Semana Internacional del Acceso Abierto
Abrir la ciencia, disputar sus reglas

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Por Daniela Perrotta

La Semana Internacional del Acceso Abierto 2026, que se celebra del 19 al 25 de octubre, se convocó bajo el lema “El costo del conocimiento”: una pregunta sobre quién paga el conocimiento y quién se beneficia de él. CLACSO, el Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC) y el Grupo de Trabajo “Ciencia Abierta como Bien Común” tradujeron esa pregunta a un lema propio: “Privatización, mercantilización y precarización de los bienes comunes del conocimiento: los costos en el Sur Global”. Desde América Latina, la pregunta exige una respuesta situada. Los costos no son solo financieros, y no se distribuyen de manera neutral. Este texto de Daniela Perrotta propone abordarlos desde la geopolítica del conocimiento.

 

América Latina en la geopolítica del conocimiento

La ciencia abierta se ha consolidado como una agenda de transformación del sistema científico internacional, pero su expansión no ocurre en un escenario neutral. Se desarrolla en un mundo atravesado por profundas desigualdades en las capacidades científicas y tecnológicas, por la concentración de infraestructuras y plataformas digitales y por disputas crecientes en torno al control de los datos, las tecnologías y el conocimiento.[1] La transición del orden mundial suele leerse como una redistribución del poder material entre Estados, marcada por el ascenso de China, la disputa estratégica con Estados Unidos y la crisis del multilateralismo.[2] Pero esa transición es también una disputa por las infraestructuras, los lenguajes, las instituciones y los criterios de legitimación del conocimiento.

En ese escenario, propongo una idea: la ciencia abierta no está por fuera de la geopolítica del conocimiento. Es uno de los terrenos contemporáneos en los que se disputan las reglas que organizan el sistema científico internacional. La formulación remite a la distinción de Susan Strange entre poder relacional y poder estructural.[3] El primero consiste en obtener ventajas jugando conforme a las reglas existentes; el segundo, en la capacidad de hacer las reglas del juego, es decir, de moldear las estructuras dentro de las cuales los demás actores deben operar. Entre esas estructuras, Strange incluye explícitamente la del conocimiento: el control sobre la producción, la circulación y la legitimación de saberes, tecnologías e información. Disputar las reglas de la ciencia abierta es, en ese sentido, disputar poder estructural.

Esa disputa nos obliga a preguntarnos no solamente cuánto conocimiento logramos abrir, sino también quiénes tienen capacidad para producirlo, quiénes definen las condiciones de su circulación y quiénes participan en la construcción de las reglas que determinan su reconocimiento y utilización social.

La ciencia abierta como terreno de disputa

Por geopolítica del conocimiento entiendo el conjunto de disputas, jerarquías y relaciones de poder que organizan la producción, validación, circulación y apropiación del conocimiento a escala global.[4] Esas relaciones no se expresan solamente en la distribución desigual de recursos e infraestructuras, sino también en la capacidad de determinados actores para establecer agendas de investigación, definir criterios de calidad y excelencia, jerarquizar formas de conocimiento y determinar cuáles son los circuitos legítimos para su circulación.[5]

Estas relaciones tienen una historia. La división internacional del trabajo que organizó el sistema-mundo moderno supuso también una división internacional de la producción de conocimiento: las regiones centrales concentraron no solo capital y tecnología, sino también la autoridad para definir qué saberes serían considerados legítimos, universales o científicamente válidos.[6] Como advertía Robert Cox, la teoría siempre es para alguien y para algún propósito;[7] tampoco son neutrales las instituciones que organizan la circulación del conocimiento. América Latina ha ocupado una posición subordinada en esa división, aunque también ha desarrollado tradiciones de pensamiento, instituciones y estrategias de cooperación orientadas a cuestionarla. Por eso, desde nuestra región, la discusión sobre la circulación internacional del conocimiento nunca fue solamente un problema de acceso: también ha sido una discusión sobre autonomía, sobre la capacidad de definir nuestras propias agendas científicas y sobre el papel del conocimiento en nuestros proyectos de desarrollo y transformación social.

La internacionalización científica es uno de los instrumentos mediante los cuales se organizan esas relaciones de poder.[8] Durante décadas fue presentada como un proceso casi naturalmente positivo: más movilidad, más colaboración internacional, más publicaciones conjuntas, mayor visibilidad. Sin embargo, no todas sus formas producen los mismos resultados ni responden a los mismos proyectos. Puede funcionar como un mecanismo de adaptación a las jerarquías existentes, cuando las instituciones orientan sus estrategias hacia los circuitos que concentran prestigio, recursos y capacidad de reconocimiento. Pero también puede convertirse en una herramienta de cooperación solidaria, construcción de capacidades compartidas y fortalecimiento de la autonomía científica y epistémica.

Lo mismo ocurre con la ciencia abierta. La apertura puede democratizar la circulación de los resultados de investigación, ampliar las posibilidades de colaboración y favorecer nuevas formas de apropiación social del conocimiento. Pero también puede desarrollarse bajo modalidades que reproduzcan la concentración de recursos, las desigualdades tecnológicas y las jerarquías existentes. Podemos ampliar el acceso sin modificar quién define las agendas. Podemos multiplicar la circulación internacional de resultados sin alterar las jerarquías que determinan qué conocimientos son reconocidos. Y podemos promover la colaboración científica sin cuestionar las condiciones desiguales bajo las cuales participan nuestras instituciones y comunidades académicas.

Esta tensión entre apertura y democratización es, a mi entender, uno de los problemas centrales de la ciencia abierta contemporánea. La pregunta no debería ser solamente cómo lograr que más publicaciones, datos o resultados estén disponibles, sino qué condiciones políticas, institucionales y materiales necesitamos transformar para que esa apertura se traduzca efectivamente en una mayor democratización del conocimiento.

Las contradicciones de la apertura

Durante décadas se consolidó un modelo de publicación caracterizado por la concentración de las grandes editoriales comerciales, el predominio del inglés y la jerarquización de determinados circuitos de circulación y reconocimiento. La publicación en revistas indexadas en bases como Web of Science o Scopus se convirtió en una medida de prestigio académico y en un criterio central para evaluar trayectorias, instituciones y sistemas científicos.[9]

La Recomendación de la UNESCO sobre la Ciencia Abierta significó un avance importante al vincular la apertura con principios de equidad, inclusión y beneficio colectivo.[10] La expansión del acceso abierto cuestionó, además, algunas barreras del modelo dominante, especialmente las que restringían el acceso a investigaciones financiadas con recursos públicos. Pero también puso de manifiesto una paradoja: es posible ampliar el acceso al conocimiento sin transformar las estructuras económicas y las relaciones de poder que organizan su producción y circulación.[11] La generalización de los cargos por procesamiento de artículos, los conocidos APC, es un ejemplo elocuente: en lugar de eliminar las barreras económicas, ciertos modelos de acceso abierto las trasladaron desde quienes necesitan leer hacia quienes necesitan publicar. A ello se suma una nueva capa de asimetrías: los contenidos y datos abiertos alimentan infraestructuras digitales y sistemas de inteligencia artificial concentrados en pocas corporaciones, en lo que se ha caracterizado como un colonialismo de datos.[12]

El lema de CLACSO para esta Semana permite ordenar esos costos. El primero es la privatización: infraestructuras que fueron públicas o comunitarias –repositorios, sistemas editoriales, bases de datos, plataformas de evaluación– pasan a manos privadas, y la vida académica se plataformiza al depender de servicios corporativos para almacenar, gestionar y hacer circular información.[13] El costo, en este caso, no se mide en el precio pagado, sino en la capacidad perdida de decidir sobre la propia infraestructura. El segundo es la mercantilización, que opera incluso cuando la propiedad formal no cambia de manos: los APC y los acuerdos transformativos trasladan la barrera del lector al autor; las métricas y los rankings comerciales definen qué se publica, en qué lengua y qué se reconoce como válido; y la escritura, la revisión por pares y la edición constituyen un subsidio masivo y no remunerado de la academia pública a la rentabilidad privada. El tercero, la precarización, merece un tratamiento aparte, porque es la condición que hace posibles los otros dos.

Esta contradicción no se explica solamente por los modelos editoriales. Los sistemas de evaluación no son externos al mercado de publicaciones científicas: son uno de los mecanismos que lo sostienen y reproducen. Cuando la evaluación de investigadores, proyectos e instituciones privilegia la publicación en determinados circuitos, las métricas de citación y los indicadores asociados al prestigio editorial, condiciona no solamente dónde publicamos, sino también qué investigamos, con quiénes colaboramos, en qué lenguas escribimos y a qué públicos buscamos llegar.[14] Por eso, la transformación de la comunicación científica y la reforma de la evaluación no son agendas independientes.

Hoy, en distintos espacios del sistema científico internacional, y especialmente en Europa y América del Norte, se multiplican los cuestionamientos a los APC, a la concentración editorial, al uso mecánico de indicadores bibliométricos y a la dependencia de bases de datos comerciales para definir la calidad científica. La Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA, 2012), el Acuerdo sobre la Reforma de la Evaluación de la Investigación promovido por CoARA –Coalition for Advancing Research Assessment– (2022) y la Declaración de Barcelona sobre Información Abierta de Investigación (2024) son algunas de sus expresiones.[15] Hay, en cierto sentido, una revuelta contra algunas de las reglas que durante décadas organizaron la publicación y la evaluación de la ciencia. Una revuelta que no es homogénea, que reúne actores con intereses diferentes y que no está exenta de contradicciones.

Desde América Latina, esa discusión tiene una resonancia particular. Muchas de las desigualdades que hoy se cuestionan internacionalmente fueron identificadas y problematizadas en nuestra región mucho antes de instalarse como prioridades de reforma en los países centrales. Nuestra posición en la división internacional del trabajo científico nos permitió experimentar tempranamente las consecuencias de un sistema que subordinaba el reconocimiento del conocimiento producido localmente a su validación en determinados circuitos internacionales. Y nos llevó a desarrollar respuestas propias, tanto en el pensamiento crítico sobre ciencia y dependencia como en la construcción de modelos cooperativos y no comerciales de comunicación científica.

Hay, además, otra dimensión de estas contradicciones: las culturas académicas. Aprendimos a identificar la calidad con la publicación en ciertas revistas, la internacionalización con la inserción en circuitos dominantes y el reconocimiento científico con la acumulación individual de indicadores. Esas representaciones se incorporaron a nuestras prácticas cotidianas, a las decisiones institucionales y a las expectativas sobre nuestras trayectorias, y no desaparecen automáticamente cuando se modifican los reglamentos o se adoptan políticas de ciencia abierta. Por eso, avanzar hacia una ciencia abierta exige también transformar las culturas académicas que reproducen las jerarquías del conocimiento.

Una trayectoria latinoamericana propia

América Latina no llega a la discusión sobre ciencia abierta como receptora de principios, modelos o reformas elaborados en otros espacios del sistema científico internacional. Cuenta con una trayectoria propia de pensamiento crítico, construcción institucional y cooperación regional que ha contribuido a cuestionar las formas dominantes de producción, circulación y legitimación del conocimiento.

Esa trayectoria tiene raíces profundas. El pensamiento latinoamericano sobre ciencia, tecnología y desarrollo de las décadas de 1960 y 1970 ya había colocado en el centro de la discusión el carácter dependiente de nuestros sistemas científicos, la subordinación de las agendas de investigación y la necesidad de construir capacidades autónomas. Oscar Varsavsky, Amílcar Herrera y Jorge Sábato, desde perspectivas diferentes, problematizaron la pretendida neutralidad de la ciencia y vincularon las políticas científicas con los proyectos de desarrollo y transformación social.[16] No hablaban de ciencia abierta en los términos actuales, pero sus preguntas siguen vigentes: ¿quién define qué conocimientos son necesarios?, ¿para qué sociedades investigamos?, ¿qué capacidades necesitamos construir para que el conocimiento amplíe nuestros márgenes de autonomía?

A esa tradición se suma la de la universidad pública latinoamericana, entendida como un derecho y no como un servicio.[17] La Conferencia Regional de Educación Superior de 2008 consagró ese principio al definir la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.[18] Se trata de una región en la que el acceso a la universidad y a los conocimientos ha sido, históricamente, objeto de movilización social y de disputa política.

Frente a un sistema crecientemente organizado alrededor de indicadores bibliométricos, revistas de alto impacto y bases de datos comerciales, la región desarrolló iniciativas como Latindex, SciELO y Redalyc, junto con repositorios institucionales y políticas de acceso abierto impulsadas desde universidades y organismos públicos.[19] No fueron simplemente respuestas técnicas para mejorar la visibilidad de nuestras publicaciones. Expresaron una concepción del conocimiento científico como bien público y común, y de la comunicación académica como responsabilidad de las instituciones que lo producen. Así se construyó una tradición de acceso abierto no comercial, sostenida por universidades, asociaciones académicas e instituciones públicas, que hoy adquiere una relevancia particular frente a las contradicciones de los modelos basados en APC.

No se trata de idealizar esa experiencia. Nuestros sistemas de comunicación científica enfrentan problemas persistentes de financiamiento, sostenibilidad, profesionalización y reconocimiento. Y nuestras propias instituciones han reproducido muchas veces las jerarquías internacionales que cuestionamos, al privilegiar determinados circuitos de publicación y evaluación por encima de las infraestructuras y revistas que contribuimos a construir.[20] La geopolítica del conocimiento no opera solamente a través de imposiciones externas: también se reproduce mediante decisiones institucionales, políticas científicas y culturas académicas que incorporan como universales determinados criterios de legitimidad.

Esa fragilidad se agrava hoy. La precarización de los sistemas científicos y universitarios, de la docencia y de la investigación, profundizada por el avance de gobiernos de extrema derecha en la región, no es un costo más entre otros. Un sistema científico desfinanciado no puede sostener infraestructura propia y termina dependiendo de plataformas comerciales. Una comunidad investigadora precarizada no está en condiciones de disputar los criterios de evaluación que la miden. Privatización, mercantilización y precarización se encadenan.

Precisamente por eso, la experiencia latinoamericana tiene un valor que excede sus resultados concretos: muestra que existen otras formas posibles de organizar la comunicación científica, construidas mediante cooperación regional, inversión pública y decisiones políticas orientadas a sostener el conocimiento como bien común. Y muestra que la región no solo ocupa posiciones subordinadas en la geopolítica del conocimiento, sino que también actúa como proponente de normas y agendas en los debates internacionales sobre ciencia y educación superior.[21]

FOLEC y el Manifiesto de Bogotá: transformar la evaluación para transformar la ciencia abierta

El Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC) de CLACSO surgió en 2019 a partir de una preocupación que hoy es cada vez más relevante: no es posible avanzar hacia una ciencia más abierta, democrática y socialmente relevante sin transformar los sistemas de evaluación que orientan las prácticas de investigación y establecen qué conocimientos merecen reconocimiento.

Esa preocupación no se limita a los instrumentos. No se trata solamente de reemplazar indicadores bibliométricos, ampliar criterios o incorporar nuevas dimensiones para valorar las trayectorias académicas, sino de discutir qué concepción de ciencia está detrás de esos instrumentos y qué prácticas, valores y relaciones institucionales contribuyen a reproducir. Esta perspectiva se expresa en la Declaración de Principios de 2022, Una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe.[22]

Uno de los desarrollos más significativos de esta trayectoria es el Manifiesto de Bogotá, construido conjuntamente por el FOLEC y los grupos de trabajo de CLACSO “Ciencia Abierta como Bien Común” y “Ciencia Social Móvil y Politizada”.[23] El Manifiesto propone pensar la ciencia abierta no como una suma de prácticas técnicas –abrir publicaciones, compartir datos o desarrollar repositorios–, sino como parte de una transformación más profunda de las relaciones entre conocimiento, instituciones científicas y sociedad. Desde esta perspectiva, la evaluación responsable no es una agenda paralela a la ciencia abierta: es una de sus condiciones de posibilidad. Mientras la evaluación siga privilegiando circuitos comerciales de publicación, indicadores de impacto y formas de reconocimiento individual, las políticas de apertura encontrarán límites importantes. Y, a la inversa, una reforma de la evaluación que no se vincule con la democratización del conocimiento puede terminar modificando procedimientos sin alterar las relaciones de poder que estructuran el sistema científico.

Aquí aparece una tensión decisiva: ampliar la diversidad de actividades académicas reconocidas no equivale necesariamente a transformar la función social de la investigación. Podemos incorporar prácticas de ciencia abierta, comunicación pública, vinculación social o transferencia a los sistemas de evaluación y, sin embargo, seguir organizando las trayectorias académicas alrededor de la competencia individual y la acumulación de prestigio. El desafío es generar condiciones institucionales para que la producción de conocimiento se oriente hacia problemas socialmente relevantes, reconozca la diversidad de saberes y actores que participan en su construcción y fortalezca la movilización social del conocimiento. A esa tarea apunta también la Escuela de Evaluadores y Evaluadoras del FOLEC, que busca transformar no solamente los instrumentos, sino también las prácticas y los criterios con los que nuestras comunidades académicas valoran el conocimiento.

El FOLEC dialoga con iniciativas internacionales como DORA y CoARA, pero lo hace desde una trayectoria y una perspectiva latinoamericana propias. No se concibe como un espacio que recibe o adapta agendas internacionales de reforma, sino como una experiencia de articulación regional que busca proyectar internacionalmente una concepción de la ciencia abierta y de la evaluación responsable vinculada con la democratización del conocimiento, la autonomía epistémica y la transformación social.

De la inserción en las reglas existentes a la construcción de nuevas reglas

Durante mucho tiempo, la internacionalización de la ciencia estuvo asociada principalmente con la necesidad de insertarse en circuitos internacionales de prestigio, ampliar la visibilidad de nuestras instituciones y participar en redes de colaboración. El sistema internacional aparecía como un escenario relativamente dado, al que nuestras universidades y comunidades científicas debían adaptarse para mejorar sus posiciones. En términos de Strange, se trataba de ejercer, en el mejor de los casos, un poder relacional: obtener ventajas dentro de reglas que otros habían definido.[24] Pero participar más en un sistema desigual no significa necesariamente transformar las condiciones de desigualdad que organizan esa participación.

Hoy proliferan declaraciones, acuerdos, coaliciones e iniciativas internacionales orientadas a transformar los modelos de publicación, las infraestructuras de conocimiento y los sistemas de evaluación. Son procesos importantes, que expresan el reconocimiento creciente de las contradicciones del modelo dominante. Sin embargo, debemos evitar pensar que surgen de un espacio global abstracto, desde el cual se elaboran principios universales que luego deben implementarse en las distintas regiones. Las reformas también tienen una geopolítica: tienen lugares de enunciación, trayectorias institucionales y capacidades desiguales para proyectarse internacionalmente.

CoARA, por ejemplo, es una coalición de alcance internacional que surge de un proceso impulsado desde el espacio europeo.[25] El FOLEC, por su parte, expresa una trayectoria latinoamericana de reflexión crítica y articulación institucional sobre la evaluación científica, estrechamente vinculada con nuestras experiencias de ciencia abierta. No se trata de contraponer ambas iniciativas ni de desconocer los espacios de diálogo y convergencia que existen entre ellas. Se trata de reconocer que lo que llamamos reformas globales se construye desde espacios situados, con historias, intereses, prioridades y capacidades de influencia diferentes. Y la internacionalización no debería consistir en que determinadas experiencias regionales adquieran el carácter de modelos universales mientras otras quedan relegadas al lugar de aportes locales o adaptaciones periféricas.

En trabajos anteriores he utilizado la noción de internacionalización solidaria para pensar aquellas formas de vinculación internacional que, en lugar de organizarse exclusivamente alrededor de la competencia por recursos y prestigio, buscan fortalecer capacidades colectivas, promover relaciones de reciprocidad y ampliar los márgenes de autonomía.[26] La noción dialoga con la idea de integración solidaria formulada por Juan Carlos Puig.[27] Una internacionalización solidaria de la ciencia abierta no se limita a promover la circulación de publicaciones y datos. Supone construir y sostener infraestructuras públicas y comunitarias, defender el multilingüismo y la bibliodiversidad, fortalecer la cooperación Sur-Sur y generar condiciones para que distintas comunidades científicas participen en la definición de las agendas y los criterios de reconocimiento. Y supone comprender que la apertura no es un fin en sí mismo: su sentido democratizador se realiza cuando amplía las capacidades de nuestras sociedades para producir, utilizar, discutir y movilizar conocimiento en función de sus necesidades y proyectos colectivos.

Aquí cobra especial relevancia la noción de autonomía epistémica, que recupera la tradición autonomista latinoamericana.[28] Como en esa tradición, la autonomía no debe confundirse con aislamiento ni autosuficiencia, sino que supone ampliar márgenes de decisión frente a estructuras internacionales asimétricas. Se construye también mediante la cooperación internacional, siempre que esta fortalezca nuestras capacidades para definir problemas, producir conocimientos y participar en condiciones más equitativas en las decisiones que afectan al conjunto del sistema científico. En ese sentido, la articulación regional no es un paso previo o secundario hacia la internacionalización: es una de las condiciones que nos permite intervenir internacionalmente con mayor capacidad de propuesta, construir alianzas y disputar los sentidos de las transformaciones en curso.

Las universidades públicas tienen en esta tarea un papel protagónico. No son solo instituciones de formación, sino actores políticos, científicos y culturales capaces de producir agendas regionales, articular cooperación internacional y sostener formas alternativas de producción y circulación del conocimiento.[29] Y la escala regional es, aquí, una condición necesaria: frente a la concentración global de plataformas, inteligencia artificial e infraestructuras del conocimiento, ningún país latinoamericano posee individualmente capacidades suficientes para sostener su autonomía científica, tecnológica y epistémica.

No solamente participar: disputar el sentido de la apertura

La ciencia abierta es hoy uno de los terrenos más importantes de disputa en la geopolítica del conocimiento. Esa disputa no se reduce a decidir cómo circulan las publicaciones o bajo qué condiciones se comparten los datos. Involucra quiénes tienen capacidad para definir las agendas de investigación, qué conocimientos adquieren legitimidad, cómo se distribuyen los recursos y qué responsabilidades asumimos frente a nuestras sociedades.

América Latina tiene una historia propia en estas discusiones: una historia de pensamiento crítico sobre la dependencia y la autonomía científica, de construcción de modelos cooperativos y no comerciales de comunicación del conocimiento y de iniciativas orientadas a transformar los sistemas de evaluación y las culturas académicas. Esa trayectoria no nos coloca por fuera de los debates internacionales: nos permite participar en ellos desde una posición propia, con capacidad para contribuir a la construcción de nuevas reglas. Esto no significa reclamar una excepcionalidad latinoamericana ni sustituir una hegemonía por otra. Significa reconocer que la construcción de principios verdaderamente compartidos exige relaciones más equitativas entre las distintas comunidades y regiones que participan en la producción del conocimiento.

No alcanza con abrir las publicaciones si permanecen concentradas las capacidades de producir conocimiento. No alcanza con transformar los sistemas de evaluación si no modificamos las culturas académicas que reproducen las jerarquías existentes. Y no alcanza con ampliar la cooperación internacional si no fortalecemos nuestra capacidad para decidir qué conocimientos necesitamos, cómo queremos producirlos y para qué sociedades.

La ciencia abierta que necesitamos no es solamente aquella que permite acceder al conocimiento, sino aquella que democratiza las capacidades para producirlo, reconocerlo, compartirlo y movilizarlo socialmente. Para América Latina, el desafío no es solo jugar mejor con las reglas existentes, sino participar en su escritura. Por eso, preguntar por el costo del conocimiento es también preguntar quién decide, y defender la ciencia como bien común no es una agenda técnica, sino una tarea política y colectiva. Ese es el horizonte político de una internacionalización solidaria, orientada a construir autonomía epistémica y conocimiento como bien común.

 

Daniela Perrotta. Investigadora independiente del CONICET con sede en el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Secretaria de Investigación y Posgrado y Secretaria de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Coordinadora del Foro Latinoamericano sobre Evaluación Científica (FOLEC-CLACSO). Sus temas de investigación son la internacionalización universitaria, la integración regional latinoamericana, la geopolítica del conocimiento, la gobernanza global de la educación superior y la ciencia, y la evaluación científica y el conocimiento abierto.

 

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[3] Strange, S. (1988). States and markets. Londres: Pinter.

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[15] DORA. (2012). San Francisco Declaration on Research Assessment. Recuperado de https://sfdora.org/read/; CoARA. (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. Coalition for Advancing Research Assessment. Recuperado de https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/; Declaración de Barcelona sobre Información Abierta de Investigación. (2024). Recuperado de https://barcelona-declaration.org/

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[20] Vessuri, H., Guédon, J.-C. y Cetto, A. M. (2014). Excellence or quality? Impact of the current competition regime on science and scientific publishing in Latin America and its implications for development. Current Sociology, 62(5) (pp. 647-665). Recuperado de https://doi.org/10.1177/0011392113512839

[21] Perrotta, D. (2016). La internacionalización de la universidad: debates globales, acciones regionales. IEC-UNGS; Perrotta, D. (2018). Universidad, internacionalización e integración regional: la lucha por un proyecto latinoamericanista de universidad hacia la CRES 2018. En C. Suasnábar, D. Del Valle, A. Didriksson y L. Korsunsky (Eds.), Balance y desafíos hacia la CRES 2018. Cuaderno 1 (pp. 163-178). IEC-CONADU; CLACSO; UNA.

[22] CLACSO-FOLEC. (2022). Una nueva evaluación académica y científica para una ciencia con relevancia social en América Latina y el Caribe. Declaración de principios. Buenos Aires: CLACSO.

[23] CLACSO. (2025). Manifiesto de Bogotá. Hacia una ciencia abierta, democrática y socialmente relevante en América Latina y el Caribe [GT Ciencia Abierta como Bien Común, GT Ciencia Social Móvil y Politizada y FOLEC]. Buenos Aires: CLACSO. Recuperado de https://libreria.clacso.org/publicacion.php?p=4629

[24] Strange, S. (1988). States and markets. Londres: Pinter.

[25] CoARA. (2022). Agreement on Reforming Research Assessment. Coalition for Advancing Research Assessment. Recuperado de https://coara.eu/agreement/the-agreement-full-text/

[26] Perrotta, D. (2016). La internacionalización de la universidad: debates globales, acciones regionales. IEC-UNGS; Perrotta, D. (2018). Universidad, internacionalización e integración regional: la lucha por un proyecto latinoamericanista de universidad hacia la CRES 2018. En C. Suasnábar, D. Del Valle, A. Didriksson y L. Korsunsky (Eds.), Balance y desafíos hacia la CRES 2018. Cuaderno 1 (pp. 163-178). IEC-CONADU; CLACSO; UNA.

[27] Puig, J. C. (1986). Integración y autonomía en América Latina en las postrimerías del siglo XX. Integración Latinoamericana, 11(109) (pp. 40-62).

[28] Jaguaribe, H. (1979). Autonomía periférica y hegemonía céntrica. Estudios Internacionales, 12(46) (pp. 91-130); Puig, J. C. (1980). Doctrinas internacionales y autonomía latinoamericana. Caracas: Universidad Simón Bolívar.

[29] Perrotta, D. (2018). Universidad, internacionalización e integración regional: la lucha por un proyecto latinoamericanista de universidad hacia la CRES 2018. En C. Suasnábar, D. Del Valle, A. Didriksson y L. Korsunsky (Eds.), Balance y desafíos hacia la CRES 2018. Cuaderno 1 (pp. 163-178). IEC-CONADU; CLACSO; UNA.

 

Imagen de portada: América Invertida, dibujo del pintor uruguayo Joaquín Torres García, 1943 (Museo Juan Manuel Blanes, Montevideo).

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