Por Daniela Heim
La rareza de los días que vivimos está poblada de paradojas. Entre ellas, la convivencia de un lenguaje de apelación a los cuidados junto con un discurso bélico, para luchar contra el coronavirus, y el control punitivo del cumplimiento de la cuarentena. La Doctora en Derecho de la Universidad Nacional de Río Negro, Daniela Heim analiza los viejos y nuevos riesgos vitales, que la pandemia, como una lupa nos permite observar. Y plantea el desafío de construir comunidad más allá de la distancia física.
Argentina, como país del denominado Sur Global, destaca en la gestión de la pandemia del COVID-19 por ser gobernado por una coalición política de carácter progresista que adoptó medidas “fuertes” de contención sanitaria, con la especificidad de hacerlo de manera muy temprana. El cierre de fronteras, escuelas, universidades, centros comerciales, los servicios mínimos en el sistema de justicia, la restricción de la circulación interna y el aislamiento social preventivo obligatorio (ASPO) de toda su población se produjeron mucho antes de que aumentaran exponencialmente los contagios.
La temprana adopción de estas medidas no nos salva de encontrarnos, de todos modos, en un escenario a todas luces complejo y que se manifiesta a través de fuertes paradojas. El discurso bélico (“al COVID lo combatimos entre todxs”) y el recurso al derecho penal (control socio-punitivo del cumplimiento de las cuarentenas), comparten escenario con la apelación al lenguaje de los cuidados y, en el mejor de los casos, del derecho a los cuidados. La liberación de personas privadas de libertad en centros penitenciarios convive con el sostenimiento de condiciones de encierro, cuando no de esclavitud (mujeres en situación de trata, trabajadores en general en situación de trata: 200 peones encerrados en el hipódromo de Palermo de Buenos Aires)2 y una política de guetización (cierre de barrios, ciudades enteras), en paralelo al recrudecimiento de las condiciones de aislamiento de la población anciana (restricción de visitas y contactos afectivos), mientras se producen altos índices de contagios y muertes en los geriátricos y en los barrios populares. En el ínterin, se habla de una disminución de los índices de violencia social (especialmente en el primer período de ASPO), pero se registran numerosas violencias institucionales (muchas de ellas policiales)3 y un aumento considerable de las violencias por razón de género, sobre todo en el ámbito intrafamiliar.
La pandemia aparece como una lupa que refleja aumentada la distopía de un mundo atravesado por las desigualdades sociales estructurales, la pobreza, la precariedad de las vidas, la precariedad de nuestros sistemas sanitarios, los déficits de la gestión democrática de nuestras sociedades y los efectos diferenciados de clase, etnia y de género del COVID-19. Sabemos, a esta altura, que el virus se ceba con los sectores más vulnerabilizados de la sociedad en términos clasistas, racistas y de género y que cobra especial virulencia con las personas travestis y trans (especialmente las que ejercen prostitución/trabajo sexual en las calles) y con las mujeres en general: según datos publicados por otros países (aquí todavía no tenemos un claro panorama de la situación diferenciada por género), parece que mueren más hombres, pero se infectan más mujeres, cuidadoras (especialmente en los geriátricos), trabajadoras de los sistemas sanitarios y trabajadoras de los eslabones más bajos de la cadena de servicios esenciales precarizados (limpieza, cajeras de supermercados, etc.),4 sin hablar del empeoramiento de las condiciones de vida que sufren las mujeres que realizan actividades productivas en la modalidad de teletrabajo y están sobre-exigidas y/o son responsables en exclusiva de las tareas de cuidado de personas dependientes y del seguimiento de la educación virtual de sus criaturas.
Varios Informes de organismos internacionales advirtieron desde el principio de la pandemia los efectos diferenciados por género del COVID.5
Argentina se encuentra signada por un alto índice de pobreza estructural (según quien la mida, actualmente supera el 35 por ciento de la población), de manera que los efectos diferenciados de género del COVID-19 deben pasar por el tamiz de la pobreza, el hacinamiento, la precariedad de las viviendas, las dificultades de acceso a una alimentación adecuada, al agua o la falta de agua directamente afectan de manera particular a las mujeres, muchas de ellas a cargo de familias monomarentales. En mayo, la muerte de Ramona Medina, una de las voces de La Garganta Poderosa, se convirtió en un claro testimonio de cómo el virus se nutre de los sectores más vulnerabilizados de la sociedad y evidenció la responsabilidad del Estado en este tipo de muertes. Recordemos que unos pocos días antes de su deceso, Ramona era la cara visible del reclamo por el agua, llevaban en el barrio varios días sin agua y se preguntaba cómo podían cumplir con uno de los requisitos mínimos de la prevención: la higiene frecuente, sin acceso a este bien de primera necesidad. Ramona expresa uno de los extremos de la necropolítica del encierro (en el otro estarían los femicidios). Y esta necropolítica debemos entenderla en términos de esa tensión, que antes mencionamos a modo de paradojas, entre la utopía de los cuidados y del ejercicio pleno del derecho a los cuidados y la distopía de las desigualdades estructurales sesgadas por el género y la pobreza.
Pese a la clara voluntad política evidenciada por el gobierno nacional para implementar políticas de género, las primeras medidas de contención del COVID-19 adoptadas no contaron con esta perspectiva de forma cabal. En el sector privado, las disposiciones encaminadas a aligerar la sobrecarga de cuidados sobre las mujeres fueron acordadas con posterioridad al ASPO (en este sentido se dictó, en junio, la Resolución 2020/207 del Ministerio de Trabajo, del 16 de junio de 2020) y algunos sectores continúan excluidos (el educativo es uno de ellos). El acceso de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, los partos respetados, fueron también algunos de los ámbitos excluidos, en los primeros momentos de toma de decisiones del período ASPO, y existe todavía un grave déficit en las respuestas en este campo, en muchas localidades del país. Las mujeres y personas gestantes que quieran acceder a una ILE están encontrando graves barreras. En la capital de la provincia de Río Negro presenciamos atónitas, hace poco, la criminalización de una ILE sobre la base de una denuncia formulada por una operadora de un refugio para mujeres en situación de violencia.6 Estamos en un momento de mucha fragilidad. Si no estamos atentas, podemos retroceder seriamente en algunas áreas.
El gobierno está haciendo ingentes esfuerzos, pero el ASPO, mal que nos pese, nos dejará su dosis de necropolítica, que se escribirá con los jirones de la pobreza y la discriminación por razones de clase, etnia y género. Los femicidios, travesticidios y transfemicidios serán, tal vez, junto con las muertes evitables por COVID-19, uno de sus testimonios más crueles. En nuestro país, entre el 20 de marzo y el 10 de abril hubo 20 femicidios: uno por día.7 Luego pareció descender el índice, pero los datos siguen siendo preocupantes. En los primeros seis meses del año (cuarentena mediante) se habría producido un femicidio cada 27 horas, sin contar los travesticidios ni los transfemicidios. La organización “La vaca” habla de 154 femicidios y 43 travesticidios en este mismo período.8
De acuerdo a los informes de organismos oficiales publicados en Argentina, sabemos que entre un 60 y un 70% de los femicidios se cometen en el propio domicilio de la víctima y que alrededor de un 80% se produce en contextos de violencia familiar. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina que publica la Corte Suprema de Justicia de la Nación aproximadamente un 20% de los femicidios tiene una denuncia judicial previa y el 25% (es decir, 1 de cada 4) se produce con armas de fuego.
Si vemos las numerosas medidas adoptadas por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación durante las primeras fases de la contención de la pandemia y, en particular, en la cuarentena general decretada en marzo, aparte del aumento de los dispositivos para solicitar ayuda telefónica y por internet y el aumento de posibilidades para dar refugio a personas en situación de violencia, a nivel nacional, destacó una medida adoptada por los Poderes Judiciales: la prórroga automática de las medidas cautelares. La consideración de razón de fuerza mayor a la salida de mujeres y personas LGTTBI, solas o con sus hijas/os/es para hacer una denuncia, que reconoce la Resolución 15/2020 del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, fue adoptada el 4 de abril (14 días después de decretado el ASPO). Se trata de medidas básicamente centradas en la denuncia de los hechos que, en un primer momento, al menos, no hacen foco en la prevención. La campaña de comunicación “Cuarentena en Redes” y “Cuarentena con Derechos”, así como el fortalecimiento del acompañamiento a las víctimas a través de la Dirección de Articulación Territorial para Asistencia a las Víctimas, por citar algunos ejemplos, no fueron adoptadas en la primera fase del control de la pandemia sino posteriormente. Teniendo en cuenta los datos que ya conocíamos, podemos decir que faltaron otras medidas contundentes: el desarme de los varones. Por ejemplo, agregar al control socio-punitivo de la pandemia del COVID un operativo nacional de entrega y destrucción de armas de fuego. Esto no sólo hubiese podido contribuir a la prevención de un cuarto de los femicidios.9 El desarme sistemático de varones también podría evitar ejecuciones sumarias en busca de justicia por mano propia en defensa de la propiedad privada, hechos que recientemente han vuelto a aparecer y que en nuestro país suelen producirse con asiduidad en momentos de crisis socioeconómica.
Estos tiempos tan aciagos nos deberían servir cuanto menos para aprender a reflexionar colectivamente desde otro lugar, con otras herramientas y, sobre todo, con mucha honestidad sobre los grandes desafíos que tenemos por delante. En este sentido, quisiera plantear dos cuestiones urgentes:
En primer lugar, considero que debemos trabajar mucho más arduamente para conseguir un mayor grado de coherencia entre las medidas adoptadas en materia de prevención de las violencias letales por razón de género, derivada de un estudio exhaustivo de los factores de riesgo pre-pandémicos, pandémicos y post-pandémicos. Hace poco se publicó el flamante Plan Nacional Nacional de Acción contra las violencias por Motivos de Género (2020-2022), realizado con un enorme esfuerzo colectivo y en medio de los condicionamientos de la pandemia. Pasaron más de 40 años desde la aprobación de la CEDAW, 25 años de la Cuarta Conferencia Mundial de Mujeres y de la adopción de la Plataforma y el Plan de Acción de Beijing. Y es la primera vez en nuestro país que tenemos un plan que cambia el paradigma y pasa de un abordaje individual a uno integral e interseccional y que compromete activamente a todas las áreas del Estado. Celebro muchísimo la llegada de este plan y la clara voluntad política que se manifiesta para implementarlo. Pero, me pregunto hasta qué punto será posible su completo desarrollo en medio de la gran crisis sanitaria, social y económica que estamos viviendo (y que necesariamente incide, entre otras, en las posibilidades de la ciudadanía de participar y ocuparse de asuntos que vayan más allá de las emergencias que atravesamos) sin un fortalecimiento constante de los equipos de trabajo y los recursos destinados para llevarlo adelante.
En segundo lugar, estimo como muy urgente pensar en la necesidad de una re-politización de lo privado. Las medidas de control de la pandemia han borrado la línea divisoria entre lo público y lo privado (el teletrabajo y la educación en el hogar emergen de las entrañas de nuestra historia social y reconstruyen el paradigma pre-moderno de unidad entre ambas esferas). Me parece muy interesante refrescar algunas de las propuestas de Boventura de Souza Santos sobre las denominadas “sociologías de las ausencias y de las emergencias”, en el sentido de que deberíamos tomar esta época crítica como una oportunidad para habitar esos vacíos y volver a discutir una organización social que ponga la vida de las personas en el centro más allá de la pandemia, más allá de lo público y lo privado, y que se haga cargo de una vez por todas de las desigualdades de estatus de las mujeres y disidencias y todas sus interseccionalidades, de manera que podamos gozar de vidas plenamente vividas. En tiempos en que la muerte acecha en viejos y nuevos modos y que se nos impone un dispositivo “bio-seguro” de muerte en soledad, es esencial que podamos sostener la vida en comunidad más allá de las restricciones a la proximidad física. Entre otras cuestiones que nos invitan a ampliar la conciencia y a ejercitar la crítica como acto de cordura (cuestión que considero fundamental ante un contexto tan disruptivo), sería interesante -parafraseando el último trabajo de Judith Butler y sus incisivas indagaciones sobre las vidas y las muertes que importan- que podamos pensar la muerte en términos más comprensivos, esto es, no sólo como un hecho humano estrictamente vinculado con la vida sino como expresión de esos vacíos y con el inherente derecho a ser llorada.
1 Este breve texto reproduce parcialmente las intervenciones de la autora en el Ciclo Género Debate. Conversatorio sobre políticas de abordaje a la violencia de género. Análisis contextuales. Organizado por Género UNICEN. 13 de julio 2020, 18.00 horas, por Zoom y en el curso internacional on line “Pandemia: Control Social y Derechos Humanos”, organizado por la Facultad de las Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), bajo la Coordinación del Profesor Dr. Iñaki Rivera Beiras, director del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH), de la Universidad de Barcelona, 22 de junio de 2020, por Zoom.
2 Ver, entre otras, Arenas.N (2020) Tres meses encerrados en el hipódromo Recuperado de http://cosecharoja.org/tres-meses-encerrados-en-el-hipodromo-de-palermo-lo-que-sabemos-hasta-ahora/
3 La desaparición forzada de Facundo Castro podría ser uno de los peores sucesos de violencia Institucional durante la pandemia.
4 Bodelón, E. (2020), “Confinadas. El Control social de las mujeres durante la pandemia del covid. Una visión feminista sobre el doble confinamiento de las mujeres”, en Rivera Beiras, Iñaki Pandemia. Derechos Humanos, Sistema Penal y Control Social (en tiempo de coronavirus) (pp. 109-120.) Valencia, Tirant lo blanch
5 Coronavirus y Género: apuntes sobre la pandemia y los cuidados, del Observatorio de Género y Políticas Públicas, disponible en https://www.observatoriodegeneros.com/post/coronavirus-y-genero y el “Technical Brief COVID 19, A gender Lens. Protecting Sexual and Reproductive Health and Rights and Promoting Gender Equality (2020)”, United Nations Population Fund HQ, disponible en
https://www.unfpa.org/sites/default/files/resource-pdf/COVID-19_A_Gender_Lens_Guidance_Note.pdf
6 Bermejo L. En Viedma allanaron un refugio para mujeres por una ILE recuperado de https://www.pagina12.com.ar/272679-en-viedma-allanaron-un-refugio-para-mujeres-por-una-ile
7 Datos obtenidos a través del seguimiento de las noticias de Femicidios en medios de comunicación de alcance nacional, por el equipo de investigación del proyecto sobre Femicidios y Femicidios vinculados PI 40-C-598 de la UNRN, dirigido por la autora.
8 Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal Disponible en http://niunamenos.lavaca.org/
9 Alfie, J. Arduino, I. Concaro, Porterie, S. y Romano, A. (2018) Informe Violencia de género y armas de fuego en Argentina 2017 INECIP/FES, Análisis nro. 29, septiembre 2018. disponible en http://library.fes.de/pdf-files/bueros/argentinien/14677.pdf y de Alfie, J., Mucci y Romano, A. (2019), Cuando el macho dispara. Armas de fuego y violencias de género en Argentina, disponible en https://inecip.org/wp-content/uploads/2019/09/INECIPEC-Cuando-el-macho-dispara-1-1.pdf) hacen referencia a la relación entre armas de fuego y violencias letales por razón de género.
Daniela Heim es Dra. en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y profesora con perfil de investigación en la Universidad Nacional de Río Negro. Fue titular del Consejo Provincial de la Mujer de Río Negro. Nació en Laguna Alsina (Pcia. de Buenos Aires) y se graduó como Abogada en la Universidad de Buenos Aires. Vivió varios años en Barcelona donde, además de doctorarse, realizó la maestría en “Sistema Penal y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona y la diplomatura de Postgrado en “Género e Igualdad de Oportunidades de la UAB. Sus líneas de investigación recorren temas diversos sobre género y derechos, políticas de igualdad, violencias por razón de género y teoría legal feminista.