Por Rodrigo Carmona
Inflación, pobreza y menor desempleo e ingresos
Los últimos índices de inflación, pobreza y desempleo en Argentina muestran un cuadro singular. En un marco de mejora de la economía en el último período se viene consolidando el fenómeno de los “trabajadores pobres”, con la particularidad de un gobierno peronista en ejercicio. Precisamente, esta última conceptualización ha venido adquiriendo relevancia a escala internacional ante los cambios desplegados en los mercados de trabajo, el aumento de los niveles de desigualdad y las modificaciones en los regímenes de bienestar en las últimas décadas[1].
Para graficar esta dinámica, los datos recientes muestran que la inflación para el mes de marzo del presente año alcanzó un 7,7%, su valor más alto desde abril de 2002, con un impacto aún mayor en alimentos al llegar a un 9,3% y un acumulado interanual del 104.3%. Por otro lado, las últimas cifras del INDEC mostraban que la pobreza involucraba al 39,2% de la población del país, esto es a 18,6 millones de personas. En el Gran Buenos Aires, territorio sensible por su elevada concentración de habitantes, bastión electoral del peronismo y mayores registros de pobreza que el promedio nacional -con un 45%-, la inflación general en el último mes presentaba también valores más altos -un 9,7%-.
Este proceso se plasma en un escenario dónde la economía nacional creció el año pasado un 5,2% y la tasa de desempleo retrocedió, bajó de 7,9% a 6,7% en tercer trimestre de 2022 en relación a igual período de 2021. La economía argentina atravesó así un ciclo de crecimiento en la postpandemia de dos años consecutivos, que implicó más que un simple rebote o mejora circunstancial, después de un trienio de caída. Esta etapa expansiva estuvo liderada por la producción de bienes y propició una importante generación de empleo.
Sin embargo, el incremento en el número de ocupados estuvo liderado por las modalidades más precarias de contratación (asalariados informales y trabajadores por cuenta propia, incluyendo el monotributo social), más allá de la evolución positiva que tuvo también el empleo registrado. En efecto, según el INDEC en el último año creció la informalidad laboral que se ubicó en el 35,5% frente al registro del 33,3% en el cuarto trimestre de 2021. De este modo, los asalariados no registrados pasaron de ser 4,5 millones de personas a un poco más de 5 millones, un incremento del 11%, mientras que el alza interanual de los asalariados registrados fue de apenas un 0,7%[2].
Estas circunstancias reafirman que el mercado de trabajo argentino se encuentra muy fragmentado y se caracteriza por una segmentación estructural. Por una parte, es posible advertir un sector que incluye a empleadores de establecimientos formales, profesionales independientes y asalariados que tienen protección a partir de un sistema regulado y organizado que estimula formas de empleo de mayor estabilidad y calidad. Por otra parte, existe un segmento más desestructurado del mercado de trabajo que funciona en condiciones de mayor irregularidad o sin un marco de protección normativo, que incluye actividades de baja calificación y por cuenta propia que ha tenido fuerte presencia en los últimos años[3].
Este grupo de trabajadores precarios que se extiende con peores condiciones y salarios se complementa con trabajadores registrados que les cuesta llegar a fin de mes, ante las dificultades de actualización salarial y sus mecanismos tradicionales (paritarias, salario mínimo vital y móvil) frente a una inflación en ascenso. Ante esa situación, las demandas por una suma fija complementaria o algún otro mecanismo de compensación que permita levantar el piso salarial de los trabajadores resulta relevante si bien no ha habido avances hasta el momento desde la decisión gubernamental.
Puja distributiva, desigualdad y destino latinoamericano
Según datos de CIFRA-CTA[4], el año 2022 culminó con una caída promedio del salario mínimo del 1,3% y se situó en un 33% menos que el valor que tenía para fines del 2015. Precisamente al final del gobierno de Cristina Kirchner la remuneración al trabajo asalariado representaba el 51,8% del valor agregado. La participación de los asalariados sobre el PIB caería de manera precipitada desde ese momento, alcanzando el 46,2% en 2019 y al 43,9% del valor agregado en el promedio de los tres primeros trimestres de 2022, lo que representa casi 8 puntos menos para todo el período comprendido.
En esos términos, se resalta en ese análisis la reducción en la participación de los asalariados en el ingreso durante la gestión de Cambiemos y su profundización en el gobierno del Frente de Todos que implicó una transferencia de ingresos del trabajo al capital de aproximadamente 87 mil millones de dólares entre 2016 y 2022, de los cuales 48 mil millones se trasladaron entre 2021 y 2022. El elevado proceso inflacionario actuó también como un mecanismo relevante en el traslado de ingresos al capital, dentro de una estructura oligopólica en la fijación de precios y la combinación de factores diversos con impacto directo sobre los precios -crisis de la deuda externa, efectos de la pandemia, guerra de Ucrania y Rusia, condicionamientos del FMI (con medidas de actualización de tarifas) y la sequía reciente-. La puja distributiva define así un esquema claro de “ganadores” y “perdedores”, en un contexto interno e internacional más injusto y desigual dónde la participación de los trabajadores se reduce ante el predominio de una hegemonía política neoliberal.
El caso argentino muestra la prevalencia de una estructura económica de carácter dual, con algunos entramados productivos más competitivos, globalizados y áreas de trabajo formal combinadas con sectores de baja productividad y formas más precarias de empleo, que materializan un cuadro de desigualdad que con la sucesión de crisis periódicas se profundiza. Como sostiene Natanson: “Si en los 70 se interrumpió el ciclo de movilidad social ascendente abierto desde comienzos de siglo, en los 80 estalló la pobreza masiva, en los 90 se instaló la desigualdad, ahora asistimos a una baja masiva de salarios y a un empobrecimiento general de la sociedad, que consagra la inequidad argentina a niveles trágicamente latinoamericanos.”[5]
Esta situación hace que los salarios más altos que la Argentina supo tener históricamente en la región, queden relegados y aparezcan en la actualidad, pasados a dólares, entre los más bajos de América Latina. Los niveles más altos de pobreza, aún con crecimiento económico y menor desempleo, lo acerca estructuralmente al resto de los países latinoamericanos. La ampliación de la brecha entre los que más y menos tienen en el marco de un gobierno de base peronista, que sufrió diversas situaciones excepcionales para cualquier administración pero que no pudo mejorar la distribución del ingreso y bajar los niveles de inflación, presiona en términos sociales y aumenta la debilidad política de la gestión oficial ante la inminencia de las elecciones presidenciales.
Conclusiones: tensiones y necesidad de nuevos rumbos
En tanto ideario de justicia social, el denominado fifty fifty -distribución del ingreso nacional en partes iguales entre los trabajadores y los dueños del capital- va quedando cada vez más alejado a cuatro décadas de la vuelta a la democracia en el país. La caída continua del poder adquisitivo de los salarios en los últimos años, junto al fenómeno de trabajadores que no logran cubrir el total de una canasta básica y los grandes márgenes de rentabilidad que obtienen los fijadores de precios, deriva en un contexto de fuerte vulnerabilidad social y laboral. La evidencia que la mayor generación de empleo reciente haya estado en las formas más precarias de trabajo (monotributistas y no registrados), con el incremento igualmente del empleo formal y el desarrollo de políticas sociales contenedoras, muestra con claridad un escenario de distribución desigual respecto al crecimiento alcanzado en el último período.
En un cuadro de situación complejo, con presiones devaluatorias, inflacionarias y políticas, la tensión que se plantea para adelante y con las elecciones de por medio es si se podrán generar o no medidas para revertir la distribución de ingresos actual, muy desfavorable para los trabajadores. En consecuencia, no cabe duda que será relevante ver si los salarios reales -que están en sus niveles más bajos en la última década- seguirían bajando o, por el contrario, podrá revertirse esta tendencia. El fenómeno de “trabajadores pobres”, que involucra para los diferentes analistas a casi un tercio de la fuerza laboral –incluyendo también ocupados registrados-, obliga a pensar en salidas más creativas y novedosas que impliquen un shock distributivo hacia el factor trabajo y medidas estructurales de captación de ganancias de los sectores más concentrados. El fortalecimiento político de un proyecto en esta línea y una mayor regulación e intervención del Estado en la economía serán factores claves en ese sentido.
Rodrigo Carmona es Posdoctor en Ciencias Humanas y Sociales de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Investigador independiente del CONICET y profesor e investigador asociado de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es en la actualidad Co-Director del Programa de Investigación Interinstituto “Empleo, Trabajo y Producción” de la UNGS. De formación inicial en Ciencia Política y la realización de diversos postgrados nacionales y del exterior -en Ciencias Sociales, Economía, Administración Pública y Desarrollo Local-, se especializa en políticas socioeconómicas a nivel local, interviniendo como responsable en diversos proyectos de investigación, becas y dictando cursos de postgrado, charlas y conferencias. Posee diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre la especialidad y trabaja la línea de investigación sobre políticas públicas, territorio e impactos a nivel laboral y productivo.
[1] Ver al respecto Fraser, N., Gutiérrez, R. y Peña-Casas, R. (2011). “Introduction”. En Fraser, N, Gutiérrez,
- y Peña-Casas, R. (eds.): Working Poverty in Europe, 1-14. New York: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9780230307599; Horemans, J., Marx, I. y Nolan, B. (2016). «Hanging in, but only just: Part-time employment and in-work poverty throughout the crisis». IZA Journal of European Labor Studies 5(5), 1-19. http://dx.doi.org/10.1186/s40174-016-0053-6.; Nun, J. (2003 [1969]). La teoría de la masa marginal [Versión original: “Superpoblación relativa, ejército industrial de reserva y masa marginal”]. En J. Nun (comp.). Marginalidad y exclusión social (pp. 35-140). Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica; y Poy (2021): “Trabajadores/as pobres ante la irrupción de la pandemia de COVID-19 en un mercado laboral segmentado: el caso argentino”, Estudios del Trabajo N° 62, Julio-Diciembre 2021.
[2] Ver al respecto IPyPP (2022): Desaceleración en la generación de empleo y profundización de la informalidad y precariedad laboral. Mercado de trabajo al 3er trimestre 2022 (Equipo de trabajo: Claudio Lozano. Agustina Haimovich, Javier Rameri: Coordinación: Ana Rameri), Diciembre de 2022.
[3] Ver al respecto Donza, E. (2021). “Situación laboral urbana en la última década”. En: A. Salvia (coord.). Efectos de la pandemia COVID-19 sobre la dinámica del trabajo en la Argentina urbana (pp. 9-45), Buenos Aires: EDUCA; Poy, S., Robles, R. y Salvia, A. (2020). “La estructura ocupacional urbana argentina durante las recientes fases de expansión y estancamiento (2004-2019)”. Trabajo y Sociedad, 36(22), 231-249; y Beccaria, L. y Maurizio, R. (2012). “Reversión y continuidades bajo dos regímenes macroeconómicos diferentes. Mercado de trabajo e ingresos en Argentina 1990-2010”. Desarrollo Económico, 52(206), 205-228.
[4] CIFRA (2023) Informe de coyuntura N° 40 ( Manzanelli, P. y Garriga, C.), Marzo 2023.
[5] Natanson, J. (2002): “Shoppings llenos, heladeras vacías”, Le Monde Diplomatique, Edición 278 – Agosto de 2022.