Por Ana Clara Piechestein
Este 3 de junio, las plazas y calles reclamarán nuevamente Ni una menos. Como parte del reclamo, la investigadora Ana Clara Piechestein expone las enormes y dramáticas deficiencias de las instituciones policiales y judiciales frente al femicidio de Agostina Vega, pero también pone el foco en las prácticas institucionales y discursivas del actual gobierno de derecha, que agudizan el riesgo de que niñas, adolescentes y mujeres sean usadas y descartadas.
El sábado a la tarde otra vez, como muchas veces, como hace once años con Chiara Páez o nueve con Micaela García, nos enteramos del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega, una adolescente cordobesa de catorce años cuya búsqueda desde la semana pasada se había compartido profusamente en redes sociales y medios de comunicación. Fue asesinada, fue víctima de un femicidio: algo que lamentablemente es una posibilidad cierta cada vez que desaparece una niña, una adolescente o una mujer.
Para su familia y su núcleo cercano, esa posibilidad es –debe ser– lo más lejana y remota posible. Sólo pensar en que ella puede estar muerta aprieta el pecho con un miedo atroz, un dolor paralizante. Pero aun así, muchas madres, familiares y amistades salen a las calles a buscar a sus hijas, sus hermanas, sus amigas. Las buscan también en los descampados, a la intemperie, en campos baldíos, hasta en los basurales, porque saben de alguna manera que el trayecto trágico puede terminar allí.
Las instituciones y sus autoridades, sin embargo, pueden permitirse cierta ajenidad ante el miedo y el dolor de una posible pérdida. Por eso es que deben activar investigaciones y alertas para dar con el paradero de mujeres que no aparecen: están obligadas por deberes de funcionarios públicos, por protocolos de actuación ante la desaparición de niñas, por legislación nacional e internacional sobre violencia de género.[1]
Todo ese andamiaje administrativo y judicial, todos esos sueldos de policías, fiscales y funcionarios, todo falló estrepitosamente. Falló por la desidia policial en tomar una denuncia por desaparición de una adolescente porque los oficiales “están afectados a la seguridad del partido de fútbol”; por la demora de cuatro días de la fiscalía y del municipio en activar la Alerta Sofía y, en especial, por no haber adoptado desde el comienzo de la investigación penal la hipótesis de femicidio respecto del principal sospechoso.
A diferencia de las familias y allegados, que las buscan vivas y tienen todo el derecho a hacerlo, ante la desaparición de una mujer o una niña, las fiscalías y la policía deben orientar todas las medidas de investigación presumiendo un femicidio.
Este lineamiento proviene de la experiencia de investigadoras/es, víctimas y expertas/os que identificaron, a partir de trabajar con casos de femicidios, que se pierde tiempo valioso para disponer medidas de prueba o bien que no se recolectan pruebas trascendentales para la investigación si no se ordena el procedimiento a partir de la probable muerte de la víctima.[2]
Cuando se trata de casos como el del agresor de Agostina, Claudio Barrelier, que además, había sido encausado penalmente por un delito grave en contexto de violencia de género, y que era conocido por la víctima (como en el 84% de los casos de femicidio de 2026) por haber sido pareja de su madre, las medidas dirigidas a indagar sobre un presunto femicidio son más trascendentales aún para enfocar correctamente la atención sobre quien –con una certeza inicial más que suficiente para avanzar en el proceso penal– ha sido el autor del crimen.[3]
“Nunca había estado en presencia de un silencio tan doloroso”
Esas fueron las palabras de una de las abogadas de la familia para retratar el momento en que llegaron junto al padre de Agostina a una zona de pastizales en el barrio Ampliación Ferreyra, a unos 12 kilómetros al sur de Córdoba capital, donde encontraron partes del cuerpo de la adolescente asesinada.
El silencio muchas veces se presenta en forma de no respuesta, se manifiesta en la permanencia impávida ante una situación declarada, y a veces también, en la falta de escucha.
Algunas personas son interlocutoras menos válidas que otras para las autoridades institucionales que deben actuar ante una denuncia de desaparición de una niña, adolescente o mujer. Paradojalmente, esas personas cuya palabra no es escuchada o reconocida con la entidad suficiente para activar una acción institucional –que, nuevamente, está prevista entre las funciones debidas de los funcionarios (que funcionan)– es la de las propias mujeres. Ya sean las madres, como la de Agostina, a quien no sólo no se le recibió oportunamente la denuncia en la comisaría porque “había cosas más importantes” –un partido de fútbol.- que el riesgo de vida de una adolescente, sino que después se la señalaba mediáticamente como posible encubridora o hasta cómplice del agresor, o bien responsable de algún modo por haber tenido una relación previa con un varón con antecedentes violentos. Ya sea la ex pareja de Barrelier que denunció abuso y privación de la libertad ante la justicia, pero no pareció ser suficiente para activar alguna alerta sobre las violencias que podría ejercer sobre otras mujeres.
Esto que le ocurrió a la madre de Agostina les ocurre a tantas otras que denuncian violencias y cuyas voces son cotidianamente descreídas y acalladas por el ruido sordo de los pasillos de las agencias del sistema penal que, en su negligencia, terminan por proteger a los victimarios por medio de la impunidad selectiva.[4]
Doble silenciamiento patriarcal: el de la desjerarquización del conflicto denunciado, por un lado, y el de la denunciante, cuestionando su credibilidad, ante la incapacidad de responsabilizar a otro varón, aunque sea claramente culpable. Silenciar y disciplinar son los efectos de conjunto de estas prácticas que la justicia patriarcal despliega sobre las mujeres que se animan a alzar la voz, y también sobre aquellas que no lo hacen, para que lo piensen dos veces antes de denunciar la violencia que instituye y reproduce la jerarquía varonil.
Sigue operando en el sistema de justicia penal el garantismo misógino, como conceptualizó Ileana Arduino hace ya varios años, que reparte impunidad a los varones en los casos de violencia de género para protegerlos de las “furias de las feministas”, pero que no duda en aplicar toda la fuerza del poder punitivo ante delitos de bagatela o poca monta, cuyos acusados provenientes mayoritariamente de sectores populares pueblan las cárceles del país.
Los efectos del retroceso en las políticas contra la violencia de género
No es una novedad -o no debería serlo ya a esta altura para nadie- que el actual gobierno de derecha liberal (mixtura ideológica mediante), encabezado por Javier Milei, ha embestido con una fuerza inusitada contra las estructuras y políticas edificadas en los últimos años contra las violencias de género en nuestro país.
Aunque la destrucción del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional ha sido simbólicamente lo más notorio, el embate discursivo, político, axiológico en conjunción con el desguace del Estado, han traído como consecuencia un retroceso en todos los niveles en cuanto a los avances logrados por los feminismos organizados, tanto en su faceta de movimiento de masas como en su forma institucionalizada.
Estamos actualmente ante una situación similar a la que nos encontrábamos hace 11 años, como señalaba alarmada una compañera en una conversación ante la noticia del femicidio de Agostina. Aunque me cueste admitirlo como feminista militante y como alguien que trabajó para implementar políticas contra femicidios y otras violencias extremas, mirando los datos no cabe más que darle razón. Se han desmantelado espacios de escucha y asistencia dejando sin protección a mujeres, niñas y adolescentes que no tienen o tienen cada vez menos lugares a dónde acudir cuando sufren violencia. Quedan pocos hogares o refugios con capacidad para recibir a mujeres que necesitan protección en situaciones de urgencia, y ya no hay recursos ni programas para dar respuesta adecuada a los casos que siguen llegando a organizaciones sociales y a las pocas oficinas municipales o provinciales que se mantienen en pie. La situación económica crítica que se vive en la Argentina también provoca que quienes trabajaban voluntariamente asistiendo a mujeres en situación de violencia deban priorizar tomar trabajos pagos para poder subsistir, lo que debilita fuertemente a las organizaciones de base.
En el plano discursivo, quizás estemos incluso peor que hace 11 años. El presidente Javier Milei justifica la destrucción de las políticas contra las violencias de género en que no existen, transmitiendo un mensaje negacionista y de odio contra las mujeres y diversidades que legitima y habilita la violencia o su impunidad. En el plano legislativo, el Gobierno envió un proyecto de ley para derogar el agravante por femicidio del Código Penal, buscando eliminar lo que consideran “privilegios legales basados en el género” argumentando que no debería haber distinciones entre tipos de homicidios. También se impulsa desde el oficialismo el proyecto de ley de Carolina Losada para que las mujeres e infancias no denuncien, intentando incorporar una figura de falsa denuncia en casos de violencia de género. Estas narrativas intentan deslegitimar y barrer con las conquistas que se habían logrado producto de la lucha feminista también en el plano cultural y de sentido, y buscan reinstalar un orden de jerarquía y desigualdad entre los géneros, para devolvernos a las mujeres al ámbito doméstico, a la opresión, a la vulnerabilidad y al silencio.
Este “contragolpe” de la derecha conservadora y a la vez autodenominada “liberal” profundiza el riesgo de ser usadas y descartadas por percibirlas como objetos, especialmente a las mujeres, adolescentes y niñas que están en situación más vulnerable en términos de acceso a derechos o por sus condiciones sociales.
El hilo del abandono del Estado y de los discursos anti género cargados de prejuicios se corta en la parte más delgada, la de las vidas de las pibas jóvenes, cada vez más y más precarias.
¿Dónde estamos las feministas?
En principio, estaremos este miércoles 3 de junio en las calles de todo el país para volver a gritar “Ni una menos”; el grito que atravesó fronteras, que incluyó en el amplio movimiento feminista a muches, y que hoy ante el femicidio de Agostina, y también el de Dulce, la joven misionera asesinada y hallada en un pozo séptico esta semana, nos convoca a salir de nuevo a exigir políticas de prevención de las violencias de género.
Pero también saldremos a denunciar quiénes pagan el costo de los recortes de más del 80% en el presupuesto nacional para políticas de género y los de las políticas estatales en general: las mujeres, adolescentes, niñas y LGBT+, cuyas vidas son arrebatadas.
El precio que se paga por la permeabilización de los discursos de derecha conservadora y antigénero en las instituciones es alto. Si las autoridades institucionales, las policías, las fiscalías y el poder judicial no nos creen, hay femicidio. Si no hacen bien su trabajo las fiscalías, las policías, las gestiones nacional, provincial y local, hay femicidios.
Esas son las relaciones de causalidad que importan a la hora de explicar y de intervenir para evitar más muertes. No, si una nena de 14 años subía fotos a sus redes sociales, o qué hizo o dejó de hacer la madre.
Será necesario ir más a fondo con los cambios que se intentaron impulsar con la reforma judicial feminista, y promover modificaciones estructurales que no se limiten a trocar un funcionario por otro, ni a que las respuestas dependan de quién es o quién atiende a la persona que se acerca a buscarlas. Tampoco que la protección de quienes sufren violencia dependa de mantener encerrado por tiempo indeterminado a quien violenta, o que esté sólo en manos del sistema de justicia penal jerarquizar, prevenir y resolver conflictos arraigados en una normalidad violenta que expresa y a la vez sostiene el sometimiento en razón del género. Se requieren intervenciones transformadoras que vayan más allá del “ante la duda, el encierro” o del ya fracasado “el encierro por más tiempo”.
Ana Clara Piechestein (@anita.pieche)
Profesora e investigadora (UNPAZ- IIEC) en temas de justicia penal, género y derechos humanos. Dirige el Proyecto de Investigación “Del territorio a la institucionalidad: experiencias locales de abordaje de la violencia de género. Articulaciones entre la justicia penal y las políticas públicas”. Fue Directora de Abordaje Integral de Femicidios en el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad de la Nación (2020-2021).
[1] La falta de conexión entre desaparición y femicidio en muchas oportunidades es poco ponderada. La ausencia de perspectiva de género y diversidad, tanto al momento de la denuncia como durante la investigación judicial; los prejuicios asociados a la desaparición que impiden a les familiares y conocides realizar la denuncia en tiempo y forma y la asociación directa entre desaparición de una mujer/LGBT+ y el delito de trata de personas con fines de explotación sexual imposibilitan la resolución del caso de manera efectiva. La denuncia tardía y la pérdida de las primeras horas posteriores a la desaparición, momento en el cual deben realizarse las primeras medidas de búsqueda, comprometen la posibilidad de encontrar a la mujer/LGBT+ con vida. Teniendo este diagnóstico en cuenta, se previó en 2020 la elaboración de un protocolo de búsqueda de mujeres y personas del colectivo LGBTI+ con herramientas y líneas de acción específicas para recomendar y poner en práctica por parte de los agentes judiciales encargados de llevar la investigación adelante en casos de desaparición y desaparición seguida de femicidio, trans/travesticidio y lesbicidio, en el marco del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por motivos de género del ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (Res. 3/2020) https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/233658/20200814
[2] En este sentido, puede consultarse el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio) de la ONU, el Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios) de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del Ministerio Público Fiscal de la Nación (UFEM). La Provincia de Córdoba participó de la elaboración de un documento de “Estandarización de registros y protocolos de investigación de femicidios” producido por el Observatorio de Violencia de Género del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y encomendó en 2021 a una comisión la elaboración de un Protocolo de investigación de muertes violentas por razones de género, mediante Resolución FG N°5/21 del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba. Sin embargo, no se hallaron datos sobre la puesta en marcha de un protocolo propio para la Provincia.
[3] De haber procedido conforme los lineamientos establecidos para estos casos, seguramente se habría iniciado con mayor antelación la investigación y solicitado el domingo 24 de mayo (día siguiente a la desaparición) y no recién el miércoles 27, los registros de las cámaras de seguridad que ubicaron a Agostina en el remis y luego bajando a dos cuadras de la casa de Barrelier, o los de las antenas de telefonía móvil que mostraron activo el teléfono de la adolescente en el domicilio del agresor tres horas antes de dejar de estar operativo. O bien el fiscal Raúl Garzón podría haber citado a declarar a Berrelier antes del jueves 27 y ordenado prontamente una prueba de luminol para detectar rastros y así preservar prueba relevante, evitando que luego la escena del crimen fuera limpiada, como informó a la prensa que sucedió la abogada del padre de Agostina Vega.
[4] La ausencia de análisis de las agresiones contra las mujeres como un fenómeno estructural de violencia de género produce negligencias e irregularidades en la recolección de prueba y en la identificación de responsables, así como también inactividad, falta de debida diligencia o lentitud en las investigaciones. Una investigación de dos años sobre la aplicación de los protocolos disponibles en el tratamiento de casos de femicidio en ámbitos judiciales de la provincia de Córdoba, identificó recolecciones incompletas de pruebas, investigaciones parciales o inconclusas que quedan sin resolución, casos irresueltos, falta de abordaje con perspectiva de género en diversas instancias de investigación. También se observaron calificaciones erróneas debido al desconocimiento de los lineamientos disponibles, uso de estereotipos de género hacia las mujeres o sobre lo femenino, entre los problemas más relevantes. Gómez Rodas, K. (2024). Del dicho al hecho… Análisis sobre la aplicación de los protocolos disponibles para el tratamiento de casos de femicidio en ámbitos judiciales de la provincia de Córdoba, Argentina. Aportes desde la Antropología. En Antropología y Ciencias Sociales, [S. l.], n. 36, p. 189–192. Recuperado de: https://publicar.cgantropologia.org.ar/index.php/revista/article/view/484/394