Por Magdalena López (CONICET/UBA)

Tradicionalmente, hubo tres grandes confluentes de interés académico regional en Paraguay: las misiones jesuíticas y el Gobierno de Francia, la Guerra contra la Triple Alianza, y la dictadura stronista. ¿En el medio? El río del olvido, o “la isla rodeada de tierra” de Roa Bastos.

En años recientes, tras el acceso del ex obispo Fernando Lugo a la presidencia en 2008 –ganándole al Partido Colorado por primera vez desde 1948- y en “coincidencia” con los vientos que soplaban en el Cono Sur (extendido hasta Venezuela, pasando por Ecuador también), Paraguay retomó cierta centralidad en los estudios regionales. Sin embargo, esto sucedió más como “moda” que como un sistemático interés por comprender la realidad política y económica del país. Un país que comparte características con la región pero también está atravesado por especificidades que generan ese espejismo de “rareza” y “excepcionalidad”.

El ejercicio teórico consiste, entonces, en evitar llegar a Paraguay con hipótesis y conceptos que no permitan ver la originalidad de sus experiencias, pero, al mismo tiempo, evitar perdernos en esa unicidad (en “lo exótico” del caso) y no lograr ver cuánto de lo regional ha influido en el país.

Por otra parte, cuando estudiamos Paraguay desde otros países de la región, es necesario pensar en sus propias “grietas” sociopolíticas y no en exportarle las de nuestros países de origen, un ejercicio que cuesta mucho sobre todo a las y los investigadores de los países vecinos Argentina y Brasil.

A continuación, revisaremos muy brevemente algunas de las características específicas del escenario político y económico paraguayo reciente.

Viejos actores, nuevos escenarios y continuas resistencias

En el siglo XX, Paraguay fue gobernado por el Partido Liberal -entre 1904 y 1940, pero con algunas interrupciones-, que volvió a la presidencia nuevamente en 2012 por un año; entre 1940 y 1948 por el militar Higinio Morínigo; entre 1948 y 2008 por el Partido Colorado, que volvió al poder en 2013 hasta la actualidad.

Desde la declaración de la independencia hasta la actualidad, la tierra se construyó como un elemento de disputa en Paraguay. La lucha por la posesión, ocupación, producción y concentración de la tierra han caracterizado el ritmo económico del país desde el tiempo de Gaspar Rodríguez de Francia hasta el actual de Mario Abdo Benítez.

La tierra es un centro tan nodal que incluso la Constitución (aprobada en 1992 y aún vigente con una sola modificación incorporada en 2011) contiene un artículo específico para la realización de la Reforma Agraria, una demanda histórica de los movimientos campesinos.

Informes de Derechos Humanos han reportado una creciente criminalización de la protesta campesina, así como la existencia de ejecuciones de líderes y asesinatos por sicariato en las áreas rurales.

La problemática de la propiedad de la tierra en Paraguay tuvo su representación en el libelo acusatorio por el cual se expulsó en 2012 al primer presidente no colorado de la transición: entre las cinco causas usadas para montar el Juicio Político contra Lugo, dos referenciaban a acciones en torno a tierras ocupadas (Ñacundai y Curuguaty).

La escasa intervención del Estado en la economía ha hecho de Paraguay un país tendiente a la concentración no sólo en lo que respecta a la posesión de la tierra, sino también a otros sectores económicos tanto industriales como de servicios y financieros.

Los medios masivos de comunicación no quedan ajenos a este proceso de concentración, la mayoría está en manos de 4 grandes grupos (González, Vierci, Zucolillo y Cartes), y uno de ellos pertenece al ex presidente Horacio Cartes, grupo que, además, creció en los años de su presidencia, generando un escenario problemático en cuanto a la pluralidad y diversidad de voces.

Además, la concentración económica se ha acompañado de concentración política, en una elite que no siempre coincide en las mismas personas, pero sí en los mismos intereses.

Dentro del Congreso, los dos partidos tradicionales (el Partido Colorado, llamado oficialmente Asociación Nacional Republicana-ANR, y el Partido Liberal Radical Auténtico-PLRA) han concentrado la mayor cantidad de bancadas, siendo la ANR la que de los dos, ha conseguido más desde 1989.

Desde su creación, en 1887, el Partido Colorado ha estado más tiempo en el poder que en la llanura. El mayor período ininterrumpido fue de más de 60 años (1948-2008), 35 de los cuales pertenecieron a la dictadura stronista (1954-1989). Por estos antecedentes es que el ascenso al poder del no-colorado Fernando Lugo fue un momento bisagra de la política paraguaya. Si bien el coloradismo primó en el Congreso (ambas Cámaras) y también en las gobernaciones y en organismos departamentales y municipales, fue desbarrancado de la presidencia por una alianza heterogénea, conflictiva desde su inicio, entre movimientos más progresistas, partidos minoritarios y el PLRA, portador de la estructura y la presencia a nivel nacional.

Pero la experiencia luguista, con sus luces y sombras, enfrentó un final anticipado en un Juicio Político exprés, que no cumplió con requisitos mínimos legales, por lo que se consideró un Golpe Parlamentario, gestionado por los tres partidos más numerosos en el Congreso: ANR, PUNACE y el PLRA, que rompió su propia coalición.

El derrocamiento del ex obispo significó el regreso del PLRA a la presidencia, cargo que no detentaba desde 1940. Si bien la llegada fue turbulenta, puesto que se acusó al vicepresidente de la fórmula de Fernando Lugo de haber abandonado y traicionado su propia alianza, esto le valió para romper la llanura aunque sea por un corto período (hasta finalizar el mandato que originalmente le correspondía al presidente removido).

En el 2013, el empresario millonario, acusado de estar relacionado al tráfico internacional, Horacio Cartes, devolvió la presidencia del país al Partido Colorado. Habiéndose forjado camino dentro de la ANR a fuerza de modificar los reglamentos internos que prohibían su candidatura, Cartes llegó al poder con un discurso tecnocrático que fue rápidamente resistido por el partido que le garantizó el triunfo. Las resistencias coloradas internas no se hicieron esperar y toda la gestión cartista estuvo marcada por fricciones entre su facción y otras facciones del Partido. Este enfrentamiento significó que su delfín perdiese las elecciones internas y el proyecto cartista fuese interrumpido.

En el siguiente apartado, trataremos este proceso con un poco más de detenimiento.

El Partido Colorado en el poder: un hijo de la dictadura que se adaptó a las reglas democráticas

Más allá de lo tentador que resulta pensar que el actual presidente Mario Abdo Benítez es una extensión de la dictadura stronista por ser el hijo del secretario privado del dictador Stroessner (y porque fue a visitar la tumba de su padre en cada uno de los momentos políticos de mayor relevancia, con un conjunto de medios y cámaras siguiéndolo), su carrera política se construyó dentro de las reglas democráticas.

Si bien su ingreso al Partido estuvo marcado por su familia y el rol cercano a Stroessner y su círculo rojo, Mario Abdo (hijo) estudió en el exterior y, al regreso, construyó su carrera política bastante disimuladamente, ejerciendo cargos dentro del Partido, antes de pegar el salto a una bancada en el Senado.

Su candidatura para la presidencia logró aglutinar a otros caudillos y actores importantes de la ANR que no habían logrado, hasta entonces, alinearse detrás de algunos de ellos.

En su discurso de asunción presidencial, Abdo no olvidó mencionar: “quiero agradecerle a la dirigencia de mi partido, al gran Partido Colorado. También a los que me han acompañado a lo largo de esta trayectoria política. Hemos crecido juntos”.

Entendemos a Abdo Benítez como un actor que, sin contar personalmente con un gran capital político propio, supo explotar el capital político de su apellido en la ANR, articulando entre facciones del partido, para enfrentarse a Cartes, que representaba ya un actor muy poderoso, sobre todo por su gran caudal financiero.

El enfrentamiento fue con Cartes, pero el triunfo en la interna se dio contra su delfín, el economista Santiago Peña, puesto que por una prohibición constitucional expresa, en Paraguay, los presidentes y los vicepresidentes no pueden reelegirse nunca, en ningún caso (artículo que quiso ser modificado en 2017, de manera muy desprolija, por un grupo de Senadores, 25 en total, que sesionaron fuera del recinto, modificando el reglamento interno para poder hacerlo, acción que fue rechazada fuertemente por una manifestación popular y acabó con la quema del edificio del Senado y el asesinato de un joven liberal en manos de las fuerzas de seguridad).

Esta prohibición incentiva que los presidentes salientes elijan un delfín que continuará el legado.

Las elecciones generales enfrentaron a Abdo Benítez, fortalecido por haberle ganado al “elegido” del ex presidente, que contaba con mayor financiamiento y con la estructura estatal, y a la Alianza Ganar. Esta coalición, inspirada en la de 2008, que volvió a unir al PLRA con el Partido Tekojoja (formado en torno a la figura de Fernando Lugo) y las demás organizaciones, propuso para la presidencia a un candidato liberal (Efraín Alegre) y para la vicepresidencia a uno del círculo progresista (Leo Rubín).

En la contienda electoral, que fue acusada de fraudulenta y cuyos resultados tardaron en ser reconocidos por los perdedores, Abdo se impuso por la menor diferencia de votos registrada por el Partido Colorado, convirtiéndose así en el presidente más joven del Paraguay democrático.

Su triunfo (o en plural, si contamos lo relevante que son las internas coloradas para el escenario político general) es el triunfo del discurso de la “esencia del coloradismo” por sobre lo tecnocrático, lo advenedizo (sobre todo, porque Cartes se unió a la ANR apenas unos meses antes de las elecciones que lo llevaron a la presidencia y su delfín, Peña, tuvo que reciclarse colorado, poniéndose el pañuelo simbólicamente en un acto público, para negar su pasado liberal y permanecer en el gabinete cartista como Ministro de Hacienda), lo no “tradicionalmente colorado”. No faltó referencia a esta disputa contra Cartes en el discurso de asunción de Abdo Benítez: “En Paraguay no ganó el que tenía más dinero, el que tenía más estructura, ganó el que nunca perdió la fe”, claro que, además, dijo que su jefe de campaña era Dios y que él prefiere más “los aplausos de salida que los de entrada”.

Reflexiones finales

A pesar de su belleza, la metáfora de Roa Bastos “el infortunio se enamoró del Paraguay”, que alcanza sobradamente su fin literario, no nos permite entender los designios políticos y económicos del país.

Paraguay ha logrado controlar la inflación, generar crecimiento económico sostenido incluso en períodos de caída regional, aumentar sus niveles de producción en diferentes sectores, posicionar sus productos agro-ganaderos a nivel mundial y atraer inversiones y capital extranjero; pero no provee servicios dignos de salud y educación, no tiene un sistema eficiente de jubilación y pensiones, no ha logrado disminuir la pobreza que se ha estancado desde 2014, carece de las prestaciones sociales básicas, sostiene un esquema de empleo flexibilizado que afecta a los trabajadores y prolifera el empleo informal, criminaliza la protesta, tiene altísimos grados de desigualdad social y de género, registra numerosos casos de corrupción que manchan tanto la reputación de miembros de los tres poderes y de grupos empresariales, entre otros fenómenos de relevancia similar.

La imagen de un Paraguay poco desarrollado, rural, perdido en el “avance de la civilización” con la que suelen intentar graficarlo desde otros países es, en realidad, una fotografía vieja, que no describe las problemáticas políticas y económicas que caracterizan al Paraguay de hoy.

La informalidad, la desigualdad, la falta de derechos sociales-económicos-culturales, la exclusión, son algunas de las problemáticas del Paraguay de hoy. También lo son las elites políticas que tienen muy poca conexión con las bases, las dinámicas dentro de los partidos tradicionales, la dificultad para garantizar la participación política de las mujeres, la problemática ley electoral que no garantiza la transparencia y el cuidado del proceso de voto[1], un conservadurismo nacionalista que no disminuye, etc.

El infortunio no se enamoró del Paraguay, su sistema político y económico está asentado sobre una desigualdad estructural y descansa tranquilo por la poca organización existente en los movimientos sociales (exceptuando el movimiento campesino, espina dorsal de la resistencia). Esta sociedad -que durante la dictadura fue acallada por una represión feroz y que durante la transición fue convertida en votantes que participan en procesos electorales cada 5 años- ha explorado formas de protesta incluso por fuera de “lo que se espera de ella” en términos legales, como en el Marzo Paraguayo de 1999 y de 2017[2] o en los escraches sostenidos por meses en 2018[3], logrando mediante sus acciones cambios significativos en el devenir político del país, dejando como aprendizaje que en Paraguay es posible modificar la realidad política por medio de la participación. El desafío es, entonces, que este aprendizaje sea masivo y que dicha masividad se traslade a las urnas, para luego ser esa misma sociedad la que tutele el respeto a sus derechos y el camino a la igualdad.

 

[1] La normativa electoral paraguaya tiene algunos problemas estructurales que abarcan desde el sistema de financiamiento (que no prevé mecanismos para lograr una situación de igualdad entre partidos de la llanura con los de gobierno o partidos chicos con mayoritarios) hasta el sistema de conteo de votos (dado que las boletas no se guardan, sólo se guardan las actas de relevamiento de cada mesa que se generan bajo la presencia de autoridades partidarias, puesto que las mesas se conforman con personas propuestas por los partidos y generalmente, con preeminencia de los mayoritarios). Entre estos dos extremos, tenemos además temas de constitución de poderes: por ejemplo, las leyes electorales no contemplan doble vuelta para los cargos presidenciales ni mayorías especiales de ningún tipo.

[2] Estas acciones fueron marchas y protestas contra la maniobra para aprobar la reelección presidencial, que terminó con la quema del Senado y el asesinato de un joven militante liberal.

[3] En 2018, un conjunto de manifestantes organizaron permanentes escraches a una lista de congresales que estaban acusados de corrupción y malversaciones diversas, y en algunos casos incluso encontrados culpables. Estas acciones de protesta lograron que varios de estos diputados y senadores renuncien a sus cargos (como los casos de Ibáñez, González Daher y Oviedo Matto) o sectores de sus partidos requieran sus renuncias (como sucedió con Portillo y el PLRA).