico y en la planificación de la formación científica orientada, a partir de la agenda de las demandas y necesidades del propio territorio. Sus reflexiones retomaron la pregunta en torno a la política científica: ¿es la comunidad académica, en forma autónoma, quien debe definir las agendas de formación, investigación y legitimación o debe orientarse a partir de políticas públicas que diagnostiquen y examinen las demandas en base a grandes objetivos nacionales?
Por su parte, Varsavsky diferenciaba dos modelos de producción científica. Por un lado, la “ciencia periférica” que desarrolla conocimiento anclado a los intereses, metas y objetivos de los centros de poder; mientras que la ciencia “en la periferia” implica desarrollar conocimiento de calidad, pertinente y acorde a los objetivos de un proyecto nacional emancipador, entendiendo a la ciencia como el producto de un esfuerzo colectivo comprometido con las demandas y la calidad de vida del pueblo.
Las reflexiones revolucionarias aportadas por el PLACyT fueron interrumpidas por las violentas circunstancias políticas que tanto en la Argentina como en otros países latinoamericanos quebraron el orden institucional y las actividades académicas. De esta forma, el conjunto de discusiones y diferentes aportes que hubiesen podido constituir el germen de un desarrollo original de pensamiento crítico en el campo de la ciencia, tecnología y sociedad (CTS), desde una perspectiva eminentemente política y “situada”, cedió a la lamentable devastación que sufrieron sus propios protagonistas.
El golpe de Estado de 1976 dio paso no solo a la persecución de investigadores y estudiantes, también a la intervención militar de los principales centros de investigación y las universidades, y al desfinanciamiento de la política pública en CyT. Diferentes organismos de investigación fueron fragmentados y/o utilizados en procesos defraudatorios; grandes proyectos de investigación corrieron igual suerte al ser considerados “posiblemente preocupantes” por los mismos países del norte, como sucedió con el Plan Cóndor. El régimen autoritario avanzó, además, en desmantelar la investigación en las universidades públicas, a partir del cierre de carreras, persecución, desaparición y exilio de docentes e intervención en las instituciones. En paralelo, tuvo lugar una transferencia de recursos hacia el CONICET, observable en la asignación creciente de fondos al organismo y en la multiplicación de institutos, centros y programas bajo su jurisdicción, cuestión que produce un quiebre importante en la relación entre el sector universitario y el científico.[3] En otras palabras, la dictadura procuró vaciar las universidades de investigación y desarrollo (I+D) y, por tanto, de pensamiento crítico, restringiendo su desempeño a la mera reproducción de contenidos (controlados severamente) y al expendio de títulos profesionales.
En 1983, el retorno a la democracia supuso la reconstrucción del campo científico, a fin de recuperar a buena parte de la comunidad científica que se había visto obligada a desmembrar sus equipos y/o emigrar a otros países. Asimismo, se propuso reorganizar y revalorizar las instituciones que habían sido intervenidas, como las universidades y los centros de investigación. En esta etapa, los debates en torno a los desafíos de promover políticas de investigación de acuerdo con un país soberano científica y tecnológicamente, y la tensión entre la autonomía académica, el conocimiento de frontera y el cumplimiento de objetivos para el desarrollo nacional, quedaron relegados. De tal forma, predominó la agenda de la reconstrucción y la de gestionar el financiamiento adecuado a este objetivo.
En las décadas siguientes, los países en desarrollo implementaron políticas que replicaban recetas, agendas y métricas provenientes de los organismos internacionales de financiamiento, como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, siendo avaladas por la propia comunidad académica.
Las políticas públicas de CyT sufrieron diferentes recortes durante el neoliberalismo del 90. Paradójicamente, se observó un cambio discursivo en los documentos oficiales con la introducción de las nociones de “evaluación”, “innovación‟ y “sistema nacional de innovación‟ (SNI) que incorporaba una nueva conceptualización del fenómeno tecnológico. La función estatal se redefinió en tanto garante y promotora de las condiciones para permitir una mayor circulación y apropiación de la información y los conocimientos por parte de los diferentes actores sociales, entre los cuales las empresas se constituyeron en los principales destinatarios.
Luego de la crisis del 2001, entre 2003 y 2015, se produjo el período de mayor inclusión de toda la historia del sistema científico argentino, reflejada en la ampliación de derechos, aumento presupuestario y federalización. Entre los hitos de la política en CyT, se destacaron la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en 2007, y en las políticas de financiamiento para la generación y fortalecimiento de capacidades y de proyectos estratégicos. A su vez, se aprobaron en el Congreso Nacional las leyes de creación de diecinueve universidades. Gracias a eso, Argentina, por primera vez, dispuso de instituciones universitarias en todas las provincias. El proceso de expansión universitaria se vio reflejado en el crecimiento exponencial de la matrícula. Este proceso fue acompañado de una decisiva inversión en infraestructura y equipamiento.[4]
Entre los años 2016 y 2019, el sector de CyT fue nuevamente sometido a sucesivos recortes presupuestarios, en un marco general de ajuste y reducción de la participación del Estado en las distintas áreas de intervención[5]: en 2015, el presupuesto total destinado a la función de CyT por el gobierno nacional (en valores constantes) había crecido 180,3% respecto al año 2004. Entre 2016 y 2019 se redujo un 37,4%, hasta alcanzar un nivel similar al del año 2007.
Congruentemente con el esfuerzo sostenido durante el período 2003-2015, la cantidad de egresados/as de doctorado se había incrementado en un 63% entre el año 2000 y el 2003, un 249,7% entre 2003 y 2015, mientras que entre 2015 y 2018, cayó un 24,9%. El descenso de egresados es simétrico al detrimento de las becas doctorales.[6]
Para las universidades públicas, entre 2017 y 2019, se registró una caída del financiamiento de la I+D del 27% (MPCIT.PBA), recuperándose progresivamente a fines del 2019, con políticas públicas que se destacaron por la implementación de nuevas herramientas de financiamiento, así como la reactivación de otras que se habían interrumpido.[7]
Lógicamente estos vaivenes del financiamiento y de las políticas específicas del sector, hicieron retornar el debate sobre la soberanía, la autonomía y el destino de los esfuerzos de la CyT; particularmente, el escenario de la pandemia, en 2020, puso en evidencia la centralidad de la producción de conocimiento y las asimetrías estructurales que caracterizan nuestro sistema de CyT.
La irrupción de la pandemia de COVID-19 planteó el desafío internacional sobre cómo gestionar las capacidades y recursos disponibles para dar respuesta a las necesidades surgidas en el contexto de emergencia sanitaria. Argentina, al igual que otros países en desarrollo, se enfrentó a retos aún mayores pero, no obstante, logró una respuesta inmediata, al reorganizar el sistema científico-tecnológico (CyT) y productivo. Junto con la implementación de medidas de aislamiento, se creó la Unidad Coronavirus integrada por el MINCyT, el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Productivo y la Innovación (Agencia I+D+i), cuyo principal objetivo fue identificar capacidades y promover la coordinación de universidades e institutos de investigación con el sector productivo, capaces de brindar soluciones inmediatas para hacer frente a la pandemia.
El posicionamiento político-ideológico en materia de CyT durante esta etapa se vio materializado en la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Ley 27614),[8] la cual declara de interés nacional al sector y establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función, por su capacidad estratégica para el desarrollo económico, social y ambiental. Otro hito que se sumó fue el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 (PNCTI), dando cumplimiento a la Ley 25467.[9] Ambas leyes comparten objetivos, entre los que se destacan la federalización de la CyT, el desarrollo y diversificación de la matriz productiva, la generación de empleo de calidad, la divulgación de avances científicos y el incremento de infraestructura y equipamiento, entre otros.
Tanto el plan estratégico de emergencia implementado como la planificación materializada en las leyes citadas, expresan claramente la orientación política del sector. Por un lado, el establecimiento de líneas estratégicas y la fijación de prioridades; y por el otro, el diseño e implementación de programas nacionales, sectoriales y focalizados de fortalecimiento.
En estos contextos se desplegaron las universidades del conurbano y demostraron su potencial estratégico
Universidades del Conurbano y Democratización de la Ciencia
Hemos visto en el apartado anterior la noción esencialista de la ciencia como un conocimiento “no situado”, supranacional y abstracto, que si bien perdura hasta nuestros días ha sido cuestionada en un debate latente asociado a los modelos de país y del rol del estado en la definición de prioridades y el acceso equitativo a los bienes materiales y culturales.
Sin duda, las universidades son instituciones centrales de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. Sin embargo, la percepción social habitual es que la relación para con su entorno, históricamente, ha sido distante, conservando un rasgo elitista. Esta característica típica de las universidades de primera generación, se contrapone con la génesis de las universidades del bicentenario del conurbano, en donde la interacción dinámica y horizontal para con el entorno se plantea desde sus misiones y funciones. Fundadas en espacios olvidados, vulnerables y restringidos en el acceso a bienes y servicios, se distancian de las instituciones con mayor trayectoria en sus objetivos, modalidades y capacidades.
En el plano de políticas públicas vinculadas a la CyT, la creación de nuevas universidades constituyó un eje central para la formación de nuevos actores del sistema científico-tecnológico. Sin embargo, no se trató de un mero incremento cuantitativo de recursos financieros y humanos, sino que fueron pensadas e imaginadas a partir de la crítica al modelo cientificista de producción de conocimiento. Este pensamiento crítico inoculó de manera irreversible en estos espacios institucionales la ampliación de derechos y la inclusión educativa. De esta manera, se complejizó y cuestionó el concepto de ‘calidad’, introduciendo la relación con otros actores y la noción de pertinencia social del conocimiento. Las demandas del entorno hacia las universidades implican un proceso dinámico de interacción de diferentes actores para la construcción de problemáticas sociales y productivas.[10] Es por ello que fueron pensadas no como meras generadoras de soluciones que se imponen a un territorio pasivo, sino como procesos participativos y en algunos casos coproducentes de generación de conocimiento científico tecnológico.
El surgimiento de las Universidades del Conurbano y su nuevo modelo de producción de conocimiento, contiene ciertas reminiscencias al de la otra Universidad Obrera Nacional de 1948. Este modelo, “pueblocéntrico” al decir de Varsavsky, propone –justamente– cuestionar las lógicas de funcionamiento de las universidades tradicionales y las formas de producción y apropiación social del conocimiento. Se interroga sobre sus destinatarios e inicia una dinámica de “ecología de saberes” en donde se prioriza la interacción con nuevos actores (sociales, económicos e institucionales) anteriormente pensados como extra académicos y actualmente integrados como parte de la universidad: gobierno local, organizaciones de la comunidad, economía social y solidaria, entre otros.
El fortalecimiento progresivo de las capacidades organizacionales y la estabilidad institucional de las universidades bicentenarias resulta condición necesaria para la producción y transferencia de conocimiento y su apropiación social y productiva. Entre 2008-2015 y 2019-2023 se reflejó un posicionamiento estatal en materia de CyT y el desarrollo de un plan nacional y provincial[11] que acompañaba y articulaba el nuevo modelo, comprometido con la educación entendida como derecho social y bien público, y la generación de conocimiento orientado al desarrollo socio-económico local y regional. En este sentido, desde el 2009 se desarrollaron –no sin interrupciones– diferentes políticas públicas nacionales y provinciales destinadas a la consolidación de la función de CyT de universidades de reciente creación.[12]
En contexto de pandemia, la reorientación de equipos de investigación y capacidades institucionales resultó un desafío para las universidades del Conurbano que, por su “juventud”, se encontraban en pleno proceso de fortalecimiento de su infraestructura y recursos humanos y técnicos. Pese a ello, mostraron una gran capacidad de respuesta, la cual se vio reflejada en investigaciones orientadas al desarrollo de kit de diagnóstico, la implementación de proyectos de telemedicina, de vigilancia del cuidado, campañas de vacunación, por mencionar solo algunos de los aportes. No solo demostraron su potencial sino también su relevancia estratégica para el territorio en la resolución de problemáticas de diversa índole, contraponiéndose a la mirada descalificadora que las resumía a espacios de ciencia “subalterna y periférica”.
Si bien a la idea difundida durante el periodo 2015-2019 acerca de la imposibilidad de los sectores vulnerables en acceder a una educación superior de calidad se le contrapone al aumento exponencial de las matrículas de estas casas de estudio y su participación cada vez más relevante en el sistema científico tecnológico nacional, hoy se vuelve a poner en cuestión no sólo su existencia, sino la propia educación pública y gratuita, y la utilidad del conocimiento científico tecnológico.
En 2023 se celebraron 40 años de democracia ininterrumpida; la ciencia es parte intrínseca de la cultura humana, y su acceso y apropiación, así como la participación en su generación son derechos humanos reconocidos (art. 27 Declaración Universal de DDHH) e incuestionables. Es por ello que resulta necesario afianzar y fortalecer el valor de la participación popular en la generación de conocimiento y su utilización crítica para la toma de decisiones. No se trata solo de “empoderar” individuos para que reciban un título, se trata de ampliar las capacidades de CyT emparentadas a las necesidades concretas de los territorios y las personas que los habitan. El proceso de generar conocimiento no debe ser considerado como un privilegio individual, sino como una herramienta necesaria y participativa para la generación de soluciones a problemáticas sociales y el desarrollo productivo nacional.
Es importante revisar el marco epistémico desde el cual se construye conocimiento: si consideramos que la educación es un derecho, debemos ampliar este derecho al conocimiento científico y tecnológico, lo cual implica –asimismo– el derecho a conocer, explorar, experimentar y teorizar, distinguir la rigurosidad y el método, aprender a disentir con palabras y argumentos, contrastar los fenómenos y las ideas a partir de datos comprobables, buscar fuentes confiables y detectar tergiversaciones, encubrimientos y prejuicios que achatan y clausuran las afirmaciones del sentido común.
La universidad se constituye, finalmente, en un espacio de formación profesional pero, también, en una oportunidad de ampliación de horizontes y de ciudadanía, de participación y reflexión política, habilitando a reconstruir y leer la experiencia colectiva y personal, enriquecida por el conocimiento y la historia, y otorgando en el futuro, calidad y densidad a cualquier ejercicio o trabajo realizado (sea el mismo profesional o no).
A cuarenta años del retorno a la democracia, tenemos el deber como país de generar nuevos espacios de formación académica y de producción soberana de ciencia y tecnología; tenemos la responsabilidad de fortalecer y defender la educación pública y los espacios existentes, así como el desafío de promover la participación ciudadana en la generación y apropiación del conocimiento porque, en definitiva, la ciencia no es para el Pueblo, “la Ciencia es del Pueblo”.[13]
Alejandra Roca es doctora en Ciencias Antropológicas (UBA) y magister en Políticas y Gestión de la Ciencia y Tecnología (UBA). Profesora asociada de la UBA y Titular de la UNPAZ. Sus temas de investigación son los siguientes: ciencia, tecnología y sociedad; tecnología y salud; políticas públicas y gestión CyT.
X (ex Twitter): @ARoca_Roca
Mariana Lettieri es licenciada en Sociología (UBA), investigadora doctoral (IDEPI-UNPAZ/CONICET-ANLAP), maestranda en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ) y jefa de trabajos prácticos en UNPAZ. Sus temas de investigación son la generación de conocimiento científico tecnológico y la transferencia al sector productivo en instituciones públicas y en el sector salud.
X (ex Twitter): @marulet26
María Jimena Vera es maestranda en Ciencia, Tecnología y Sociedad (UNQ). Especialista en Comunicación Pública de la Ciencia y Tecnología (UBA) y Antropóloga (UBA). Actualmente es jefa de trabajos prácticos en UNPAZ. Investiga sobre generación de conocimiento científico tecnológico, el biohacking y la popularización de la CyT.
https://www.linkedin.com/in/verajimena/
[1] Habitualmente denominado como “Big Science”: ciencia contemporánea que requiere un gran volumen de financiamiento.
[2] Hacia inicios de la década de 1950, el gobierno peronista integraba las iniciativas científicas y técnicas al proyecto político y económico mediante la creación de instituciones específicas: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA, 1950), la Dirección Nacional de Investigaciones Técnicas (1950), el Instituto Nacional de Investigaciones de las Ciencias Naturales (1951), el Instituto Antártico Argentino (1951), el Departamento de Investigaciones Científicas (1951) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICYT, 1951). Hurtado, D. y Busala, A. (2006). De la ‘movilización industrial’ a la ‘Argentina científica’: la organización de la ciencia durante el peronismo (1946-1955). Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência, 4(1), (pp. 17-33).
[3] Bekerman (2021). En De la Fare, M., & Rovelli, L. I. Los doctorados en los posgrados de Argentina y Brasil. Actualidades Investigativas en Educación, 21(1), (pp. 343-372). Recuperado de https://dx.doi.org/10.15517/aie.v21i1.42596
[4] A partir del año 2008 se pusieron en marcha una serie de iniciativas llevadas a cabo por el MINCyT, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCYT) y el CONICET: el “Plan Federal de Infraestructura”, el “Plan de Obras” del CONICET y el “Programa de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico” (PRIETEC).
[5] Recuperado de http://novedades.filo.uba.ar/sites/novedades.filo.uba.ar/files/_INFORME%20OUBA%2019%20-%20NUEVAS%20UNIVERSIDADES%20-%20DIFUSIO%CC%81N.pdf
[6] Monasterios, S. y Roca, A. (2022). Hacia un sistema de indicadores de CyT para la Provincia de Buenos Aires. Revista Divulgatio. Universidad Nacional de Quilmes.
[7] Síntesis de Indicadores de Ciencia y Tecnología para la provincia de Buenos Aires 2019. Observatorio Regional Bonaerense de Innovación Tecnológica (ÓRBITA). Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica (MPCIT-PBA) (2022). Recuperado de https://www.gba.gob.ar/ciencia/orbita_observatorio_regional_bonaerense_de_innovacion_tecnologica
[8] Recuperado de https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/241782/20210312
[9] Recuperado de https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25467-69045/actualizacion
[10] Romero, L., Buschini, J. Vaccarezza, L. y Zabala, J.P. (2015). La universidad como agente político en su relación con el entorno: Aproximación teórica metodológica para el estudio de la conformación de vínculos entre la Universidad y su entorno social municipal. Ciencia, Docencia y Tecnología 26(51), (pp.1-25). Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5265872
[11] El sistema universitario de gestión pública de PBA lo conforman 25 instituciones. El 44% son universidades creadas en los últimos 20 años, de manera que el mapa universitario de la PBA resultó claramente reconfigurado a partir del año 2003 (ÓRBITA-PBA).
[12] A nivel nacional, se destacan el Banco Nacional de Proyectos de Desarrollo Tecnológico y Social (Banco PDTS), el Programa de fortalecimiento Científico Tecnológico de las Universidades del Bicentenario, las herramientas de financiamiento orientadas (PICTO), el Programa para la Investigación Universitaria Argentina y el Programa de Evaluación Institucional para instituciones de reciente creación (PEI). Entre las políticas de CyT del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se encuentran el programa Clínica Tecnológica, el financiamiento para Centros Locales de Innovación y Cultura (CLIC), el Fondo de Innovación Tecnológica (FITBA), la convocatoria a Proyectos Federales de Innovación; además del Observatorio Regional Bonaerense de Innovación Tecnológica (ÓRBITA) creado para desarrollar conocimiento territorial sobre los desafíos y las oportunidades de desarrollo tecnológico e innovación en la Provincia.
[13] Mundo Atómico (tercer trimestre de 1952). La ciencia y la Universidad al servicio del pueblo, 9, página 4.
Imágenes de portada: Freepik