Por Paula Zubillaga
¿De qué hablamos cuando hablamos de movimiento de derechos humanos? La investigadora Paula Zubillaga plantea que la delimitación de las luchas en los términos de “derechos humanos” aparece en el contexto despolitizador de mediados de los años ochenta. Adicionalmente, a 50 años del golpe, y tras 40 años de producción académica sobre los movimientos de derechos humanos, Zubillaga propone profundizar los estudios sobre organizaciones menos visibles y estudiadas, y encontrar allí nuevas miradas sobre las luchas pasadas.
Revisitando los estudios sobre el movimiento de derechos humanos
En América Latina, las organizaciones de derechos humanos no vinculadas a partidos políticos comenzaron a formarse en la década del sesenta. Con los años, las integradas mayoritariamente -pero no de forma exclusiva- por familiares de afectados directamente por la represión ilegal -exiliados, presos políticos, desaparecidos, asesinados-, fueron creciendo y ganando protagonismo. Dentro de las mismas, las mujeres tuvieron una participación fundamental en lugares tan disímiles de nuestro continente como México, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras y Guatemala.
Argentina, en ese sentido, no es una excepción. La represión desplegada sistemáticamente durante la última dictadura en nuestro país (1976-1983), también llevó, en distintos puntos del territorio nacional -y fuera del mismo-, a la conformación de grupos de oposición, denuncia y resistencia al accionar terrorista del Estado, en los que las mujeres tuvieron un peso específico.
Ciertamente, el antecedente directo del movimiento que se conformó y que conocemos como “de derechos humanos”, lo constituyen las comisiones de defensa de los presos políticos que se crearon, en distintas localidades, durante la dictadura anterior (1966-1973), como la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos (COFADE) o la Comisión de Familiares de Presos Políticos, Estudiantiles y Gremiales (COFAPPEG).
No obstante, las nuevas organizaciones se presentaron con una identidad diferente, basada en la noción de derechos y con un discurso humanitario, y se comprendieron a sí mismas como un conjunto distinto a otros agentes sociales y políticos, más allá de la colaboración de algunas agrupaciones políticas de izquierda en sus orígenes.
Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos del movimiento de derechos humanos? el encuadre de las luchas en términos de “derechos humanos” se hizo más claro tras la dictadura, en el contexto de “despolitización” del conflicto en el régimen memorial establecido por el Informe Nunca Más de la CONADEP (1984) y el posterior Juicio a las tres primeras Juntas (1985). En este período se instaló y legitimó la interpretación de la represión como “violación a los derechos humanos” y se identificó socialmente al movimiento con ellos.
Es decir, violaciones a los derechos humanos existieron siempre, pero las luchas sociales y políticas previas se denominaban con otros términos. “Movimiento de derechos humanos” surge y recibe su nombre a partir de las violaciones masivas cometidas por agentes estatales durante las distintas dictaduras que tuvieron lugar en América latina. Ha sido la forma en que los propios actores se han nombrado y la forma en que se ha denominado políticamente al conjunto de organizaciones y activistas que llevan adelante acciones públicas y demandas hacia el Estado por el reconocimiento y tratamiento de las violaciones sistemáticas ocurridas durante la última dictadura, con especial énfasis en la desaparición forzada de personas y la apropiación de menores de edad. Las posturas en relación a la noción universal o más amplia de “derechos humanos” (educación, salud, vivienda, trabajo, etc.) fue variando a lo largo del tiempo, aunque ya estaban presentes en los años ochenta.
Las organizaciones más visibles y reconocidas públicamente, desde la dictadura hasta la actualidad, han sido la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (1937), el Servicio de Paz y Justicia (1974), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (1975), el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (1976), Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas (1976), Madres de Plaza de Mayo (dividida en 1986 en Asociación y Línea Fundadora), Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (1979), la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos (1984) e H.I.J.O.S (1995).
Pero existen otras experiencias de organización, menos visibles y poco estudiadas, como el Movimiento Judío por los Derechos Humanos (1982), la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina (1987), la Asociación Civil Buena Memoria (1998), Nietes (2019), e innumerables Mesas, Comisiones, Asociaciones, o bien filiales, delegaciones y regionales de las mencionadas, que se fueron creando en distintos momentos, desde los años ochenta, en diferentes localidades de la Argentina.
De esta forma, el resultado ha sido un movimiento social amplio, heterogéneo, policlasista -aunque con predominio de las clases medias-, intergeneracional, con presencia en las distintas provincias y liderado fundamentalmente -pero no de forma exclusiva-, por mujeres.
Ahora bien, a 50 años del último golpe de Estado, y tras 40 años de producción académica, cabe preguntarnos qué sabemos realmente de este movimiento, cómo ha sido estudiado y qué resta saber.
Existe cierta percepción, a nuestro criterio errónea, de que el estudio del movimiento se ha agotado. Sostenemos que esto proviene, en parte, de concepciones sobre nuestra disciplina que olvidan que las preguntas sobre el pasado se renuevan constantemente en las disputas e intereses del presente. Y, por otro lado, de la convivencia con los actores y sus prácticas, y por la cantidad de testimonios, artículos periodísticos y de publicaciones de las propias organizaciones que circulan y que se nos presentan como una “historia sagrada”,[1] que debemos repetir sin cuestionar o problematizar.
Desde los años ochenta hasta la actualidad, el movimiento de derechos humanos en la Argentina ha sido objeto de numerosas investigaciones provenientes de distintas disciplinas, aunque tardíamente de la historia, que han realizado diversos aportes para comprenderlo. Claramente, como ocurre con la producción historiográfica en general, las investigaciones sobre historia reciente no pueden disociarse de los contextos académicos, políticos y memoriales en los que se desarrollan, los cuales orientan o limitan las condiciones de producción, delimitan las preguntas y las preocupaciones. Así, la narrativa construida en los años ochenta postdictatoriales y que se volvió la mirada más difundida -al menos hasta alrededor del 2001- debemos entenderla en su contexto. Es decir, un momento en el que la academia se preguntaba por el autoritarismo, las transiciones, la democracia y sus límites, y se difundían las teorías sobre los nuevos movimientos sociales, y en el que las instituciones de investigación y enseñanza atravesaban procesos de normalización, democratización y búsqueda de profesionalización que, en la disciplina histórica, se traducía como “distancia política”.
Algunos trabajos pioneros, provenientes en especial de la sociología y las ciencias políticas, se centraron en una zona específica y delimitaron en “ocho organismos” el espectro de agrupaciones que integrarían el movimiento, contribuyendo a formar lo que algunos autores denominan la visión “clásica” -en tanto típica o característica-.[2]
Desde entonces, durante cuarenta años, si bien la producción se ha ido renovando, y a pesar de los aportes de innumerables investigaciones, existe un conjunto de tendencias que, a nuestro criterio, aún obstaculizan las posibilidades de construir una narrativa amplia y compleja sobre este actor social y político de relevancia en la historia reciente de nuestro país: a. centrarse en la dinámica de la capital federal -invisibilizando lo ocurrido en otros lugares de la Argentina-; b. identificar sólo a un conjunto de organizaciones como las integrantes del movimiento de derechos humanos -invisibilizando a grupos locales, a filiales, delegaciones y regionales o a agrupaciones menos conocidas-, y que, depende el período estudiado, serían solo “ocho organismos”; c. señalar que se trataría de un sujeto “nuevo” -invisibilizando experiencias previas y su vínculo con las mismas-; d. suponer que su actuación ha sido solo en territorio argentino -invisibilizando el trabajo de las redes exiliares o de las organizaciones nacidas fuera del país-; e. centrarse en figuras emblemáticas que han funcionado como líderes al interior del movimiento -invisibilizando la heterogeneidad de sujetos que lo componen-; f. referirse de forma generalizante a lo ocurrido en “el interior” o trasponer lo ocurrido en la capital federal al conjunto del país -invisibilizando la diversidad de experiencias-; g. realizar divisiones tajantes, binarias y reduccionistas entre organizaciones de “afectados” y “no afectados”; h. centrarse en las agrupaciones cuyos nombres refieren a un lazo primario y tender a interpretar su activismo tras el hecho represivo como algo “natural”, “obvio” y “lineal” y, en el caso de las mujeres, guiado por un “instinto materno”.
Si bien existe una abundante y renovada producción en torno al movimiento, es indudable que las organizaciones que apelan en sus nombres al lazo filial, han tenido una mayor atención por parte de las investigaciones, como Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y Madres de Plaza de Mayo. Consideramos que la tendencia a centrarse en estas organizaciones, tal vez pueda comprenderse por la fuerza simbólica que han tenido, en la cultura política de Argentina, las personas con vínculo sanguíneo con las víctimas de la represión ilegal. Pero, también es cierto, y quizás sin que los investigadores se lo propongan, esta tendencia reproduce, en la academia, la distribución desigual de la legitimidad de las voces que se da al interior del movimiento.
Cuando esto se une con ciertas ideas que circulan socialmente en torno al activismo humanitario como algo “lógico” o “natural” para pensar en la participación de los familiares de quienes sufrieron la represión de forma más directa, o se sostiene que fue posible por la simple “voluntad” de los actores, sin tener en cuenta los múltiples elementos que condicionaron su formación, las posibilidades de brindar explicaciones amplias y complejas, entonces, se hacen muy difíciles. Esas ideas -de las que nos alejamos- se han acompañado, en ocasiones, de explicaciones de la acción colectiva de las mujeres, a partir de un supuesto “instinto” o “mandato” materno. No obstante, la maternidad y las concepciones en torno a ella, no son “naturales” sino que son construcciones sociales que varían histórica y culturalmente. Así, como muestran innumerables trabajos, las respuestas a la represión estatal que dieron las mujeres que integraron el movimiento de derechos humanos -que no estaban vinculadas sólo por el lazo materno-, excede a la actitud asumida por otras mujeres.
No obstante, a la par de ciertas tendencias que se mantienen, también es cierto que una serie de estudios vienen reflejando la multiplicidad y diversidad de experiencias del movimiento de derechos humanos, a fin de complejizar una mirada que durante años hizo foco fundamentalmente en el ámbito capitalino.
La necesidad de explorar otras experiencias se ve reflejada en investigaciones realizadas en los últimos años, variando la profundidad y sistematicidad, para pensar la historia del movimiento -a partir de diferentes organizaciones, dimensiones y periodos- en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, y la región que conforma con Berisso y Ensenada, ciudades importantes como Mar del Plata y Bahía Blanca o ciertas zonas del conurbano bonaerense; en La Pampa; Tucumán; Jujuy; en localidades importantes de la provincia de Santa Fe; en Córdoba; y en la Patagonia, como El Bolsón, Neuquén y el Alto Valle.
De esta forma, con el cambio de siglo, nuevas generaciones de cientistas sociales, a partir de la formulación de nuevas preguntas, optando por diversas escalas de análisis y renovando las fuentes, comenzaron a mostrar la heterogeneidad de sujetos, lógicas y prácticas del movimiento de derechos humanos. Esto está permitiendo considerar de modo más completo el proceso histórico de formación y desarrollo de este actor colectivo.
Ciertamente, el crecimiento de los trabajos en torno al movimiento estuvo acompañado por miradas distintas respecto a cómo definir y clasificar a estas luchas, quiénes deben considerarse como parte de las mismas y cómo interpretar los vínculos con distintos niveles del Estado.
Así, se destacan los debates, aún abiertos, en torno a si son “emprendedores” o “militantes” de la memoria; si debe hablarse del movimiento de derechos humanos en singular (movimiento) o en plural (movimientos), si es “nuevo”, si es en o de Argentina, si aún existe o si puede hablarse de un movimiento hasta el año 1983 o el 2003; o si no convendría utilizar otras categorías como “red” o “campo”. También se propuso pensar el movimiento más allá de las organizaciones consideradas “históricas” y de las figuras emblemáticas, e incorporar a otras iniciativas que han contribuido en el proceso de memoria, verdad y justicia en nuestro país, aunque con grados de organización, continuidad e integración diversa. Es decir, más que en “movimiento”, pensar en términos de “movilización”. Aunque hay quienes prefieren limitarse a agentes colectivos organizados con presencia continuada.
Cómo interpretar el vínculo con el Estado ha generado uno de los debates más intensos. En especial, cómo interpretar la relación que se produjo entre el Estado nacional y algunas organizaciones entre los años 2003 y 2015: ¿debe hablarse de “acomodación”, de “cooptación”, de “delegación de responsabilidades”, de “interacción compensatoria”, de “interpenetración”, de “aprovechamiento de oportunidades”, de “articulación”, de “cooperación” o de “cogestión”?
Por último, cómo denominar a la historia de la zona capitalina y la narrativa “clásica” también ha sido problemático, como ocurre para otros objetos de estudio. Se ha debatido sobre utilizar la expresión “porteño-céntrica”, el “eje Buenos Aires-La Plata” o bien “bonaerense”. Aunque, debe decirse, existen pocas investigaciones con foco en alguna localidad o región de la compleja y heterogénea provincia de Buenos Aires.
Los principales aportes historiográficos de los últimos veinte años, ciertamente, han provenido de los estudios que han focalizado en un espacio específico. Así, podemos señalar una serie de aportes colectivos que, en definitiva, lo que han logrado es devolverle politicidad al movimiento.
En primer lugar, visibilizar el vínculo que en sus orígenes el movimiento tuvo, en distintas localidades, con diversas organizaciones y partidos políticos (Montoneros, Vanguardia Comunista, PCA, PCR, PRT, PST), que proporcionaron recursos, contactos y dispusieron la intervención de militantes propios en las actividades de las nuevas organizaciones de derechos humanos.
En segundo lugar, dar cuenta de los vínculos, similitudes y diferencias del movimiento con las experiencias de movilización previa, como las comisiones de solidaridad con los presos políticos formadas durante la dictadura anterior (1966-1973).
En tercer lugar, rescatar la propia experiencia previa de integrantes del movimiento, es decir, la participación en sindicatos, otras organizaciones civiles o partidos políticos, lo que, para el caso de las mujeres, ha permitido matizar y complejizar la idea extendida de “amas de casa” que empiezan a actuar en la esfera pública a partir del hecho represivo.
En cuarto lugar, desnaturalizar el activismo y comprenderlo como una decisión política, ética y moral, condicionada por el contexto local y atravesada por múltiples sentimientos y emociones.
En quinto lugar, identificar la convergencia de al menos tres tradiciones político-ideológicas al interior del movimiento: una liberal-democrática, una confesional-cristiana y una de izquierda —en la que se suele incluir también al peronismo—.
En sexto lugar, la identificación de distintas “vías de acceso” a la militancia por los derechos humanos, que pueden cruzarse en una misma persona: una profesional; una vincular-sanguínea; una confesional y una más política, en la que se ubica a militantes provenientes de diferentes sectores de la izquierda.
En séptimo lugar, problematizar interpretaciones extendidas, binarias y reduccionistas, como la clásica división entre organizaciones de “afectados” y de “no afectados”.
Por último, identificar los elementos que posibilitaron la formación y el desarrollo del movimiento y aquellos que, por el contrario, representaron límites para la acción y la obtención de apoyos sociales. Así, el conjunto de trabajos con los que actualmente contamos muestra que los recorridos, formas y temporalidades que asumió el movimiento varió, entre otras cuestiones, por el nivel de represión sufrido en el territorio, por las propias características de las ciudades, por las estructuras de oportunidades políticas, por las redes de relaciones y experiencias de movilización previa, por las tradiciones político-ideológicas que confluyeron en su seno, por los recursos movilizables, y por la intervención de elementos psicológicos, emocionales y afectivos que llevaron a algunas personas a asumir una decisión ética-política de organización colectiva.
De esta forma, el movimiento tuvo desarrollos tempranos y duraderos en centros urbanos poblados, universitarios, con trayectorias previas de movilización estudiantil, sindical y política y con altos índices de represión, en los que intervinieron distintos actores para conformar el movimiento -abogados, militantes de izquierda, religiosos, etc.-, en general pertenecientes a las clases medias y con fuerte presencia femenina. A estos elementos debe sumársele la política de expansión territorial de las organizaciones capitalinas, que vieron en algunas ciudades la posibilidad de ampliar la denuncia.
Si bien existe una abundante y renovada producción académica, es indudable que, a la fecha, algunos actores, organizaciones, períodos, geografías y dimensiones, han tenido una mayor atención por parte de las investigaciones académicas, por lo que la agenda sigue abierta. Quizás el principal desafío que tenemos por delante es la construcción de una narrativa histórica integradora, de síntesis, que articule la diversidad de experiencias (sin caer en una “sumatoria” de partes) y avance hacia nuevos problemas.
Paula Zubillaga
Doctora en Historia (UNLP), Magíster en Historia y Memoria (UNLP), Licenciada en Historia (UNMDP) y Profesora en Historia (UNMDP). Becaria interna posdoctoral del CONICET con sede de trabajo en el IDH-UNGS. Docente-investigadora de la UNPAZ y de la UNGS. Integra el Programa de Historia Contemporánea del IDH de la UNGS, el comité editorial de la revista Aletheia (UNLP), HUELLAS de la Memoria y la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN. Integra, codirige y dirige distintos proyectos de extensión y de investigación y transferencia vinculados al pasado reciente argentino en UNPAZ y UNGS.
[1] Visacovsky, S. (2005). El temor a escribir sobre historias sagradas. Memoria social, moralidad política y audiencias nativas en la Argentina. En: Frederic y Soprano (comp.). Cultura y política en etnografías sobre la Argentina (pp. 271-313). Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.
[2] Alonso, L. (2022). Que digan dónde están. Una historia de los derechos humanos en Argentina. Buenos Aires: Prometeo.
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