Políticas de defensa
Fuerzas Armadas argentinas y la derecha

Por Sergio Eissa

A partir de un escenario ficcional -el triunfo de la ultraderecha en la Argentina-, el politólogo especialista en temas de defensa, Sergio Eissa, analiza la situación actual de las fuerzas armadas y su rol en relación con la democracia.  

 

La doble encrucijada 

A modo de introducción 

El pasado 22 de octubre de 2023 resultaron electos Javier Milei y Victoria Villarruel, como presidente y vicepresidenta de la República Argentina. Durante la asunción presidencial, el día 10 de diciembre, cabe destacar que estuvieron presentes el Secretary of State for Foreign, Commonwealth and Development Affairs del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; el Secretario de Estado de los Estados Unidos; y la Comandante del Comando Sur, Generala Laura Richardson, entre otros enviados. 

Entre las primeras medidas adoptadas en materia de defensa nacional, se disolvió el Ministerio de Defensa y se creó el Ministerio de Seguridad Nacional; se retrotrajeron las autonomías de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fueron reincorporadas al Ejército Argentino, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina, respectivamente. Asimismo, se cerraron las instalaciones en Tolhuin, se retiró el radar RPA y se disolvió la Guarnición Militar Conjunta. Por otro lado, se anunció un aumento del presupuesto en defensa que alcanzaría en el año 2024 la cifra del 1,5% del PBI, un incremento salarial, pero disolviendo el arma de caballería, las aviaciones de combate de la Fuerza Aérea Argentina y la Armada Argentina; como, así también, serían sacadas fuera de servicio las corbetas, fragatas y destructores para concentrar el esfuerzo operacional en la custodia de la pesca ilegal, junto a la Guardia Costera de los Estados Unidos, con lanchas patrulleras oceánicas compradas a Francia. 

En paralelo, se reactivó el Acuerdo Foradori-Duncan, se reconoció al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como país ribereño para proteger las riquezas del Atlántico Sur y se habilitaron más vuelos desde Suramérica hacia las Islas Malvinas. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte autorizó al gobierno isleño a realizar un nuevo referéndum para definir el estatus de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Al respecto, el gobierno argentino se comprometió a respetar el resultado del mismo, firmando los instrumentos internacionales que correspondiesen. 

Mientras escribo estas líneas, las primeras tropas del Ejército Argentino y la Infantería de Marina patrullan las calles de Rosario y del Conurbano en unos jeeps verdes, recién adquiridos al Reino Unido. 

¿Es plausible este escenario hipotético? 

La política de defensa argentina 

La larga historia de intervención de las Fuerzas Armadas en el sistema político tornaba entendible que la principal preocupación de la política haya sido como subordinar a los militares entre 1983 y 1990 y que el eje principal de la investigación académica durante esos años haya estado centrado en la teoría de las relaciones civiles-militares. Esta inquietud fue reforzada porque durante la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989) se produjeron tres (3) levantamientos carapintadas.  

A los efectos de lograr la subordinación, Raúl Alfonsín recurrió a tres políticas. En primer lugar, redujo el presupuesto desde más del 2,7% hasta el 1,9% del PBI. En segundo lugar, la Cancillería argentina desactivó las hipótesis de conflicto con los países de la región. Finalmente, tal como había prometido en la campaña electoral, juzgó a los responsables del Terrorismo de Estado, pero de manera limitada, y fue pasando a retiro a los involucrados en causas de lesa humanidad y en los levantamientos carapintadas a través del Decreto Nº 436/84. 

El control civil de las Fuerzas Armadas se alcanzó en Argentina en el año 1990 cuando el presidente Carlos Menem (1989-1999) reprimió con éxito el último levantamiento carapintada. Esta situación fue corroborada cuando en diciembre de 2001, el Jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, Teniente General Ricardo Brinzoni, rechazó el pedido del presidente Fernando de la Rúa (1999-2001), de su Secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y de su Ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, para reprimir las protestas que estaban ocurriendo en diferentes lugares del país. A criterio de este jefe militar, no solo no estaban dadas las condiciones de excepcionalidad, previstas en la Ley de Seguridad Interior Nº 24.059, sino que además consideró que se trataba de un problema político y socioeconómico que debían resolver las instituciones políticas.  

También es destacable el rol que tuvo el Congreso de la Nación. Durante diferentes presidencias se sancionaron las tres (3) leyes que conforman el constructo sistémico de la Doctrina de Defensa Nacional. Esas leyes son: la Ley Nº 23.554 de Defensa Nacional (1988), la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior (1992) y la Ley Nº 25.520 de Inteligencia Nacional (2001) y su modificatoria del año 2014. Estas leyes y los principios liminares que se desprenden de ellas es lo que Marcelo Saín denomina como “Consenso Básico”. Esos principios son: a) el Gobierno Civil de la Política de Defensa, b) la separación orgánica-funcional de los Sistemas de Defensa Nacional y de Seguridad Interior y c) la supresión de las hipótesis de conflicto con los países de la región. El Consenso Básico fue completado e implementado por la ex Ministra de Defensa, Nilda Garré (2005-2010) conformando un conjunto de políticas que constituyen la actual Doctrina de Defensai. Esto fue posible porque, tanto en el Congreso de la Nación como en el Ministerio de Defensa, tres generaciones de analistas, académicos y asesores conformaron una comunidad epistémica que tuvo un rol relevante en la construcción del citado Consenso. 

El “Consenso Básico” puede graficarse de la siguiente manera: 

Gráfico 1: Consenso Básico 

Fuente: elaboración propia 

La Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas frente a una doble encrucijada 

Según Rosendo Fraga, el voto en la Antártida ha sido considerado como una forma de analizar el voto militar. Siguiendo este criterio, los militares votaron –de acuerdo a los datos del analista citado y a los provistos por Andy Tow – a: 

Cuadro Nº 1: Voto Militar en la Antártida 

Año  Candidato  Porcentaje de Votos 
1995  Carlos Menem  73% 
1999  Eduardo Duhalde  62% 
2003  Ricardo López Murphy  32% 
2007  Elisa Carrió  33% 
2011  Eduardo Duhalde  36,56% 
2015  Mauricio Macri  75% 
2019  Mauricio Macri  89,4% 

Fuente: elaboración propia en base a datos de Rosendo Fraga y Andy Tow. 

 

Cabe aclarar que Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur se convirtieron en provincia a partir de la aprobación de la Ley Nº 23.775 en el año 1990. 

Rosendo Fragaii concluye que el voto militar muestra una tendencia a votar espacios políticos que promulguen una ideología de centro-derecha, aun en el caso del peronismo. Esos candidatos obtienen un mayor porcentaje de voto que el que obtienen a nivel nacional. Paradójicamente, han sido esos espacios quienes más han descuidado la política de defensa en Argentina desde el retorno a la democracia en 1983. 

El desinterés de la derecha tradicional 

La política de defensa es la hija olvidada de las políticas públicas por la derecha y centro derecha tradicional argentina, a diferencia de lo que ocurre con los partidos y coaliciones políticas de ese lugar del continuum del clivaje político de otros países. Mientras que los republicanos en Estados Unidos y los conservadores europeos son considerados “halcones” en materia de política internacional y defensa, en nuestro país han sido responsables de la debacle de la política de defensa y de su Instrumento Militar: las Fuerzas Armadas. 

En efecto, las políticas neoliberales de Carlos Menem (1989-1999) y de Fernando de la Rúa (1999-2001) redujeron el presupuesto del 1,9 al 1,2% del PBI (Stockholm International Peace Research Institute, en adelante SIPRI). Esta reducción se hizo sin ningún tipo de planificación afectando todos los aspectos de la inversión en defensa: sueldos, gastos de adiestramiento y alistamiento y compras. Si bien se efectuaron algunas adquisiciones, éstas fueron de oportunidad y no resultado de un proceso de planeamiento. Por ejemplo, durante la presidencia de Carlos Menem se adquirieron treinta y seis (36) aviones A4-AR para reemplazar la gran pérdida de aeronaves que tuvo la Fuerza Aérea Argentina en la Guerra del Atlántico Sur (1982). Ahora bien, esa adquisición se hizo sin transferencia tecnológica y sin tener en cuenta los gastos de adiestramiento, alistamiento y mantenimiento. Por tal motivo, del total de aviones comprados, la mitad fueron previstos para que sus repuestos sean utilizados para mantener una flota de únicamente de dieciocho (18) aviones. Más aún, se privatizaron o cerraron fábricas militares y se canceló el Proyecto del Misil Cóndor II que le hubiera otorgado a Argentina soberanía en materia de tecnología espacial. 

Asimismo, Estados Unidos pugnó durante esos años para que Argentina adoptara como hipótesis de empleo de su Sistema de Defensa a las denominadas “Nuevas Amenazas”. Éstas abarcan problemas tan amplios como el terrorismo islámico, el narcotráfico, tráfico de armas, pobreza extrema, inmigración descontrolada, secesionismo indígena y hasta HIV-SIDA, entre otros. Este concepto surgido en la Random Corporation –un poderoso Think Tank estadounidense- fue incorporado por los Estados Unidos en el documento estratégico Bottom Up Review del año 1993.  Sin embargo, los Estados Unidos nunca involucraron a sus Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico o el terrorismo, por ejemplo, en su territorio porque –al igual que en Argentina– lo prohíbe su ley de defensa de 1878. Si fueron identificados como las principales amenazas de este país para actuar en el exterior hasta la publicación de la Estrategia de Defensa Nacional en el año 2018, cuando ciertos Estados –como China, Rusia, Irán y Corea del Norte- fueron considerados como las principales amenazas de ese país.  

La adopción de estas políticas hubiera desnaturalizado y desprofesionalizado a las Fuerzas Armadas. Ello no ocurrió en virtud de la fortaleza institucional del “Consenso Básico” y del desinterés de Carlos Menem y Fernando de la Rúa por los temas de defensa nacional. 

El gobierno del presidente Mauricio Macri (2015-2019) fue un deja vu de los años noventa para la Argentina y para la política de defensa en particular. A los efectos de implementar su política de defensa, se recurrieron a ex militares y acólitos del carapintada José Gómez Centurión que habían formulado un plan de gestión en la Fundación Pensar. Estos tomaron el control de la gestión del Ministerio de Defensa, tal como lo habían hecho durante la gestión radical entre 1999 y 2001. 

Como resultado de esas políticas, esta administración redujo la inversión en defensa a su valor más bajo –de acuerdo a los registros de SIPRI- situándola en el 0,7% del PBI. Asimismo, desactivó proyectos como la fabricación de Radares 3D para control, vigilancia y reconocimiento del espacio aéreo; denostó la fabricación de vectores y satélites; y compró cinco (5) aviones a Francia que, de acuerdo a un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de enero 2022 (IF-2022-12758871-APN-GCSI#SIGEN) no estaban ni están en condiciones de volar.  

Asimismo, el gobierno buscó que las Fuerzas Armadas argentinas adoptaran como hipótesis de empleo la lucha contra el narcotráfico en línea con la agenda de los Estados Unidos para América Latina, lo cual fue resistido por autoridades del Ejército Argentino. Esta concepción fue plasmada en nuestro país no solo a través de declaraciones públicas del ex Ministro de Defensa, Oscar Aguad, sino también con la aprobación de los Decretos Nº 683 del 23 de julio de 2018 y del 703 del 30 de julio de 2018 (Directiva de Política de Defensa – DPDN 2018). Ambos intentaron plasmar ese proyecto de política de defensa. Afortunadamente, la DPDN 2018 no dio origen al planeamiento de la defensa nacional, por la desidia o el desinterés, por lo cual esos proyectos quedaron truncos y ambos decretos fueron derogados en el año 2020. 

Por último, otro ejemplo de desinterés fue la odisea que transitó la elaboración de la DPDN 2018 durante las gestiones de los dos ex Ministros de Defensa, Julio Martínez (2015-2017) y Oscar Aguad (2017-2019). Durante el año 2014, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) firmó el Decreto Nº 2645 de ese año, por el cual se aprobó la DPDN 2014. Esta norma puso en marcha el Segundo Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional, pero el mismo fue suspendido en el año 2016. Tal como reseña Luciano Anzelini3, el ex Ministro de Defensa, Julio Martínez, le ordenó al Viceministro, Ángel Tello, a través de la Resolución MD Nº 348/2016 que suspendiera el Ciclo de Planeamiento iniciado en el 2014 –aduciendo fallas en el mismo–, que iniciara un proceso de planeamiento abreviado y elevara en el plazo de diez (10) días una “Directiva para la Ejecución del Planeamiento Estratégico de la Defensa Nacional 2017-2019”. Frente a la desidia de ese funcionario, el Ministro de Defensa firmó la Resolución Nº RESOL-2016-15-E-APN-MD, por el cual le instruyó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (EMCO) que redactara un “Plan Esquemático de Equipamiento 2017/2019”. Un año más tarde, el 5 de mayo de 2017, dicho Ministro de Defensa requirió al EMCO que iniciará el planeamiento estratégico militar, previsto en el Decreto Nº 1729/2007, sin tener presente la DPDN 2014, que seguía vigente, porque el Ministerio de Defensa estaba elaborando la que sería la DPDN 2018. Finalmente, como relata Luciano Anzelini, ésta ni siquiera fue elaborada por el Ministerio de Defensa, sino por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, dependiente de la Presidencia de la Nación. ¿Por qué no se avanzó en el proyecto de política de defensa que propugnaban en el Ministerio de Defensa? Porque nuevamente la fortaleza del “Consenso Básico” lo impidió. En segundo lugar, también pesaron la resistencia de algunos militares que no estaban de acuerdo en participar en la lucha contra el narcotráfico. Por último, la creación del Ministerio de Seguridad en el año 2010 le permitió a las Fuerzas de Seguridad (Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina) tener más poder para defender su rol en relación a los delitos federales. 

Pese a las enseñanzas de la Guerra del Atlántico Sur (1982), la planificación fue considerada irrelevante y las Fuerzas Armadas, tal como estaban concebidas, eran innecesarias en el marco del rol que la derecha le pretendió asignar a las mismas en materia de seguridad. 

Finalmente, la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), que desde la Convención del 15 de marzo de 2015 se alió a la derecha tradicional, representada desde principios del Siglo XXI por el PRO, aprobó el 11 de junio de 2023 los “LINEAMIENTOS PARA EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE LA UCR 2023-2027”. En lo referido a la Cuestión Malvinas propone, como se hizo durante las gestiones presidenciales de 1989-2001 y 2015-2019, y en especial con el Acuerdo Foradori Duncan, retomar el diálogo bilateral con el Reino Unido de Gran Bretaña que apartó de la agenda el reclamo de soberanía.  

En materia de defensa y Fuerzas Armadas, plantean la elaboración de una Estrategia de Seguridad Nacional conforme a la evolución de los conflictos modernos, es decir, y sin decirlo taxativamente, el narcotráfico y el terrorismo, por ejemplo. Esto requiere subvertir la visión de los legisladores que votaron las leyes de Defensa en 1988 y de Seguridad Interior en 1992, donde claramente restringían la actuación de las Fuerzas Armadas contra Agresores Externos Militares Estatales, para que las Fuerzas Armadas se adiestren frente a esos “nuevos conflictos” y desplieguen tropas de combate para reestablecer la seguridad interior y habilitar a que las Fuerzas Armadas hagan contrainteligencia. También se plantea quitarle funciones a la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina para asignárselas a las Fuerzas Armadas. 

¿Por qué esta derecha no fue un “halcón”? Se pueden identificar dos (2) motivos. El primero es que el Sistema de Defensa Nacional no escapó al achique del Estado y a la ola privatizadora que afectó a todo el Estado Nacional. El segundo motivo fue que alineamiento con los Estados Unidos, principalmente, y los acuerdos firmados con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; plasmados en los Acuerdos de Madrid I y II (1989 y 1990). Esta postura tornaba innecesario que Argentina contará con Fuerzas Armadas acordes a un país con el octavo territorio del mundo. 

En efecto, esta postura de los Estados Unidos no era nueva. Tanto los Programas de Ayuda Militar, al Foreign Assistance Act y la Doctrina de Seguridad Nacional buscaban que los militares “nativos” –en palabras del ex Secretario de Defensa de ese país, Robert McNamara– debían conformar Small Armed Forces que cumplieran un rol subordinado persiguiendo “subversivos” en el marco de la Guerra Fría (1947-1991). Esa pretensión se transformó con la implosión de Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.) porque, como se dijo, se presionó para involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra las Nuevas Amenazas, convirtiéndolas en “Guardias Nacionales”, cumpliendo un rol policial y de control social de la población.  

La defensa nacional y las Fuerzas Armadas bajo la mirada de la Alt-Right4 

El escenario hipotético que planteamos en la introducción es plausible. De acuerdo al análisis del voto en la Antártida que propone Rosendo Fraga, ese voto no ha cambiado significativamente desde 1983 a la fecha. En consecuencia, los militares podrían votar al candidato de Juntos por el Cambio o, decepcionados por su gestión en el Ministerio de Defensa, votar a Javier Milei y Victoria Villarruel en las elecciones del año 2023. 

Si tanto en los casos de Carlos Menem, Fernando de La Rúa y Mauricio Macri el alineamiento de la política exterior y el programa económico explicaron la concepción de la política de defensa de esos gobiernos; la lectura del programa de gobierno y algunas declaraciones de Libertad Avanza podría ser un predictor de cuál podría ser la política de defensa. 

Veamos en primer lugar las declaraciones públicas sobre diferentes tópicos de cada diputado que integra la fórmula de Libertad Avanza que surgen cuando se introduce sus respectivos nombres y esos temas en el buscador de Google. 

En el caso de Javier Milei, se obtienen los siguientes resultados: 

  1. Relación con los EE.UU.: sus aliados naturales son los Estados Unidos e Israel y apoyo reiteradamente a Donald Trump y a Jair Bolsonaro. 
  2. Economía/rol del Estado: dolarización; cargar el ajuste al sector público, recortando el gasto estatal en 13 puntos, cerrando empresas públicas, sin aclarar si en esa decisión incluye también a las empresas del Subsistema Productivo de la Defensa. Asimismo, agregó que el Estado no es la solución, sino el problema y que, en ese sentido, cerraría el Banco Central. 
  3. Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur: respetar la voluntad de los isleños, porque viven en un país desarrollado “y no en uno miserable como el nuestro”5. 
  4. Crítica al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por actividades militares en el Atlántico Sur: no hay ninguna crítica o pronunciamiento sobre la presencia del Reino Unido en las islas del Atlántico Sur o la realización de ejercicios militares. Las únicas menciones se relacionan a sus elogios a Margaret Thatcher y a Winston Churchill. 
  5. Defensa Nacional/Fuerzas Armadas: no ha definido su propuesta de política de defensa ni su política con respecto a las Fuerzas Armadas. Se ha limitado negar el Terrorismo de Estado, reivindicar la “Teoría de los Dos Demonios” y a incorporar a ex militares a su espacio político. 

En el caso de Victoria Villarruel, se observan los siguientes resultados: 

  1. Relación con los EE.UU.: no hace mención a qué tipo de relación se establecería con los Estados Unidos. 
  2. Economía/rol del Estado: expresó que el ajuste había que cargárselo al sector público y apoyó la dolarización. 
  3. Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur: no ha hecho mención a la soberanía sobre las Islas del Atlántico Sur ni a la ocupación británica. 
  4. Crítica al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por actividades militares en el Atlántico Sur: no ha criticado la ocupación o los ejercicios militares británicos.  
  5. Defensa Nacional/Fuerzas Armadas: sus referencias han estado asociadas a la defensa de ex militares involucrados en delitos de lesa humanidad y en la reivindicación del Terrorismo de Estado. En uno de sus pocos discursos parlamentarios, sostuvo que había que recuperar las capacidades y salarios de las Fuerzas Armada; aunque cita erróneamente el porcentaje del PBI destinada a la defensa nacional. Si bien se opuso a que las FF.AA. luchen contra el narcotráfico, acorde a la actual legislación, consideró que había que realizar un cambio en el planteo sobre este tema, teniendo en cuenta que ya existen cuatro Fuerzas de Seguridad abocadas a tal problemática6 

Si analizamos los proyectos presentados en la Cámara de Diputados, tenemos los siguientes resultados: 

Tabla Nº 2: Labor Parlamentaria de los Diputados Nacionales Javier Milei y Victoria Villarruel 

  Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sanwich del Sur  Política de Defensa  Fuerzas Armadas  Repudio a presencia/ejercicios militares del RUGB  Otros  Total 
Javier Milei  0  0  1  0  26  27 
Victoria Villarruel  1  4  2  0  41  48 
Total  1  2  3  0  69  75 

Fuente: elaboración a partir de datos suministrados por Mg. Juan Calvo 

 

Tanto Victoria Villarruel como Javier Milei fueron electos Diputados Nacionales en las elecciones legislativas del año 2021. A la fecha han presentado y/o acompañado setenta y cinco (75) proyectos (ley, Declaración, Comunicación, Resolución/Declaración, Mensaje al Poder Ejecutivo Nacional). Cabe destacar que Javier Milei no presentó ningún proyecto y solo ha acompañado con su firma a otros diputados. Cuantitativamente, se observa claramente que el tema Fuerzas Armadas es irrelevante para Javier Milei (3,7%) y nada relevante los temas referidos a la política de defensa y la disputa de soberanía por las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. 

En el caso de Victoria Villarruel, Fuerzas Armadas y política de defensa concitaron su atención en un 4,16% y 8,33%, respectivamente, y la Cuestión Malvinas solo en un 2.08%. Más interesante resultan los contenidos de los proyectos presentados y/o acompañados por la Diputada Nacional. En cuanto a las Fuerzas Armadas, aparecen mencionadas en un proyecto de pedido de informe sobre el presupuesto operativo destinado al Instrumento Militar. En lo que respecta a política de defensa, los proyectos presentados y/o acompañados se vinculan más al pasado (por ejemplo, el pedido de reconocer a los caídos en el Regimiento de Infantería de Monte 29) y a supuestas perdidas de material bélico, aeronaves y faltantes de radares. Por último, el proyecto relacionado a la Cuestión Malvinas se refiere a una expresión de beneplácito por el izamiento de la bandera nacional luego de la recuperación de las islas del Atlántico Sur durante la guerra de 1982. 

Como nota al pie, llama la atención que en la categoría “otros”, muchos de los proyectos se refieren a la supuesta cesión de tierra al pueblo originario mapuche, al izamiento de su bandera y sobre el pedido de establecer un día para recordar a las víctimas del terrorismo. 

Finalmente, el día 10 de mayo de 2023, se presentó en la justicia electoral la Alianza Libertad Avanza que, entre otros puntos, incluye la Plataforma Electoral. Esta fue publicada por la periodista Natalia Volosin en su red social Twitter el pasado 15 de mayo. Si utilizamos los mismos indicadores, surgen las siguientes observaciones: 

  1. Relación con los EE.UU.: la plataforma no contiene un apartado sobre política exterior y, por lo tanto, no se hace referencia a la relación con los Estados Unidos; 
  2. Economía/rol del Estado: en general, se propone un fuerte recorte del gasto público y achicamiento del Estado. Más en detalle, se señala que se eliminarán los gatos improductivos; el achicamiento del Estado; privatización de las empresas públicas (aunque no lo aclara, suponemos que esta propuesta abarca también a las empresas del Subsistema Productivo de la Defensa);  
  3. Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur: no hay ninguna mención a la disputa de soberanía con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Tampoco existe una defensa asertiva sobre nuestros derechos soberanos sobre las Islas. Éstas directamente no son mencionadas en la plataforma. 
  4. Crítica al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte por actividades militares en el Atlántico Sur: no hay menciones a la militarización del Atlántico Sur; 
  5. Defensa Nacional/Fuerzas Armadas: no hay un apartado sobre defensa nacional y la temática de las Fuerzas Armadas es tratado bajo el título: “Seguridad Nacional y Justicia”. En este se propone: militarizar el servicio penitenciario; reformular el sistema de seguridad interior; aumentar el control de los espacios marítimos y proteger los recursos pesqueros; incorporar tecnología para el control de fronteras; “replantear la política de defensa nacional para coordinar con la política exterior, especialmente en nuestra plataforma submarina exigiendo una reestructuración de las Fuerzas Armadas que demande redefinir su misión y despliegue territorial”; “promover una doctrina de seguridad nacional y sus estrategias”; “promover la creación e implementación de una directiva de política de seguridad nacional”; promover una ley de seguridad nacional acorde a las clásicas y las nuevas amenazas, riesgos o conflictos a la nación a la cual incluya el marco normativo ut supra”; “promover la reestructuración de los Sistemas de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia Nacional en otro macro, denominado Sistema de Seguridad Nacional que incumbe, entre otros subsistemas sectoriales del poder nacional, los instrumentos militares y no militares en: Subsistema de Seguridad Interior –Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal Argentina y Servicio Penitenciario Federal, en sumatoria con las policías y servicios penitenciarios provinciales y municipales (policías locales)–, Subsistema de Seguridad Exterior –Instrumento Militar de la Nación y Servicio Exterior de la Nación y Subsistema de Inteligencia Nacional– Instrumento Informativo de la Nación; “promover la reafirmación soberana nacional de todas las áreas geográficas donde se viera amenazada o peligre la supervivencia del Estado garantizando y manteniendo la seguridad territorial y estilos de vida, las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que establece la Constitución Nacional”; radarizar todo el territorio; “promover  a reafirmación y mejora de las misiones subsidiarias y secundarias del Instrumento Militar de la Nación e Instrumento Policial Nacional en apoyo sostenimiento y sustentabilidad de la Seguridad Nacional”; “promover a la creación de un Fondo Nacional de la Seguridad”; “promover un aumento porcentual tabulado, mediante Ley de Presupuesto Nacional, del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas”; “promover un redespliegue conjunto de la seguridad nacional”; y “promover el posicionamiento geopolítico consensuado como política de Estado”. 

En síntesis, si bien la plataforma no contiene un apartado sobre política exterior y, por lo tanto, no se explicita cuál será la relación con los Estados Unidos, en materia de política de defensa nacional y Fuerzas Armadas se propone adoptar la agenda que ese país viene proponiendo a los países de América Latina desde la década del ´60: subordinarse a los intereses que los estadounidenses tienen en América Latina. La propuesta no solamente significa un retroceso a la década de los ´70, sino también que niega la experiencia empírica y comparada en cuanto al fracaso que ha significado el involucramiento de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. Si a esto le sumamos el ajuste del gasto público, en definitiva, se está proponiendo destruir o, en el mejor de los casos, convertir a las Fuerzas Armadas en Guardias Nacionales. 

Finalmente, resulta llamativo la inclusión de la expresión “garantizar el estilo de vida” porque el ex Dictador Jorge Rafael Videla utilizó la misma frase el 8 de diciembre de 1977, cuando sostuvo7: 

La Argentina es un país occidental y cristiano (…); la Argentina es occidental y cristiano porque viene de su historia. Es por defender esa condición como estilo de vida que se planteó esta lucha contra quienes no aceptaron ese sistema de vida y quisieron imponer otro distinto […]. Por el solo hecho de pensar distinto dentro de nuestro estilo de vida nadie es privado de su libertad, pero consideramos que es un delito grave atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano queriéndolo cambiar por otro que nos es ajeno, y en este tipo de lucha no solamente es considerado como agresor el que agrede a través de la bomba, del disparo o del secuestro, sino también aquél que en el plano de la ideas quiera cambiar nuestro sistema de vida a través de ideas que son justamente subversivas; es decir subvierten valores, cambian, trastocan valores […]. El terrorista no sólo es considerado tal por matar con un arma o colocar una bomba, sino también por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización […]. 

Reflexión Final

Si los militares argentinos siguieran el patrón de su voto tradicional, de acuerdo a la hipótesis de Rosendo Fraga, de votar a los espacios políticos de derecha, se enfrentan a dos dilemas. El primero es que si votan a la derecha tradicional argentina, representada por la alianza Juntos por el Cambio, ya saben cuáles han sido los resultados debido a las experiencias de 1989 a 2001 y de 2015 a 2019; las cuales, condujeron a la destrucción de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el alineamiento con los Estados Unidos estableció que nuestros militares tuvieran un rol subordinado a los intereses estadounidenses en América Latina, llámese subversión, Nuevas Amenazas, narcotráfico, terrorismo. Esta misión no requiere Fuerzas Armadas, sino, como sostenía Robert McNamara, Small Armed Forces o Guardias Nacionales para cumplir tareas policiales. 

El segundo es que Javier Milei y Victoria Villarruel tienen una mirada retrospectiva, acorde con la propuesta retrotópica que tienen las Alt-Right. Esto ha quedado demostrado a partir del análisis de las declaraciones, de los proyectos presentados y de la Plataforma Electoral que han presentado a la Justicia Electoral. Sus visiones son un retorno a la defensa del estilo de vida, a lo que se le agrega el ajuste de la inversión en defensa y el involucramiento de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, acorde al alineamiento con los Estados Unidos y de la política económica que se propone implementar. En otras palabras, la destrucción de las Fuerzas Armadas. 

Tanto Juntos por el Cambio como Libertad Avanza no reconocen la existencia de una ocupación territorial por parte del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que se materializó luego de la invasión del 3 de enero de 1833 y que persiste hasta la fecha como un anacrónico enclave colonial y la construcción de una fortaleza militar que, además de cercenar nuestro territorio, afecta nuestros intereses vitales y estratégicos en el Atlántico Sur y la Antártida. 

El doble dilema es, entonces, ¿a quién votar? 

 


Sergio Eissa es Licenciado en Ciencia Política (UBA), Maestro en Ciencias Sociales mención en Relaciones Internacionales (FLACSO-Sede Argentina) y Doctor en Ciencia Política (UNSAM). Docente-investigador de UBA, IUGNA y UNDEF. Entre otras publicaciones se destaca “¿La irrelevancia de los Estados Unidos? La política de defensa argentina (1983-2010)”. 

 


1 Ver páginas 29 a 56 en Eissa, S. (2013). Redefiniendo la defensa: posicionamiento estratégico
defensivo regional. En Revista SAAP 7 (1). Recuperado de
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1853-
19702013000100002&script=sci_abstract&tlng=es).

2 Fraga, R. (2011). Análisis del voto militar. En La Tecla. Recuperado de
https://www.latecla.info/49354-anlisis-del-voto-militar.

3 Anzelini, L. (2023). Del acomodamiento civil deficiente al gobierno político de la Defensa:
planeamiento estratégico del sector en Argentina, 2015-2021. En Íconos. Revista de Ciencias
Sociales 75. Recuperado de
https://iconos.flacsoandes.edu.ec/index.php/iconos/article/view/5417/4296.

4 Para leer una conceptualización de las Alt-Right, ver Delfino, P. y Eissa, S. (2023). El grito
mudo del siglo: reflexiones en torno de las ¿nuevas? derechas y la vida común. En PostData.
Revista de Reflexión y Análisis Político 28 (1) Recuperado de
https://www.revistapostdata.com.ar/2023/06/el-grito-mudo-del-siglo-reflexiones-en-torno-de-lasnuevas-derechas-y-la-vida-comun-the-silent-scream-of-the-century-reflections-on-the-newrights-and-common-life-paula-delfino-y-sergio-e/

5 InfoFueguina (2022). Milei reveló cuál es su propuesta “para recuperar las Islas Malvinas”.
Recuperado de https://www.infofueguina.com/politica/2022/10/25/milei-revelo-cual-es-supropuesta-para-recuperar-las-islas-malvinas-68018.html.

6 Villarruel, V. (2023, 3 de marzo). ¡Deben las FF.AA. combatir al narcotráfico?. En La Nación.
Recuperado de https://www.lanacion.com.ar/opinion/deben-las-ffaa-combatir-el-narcotraficonid03032023/.

7 Recuperado de https://www.educ.ar/app/files/repositorio/html/01/57/a2ed79c9-d5f3-48fd-862bb0c72e42ecd5/14393/data/61385c44-c852-11e0-81f8-e7f760fda940/anexo3.htm.

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