Por Mauro Benente
El próximo 12 de mayo habrá una nueva marcha federal universitaria y, como invitación a participar, Mauro Benente ofrece herramientas para comprender lo que está en juego en la disputa. No se trata solamente del futuro profesional de miles de jóvenes que hoy dependen de las universidades públicas, sino también del porvenir de una democracia que se ha mostrado, con grandes dificultades, obstinadamente igualitaria.
Desigualdad y desmovilización
A menudo se plantea que el programa económico de La Libertad Retrocede, y sus socios del PRO y —en menor medida— la UCR, guarda similitudes con el de la última dictadura cívico-militar. Las lógicas de valorización y sobredeterminación financiera, el embate económico y discursivo a la industria nacional, y la apertura indiscriminada de importaciones, son medidas que podemos encontrar con nitidez en ambos programas de gobierno. Sin embargo, sin negar las diferencias entre un gobierno dictatorial y otro que accedió electoralmente, y sin minimizar las incomparables atrocidades cometidas por la última dictadura, que configuran prácticas extraordinariamente más graves que la política represiva del gobierno actual, creo que podemos encontrar parecidos aún más profundos entre ambos procesos. La última dictadura y el actual gobierno se anudan en la pretensión de crear una sociedad (todavía) más individualista, desigual, competitiva en términos económicos y desmovilizada en el plano político.
Una de las lecturas más frecuentes de la última dictadura cívico-militar ubica a la violencia planificada como instrumento para alcanzar el fin de desplegar un programa económico neoliberal. Sin embargo, en un textazo escrito en los primeros años de posdictadura, Javier Villarreal planteaba que el objetivo de la dictadura había sido unificar a los sectores dominantes detrás de la hegemonía de las facciones financieras del capital, y dispersar y disciplinar a los sectores populares hasta ese momento agrupados en sindicatos, partidos y organizaciones políticas.[1] Para dispersar y disciplinar las lógicas organizativas se llevó adelante un plan de persecución, desaparición, tortura y asesinato de militantes, y una política económica destinada a desindustrializar y avanzar en una economía de servicios, logrando así desarticular el poder de los sindicatos y configurar un modelo económico en el que cualquier lógica organizativa se vuelva más difícil. Para este enfoque, el fin último de la última dictadura no era solo la implementación de una política económica determinada, sino que esta era una de las herramientas para desorganizar a los sectores populares y volver a los sujetos más individualistas, económicamente competitivos y políticamente desmovilizados. Y quizás en este punto la dictadura resultó victoriosa, porque ha logrado instaurar, como plantea Silvia Schwarzböck, a la vida de derecha como única forma de vida a desarrollar, pero también a imaginar.[2]
Pero el actual gobierno, más allá de cierta reivindicación o determinado uso de la tradición liberal, en términos morales y culturales, es nítida y profundamente reaccionario. Esta dimensión reaccionaria se registra no solo en el desfinanciamiento de las políticas vinculadas a géneros y diversidades sexuales, sino en el reproche directo a quienes en términos liberales eligen un modelo de felicidad que, aunque no interfiere en la felicidad de los demás, se aparta de los modelos familiares monógamos y heterosexuales. Y más allá de responder a distintas tradiciones, en algunos planos contradictorios, las racionalidades neoliberales y las reaccionarias guardan un discreto punto en común: el rechazo a toda intervención igualitaria del Estado, sea en el ámbito de la economía, o en el de la moral.[3]
El ataque económico y simbólico a las universidades
¿Por qué hacer esta caracterización del gobierno actual? Porque es en el marco de esta búsqueda por desigualar económicamente y desmovilizar políticamente que debemos incluir el ataque del gobierno al sistema universitario, que incluye dos dimensiones: una económica, y la otra simbólica.
El ataque económico al sistema universitario se encuentra debidamente explicado y certificado por el propio Poder Ejecutivo. El 25 de agosto del año pasado, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente, Ley N° 27.795, que fue vetada en su totalidad mediante el Decreto-2025-647-APN-PTE. Este reiteró los alcances del Decreto-2024-879-APN-PTE, mediante el cual también se había observado totalmente la Ley N° 27.757 de protección y financiamiento de universidades nacionales en todo el territorio de la República Argentina, sancionada el 12 de septiembre de 2024 por el Congreso de la Nación. De acuerdo con el artículo 83 de la Constitución Nacional, los proyectos vetados total o parcialmente por el Poder Ejecutivo vuelven a la Cámara de origen, y si ésta y la Cámara revisora lo aprueban con los dos tercios de los votos, el proyecto debe transformarse en ley. La insistencia de la Ley 27.757 no alcanzó los dos tercios de la Cámara de origen, y por esta razón el veto no fue rechazado por el Congreso. Sin embargo, la Ley 27.795 sí alcanzó los dos tercios de ambas Cámaras, pero el Poder Ejecutivo dictó el decreto de promulgación de la Ley, declarando en el mismo acto su suspensión.
La suspensión de la ley insistida por el Congreso de la Nación representa una flagrante inconstitucionalidad, solo comparable con la suspensión que realizó este mismo gobierno de la Ley de emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud de la República Argentina. Desde 1983 hasta el ascenso a la presidencia de Javier Milei, el Congreso Nacional había insistido en la vigencia de 41 Leyes vetadas —total o parcialmente— y en ningún caso el Poder Ejecutivo había suspendido la vigencia de la Ley insistida.[4]
La Ley vetada e insistida estipulaba la actualización, tomando en consideración del Índice de Precios al Consumidor del INDEC y a los valores del 10 de diciembre de 2023, de los salarios docentes y no docentes, y la actualización de gastos de funcionamiento de las universidades y de las becas estudiantiles. Al momento de vetar, el 10 de septiembre de 2025, el propio Poder Ejecutivo documentó los agudos números del desfinanciamiento: para no perder con la inflación, el Decreto-2025-647-APN-PTE subrayaba el presupuesto universitario debería haber sido, contando desde el inicio del gobierno de La Libertad Retrocede, 123 mil millones de pesos adicionales al ejecutado. Dentro de este número, el Decreto agregaba que los salarios docentes y no docentes deberían actualizarse en un 40%.
¿Cómo explicar esta matriz de desfinanciamiento del sistema universitario, científico y tecnológico? De modo recurrente, al justificar sus políticas de desfinanciamiento el gobierno reitera que “no hay plata”, articulando así un régimen discursivo sacrificial que narra una horrible catástrofe pasada, pero sin prometer ninguna redención futura.[5] “No hay plata” para el sistema universitario, científico y tecnológico, no es el resultado transitorio de “la locura de haber creado universidades por todos lados” –como dijo alguna vez el ex Presidente Mauricio Macri—, acompañado con una promesa de un futuro venturoso una vez saldadas las consecuencias de la locura. No hay nada de transitorio: “no hay ni habrá plata”. Sin embargo, para justificar el desfinanciamiento no encontramos solamente un discurso sacrificial, no vemos únicamente una insistencia del sacrificio por el sacrificio mismo, sino que además observamos un ataque discursivo directo y frontal contra todo el sistema universitario, científico y tecnológico, con especial énfasis a las ciencias humanas y sociales. “No hay ni habrá plata”, pero hay algo más.
El ataque económico y simbólico al sistema universitario se enmarca en la búsqueda de una sociedad (más) desigual, individualista, desmovilizada y competitiva. El sistema de educación superior argentino de gestión estatal, desarancelado y sin cupos de ingresos, tiene una lógica ostensiblemente más igualitaria que los sistemas de educación de gestión estatal arancelados y/o con cupos de ingresos cubiertos mediante exámenes y evaluación de desempeños en la escuela media, que son los que predominan a nivel global. En estos sistemas, la universidad no sirve para torcer destinos, sino para reafirmarlos: acceden a la universidad solamente quienes vienen de los núcleos familiares más acomodados en términos económicos, simbólicos, urbanos, etc. El desfinanciamiento y el ataque al sistema universitario, científico y tecnológico no se explica únicamente porque “no hay ni habrá plata”, sino porque sí hay algo, incluso más horrible que el discurso sacrificial: un proyecto de generar una sociedad más desigualitaria. Una pretensión de dar forma a una sociedad en la cual el sistema universitario no corrija, sino que reproduzca desigualdades que son necesarias para una sociedad más competitiva.
El espacio universitario público en Argentina ha sido históricamente un ámbito de politización, de construcción de espacios colectivos como centros de estudiantes y sindicatos. Incluso, los espacios de investigación, ciencia y tecnología son lugares de construcción colectiva de saberes y conocimientos. A su vez, esta dimensión colectiva en ciertos momentos se tradujo en movilizaciones democratizadoras como fue, por ejemplo, el reformismo antes de su confluencia con la Unión Democrática, y los movimientos estudiantiles y de docentes en los años 70 —participando de militancias de izquierdas— y en los años 90 —resistiendo a la ofensiva neoliberal menemista—. No es solo que “no hay ni habrá plata”: hay un proyecto que reconoce en la universidad, la investigación, la ciencia y la tecnología, un ámbito de organización colectiva y movilización política, y por esta razón la combate económica y discursivamente.
Finalmente, el ataque económico y discursivo dirigido especialmente hacia las ciencias sociales y humanas también debe inscribirse en esta racionalidad matriz desigualdadora y desmovilizadora. Si bien el eje discursivo del gobierno es poner en duda la utilidad de las ciencias sociales y humanas, el embate se explica por su peligrosa utilidad: por su potencial movilizador. Si realmente el gobierno está convencido de la inutilidad de las ciencias humanas y sociales, ¿por qué motivos apela de modo reiterado a la importancia de darles batalla? ¿Por qué de modo recurrente insta a dar la batalla cultural? Porque detrás de su fachada anticientífica y antiintelectualista se esconde una pretensión meticulosamente planificada: atacar aquellos discursos, dentro de los cuales están las ciencias sociales y humanas, que ponen en discusión la matriz individualista y competitiva pregonada por las racionalidades neoliberales y reaccionarias.
¿Por qué marchamos?
El martes 12 de mayo nos encontraremos en el marco de la cuarta marcha federal universitaria. La consigna es que el gobierno de La Libertad Retrocede aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que permitirá al sistema universitario volver a los niveles de financiamiento y funcionamiento de fines del 2023.
Una de las cuestiones más urgentes del reclamo por la aplicación de la Ley de financiamiento es la salarial. Sin dudas que nos moviliza la exigencia por volver a los niveles salariales de 2023, pero esa movilización se inscribe en un reclamo más profundo: conservar y profundizar la dimensión igualitaria del sistema universitario argentino. El martes 12 de mayo, cuando nos volvamos a encontrar, con las zapatillas ya algo gastadas de tanto patear, nos miraremos a los ojos y nos reconoceremos como peregrinxs que nos resistimos a pensar que la única vida posible es la que se apoya en la celebración de la desigualdad y la competencia. Nos daremos la mano para seguir juntos caminando hacia una vida más igualitaria. Nos abrazaremos para tratar de imaginar una forma de vida no pintada con los pinceles y colores de la derecha.
El economista Antonio Aracre, en una entrevista con Diego Schurmann en Radio con Vos el 4 de mayo de 2026, manifestaba su ferviente apoyo al ajuste fiscal desplegado por el gobierno de Milei y subrayaba: “el tipo se banca peleas y discusiones muy complejas desde el punto de vista social porque le tenés que decir que no a los jubilados o a los universitarios, sobre todo por esa tradición igualitaria, ese gen igualitario que tiene la Argentina”.[6]
El martes 12 nos veremos para mantener viva esa tradición igualitaria. Y en nombre de esa tradición, defender a la universidad pública.
Mauro Benente es doctor en derecho (UBA), profesor adjunto de Teoría del Estado (FDER-UBA), profesor titular de Filosofía del Derecho (UNPAZ), y director del Instituto Interdisciplinario de Estudios Constitucionales (UNPAZ).
[1] Villarreal, J. (1985). Los hilos sociales del poder. En E. JozamiI, , P. Paz, J. Villarreal, (comps.) Crisis y dictadura argentina (pp. 201-281). Buenos Aires: Siglo XXI.
[2] Schwarzböck, S. (2016). Los espantos : estética y posdictadura. Buenos Aires: Las Cuarenta y El río sin orillas.
[3] Brown, W. (2019). In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West. Nueva York: Columbia University Press, pp. 10-14.
[4] Dirección de Información Parlamentaria (2024). Leyes insistidas 1983-2024. Buenos Aires: Congreso de la Nación Argentina.
[5] Catanzaro, G., Stegmayer, M. (2024). Neoliberalismo y sacrificio: entre la moralización y la motosierra. Orillera. Políticas de la crueldad, 8, 35-42.
[6] “Estoy en contra de la Gratuidad”. Aracre con Schurmann. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=eRL3CJtrwdM