Por Patrizio Gonella
Un diálogo con la experiencia italiana
En Italia se presentó una solicitud de referéndum que aborde la legalización de todo uso de cannabis, excepto el tráfico ilícito, y de todo cultivo de droga para consumo personal (opio y coca). Al mismo tiempo, el Parlamento comenzó a tratar un proyecto de reforma de ley que prevé la legalización del cultivo doméstico de cannabis. Fue en este contexto que el gobierno convocó a la Conferencia Nacional sobre Adicciones.
En su presentación en la Conferencia, Patrizio Gonella1, de la “Associazione Antigone”, llama a recuperar la complejidad. Abandonar la complejidad es dejar la vida de las personas consumidoras y adictas en manos de la policía y la prisión, con resultados de sobrepoblación y hacinamiento carcelario.
Esta nota además de la disertación de Gonella, incluye una breve introducción de Santiago Ferrando Kozicki, y una entrevista al propio Presidente Asociación Antigone, Investigador en Filosofía y Sociología del Derecho de la Universidad Roma III, y experto del Consejo de Europa en el monitoreo de lugares de privación de la libertad personal.
Introducción. Contornos de la discusión pública sobre el modelo prohibicionista de drogas
Por Santiago Ferrando Kozicki 2
Las formas legales que hace décadas criminalizan toda acción vinculada con drogas -sin ningún criterio ni sobre la sustancia ni sobre la conducta – están en revisión a nivel mundial. Si bien la explicación debe buscarse en las lógicas geopolíticas de control de los territorios y los mercados, hay una serie de discusiones públicas que dan forma a los discursos sobre los modos de vincularse con las drogas. En esta clave resulta interesante observar en qué términos se plantea la discusión al modelo prohibicionista.
En la Argentina el debate público sobre la regulación en materia de drogas gira, a grandes rasgos, sobre razones de carácter constitucional, de política criminal y de salud pública. Por un lado, existe una serie de discusiones alrededor de la legitimidad y constitucionalidad de la persecución penal ante conductas que no provocan daños a terceras personas ni existe el riesgo concreto de que eso suceda.
Luego, aparece un segundo grupo de cuestionamientos, pero en este caso anclados en razones de política criminal. Aquí las controversias no giran en torno a la legitimidad de las políticas punitivas, sino a su conveniencia como método de intervención sobre las conductas que se realizan al interior de los mercados de drogas. Cuando se trata de conductas que no provocan daños a terceros, los interrogantes que aparecen están asociados con la conveniencia en términos de costos económicos, de aprovechamiento de trabajadores y recursos materiales que se quitan para otras actividades y a partir de la sobrecarga innecesaria que se produce en los sistemas judiciales y penitenciarios. Además, respecto del narcotráfico, vale preguntarse si son más convenientes las políticas centradas en el uso de las fuerzas de seguridad o las medidas vinculadas a vigilar los movimientos financieros y, con ello, evitar maniobras de lavado de dinero, estrechamente conectadas con el tráfico ilegal de drogas a gran escala.
Finalmente, desde una mirada de la salud pública, se abre un abanico de discusiones frente al modelo prohibicionista y sus políticas represivas y estigmatizantes sobre las personas usuarias de drogas. En este ámbito surgen dudas a partir de que las políticas punitivas funcionan como un obstáculo infranqueable en el despliegue de estrategias sanitarias que sirvan para controlar y acompañar a la población que consume.
Observando la forma que adopta la discusión pública sobre drogas en la Argentina, se abre el interrogante de qué sucede en otros países con sistemas normativos y prácticas de características similar, como puede ser el caso italiano.
En el país europeo se presentó una solicitud de referéndum que trate la legalización de todo uso de cannabis, excepto el tráfico ilícito, y de todo cultivo de droga para consumo personal (opio y coca). Al mismo se inició una discusión al interior del Parlamento italiano de un proyecto de reforma de ley que prevé la legalización del cultivo domestico de cannabis. Fue en este contexto que el gobierno convocó a la Conferencia Nacional sobre Adicciones.
En esta instancia de discusión pública, que por ley debe convocarse cada tres años, pero hace doce no se hacía, compartieron sus puntos de vista un abanico heterogéneo de actores sociales. Participaron desde representantes del Parlamento y funcionarios del Gobierno, hasta de organizaciones de la sociedad civil y personas usuarias de drogas. De las organizaciones sobresalió la participación de la “Associazione Antigone”, a través de la intervención de su Presidente Patrizio Gonella. Esta organización de derechos humanos, que desde 1998 visita y monitorea las cárceles de Italia, brindó un discurso crítico del modelo prohibicionista con argumentos sociales y jurídicos que vale la pena rescatar para nutrir la discusión en nuestros márgenes.
Con este objetivo, presentamos la intervención de Gonella y luego una breve entrevista.
Recuperar la complejidad
“Debemos recuperar la complejidad. Aquella complejidad que no puede hacernos decir que Stefano Cucchi murió por ser drogadicto. Fue dicho en 2009: Stefano Cucchi murió por ser drogadicto. Esa es una simplificación. Como es una simplificación hablar de droga cuando existen drogas, cuando hay tantas historias distintas y diferencias entre consumidores y adictos. Entonces, a ese 19% de jóvenes, que entre los 15 y los 19 años consumen drogas, no podemos en modo simplificado dejarlos en las manos de policías, tribunales y cárceles porque seríamos criminales, criminales nosotros. No queremos una sociedad de esta clase, una sociedad sin complejidad.
La complejidad requiere esfuerzo, y en las cárceles lo hace más difícil. Nosotros vamos a las cárceles inspirados probablemente en uno de los más grandes juristas de nuestra historia republicana Piero Calamandrei, que nos decía “se necesita haber visto”. Agradecemos a la administración penitenciaria que nos permite ingresar, pero cuando vamos vemos las secciones ghetto para las personas adictas y no encontramos muchas custodias atenuadas, son poquísimas. ¿Por qué? ¿Por qué se hace una comunicación previendo, por ejemplo, el establecimiento de nuevas secciones donde van los detenidos que molestan (artículo 32 del reglamento de ejecución) y no se invierte en custodias atenuadas? No nos liberamos de ese prejuicio, hay miles de personas detenidas que podríamos tratarlas con proyectos de libertad. ¿Por qué queremos volver a poner en discusión conquistas como aquella que gracias a Mauro Palma tenemos de la vigilancia dinámica en todos los institutos penales?
La vida de la persona con problemas de adicción, encerrada en una celda, es una vida doblemente sufrida. El otro día estuvimos en la sección Sestante en la cárcel de Turín. Por aquellas personas hoy afortunadamente se cerró la sección de observación psiquiátrica. Allí había personas con doble o triple diagnóstico, y personas con problemas de adicción dentro de esas con doble o triple diagnóstico. ¿Y cómo vivían? Vivían como describimos y, como ya habían descripto las organizaciones de garantía nacionales y también internacionales, vivían de modo indecente, inhumano, degradante. Debemos superar todo esto porque de otro modo simplificamos. Aquí vuelvo a la cuestión de la complejidad y quisiera resumir rápidamente las razones del porqué hace falta cambiar la ley sobre drogas, porque hace falta cambiar el DPR 309/90 (Decreto del Presidente de la República)[3].
En primer lugar, razones ético-filosóficas. No quiero, digamos, decir cosas muy profundas, pero en realidad tenemos que prestar atención al hecho que construimos un mecanismo punitivo frente a todo aquello que no nos gusta, no sabemos tratar o consideramos modos de vida “equivocados”. Yo no soy consumidor, nunca lo fui, me siento un tercero respecto del tema y, por tanto, puedo decirlo: no podemos ser una sociedad liberal de masas sin discutir sobre esto. Yo espero que con el referéndum se pueda dar un paso y abrir un diáogo en la sociedad sobre la cuestión de la libertad de las masas, porque no es una cuestión secundaria cuando hablamos de drogas.
Una segunda razón es una razón que viene de argumentos muy queridos para mí, aquellos sobre los cuales formamos Antigone. Pienso en el garantismo penal de Luigi Ferrajoli. ¿Qué cosa dice Luigi Ferrajoli? ¿qué cosa dice nuestra constitución?: ¡cuidado! el principio de ofensividad debe gobernar el sistema penal. Entonces cuidado con los delitos que no tienen una víctima, revisemos esa ley porque es una ley que, en realidad, tiene dificultades para encontrar su fundamento de tipo constitucional en el fondo. La Corte Constitucional ya intervino por razones procesales, y sobre el principio de proporcionalidad: se trata de una ley totalmente desproporcionada respecto al sistema sancionatorio.
Después están las razones de política criminal, y aquí estoy muy contento de estar al lado del Procurador Nacional Antimafia a quien le tenemos gran estima por su trabajo. Nosotros deberíamos buscar, al menos, abrir un debate sobre las razones de política criminal que funcionen de base para una inversión en el tipo de política a abordar. Hasta hoy no me parece que el narcotráfico encuentre desventajas en la legislación actual. No solo no me parece, al contrario, se expande. Donde hay un mercado ilegal se mete. Esto que estoy diciendo es casi obvio decirlo, pero quiero agregar otra razón de política criminal, que se relaciona con los dos o tres millones de personas usuarias de drogas que hacen -digamos- un uso de la sustancia que está prohibido por la ley. ¿ Nosotros queremos crear un sistema en el que ya nadie le tema a la intervención punitiva? Si creamos un sistema punitivo que se sabe que después no podrá castigar y meter a por lo menos dos o tres millones de personas en prisión, entonces el sistema pierde eficacia para todos y la ley pierde su fuerza. Describía Beccaria: atención, es mejor prevenir que no castigar.
Para cerrar: en relación a la cuestión carcelaria y la sobrepoblación antes mencionada, ministra, para mí debemos hacer una mesa común de trabajo con diez mil personas adictas y estudiamos, incluso con la legislación vigente, si conseguimos liberarlas de la cárcel. Si se puede hacer, el ahorro neto para el Estado sería de 250 a 300 millones de euros al año, que bien podrían ser invertidos en proyectos de prevención y recuperación social. Gracias.”
“Hay que recuperar la misión del jurista, que nunca debe ceder a impulsos demagógicos”
Entrevista a Patrizio Gonella, Presidente de Associazione Antigone
Santiago Ferrando Kozicki: ¿Cómo es el sistema legal en materia de drogas en Italia? ¿Qué efectos produce sobre el sistema penal y las cárceles? ¿Qué piensa del referéndum?
Patricio Gonella: La ley tiene una fuerte impronta represiva. Hay evidentes razones de política criminal que deberían orientar al Parlamento y al Gobierno a cambiar de rumbo en materia de drogas y mitigar el sistema represivo y sancionador de la legislación vigente, distinguiendo los hechos de poca entidad y el cultivo de cannabis para uso personal de otros más sustanciales. El último eslabón de la cadena del narcotráfico debe mantenerse diferenciado de los demás eslabones de las organizaciones criminales. Esta es una necesidad de investigación que ha sido evocada durante mucho tiempo por todos los actores del sistema. No es culpando a la parte terminal del tráfico ilícito que reduciremos la cantidad de sustancias que circulan por nuestras calles. Como bien podría argumentar cualquier economista, la represión penal hacia el último eslabón deriva en un aumento de los precios para los consumidores finales.
La cuestión de las drogas es ante todo una cuestión social, sanitaria y cultural. De los y las usuarias de drogas, de los jóvenes y de sus familias, necesitamos para vencer en esta batalla que es cultural, antes que política. Con ellos debemos abrir la confrontación, empujarlos a usar su fuerza de impacto y la natural tendencia a transgredir el orden establecido (estatal o familiar) para pedir responsablemente otra legislación sobre drogas, menos agresiva, menos estúpida e innecesariamente vejatoria.
Por más que hablemos de las nuevas generaciones de forma enfática, poco pensamos junto a ellas en cómo construir una sociedad auténticamente abierta y efectivamente impermeable a los negocios sucios de las mafias. Cualquiera que tenga hijos en edad adolescente debería, por razones de salud y orden público, pedir en voz alta políticas con la menor cuota punitivo, ya que esta se basa inevitablemente sobre el estigma, el dolor y la violencia estructural. La palabra clave es responsabilidad, en todos los niveles.
SFK: En su intervención en la Conferencia Nacional sobre Adicciones planteó que como sociedad construimos un método punitivo frente a todo aquello que no nos gusta o no sabemos tratar. Me gustaría detenerme en este punto: en Argentina resulta muy complicado frenar las políticas punitivas y existe la costumbre de mirar al sistema penal como la solución a todos nuestros problemas. Sin embargo, de modo novedoso, como las políticas punitivas que usamos desde hace décadas no están funcionando para disminuir los niveles de conflicto, y esto es observado por todos, creo que existe un margen para discutir alternativas.
PG: Un gran intelectual italiano, Pier Paolo Pasolini, mientras estigmatizaba la desvinculación política de los usuarios de drogas, solicitaba una política liberal y tolerante con respecto a los estilos de vida individuales. Se trata de despenalizar toda conducta que no lesione un bien o interés relevante. Educar, no castigar. Beccaria lo escribió en 1765. La educación es un extraordinario motor de prevención del delito. La prevención del consumo de drogas no pasa por la amenaza del encarcelamiento masivo, sino por el diálogo basado en la verdad científica que nos dice, por ejemplo, que no todas las drogas son iguales.
SFK: ¿Qué se puede hacer desde la Universidad para incidir en este debate?
PG: La Universidad es el lugar de formación del conocimiento crítico. Yo enseño en la Universidad Roma Tre que puso en pie una clínica jurídica para ayudar a las personas detenidas en las prisiones romanas. Los protagonistas son los estudiantes. Este es un motor excepcional de sensibilización cultural para quien se acerca al derecho. La cárcel -escribía el inolvidable Massimo Pavarini- tiene una función selectiva y no puede ser leída adecuadamente en su dimensión cualitativa y cuantitativa sin una mirada más amplia de los factores que producen las tasas de prisionización, así como de la más compleja cuestión penal.
La prisión tiene su propio modelo explicativo, aunque no siempre sea fácil de identificar y, en consecuencia, de contar. Es fundamental investigar las modalidades de ejecución de las penas para dar sentido a todas aquellas acciones de investigación, observación, promoción y protección de los derechos de los presos encaminadas a reducir la brecha entre la norma y la práctica, entre la función declarada de la pena y su propósito real en la sociedad. El seguimiento de lo que ocurre en una prisión, así como el estudio de las biografías de las personas privadas de libertad, es un buen punto de partida para descubrir la existencia y las razones sociales, económicas, culturales y políticas de este enorme desfase.
La prisión es una fábrica fundada en sus necesidades, y a través de la palabra necesidad se puede ir a la búsqueda y a la determinación del modelo explicativo de la prisión. La necesidad, de hecho, es parte de las biografías socio-penales de las personas privadas de libertad. Acompaña todas las fases de su vida, desde el período previo a la detención (sea de carácter penal o no) hasta el juicio, desde lo relativo al período de prisión perpetua hasta el período de retorno a la condición de libertad.
Revisar el tema penitenciario a través del lente de las necesidades individuales ayuda a definir mejor las formas de contención de las políticas de custodia. En prisión no es posible distinguir la esfera legal de todas las demás esferas. Es enorme el componente humano que por ausencia de recursos económicos, sociales, educativos y lingüísticos, vive constantemente el riesgo de un trato jurídico injusto. El intento de asegurar una satisfacción más equitativa de las necesidades jurídicas no puede ignorar la discriminación que de hecho produce el carácter selectivo del sistema penal y la esencia punitiva de la prisión.
Una gran cuota de las personas detenidas proviene de clases sociales subalternas, técnicamente pobres, que convive con diagnósticos duales (problemas de salud mental y adicción a sustancias), y proviene de lugares lejanos. Por lo tanto, sufre de soledad y tiene una variedad de necesidades, de las cuales lo legal es una especie de gran manta. Si estas son las premisas, se puede construir una forma consciente de apoyo e información jurídica para reducir el índice de inequidad que se respira en las cárceles. La vida carcelaria está marcada por muchos momentos, todos regulados y todos afectando la calidad de vida de los detenidos así como su libertad de movimiento. Nuestro mostrador de información jurídica universitaria da respuesta a ello y ayuda a llenar los vacíos en la protección.
SFK: Con su experiencia, ¿Cuáles son los métodos más efectivos para interpelar a la sociedad sobre lo que sucede en las cárceles y con las personas privadas de libertad?
PG: La cuestión penal y penitenciaria pertenece a las reglas democráticas. Se necesita una revolución antropológica que lleve a la comprensión de que no es con represión y sufrimiento que se construye un mundo más justo. En este sentido, el discurso sociológico del Papa Francisco sobre la justicia y las prisiones de 2014 tiene un gran significado cultural[4]. Nos lleva a las raíces de los males de hoy y de la trágica y peligrosa categoría del populismo penal. El preso se convierte en el chivo expiatorio de un mundo violento y desigual. Hay que recuperar la misión del jurista, que nunca debe ceder a impulsos demagógicos. El castigo nunca debe ser un espectáculo. Como advirtió Popper, también se debe regular el sistema mediático, evitando la construcción social del enemigo criminal.
SFK: Muchas gracias.
[1] Patrizio Gonella: Presidente de la Asociación Antigone, Investigador en Filosofía y Sociología del Derecho de la Universidad Roma III y experto del Consejo de Europa en el monitoreo de lugares de privación de la libertad personal.
[2] Agradezco a Patrizio Gonnella por su predisposición, al profesor Alberto Filippi del Comité Científico de la Asociación Antigone en Roma por su entrañable colaboración con la universidad y a los queridos Mauro Benente y Gianni Fraioli por sus tiempos, lecturas y comentarios.
[3] El DPR 309/90 (31/10/1990) es el texto único de las leyes en materia de drogas y sustancias psicotrópicas en Italia. Allí se regula, entre otros aspectos, el nivel de control y regulación para cada droga (título 1), la sanción de la actividad ilícita (título 8) y los tratamientos preventivos, curativos y de rehabilitación (título 11).
[4] “Discurso del Santo Padre Francisco a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal”, Sala de los Papas, 23 de octubre de 2014. Recuperado de: https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html