Por María Alejandra Freire
“El daño ambiental exige abandonar la investigación y análisis de estos hechos como delitos aislados y avanzar hacia un análisis estructural de los mercados criminales que los hacen posibles”, sostiene María Alejandra Freire, investigadora del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), quien participó del taller “Contaminación, lavado de activos y corrupción. Herramientas para la cobertura periodística”, organizado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP).
Necesitamos un cambio de mirada sobre los delitos ambientales que dejaron de ser hechos aislados para convertirse en fenómenos criminales complejos. Esta afirmación se basa en que detrás de la explotación ilegal de recursos naturales, el tráfico de flora y fauna, la caza ilegal, la contaminación, –entre otras maniobras que podríamos incluir dentro del genérico de delitos ambientales–, observamos que existen mercados criminales organizados que funcionan con una lógica económica y que generan ganancias millonarias.[1]
En ese sentido, la verdadera intención de las organizaciones criminales y de las empresas legales que participan en esas maniobras es ganar dinero: aumentar sus ganancias, sin importar cuál es el precio que alguien más tiene que pagar. Para ello requieren de estructuras financieras para sostenerse, ocultar sus beneficios e ingresar al circuito económico formal, de acuerdo con las características propias de cada tipo de mercado.[2]
La preocupación de la afectación del medioambiente no es algo nuevo y tampoco lo es su relación con el lavado de activos y la criminalidad organizada. Es así que desde la propia creación del Grupo de Acción Financiera internacional (GAFI) en la reunión del G7 en París en 1989, se hablaba de cuatro grandes temas que se encuentran relacionados, narcotráfico, lavado de activos, terrorismo y afectación del medioambiente.[3]
El avance del fenómeno de afectación ambiental nos ha demostrado que las definiciones actuales sobre crimen organizado y delitos ambientales ya no son suficientes. El jurista italiano Luigi Ferrajoli trae a discusión el concepto de crímenes globales o crímenes de sistema a los que define como “crímenes que no consisten en comportamientos determinados, sino en un conjunto de actividades políticas y/o económicas, llevadas a cabo por una pluralidad indeterminada e indeterminable de sujetos”.[4]
Ferrajoli desde ese punto de vista es crítico de la criminología, ya que solo se ocupa de la criminalidad individual, pero no de las acciones políticas y/o económicas llevadas adelante por organizaciones que producen daños incalculables y que afectan a un gran número de personas. Por ejemplo, las devastaciones ambientales, que tienen como consecuencia entre otras, la falta de agua, de comida, el surgimiento de enfermedades, la afectación integral de la comunidad, la flora y la fauna.
Esto nos lleva a la necesidad de cambiar la forma de analizar desde una perspectiva jurídica y criminológica los fenómenos criminales que tienen impacto en el medio ambiente y a realizar la siguiente pregunta cuando analizamos un daño ambiental: ¿qué hizo posible que esos hechos ocurriesen?
Esto se manifiesta en la ceguera con la que comprendemos lo que ocurre en el mundo cuando no nos afecta directa o indirectamente un fenómeno criminal. Cuando observamos un bosque devastado, un río contaminado o una especie de flora o fauna que desaparece, nuestra atención como sociedad –y también desde lo jurídico–, suele dirigirse hacia aquello que resulta más evidente, lo que se puede ver, esto es el daño ambiental, como ser la destrucción de la flora y fauna, pérdida de recursos naturales, un territorio transformado, una comunidad afectada, entre otros. Sin embargo, esa escena representa solamente la consecuencia visible de un proceso mucho más amplio.
Cuando decimos que se debe responder a la pregunta sobre qué hizo que esos hechos ocurriesen, la respuesta está integrada a otra pregunta más específica: ¿cuál es la estructura económica que permitió que ocurriesen? Al igual que en todo mercado cuando existe oferta, existe demanda y viceversa. Mercado, en palabras sencillas, es todo intercambio de un bien o servicio por una contraprestación.
Entonces, existe una demanda que vuelve rentable una actividad. Existe una organización que planifica y financia operaciones. Existen redes logísticas que permiten extraer, transportar y comercializar recursos. Existen mecanismos destinados a ocultar las ganancias obtenidas e incorporarlas nuevamente al circuito económico.
Un bosque no desaparece únicamente porque alguien corta un árbol ilegalmente. Un bosque desaparece porque existe un mercado capaz de transformar un recurso natural en una fuente de rentabilidad ilícita.
Por eso, comprender el fenómeno detrás de los delitos ambientales exige necesariamente cambiar la mirada y ampliar las preguntas. ¿Quién financió la operación? ¿Quién obtuvo los beneficios? ¿Qué redes permitieron que funcionara? ¿Cómo circularon esas ganancias? Así, una primera afirmación podría ser que el problema no son solamente los delitos, sino los mercados que los hacen posibles.
Necesitamos abordar los delitos ambientales desde una mirada integral, no solamente como hechos contra el ambiente, sino como expresiones de mercados criminales organizados que poseen capacidad económica, logística y financiera. Algunos datos sobre delitos ambientales, ganancias ilícitas e investigaciones judiciales pueden dar cuenta de esta necesidad.
Un estudio realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2021 menciona que las ganancias ilícitas que generan los delitos ambientales – especialmente la tala ilegal, recursos naturales y el tráfico de residuos– se encuentran entre los 110.000 a 281.000 millones de dólares anuales. Esa cifra, según este organismo, solo es superada por las ganancias del narcotráfico y el contrabando.[5]
El dato no es casual, ya que los informes de drogas anuales realizados por Naciones Unidas muestran desde hace varios años como las organizaciones narcocriminales han ido diversificando sus negocios hacia la participación en la tala ilegal, el tráfico de flora y fauna; y recursos naturales, entre otros.
El GAFI realizó una encuesta en 2020 sobre la incorporación del fenómeno de delitos ambientales en las evaluaciones de riesgos de los Estados. Si bien el 50% de los países encuestados respondió afirmativamente, es necesario analizar la calidad y tratamiento de los riesgos identificados ya que las investigaciones financieras de por sí son escasas en las causas judiciales sobre fenómenos complejos, más aún en lo que se refiere a la afectación del medioambiente.
En ese sentido, Julia Yansura de la Coalición de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT)[6], realizó un estudio sobre delitos ambientales en relación a 230 casos iniciados en países de la Amazonía en la última década. Los resultados se basan en la información proporcionada por fiscalías de Colombia, Perú, Ecuador sobre hechos relacionados a minería ilegal, tráfico de fauna silvestre, tala y la pesca ilegal y otros casos menos comunes, como el uso ilegal de maquinaria pesada en la extracción de oro, la ganadería ilegal en zonas protegidas que conduce a la deforestación, la construcción de caminos ilegales en zonas protegidas y la venta ilícita de carbón vegetal vinculada a la deforestación ilegal.
Las principales conclusiones del informe son contundentes: de los 230 casos analizados, sólo uno de cada tres parece haber incluido una investigación financiera paralela sin que exista seguridad sobre el real seguimiento de la ruta del dinero, de las ganancias ilícitas. Por otro lado, de las maniobras analizadas surge que la utilización de las empresas fachadas o fantasmas como vehículos sigue siendo la principal tipología elegida por las organizaciones criminales.
Entre los delitos conexos que se han detectado, el mencionado en la mayoría de los casos es corrupción. Si bien no hay un delito de corrupción, sino que se trata de un conjunto de delitos (que convergen en esa tipología como lo es el cohecho, tráfico de influencias, peculado, administración fraudulencia, entre otros), es un punto en común identificado por todos los Estados y por las organizaciones internacionales como Naciones Unidas.
Esto queda bien delimitado si se analiza la evolución de las convenciones internacionales de esa organización, primero la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes de 1988, la Convención contra la Criminalidad Organizada y finalmente la Convención contra la Corrupción, en el entendimiento de que la relación entre el avance de la criminalidad organizada y los hechos de corrupción es innegable; y es necesario que los Estados avancen en materia de prevención y persecución de esos hechos.
Por otro lado, del informe surge que Estados Unidos fue la jurisdicción extranjera más mencionada en los casos analizados, tanto como destino de productos ambientales de origen ilegal como de circulación de flujos financieros ilícitos generados.
Respecto de la información, encontramos que es difícil realizar comparaciones entre países debido a las diferencias en la forma en que cada Estado genera y reporta la información. Así también, otra limitación que se identificó es que, al solicitar información pública, la misma depende por un lado de los datos que las autoridades aporten y por otro de los datos realmente existentes. Es por ello que se debe tener en cuenta la existencia de la cifra negra, esto es la diferencia que existe entre la delincuencia real entendida como la totalidad de los delitos cometidos y la aparente, entendida esta como la información con la cuentan las autoridades, ya sea por denuncias ingresadas, causas iniciadas y que son incorporadas a las estadísticas oficiales.[7]
Asimismo y complementariamente a la cifra negra, en el V Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención del Crimen y el Tratamiento del Delincuente realizado en Ginebra en 1975, se hizo referencia a la cifra dorada de la criminalidad como las acciones cometidas por aquellos “delincuentes que detienen el poder político y que lo ejercen impunemente, lesionando ciudadanos y a la colectividad en beneficio de su oligarquía, o que disponen de un poderío económico que se desarrolla en detrimento de la sociedad”. Este término hace referencia específicamente a aquellos delitos que generan grandes ganancias económicas y en los que participan personas vinculadas al poder político o financiero, tanto a nivel nacional como internacional pero que no son registradas en los datos oficiales.[8]
Las limitaciones sobre la información y la relación con la corrupción son características que observamos en el análisis de todos los mercados criminales, la información existente no es de fácil acceso, no se genera por parte de los Estados, o no se pueden comparar entre los diferentes niveles administrativos. Sobre este último punto, cabe destacar que esa imposibilidad de comparar la encontramos también en la información generada en el poder judicial, los ministerios públicos fiscales, los registros policiales y administrativos. Porque no se utilizan indicadores, variables ni categorías que sean compatibles para su análisis integral.
La necesidad de un cambio de enfoque. Tres dimensiones de análisis
El Dr. Alberto Binder, especializado en Derecho Procesal Penal, sostiene desde hace años[9] la imposibilidad de avanzar en la prevención y persecución de fenómenos criminales complejos si los seguimos entendiendo como delitos aislados. Según él, lo que debemos estudiar y analizar son los mercados que los hacen posibles. En ese sentido cabe destacar, como lo mencionamos más arriba, que cuando hablamos de mercado, se hace referencia a cualquier intercambio de bienes o servicios por una prestación.
Esto nos permite entender cómo fenómenos ambientales diversos – la tala ilegal, el tráfico de fauna, la contaminación industrial o la minería ilegal– comparten una misma lógica estructural: son sistemas de intercambio que funcionan con reglas económicas, actores estables y circuitos de valor. Cada uno de estos fenómenos opera como un mercado completo, con oferta, demanda, logística, financiamiento, inversiones, comercialización y ganancias. Esa estructura es la que sostiene la persistencia del delito y explica su resiliencia frente a intervenciones fragmentadas por parte de las autoridades.
Por eso, una política eficaz no puede centrarse en casos y personas, sino en desarticular los mercados, intervenir en los canales de distribución, los incentivos, los intermediarios y los flujos que permiten que el valor ilícito circule y se mezcle con las ganancias lícitas.
En base a lo expuesto brevemente, el enfoque estratégico cambia totalmente cuando entendemos que no perseguimos hechos, sino modelos de negocio criminal. Desde esa perspectiva entendemos que las empresas legales y las ilegales se comportan de la misma forma en el diseño e implementación del modelo de negocio de la organización y con el mismo objetivo, ganar dinero. Para una empresa, generar ganancias implica incrementar sus ingresos y optimizar sus costos; esa optimización puede surgir de ahorros legítimos o de reducciones indebidas, como el incumplimiento de regulaciones, la evasión de obligaciones o la inversión en esquemas de corrupción que alteran artificialmente la estructura de costos.
Para ejemplificar esta afirmación, en el transcurso del taller con periodistas, se mostró como el comportamiento de las empresas ilegales relacionadas al narcotráfico dirigen los flujos ilícitos generados en los países en desarrollo hacia los países desarrollados y como las empresas legales buscan bajar los costos deslocalizando sus centros de administración, producción, tecnologías, etc., desde los países desarrollados a los países en los que las regulaciones son más flexibles, los sindicatos menos fuertes, lo que les permite reducir esos costos.
Sin embargo, ese es solo un ejemplo ilustrativo. Basta con analizar las rutas comerciales, los corredores logísticos, los puertos, los puntos de acopio o los sistemas financieros para observar que los movimientos del valor, ya sea que se trate de productos, servicios, capital, insumos, o las propias ganancias, siguen patrones de conducta, utilizan las rutas que les generan menos costo y que tienen menores controles. En ese sentido los mapas cambian de producto, pero no de lógica. Allí donde hay conectividad, infraestructura, baja regulación o alta demanda, aparecen conexiones estables. Por eso, al estudiar mercados criminales o mercados formales, la clave no está en el delito en sí en forma individual, sino en las rutas que permiten que el valor circule y en los incentivos que sostienen esos flujos.
El análisis de cualquier mercado sea lícito o ilícito requiere abordar tres dimensiones complementarias. Primero, identificar y conocer el mercado, determinar si está regulado o no, cuál es la normativa vigente, cómo se compone la cadena de valor y de suministro, cuáles son las posibles consecuencias ambientales del sector. Segundo, comprender el modelo de negocios, cómo genera valor la organización, quiénes son sus proveedores, socios y clientes, si mantiene vínculos con funcionarios públicos y cómo se estructura su matriz de costos. Finalmente, conocer el plan de negocio, es decir, cómo ese modelo se ejecuta en un territorio concreto, si produce ganancias o ahorros operativos, cuáles son sus fuentes de financiamiento, qué modalidades de contratación utiliza y en qué zonas despliega sus actividades. Estas tres capas permiten entender no solo qué se hace, sino cómo, dónde y con qué incentivos se sostiene cada mercado.
Conclusiones
El análisis del fenómeno de delitos ambientales desde la perspectiva de los mercados criminales permite comprender que la afectación del medioambiente no es un hecho aislado ni accidental, sino el resultado de estructuras económicas que convierten recursos naturales en oportunidades de rentabilidad ilícita. La información presentada desde la diversificación de las organizaciones narcocriminales hacia la explotación ambiental, hasta la utilización de empresas fantasmas, la corrupción y la circulación de flujos financieros ilícitos, además de las limitaciones en las investigaciones iniciadas en la justicia, muestra que detrás de cada daño ambiental existe un mercado que lo hace posible y lo sostiene.
Este enfoque muestra que la respuesta jurídica y criminológica tradicional, centrada en hechos individuales, resulta insuficiente para abordar fenómenos que operan con oferta, demanda, logística, financiamiento, inversiones y ganancias. Comprender cómo se organiza cada mercado, cómo se estructura su modelo de negocios y cómo se ejecuta territorialmente es indispensable para intervenir en los flujos que permiten que el valor circule, se oculte y se integre en las economías lícitas, las cuales inevitablemente funcionan en la práctica como un engranaje económico en donde se van mezclando las ganancias ilícitas, informales y las legales. Las rutas comerciales, los corredores logísticos y los sistemas financieros muestran patrones comunes, los movimientos del valor siguen siempre los caminos más baratos y menos controlados.
Por eso, la verdadera tarea no consiste en perseguir delitos aislados, sino en desarticular los mercados que los producen. Solo mediante un análisis integral que incorpore las tres dimensiones desarrolladas, mercado, modelo de negocios y plan de negocio, y la realización de investigaciones financieras, será posible diseñar políticas capaces de limitar la capacidad económica, logística y financiera de estas estructuras.
Detrás de la explotación ilegal de recursos naturales, del tráfico de flora y fauna o de la contaminación industrial existe una lógica económica que transforma el daño ambiental en ganancias millonarias, sostenida por redes logísticas, estructuras financieras y mecanismos de ocultamiento.
Por eso, identificar los actores que financian y se benefician, reconocer las conexiones entre empresas legales e ilegales y analizar las rutas comerciales que facilitan la circulación del valor es fundamental. También, romper la opacidad informativa y exponer las estructuras que hacen posible la destrucción ambiental y las autoridades, que en muchas ocasiones, no logran, no pueden o no quieren avanzar.
María Alejandra Freire es Magister en Finanzas por la Universidad del CEMA y abogada por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con 20 años de experiencia en compliance (cumplimiento normativo y buenas prácticas), anticorrupción, lavado de activos y regulación bancaria. Ocupó diversos cargos en áreas de gestión del sector público nacional (Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Fabricaciones Militares, Banco Central e INCAA). Es docente en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA) en temas relacionados a prevención de lavado de activos y mercados criminales. Forma parte del equipo de investigación del Proyecto CRIPTO ACRE de la Universidad Nacional de Rosario, 2024-2027. Es parte del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), Coordinadora Argentina de Amassuru y miembro de Women in Compliance.
[1] Este texto es una síntesis de la exposición María Alejandra Freire en el taller “Contaminación, lavado de activos y corrupción. Herramientas para la cobertura periodística” organizado por el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Sociales y Penales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). En el encuentro, realizado el 6 de julio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, también se presentaron Julieta González Schlachet, Fiscal del Ministerio Público Fiscal de Neuquén; Rafael Colombo, Coordinador del área de Clima y Energía del equipo legal de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y Florencia Gómez, Directora de Relaciones Institucionales del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). https://inecip.org/noticias/taller-contaminacion-lavado-de-activos-y-corrupcion-herramientas-para-la-cobertura-periodistica/
[2] INECIP (2024) Manual para la persecución penal estratégica de delitos ambientales y su dimensión económica. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Recuperado de https://inecip.org/publicaciones/manual-para-la-persecucion-penal-estrategica-de-delitos-ambientales-y-su-dimension-economica/
[3] Freire, A. (2023). Crimen organizado y lavado de activos. Minerva, 1(7). Recuperado de http://ojs.editorialiupfa.com/index.php/minerva/article/view/132
[4] Ferrajoli, L. (2013). Criminología, crímenes globales y derecho penal: el debate epistemológico en la criminología contemporánea. Revista de Derecho Penal y Criminología, 6, 97-108.
[5] Financial Action Task Force (FATF). (2021). Money Laundering from Environmental Crime.
[6] Yansura, J. (2024) Los delitos medioambientales plantean desafíos únicos en materia de finanzas ilícitas y requieren soluciones específicas. Recuperado de: https://thefactcoalition.org/wp-content/uploads/2024/08/Environmental-Crimes-Policy-Brief-FACT-SPA-revised.pdf
[7] Olaeta, H. y Comba, A. (2016). Algunas reflexiones sobre el estudio de los delitos económicos en Argentina. Universidad Nacional de Quilmes.
[8] Olaeta y Comba (2015). Apuntes metodológicos para una investigación cuantitativa y cualitativa de la criminalidad económica. Recuperado de https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2015/09/doctrina41902.pdf
[9] Binder, A. (2014). El control de la criminalidad en una sociedad democrática. Revista de Ciencias Penales, 24(9), 8-33. Recuperado de http://www.corteidh.or.cr/tablas/r33558.pdf
Binder, A. (2015). Análisis Político Criminal. Buenos Aires. Editorial Astrea.