Por Mauro Benente
Diciembre de 2001 es una madeja de acontecimientos, un desfile acelerado de personajes que salen eyectados del centro del escenario para desaparecer en la oscuridad de la Historia. Diciembre de 2001 es una superposición de golpes, ruidos, consignas, amontonamientos. El Doctor en Derecho Mauro Benente recupera un ciclo de protestas que tuvo relativa autonomía y se repetía los jueves a las 17 frente al Palacio de Tribunales: reclamaba la renuncia de los jueces de la Corte. “Fuera la Corte Suprema” nació como un grito colectivo el Día de los Inocentes. ¿Hasta dónde marcó un antes y un después? (A 20 años, ¿que la inocencia nos valga?).
Para quienes en ese entonces transitábamos una adolescencia marcada por lecturas desordenadas de Marx y Trotsky, y biografías del “Che” Guevara, mientras de fondo escuchábamos Se viene el estallido y El revelde, 2001 es un significante que representa una cadena de significados tan dramática como potente. Incluso, a la luz de esas lecturas y esas escuchas, fue más potente que dramática. Potencia que con el tiempo fue disminuyendo, y dramatismo que con ese mismo tiempo se recuerda de modo cada vez más doloroso.
De forma inevitable ese significante se lee desde una actualidad que en parte es heredera de ese 2001, pero también lo redefine. Y en esa redefinición, por ejemplo, hoy leemos las noticias de un modo distinto a cómo lo hacíamos en 2001. Revisamos de modo diferente las noticias actuales, y también las de entonces. Las leemos, para decirlo con precisión, con desconfianza.
Una noticia que me interesa destacar salió publicada en el diario Clarín el 6 de febrero de 2002. Hacía referencia a la práctica del montañismo, pero no estaba en la sección de deportes ni de turismo, sino en la de política. Si bien la innovación en el montañismo apunta a reducir el tamaño y peso de las vestimentas y equipajes, la noticia señalaba un ascenso que desafiaba esta lógica. Se narraba una bandera que había flameado en la cumbre del cerro El plata, a 6.000 metros de altura, un pico ubicado en las cercanías de Puente del Inca que suele emplearse a modo de aclimatamiento antes de ascender al techo de América. La bandera tenía inscripta esta leyenda: Fuera la Corte Suprema. El título de la nota era Siguen las protestas, desde Tribunales al Aconcagua.[2]
El contraste entre el título y el desarrollo de la noticia genera cierta desconfianza, porque no queda claro si la bandera flameó en El plata o en el Aconcagua. Pero por alguna razón no desconfío de la bandera flameando en la cordillera de los Andes. ¿Cuál es esa razón? El significante 2001, y el inédito ciclo de protestas que se inició el 28 de diciembre de aquel año frente al edificio de la Corte Suprema, frente al “Palacio”, porque así le siguen llamando incluso post 2001.
Del sindicato a la organización social, de la huelga al piquete
Diciembre de 2001, en la Plaza de Mayo pero también en Plaza Lavalle -ubicada frente al “Palacio”-, tuvo una dimensión de ruptura y acontecimiento que marca una potente discontinuidad, un antes y un después. Sin embargo, ese antes estuvo caracterizado por transformaciones en la conflictividad social. El tránsito de la década de 1990 reconfiguró las acciones colectivas de protestas y redefinió los grupos que las protagonizaban. Mientras en 1989 las protestas protagonizadas por sindicatos representaban el 75% del total, en 1998 sólo alcanzaban el 26%. Y mientras, en 1989 las protestas protagonizadas por organizaciones de la sociedad civil apenas superaban el 10%, en 1998 representaban el 51%. Además, en 1999 el 46,2% de las protestas fue protagonizado por personas no sindicalizadas.
En sintonía con esta transformación de las organizaciones, se redefinieron los repertorios de protesta. Mientras en 1992 se realizaba un corte de ruta por cada siete paros, en 2001 se produjeron el doble de cortes de ruta que de paros.[3] Al mismo tiempo diciembre sumó una novedad al repertorio: los cacerolazos, protagonizados fundamentalmente por clases medias desorganizadas que venían acumulando descontentos y estallaron contra el corralito financiero decretado el 1 de diciembre de 2001 y la pesificación de los depósitos decretada el 6 de febrero de 2002.
2001 marca un antes y un después, pero ese antes estaba corroído por políticas neoliberales que venían trastocando el mapa de la conflictividad social.
El camino al 28 de diciembre
El mes diciembre de 2001 suele estar acompañado por las fechas 19 y 20. Es más, si aludimos a 19 y 20 de diciembre no hace falta aclarar que se trata del año 2001.
El miércoles 19 de diciembre estuvo marcado por cortes de ruta y saqueos en distintas provincias. Al caer la noche se sumaron concentraciones en varias ciudades. Sobre estos focos, a partir de la declaración de estado de sitio decretada por el Poder Ejecutivo, en desobediencia y réplica a la medida, con la partitura del “qué boludo, qué boludo, al estado de sitio se lo meten en el culo”, las protestas se multiplicaron. Se produjeron cacerolazos en distintas capitales provinciales, y en las primeras horas del jueves 20 una multitud en la Plaza de los dos Congresos y la Plaza de Mayo festejó la renuncia del Ministro de Economía Domingo Cavallo.
El jueves 20 de diciembre las protestas no menguaron y la respuesta estatal fue la represión. En la Capital la Policía Federal reprimió en horas de la madrugada disparando balas de goma y arrojando gases lacrimógenos a las personas que se manifestaban en Plaza de Mayo. En horas de la mañana, cerca de las 9:30 reprimió nuevamente en Plaza de Mayo, y minutos después de las 11.30 la Policía montada atacó a quienes protestaban en los alrededores de la Pirámide de Mayo. Como todos los jueves alrededor de la Pirámide se encontraban las Madres de Plaza de Mayo, y ni siquiera sus pañuelos detuvieron el afán represivo. Pasadas las horas, las balas y los gases se extendieron hasta las cercanías del obelisco. Unos minutos antes de las 20 un nuevo sonido irrumpió en la Plaza de Mayo. Esta vez no eran escopetas porque la plaza se encontraba vacía -o más bien vaciada por la represión-. Se trataba del helicóptero presidencial trasladando a Fernando De la Rúa, que había firmado su renuncia.
El viernes, 14 gobernadores y legisladores y legisladoras del Partido Justicialista trabajaban en un documento para presentar en la Asamblea Legislativa, convocando a elecciones generales para el 3 de marzo de 2002 con el sistema electoral de lemas y nombrando Presidente hasta esa fecha a Adolfo Rodríguez Saá. El sábado 22 comenzó a sesionar la Asamblea Legislativa y el domingo por la madrugada, con el voto de 169 legisladoras y legisladores, nombró a Rodríguez Saá como Presidente por 90 días, tras lo cual se celebrarían elecciones.
Si bien la renuncia de De la Rúa y la agenda de reuniones de Rodríguez Saá con organizaciones de derechos humanos, de desocupadas y desocupados, y con sindicatos, manguaron la conflictividad, las protestas no desaparecieron. Es así que, en la Ciudad de Buenos Aires, el 27 de diciembre se realizó una conmemoración por los muertos y las muertas en la represión del 19 y 20 de diciembre, en la que participaron la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS), Madres de Plaza de Mayo–Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), partidos de izquierda y grupos de motoqueros. Allí se leía una pancarta que, como un preludio de lo que ocurriría al día siguiente, decía: “echamos a Cavallo, echamos a De la Rúa. Ahora es el turno de la Corte Suprema de Justicia”.[4]
Durante buena parte de la década de 1990 el adjetivo Suprema era sustituido por menemista: Corte menemista. En abril de 1990 el Congreso aprobó una ampliación de la Corte de cinco a nueve miembros, lo que motivó la renuncia de dos jueces: José Severo Caballero y Jorge Antonio Baqué. Hacia diciembre de 2001 tres de los jueces de la Corte habían sido nombrados durante la presidencia de Alfonsín -Enrique Petracchi, Carlos Santiago Fayt y Augusto César Belluscio- y los seis restantes durante la presidencia de Menem -Eduardo Moliné O´Connor, Julio Nazareno, Antonio Boggiano, Guillermo Alberto Fernando López, Gustavo Alberto Bossert y Adolfo Vázquez-. El adjetivo menemista caracteriza no solamente al origen de los nombramientos, sino fundamentalmente el acompañamiento jurisprudencial que la Corte, y en especial la denominada mayoría automática, hizo de las políticas desplegadas durante el gobierno de Menem.
El turno de la Corte Suprema de Justicia
El viernes 28 de diciembre del 2001 suele recordarse por el cacerolazo nocturno que forzó la renuncia del entonces jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete, Carlos Grosso. Pero ese mismo viernes guarda otros dos episodios, menos recordados. Por un lado, en el último día hábil previo al largo receso de enero, la Corte Suprema analizó –aunque no en profundidad- un caso sobre el llamado “corralito financiero” y descartó su inconstitucionalidad.[5] Por otro lado, se inició en Plaza Lavalle un ciclo de protestas exigiendo la renuncia de los jueces de la Corte. En un trabajo del Grupo de Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva se lee que “por primera vez en la historia argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estuvo en el centro de las demandas de la protesta social.”[6]
En esta primera manifestación, convocada por la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), alrededor de las 13 horas al menos unas 500 personas se agruparon en las escalinatas del “Palacio” para exigir la renuncia de los integrantes del máximo tribunal. Pancartas y banderas con inscripciones como “fuera la Corte corrupta” o “Argentinos: ya echamos a Cavallo y a De la Rúa, ahora le toca a la Corte corrupta y alcahueta de Menem” decoraron aquel reclamo.[7] El diario Clarín del domingo 30 de diciembre de 2001 relata que el “nuevo capítulo de protestas […] se inició el viernes con una inédita manifestación en Tribunales contra una Corte Suprema acusada de parcialidad y de sostener fallos políticos”.[8] En este sentido, una de las manifestantes explicaba que “esta Corte no ha defendido a la gente, solo ha favorecido a Menem, pedimos Justicia para todos”.[9] “Justicia para todos” será el nombre que adoptaría la asamblea y la pequeña organización que motorizó el ciclo de protestas en Plaza Lavalle que se extendió por varios meses.
Durante muchos jueves la AAL siguió convocando a estos cacerolazos, pero a las 17, ya que las 13 era un horario que era cómodo solo para las abogadas y abogados. El punto de reunión pasó de las escalinatas del Palacio a la Plaza Lavalle, porque la convocatoria logró desbordar ampliamente los escalones y veredas del tribunal, y alcanzó las cinco mil personas algunos de los jueves de enero y febrero.
Antes de aquella manifestación del 28 de diciembre, en noviembre, en una solicitada titulada Juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la AAL responsabilizaba a la Corte de convalidar la destrucción del derecho del trabajo que se había desarrollado en los gobiernos de Menem y De la Rúa, y convocaban a conformar una “Junta Promotora del Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.[10] Poco a poco, y durante el transcurso de los primeros meses del año 2002, a la Junta se sumaron la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Abogados Previsionalistas, la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, la Federación Judicial Argentina, la Central de Trabajadores Argentinos y las Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora. Finalmente, a mediados de enero la Plaza Lavalle fue lugar de reclamo de deudoras y deudores hipotecarios no pesificados -cuyo repertorio eran los llaverazos-, y de personas damnificadas por el corralito y la pesificación de los depósitos decretada a principios de febrero de 2002. Los reclamos de personas deudoras y ahorristas no necesariamente eran por la renuncia de los jueces, sino más bien para obtener sentencias que atendieran a sus demandas.
Si bien el ciclo de protestas frente a la Corte tuvo una dinámica relativamente autónoma, la exigencia de renuncia de los magistrados no fue patrimonio de este ciclo. De hecho, en aquella manifestación nocturna del 28 de diciembre junto con los carteles en los que se leía “Basta de corrupción” o “Nadie votó a Menem, Grosso, Manzano, Daer y Moyano”, una de las pancartas exigía “¡Qué se vaya la Corte Suprema!”[11] Las noches de los viernes de enero, febrero y marzo, la Plaza de Mayo y otras plazas del país fueron sitio de manifestaciones y uno de los reclamos que sistemáticamente se hacía presente era la renuncia de los jueces de la corte. Solo a modo de ejemplo, el pedido de renuncia de los jueces se escuchaba en las Asambleas Interbarriales que se desarrollaron en enero en Parque Centenario,[12] y en las manifestaciones del domingo 24 de marzo en repudio al golpe cívico militar de 1976. Para aquel 24 de marzo la convocatoria decía “fuera la Corte corrupta. Juicio y castigo”, y en uno de los discursos se oyó: “durante el gobierno de De la Rúa, al igual que en el de Menem, fue explícita la corrupción en el Senado y en el Ejecutivo, en la Corte Suprema y demás estamentos de la Justicia.”[13]
La presidencia de Eduardo Duhalde y el juicio político a la Corte
En un contexto de protestas generalizadas y ante la falta de apoyo del Partido Justicialista, la noche del 30 de diciembre de 2001 Rodríguez Saá presentó su renuncia. Quien lo seguía en la línea sucesoria era el entonces Presidente del Senado Ramón Puerta pero ante su negativa, Eduardo Camaño, Presidente de la Cámara de Diputados, se hizo cargo de la Presidencia de la Nación. El 1 de enero de 2002 el Senador Eduardo Duhalde fue elegido por la Asamblea Legislativa para ocupar la Presidencia de la Nación, con 262 votos a favor, 21 en contra y 18 abstenciones. Ese mismo día se encendieron rumores sobre el inicio de un proceso de juicio político a la Corte, renuncias consensuadas de algunos de los jueces, reducción del número de magistrados, entre otras alternativas.
¿Cuál fue la respuesta de la Corte? Si bien el 28 de diciembre, el último día hábil judicial, la Corte había descartado la inconstitucionalidad del corralito, el jueves 31 de enero Clarín anunciaba que el tribunal estaba preparando un fallo sobre el corralito, y así fue.[14] Luego del mes de receso, el 1 de febrero de 2002, primer día judicial, en el caso “Smith” la Corte revirtió su propia jurisprudencia y declaró la inconstitucionalidad del corralito. ¿A qué se debió el zigzagueo? Al posible comienzo del proceso de juicio político. Los jueces se sintieron amenazados y respondieron cambiando abruptamente su jurisprudencia para poner en crisis al gobierno. ¿Esto es una lectura delirante de aquel adolescente de lecturas perturbadoras? No. Es la versión que aporta el entonces cortesano Augustos César Belluscio. En una entrevista concedida a Adrián Ventura, el juez recordó que “el tribunal adoptó una posición crítica a Duhalde. En el breve plazo que va desde el último día de 2001, en que la Corte obliga al juez Claudio Kiper a devolver el dinero que había retirado del corralito, y el primer día hábil de 2002, en febrero, la Corte cambió abruptamente de criterio y se manifestó en contra de la pesificación. Hizo una especie de campaña para derribar al presidente Duhalde.” Luego agregó que “fue un criterio compartido por los jueces menemistas. El primer día hábil de febrero, a las 8.45, la mayoría trajo el proyecto de sentencia ya redactado. Yo no lo quise firmar. Y, apenas unas horas después, la mayoría dictó la sentencia […] Para evitar que dispusiese el juicio político a la Corte, decían, había que anticiparse e invalidar el corralito.”. Finalmente, Belluscio contó que “la mayoría de la Corte quería derribar a Duhalde. Esos magistrados hicieron lo posible para lograr la dolarización y generar un caos económico. Incluso, un ministro sostenía que el juicio político que podían iniciarle duraría seis meses, suficiente tiempo para hacer daño a Duhalde.”[15]
En febrero la comisión de Juicio Político presidida por el diputado Sergio Acevedo aceleró su actividad, y el 16 de mayo de 2002 se firmaron los dictámenes acusatorios contra los nueve jueces. En todos los casos la acusación fue por la causal de mal desempeño y posible comisión de delito en el ejercicio de las funciones. Los dictámenes de mayoría fueron firmados por 17 diputados[16] y se presentaron cuatro dictámenes de minoría rechazando el juicio político.[17] El Presidente de la Corte, Julio Nazareno reunió 44 cargos en su contra. El Vicepresidente Eduardo Moliné O’Connor, 40 Guillermo López, 36. Antonio Boggiano, 35. Adolfo Vázquez, 29. Carlos Fayt, 23. Augusto Belluscio, 22. Enrique Petracchi, 12. Y Gustavo Bossert, 9. El asunto se votó en el recinto de la Cámara de Diputados en la madrugada del viernes 11 de octubre del 2002, luego de un extenso debate que se había iniciado el miércoles 9. Al momento de la votación había 235 diputados en sus bancas. Para alcanzar los dos tercios de los miembros presentes y efectivizar la acusación se necesitaban 157 votos, pero en ningún caso se los alcanzó: Nazareno obtuvo 143 votos a favor de la acusación, Vázquez 140, Moliné O’Connor 139, López 132, Boggiano 131, Belluscio 112, Fayt 86, Petracchi 74 y Bossert 63.[18] Los cinco primeros son los que integraban la mayoría automática que respaldaron jurisprudencialmente las políticas menemistas, o al menos los primeros cuatro integraban la minoría automática que a menudo -aunque no siempre- también contaba con el voto de Boggiano. Sea como fuere, estos primeros cinco dejaron el tribunal entre 2003 y 2004 con Néstor Kirchner en la Presidencia de la Nación.
“Efectivamente, que se vayan”
En un hermoso ensayo sobre el 2001 Horacio González planteaba que el “que se vayan todos” era una consigna dilemática puesto que era un enunciado sin objeto preciso. Sin embargo, “cuando se lo dice frente a la Corte de Justicia, allí parece adquirir su objeto: los miembros de la Corte, efectivamente, que se vayan.”[19] En las manifestaciones en Plaza Lavalle, aunque no solo en Plaza Lavalle, “que se vayan todos” adquiría precisión: que se vayan los nueve jueces de la Corte. Sin embargo, aunque el reclamo tenía absoluta nitidez, el dilatado proceso de renuncias y destituciones se inició cuando el ciclo de protestas había menguado y finalizado.
El 25 de octubre de 2002 renunció Bossert, uno de los jueces menos criticados, y con menos cargos en el frustrado proceso de acusación que se había desarrollado en la Cámara de Diputados. El 25 de mayo de 2003 asumió la Presidencia de la Nación Néstor Carlos Kirchner, y a solo 10 días, cuando todavía tenía la cicatriz en la frente, en la noche del 2 de junio mediante cadena nacional hacía públicas las presiones que recibió de la Corte Suprema. Fue en ese contexto en el que el 27 de junio de 2003 renunció Nazareno, el 22 de octubre de 2003 renunció López; el 4 de diciembre de 2003 Moliné O´Connor fue destituido por juicio político, el primero de septiembre de 2004 renunció Vázquez; y el 28 de septiembre de 2004 Boggiano fue destituido por juicio político.
Sin 2001 no hubiera existido Néstor Kirchner ni lo que luego fue el kirchnerismo. Sin 2001, sin Néstor y sin lo que luego fue el kirchnerismo no se hubiera reiniciado el ciclo de juicios políticos a los jueces de la Corte. Fue con el 2001 y kirchnerismo que efectivamente se fueron. Ese “efectivamente, que se vayan” muestra la potencia del ciclo de protestas de 2001 y del período kirchnerista, pero también sus limitaciones. ¿Por qué sus limitaciones? Porque más allá de estas renuncias y juicios políticos, es difícil identificar transformaciones poderosas en el sistema de administración de justicia. Porque más allá de algún intento fallido, no se ha democratizado el funcionamiento del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en 2001 no se reclamó más que las renuncias. Porque en ningún momento se puso en discusión la estructura de funcionamiento del Poder Judicial. Porque el kirchnerismo no pudo o no quiso avanzar más que en el proceso de juicios políticos y destituciones. La Alianza Cambiemos, que en algún sentido también es heredera del 2001, tampoco avanzó en la democratización del Poder Judicial. Pero nadie lo esperaba.
Al inicio, afirmé que diciembre de 2001 tiene una dimensión de ruptura, de discontinuidad, de marcar un antes y un después. Respecto del funcionamiento del Poder Judicial esa afirmación debe transformarse, al menos, en un interrogante.
Mauro Benente es Doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor adjunto regular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la UBA, y Profesor titular regular de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ). Es Director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales de la UNPAZ.
[1] Agradezco a Santiago Ferrando Kozicki por las sugerencias y aportes.
[2] “Siguen las protestas, desde Tribunales al Aconcagua”, Diario Clarín del 8 de febrero de 2002.
[3] Grupo de estudios sobre protesta social y acción colectiva (2006). Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003, Documentos de Trabajo del Instituto Gino Germani, nº 48, p. 46.
[4] Schuster, F. (2002). La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001, Informe de coyuntura nº3, Instituto de Investigaciones Gino Germani.
[5] Se trata del caso “Kiper”. La causa, que tramitaba en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal nº6 de la Capital Federal, tenía la carátula “Kiper, Claudio Marcelo y otros c. Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) –Decreto 1570/01 s/ medida cautelar autónoma” y llegó a la Corte Suprema con la carátula “Banco de la Ciudad de Buenos Aires s/solicita se declare estado de emergencia económica”, Fallos 324:4520.
[6] Schuster, F. (2002). La trama de la crisis. Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001, Informe de coyuntura nº3, Instituto de Investigaciones Gino Germani. p. 43.
[7] “Cacerolazo frente a los tribunales”, Diario La Nación del 29 de diciembre de 2001; “La cacerola también resonó en Tribunales”, Diario Página/12 del 29 de diciembre de 2001. En La Nación se habla de 500 manifestantes, mientras que en Página/12 de más de 1000.
[8] Braslavsky, G. “El poder de las cacerolas y el contraste de la agresión”, Diario Clarín del 30 de diciembre de 2001.
[9] Citado en “La cacerola también resonó en Tribunales”, Diario Página/12 del 29 de diciembre de 2001.
[10] Asociación de Abogados Laboralistas, Juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se inició la conformación de la Junta Promotora.
[11] Bruschtein, L., “Yo duermo con la cacerola bajo la almohada”, Diario Página/12 del 30 de diciembre de 2001.
[12] Vales, L. “Del cacerolazo a la interbarrial”, Diario Página/12 del 21 de enero de 2002. Ver también Gentile, L. “Asamblea barrial contra el corralito”, Diario Clarín del 21 de enero de 2002; “Vecinos con los piqueteros”, Diario Página/12 del 28 de enero de 2002; “Asamblea en Centenario”, Diario Clarín del 28 de enero de 2002.
[13] En la convocatoria y en el acto del 24 de marzo de 2001 la Corte no había sido mencionada, algo que sí sucederá en el 2003, un año después de los episodios que aquí relato.
[14] Boschi, S. “Corralito: la Corte prepara un gesto”, Diario Clarín del 31 de enero de 2002.
[15] “Belluscio se va con críticas a Menem y a Kirchner”, Diario La Nación del 20 de agosto de 2005.
[16] Las y los firmantes fueron Acevedo, Garre, Geijo, Falu, Cambareri, Carrió, Damiáni, Di Cola, González, Hernández, Iparraguirre, Johnson, Méndez De Ferreira, Milesi, Minguez, Nieto Brizuela y Polino.
[17] Los dictámenes de minoría fueron presentados por Oviedo, Toma, Tanoni y Baladron.
[18] Ver Versiones taquigráficas de la 30a. Reunión -15a. Sesión Ordinaria (09/10/2002) y de la 31a. Reunión – 16a. Sesión Ordinaria (10/10/2002).- Recuperadas de http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/reunion.asp?p=120&r=30 y http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/reunion.asp?p=120&r=31
[19] González, H. (2002). “Problemas y desafíos” en Colectivo Situaciones, 19 y 20. Apuntes para el nuevo protagonismo social. Ediciones de la mano: Buenos Aires, pp. 50-51.