Por Nicolás Fraile
¿Qué tiene de liberalismo el nuevo proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”? Poco y nada dice aquí el politólogo y doctor en ciencias sociales Nicolás Fraile, a partir de una reflexión sobre el problema de la autoridad y su relación con la democracia, el mercado y el Estado.
El pasado 30 de abril la nueva versión del proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” obtuvo media sanción en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ciertamente, esta segunda redacción del proyecto trajo algunos cambios significativos con respecto a la versión original que facilitaron su aprobación: además de una considerable reducción en su extensión –pasó de 351 páginas a 183–, el proyecto sufrió diversas modificaciones en aquellos artículos que legislaban sobre leyes laborales, previsionales y fiscales. Aun así, a pesar de los cambios, es posible reconocer en la actual versión los grandes trazos que había tenido su primera formulación, así como la permanencia de algunos de los artículos que mayor preocupación generaron. Entre estos, aquellos que, declaración de emergencia mediante, autorizan y otorgan al Poder Ejecutivo facultades excepcionales para llevar a cabo la tan mentada reforma del Estado.
El que hayan sido estos artículos los que mayor preocupación generaron no fue casual, ciertamente. Es que la cesión de poderes de emergencia, ubicada en el Título I del actual proyecto, así como la autorización a la Presidencia de la Nación para que disponga, reforme, elimine o privatice organismos y empresas públicas, tal como se estipula en el Título II, recuerda a algunos de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente: aquellos en los que la liberalización económica se vio posibilitada por el uso de poderes y facultades extraordinarias. En vista de ello, ya desde su primera presentación, la ley “Bases” pareció confirmar un diagnóstico con el que se conjeturaba desde antes del inicio de la presidencia Milei, a saber: que, a pesar de su prédica en favor de la libertad –o, quizá, precisamente a causa de ella–, el nuevo gobierno argentino se trata de un caso de neoliberalismo autoritario.[2] Esto es, de un gobierno orientado por un programa económico neoliberal cuya imposición pretende llevarse a cabo mediante la actuación autoritaria del Estado.
La concurrencia de neoliberalismo y autoritarismo está lejos de ser una innovación política de la presidencia Milei. Por el contrario, basta con remitirnos a la historia argentina reciente y, particularmente, al período 1976-1982 para comprender que los discursos por la libertad de mercado suelen estar acompañados –al menos en nuestras latitudes– de una represión política feroz. A su vez, hace ya varios años que en el ámbito intelectual se recurre al sintagma “neoliberalismo autoritario” para describir una serie de experiencias políticas y, principalmente, para dar cuenta de una nueva configuración que habría asumido el neoliberalismo. Tal como retratan Gisela Catanzaro [3] o Ezequiel Ipar [4], tras el atentado a las Torres Gemelas y la crisis económico-financiera de 2008/2009, se produjo una mutación de la ideología neoliberal que dejó atrás sus rasgos cosmopolitas y multiculturalistas para encontrar en el castigo y la punición su clave de bóveda. Ahora bien, más allá de la historia argentina reciente y de las indagaciones teóricas que en los últimos años dieron cuenta de esta mutación ideológica, debe reconocerse que la fórmula “liberalismo autoritario” o “neoliberalismo autoritario” reconoce sus raíces conceptuales en la obra de un importante teórico alemán del Estado: Hermann Heller.
Dadas las implicancias que tiene para la cuestión que aquí estamos tratando, conviene detenernos en el artículo que Heller publicó en 1933 bajo el título “¿Liberalismo autoritario?”[5]. En sus líneas, el autor acuñó aquella fórmula teórico-política para caracterizar la dirección que había tomado el gobierno alemán liderado por el conservador Franz von Papen. De acuerdo con Heller, una de las novedades del rumbo que imponía este gobierno era su afinidad con las ideas relativas al libre mercado. Esta novedad no estribaba tanto en que no hubiese habido antes otros gobiernos liberales en Alemania, sino en que quienes estaban llevando adelante esa dirección pertenecían a los círculos del conservadurismo prusiano, históricamente hostiles al capitalismo de mercado. Según indica Heller, en el siglo XIX, las ideas relativas a la libertad mercantil habían suscitado el férreo rechazo de aquellos sectores en virtud de que disolvía todas las relaciones tradicionales y las reemplazaba por una lógica instrumental y utilitarista. Sin embargo, en tanto los escrúpulos anticapitalistas del prusianismo se vieron reducidos ante el incesante avance de la gran burguesía que se imponía en la Alemania de posguerra, el siglo XX fue testigo de la convergencia que llevó al conservadurismo a abrazar el liberalismo económico.
Si este devenir ideológico es el que explica el componente liberal del sintagma que titulaba su artículo, resta aclarar en qué consiste su carácter autoritario. Ciertamente, esto parece autoevidente si se toma nota de que el gobierno de Von Papen usaba el aparato represivo del Estado de manera despiadada y de que carecía de mayorías parlamentarias.[6] No obstante, la pregunta por el componente “autoritario” que Heller hace no alude inmediatamente a estos rasgos que habitualmente suelen ser asociados al autoritarismo. Más bien, lo que le interesa al autor es examinar cuál es la autoridad a la que apela el Estado y que le da dignidad y sentido a su acción. En virtud de ello, en lugar de preguntarse si el Estado gobernado por Von Papen era autoritario o no, Heller se pregunta “de dónde recibe la sacralidad”, esto es, de dónde desciende su autoridad y frente a qué la hace valer.
Según indica, en el caso del liberalismo prusiano-alemán, la autoridad parecía descender, precisamente, de aquel orden económico regido por la libertad de mercado que los sectores conservadores habían sacralizado en las primeras décadas del siglo XX. A juicio de Heller, el libre mercado constituía el límite de la acción estatal y la esfera sobre la cual no podía intervenir. Ahora bien, ¿frente a qué se hacía valer esa autoridad? La respuesta que se sigue del texto es que esta autoridad se hacía valer frente a las masas. Más precisamente, frente al principio democrático que le otorgaba a aquellas la potestad de “introducir la regulación del sistema económico dentro del radio de la urna electoral” y, con ello, la posibilidad de intervenir la libertad de mercado en pos de una distribución de la riqueza orientada por preceptos normativos de justicia. Con esto, el liberalismo autoritario cobraba un marcado carácter antidemocrático, en tanto la custodia de su núcleo de autoridad –el libre mercado– exigía dirigir acciones contra aquella magnitud que legitimaba el Estado: el pueblo.
Se sigue de esta sumaria exposición que, a pesar de involucrar el uso de la violencia estatal, el liberalismo autoritario, tal como lo trata Heller, no consiste tanto en una implementación autoritaria –esto es, represiva– del programa económico liberal, sino de una fórmula de autoridad que brinda dignidad y sentido a la acción del Estado. Cabe preguntarnos, entonces, si una caracterización de esta índole puede servirnos para ganar claridad sobre la dirección que encarna el actual gobierno argentino. Al menos, indagar qué aspectos de la coyuntura nacional puede iluminar la pregunta por aquello que opera como núcleo de sacralidad. En otras palabras, lo que queremos aquí es preguntarnos de dónde desciende su autoridad y frente a qué se la hace valer.
A fin de dar respuesta a este interrogante, conviene dirigirnos al mencionado proyecto de ley “Bases”. Es que, además de tratarse de una norma que pretende establecer los cimientos del actual gobierno, su fundamentación –presentada por escrito en la primera versión y de manera oral en la segunda, a través del diputado de La Libertad Avanza Santiago Santurio– ofrece una síntesis de la cosmovisión que informa la dirección que aquel asumió. Según puede colegirse, las medidas de emergencia pretenden restituir la “economía de mercado”, a la vez que “consolidar la estabilidad económica, garantizar el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad”. En vista de estos enunciados –que, por lo demás, no difieren en el rumbo que el actual gobierno explicitó desde un comienzo–, no resulta difícil identificar que la autoridad desciende de aquellos preceptos que podemos reconocer como propios del liberalismo de mercado. Si esto es así, resta preguntarnos frente a qué se hace valer esa autoridad.
A diferencia de la caracterización que hacíamos con Heller, a nuestro juicio, aquello frente a lo que se hace valer la autoridad no parecen ser las masas y el principio democrático a ellas vinculado. Más bien, la democracia, junto a la constitución, parecen hallarse subyugadas por aquello que opera como causa de la crisis argentina, a saber: el Estado. Según puede colegirse, es la estatalidad la que es señalada en reiteradas ocasiones como el problema principal que debe enfrentarse. Formulaciones relativas al “avance del Estado” sobre los derechos y las libertades, señalamientos respecto a las “injerencias indebidas por parte del Estado”, así como indicaciones orientadas a limitar “toda intervención estatal” son frecuentes a lo largo del proyecto –al menos, en la fundamentación de su primera versión–. Precisamente, es la injerencia estatal la que convierte la democracia liberal y la economía de mercado en “democracia social” y “economía planificada”, tal como se sostiene al comienzo del texto de la ley. Con esto, aquello que constituye la principal afrenta al núcleo de autoridad dado por la libertad de mercado no es el pueblo o las masas, tampoco la democracia o la constitución. Más bien, es el Estado, su administración y su capacidad de intervenir sobre la totalidad del cuerpo social el objetivo frente al que se pretende hacer valer aquella autoridad.
Ciertamente, sería difícil considerar que la democracia actual –si la comprendemos en aquellas dimensiones que exceden lo electoral o los aspectos estrictamente ligados al régimen– permanecería intacta tras el combate frente al Estado. Incluso, aunque esto último fuera posible, resultaría altamente probable que, tras la desregulación económica, la liberalización del mercado y, principalmente, tras el desmantelamiento de las prestaciones, servicios y derechos que garantiza el Estado terminen siendo las mismas masas las que –más temprano que tarde– terminen cuestionando el núcleo de autoridad dado por el libre mercado. De ocurrir esto, la fisonomía del actual gobierno no diferiría demasiado de aquel que describimos con Heller y rápidamente observaríamos una clara tendencia a imponer la autoridad frente al principio democrático. Sin embargo, bajo las actuales condiciones, no sólo es plausible afirmar que el gobierno argentino cuenta con el favor popular, sino que, de obtener algún logro parcial –por ejemplo, dar continuidad a la baja de la tasa de inflación–, sería dable que se encuentre en condiciones de consolidar ese apoyo. En tal caso, la autoridad dada por las ideas de libre mercado se vería asistida por la legitimidad popular para enfrentarse a aquello que aparece hoy en día como su principal afrenta: lo estatal.
Nicolás Fraile es doctor en Ciencias Sociales (UBA), becario doctoral (CONICET) y docente de teoría política (UBA). Se especializa en temas relativos a la teoría del Estado y la burocracia.
[1] Sobre la autoridad: este texto está inspirado en el reciente libro de Luciano Nosetto Autoridad poder: arqueología del Estado. Buenos Aires: Las cuarenta, 2023.
[2] Lucía Wegelin y Micaela Cuesta, “Una catástrofe anunciada”, Revista Anfibia, 2023 <https://www.revistaanfibia.com/una-catastrofe-anunciada/>.
[3] Gisela Catanzaro, Espectrología de la derecha. Hacia una crítica de la ideología neoliberal en el capitalismo tardío. Buenos Aires: Cuarenta Ríos, 2021.
[4] Ezequiel Ipar, «Neoliberalismo y neoautoritarismo», Política y Sociedad, 55.3 (2018), 825-849.
[5] Hermann Heller, «¿Liberalismo autoritario?», Las Torres de Lucca: Revista Internacional de Filosofía Política, 12.1 (2023), 65-70.
[6] Recordemos que este suele ser considerado como uno de los “gabinetes presidenciales”. Eberhard Kolb, The Weimar Republic. London y New York: Routledge, 2005. Esto es, aquellos que, en virtud de que no era posible formar mayorías en el parlamento –el Reichstag–, fueron nombrados directamente por el presidente del Reich, Paul von Hindenburg.