Por Carlos Arturo Gallego Marín
(UCALDAS/Colombia)

Crónicas antagónicas

Los procesos plebiscitarios en Colombia han sido muy pocos porque tanto las élites partidistas como los grupos económicos dominantes (que suelen coincidir en un solo poder) son refractarios a consultar al pueblo sobre decisiones trascendentales que afectan su relación con el día a día en un Estado Social de Derecho, como el que consagró la Constitución Política de 1991. Por el contrario, dichas elites se han mostrado propensas a los ya famosos consensos partidistas que distan de representar a las inmensas mayorías, entre otras cosas porque la abstención electoral en Colombia supera el 60% y se mantiene desde hace décadas. Por supuesto que este comportamiento está hondamente asociado a los conflictos padecidos desde hace más de medio siglo y a las condiciones de pobreza y marginamiento en las que permanece un porcentaje alto de la población, fundamentalmente en los territorios apartados de los centros de decisión del poder. En estas dimensiones se desarrollan las contiendas plebiscitarias en Colombia. Los partidos políticos de derecha y la iglesia católica dominante, son el principal instrumento de presión contra las reformas progresistas, y, en el caso reciente, contra la refrendación de los acuerdos de la Habana entre el gobierno actual y la guerrilla de las FARC-EP en octubre de 2016. La postura no ha sido nueva. En los intentos de reforma política de la primera mitad del siglo XX concretamente en la reforma constitucional de 1936, comenzamos esta crónica antagónica. La iglesia católica estuvo entre los grupos radicales opuestos a las medidas formuladas por el gobierno. No en vano, a la iglesia católica estuvo consagrada la Constitución Nacional de 1986, hasta 1991. En su preámbulo decía: “En nombre de Dios fuente suprema de toda autoridad”. Las propuestas presentadas por el gobierno de López Michelsen (1934-1938) incluyeron replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia y algunas medidas modernizadoras en el campo social y político. La izquierda del liberalismo propuso que se acogieran aspiraciones sindicales y reclamos sociales. La iglesia católica pronunció desde los sacros púlpitos un desafío alentador de violencias contra lo que llamó “la obra demoledora” del régimen liberal que pretendía establecer la libertad de cultos y de conciencia, junto con otras reformas inaceptables. Anunció que si se aprobaba la reforma no permanecerían pasivos. A esta manifestación decididamente guerrerista se sumó el partido conservador alentando a sus electores a la desobediencia civil contra esa reforma, denunciándola como un proyecto masónico y socialista para destruir la religión y las bases del orden político. Las reformas se aprobaron, aunque su tímido desarrollo provocó que sólo algunas pocas de sus leyes se mantuvieran. Aunque no fue técnicamente plebiscitaria, esta reforma nos sirve para indicar el estado de cosas que ha venido acompañando los procesos políticos en que tiene parte el pueblo en Colombia. Veintiún años después, en 1957, el Teniente General Gustavo Rojas Pinilla que había tomado el poder en el golpe militar de 1953, lo cedió a una junta militar. El bipartidismo dominante (liberal-conservador) celebró un acuerdo que fundaría lo que primero se llamó Frente Cívico, luego Frente Social y finalmente Frente Nacional. Con el acuerdo se cerraba las puertas a cualquier manifestación política por fuera de los dos partidos tradicionales, los cuales compartirían milimétricamente el ejercicio del poder rotando cada 4 años la presidencia, y todos los cargos públicos de los poderes ejecutivo y judicial-, serían otorgados de forma paritaria. El pueblo estuvo ausente del acuerdo y aunque la violencia partidista en la que fueron asesinados muchos de sus líderes, estuvo en su punto más alto, no se mencionaron juicios, ni responsabilidades, ni reparaciones. Además de los altos índices de pobreza, el país se consumía entre el dogmatismo religioso y un conflicto alentado por los gamonales de militancias azules (conservador) y rojas (liberal). La Junta propuso una reforma a la constitución de 1986 que debía ser ratificada por el voto popular. Lo que sucede luego ha sido materia de análisis en los que existe alguna coincidencia en cuanto a que el plebiscito condujo al país a un letargo en el ejercicio de los derechos políticos y lo introdujo por un estrecho bipartidismo discriminatorio, homogenizante y cerrado a la participación.

 

Para 1991, movimientos estudiantiles universitarios con la alianza de sindicatos y ciudadanos, protagonizaron una “revolución pacífica” que para algunos analistas ha sido considerada una forma plebiscitaria, en tanto el pueblo se movilizó pacíficamente en contra de un sistema que conforme al artículo 218 de la Constitución vigente (la de 1886) blindado en el plebiscito de 1957, prohibía su reforma por una vía distinta a un acto legislativo aprobado por el congreso. Hacia inicios de la década del noventa, varios intentos de diálogo con las guerrillas habían fracasado por diversas circunstancias. El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) logró un acuerdo firmado el 28 de marzo de 1984 en el que se produce un cese bilateral al fuego con las FARC-EP, la ADO (Autodefensa Petrolera), el M-19 y el EPL (Ejército de Liberación Nacional). Por esas fechas nace la Unión Patriótica (UP) como partido político. Sin embargo la toma del palacio de justicia por el M-19 en noviembre de 1985, rompe el acuerdo y suspende indefinidamente los diálogos. El partido Unión Patriótica, años después, va a ser exterminado en cada uno de sus cerca de 3000 militantes. Desde 1985 y hasta 1993, en el llamado genocidio de la UP, fueron asesinados 1.163 de sus miembros y desaparecidos 123^I. En las elecciones parlamentarias de 1990, movimientos estudiantiles y profesores universitarios propusieron una fórmula que pasó a la historia como “la Séptima Papeleta”. Se trataba de añadir a las de elección por Senado, Cámara, Asamblea, Concejo, Alcaldía y Consulta Liberal, una séptima que provocara un “plebiscito de opinión” hacia una Asamblea Nacional Constituyente. Esta jugada política pronto se volvió propósito nacional, se expresó en los comicios en los que también se elegía Presidente. En medio del narcotráfico, la confrontación armada, el paramilitarismo, las masacres, los despojos y el magnicidio de al menos cuatro candidatos presidenciales, el país se movilizó el triunfo del liberal César Gaviria Trujillo que había recibido las banderas del asesinado candidato Galán, dio paso al decreto que ordenó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, respaldado por la Corte Suprema de Justicia en votación 14 – 12, antes reacia a los cambios necesarios que venían reclamándose décadas atrás. El 9 de diciembre, con una abstención del 75%, fue elegida la Asamblea Nacional Constituyente con 70 miembros y una representación diversa y plural sin antecedentes en la historia latinoamericana, Partido Liberal (25), Alianza Democrática M-19 (19), Movimiento de Salvación Nacional (11), Partido Social Conservador (9), Unión Cristiana (2), Unión Patriótica (2) y movimientos indígenas (2). El gobierno César Gaviria (1990-1994) logró la desmovilización del EPL, el PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), el Frente Quintín Lame, el comando Ernesto Rojas, la Corriente de Renovación Socialista (CRS), el Frente Francisco Garnica y varios sectores de las milicias populares. Las FARC-EP y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), iniciaron diálogos con el gobierno, primero en Caracas (Venezuela y luego en Tlaxcala, (México), sin mayores resultados.

Luego de la muerte de Pablo Escobar –considerado uno de los mayores capos del narcotráfico- en 1993, se da un resurgimiento de grupos armados. A partir de 1994 y hasta el 2005, paramilitares y guerrillas compiten por el territorio reactivando, al más alto nivel, una degradación humana de grandes proporciones auspiciada por terratenientes y grupos económicos permeados por las organizaciones paramilitares.

 

Ernesto Samper Pizano (1994-1998) poco o nada pudo avanzar en diálogos de paz. Su gobierno fue acusado de fraude, por infiltración de dineros de las mafias del narcotráfico, en las elecciones que lo llevaron al Poder Ejecutivo, de modo que el cuatrenio estuvo a rebosar de juicios, acusaciones y escándalos. Para 1998 Andrés Pastrana Arango resulta elegido Presidente con la promesa de lograr acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC-EP, luego de que en un golpe de imagen apareciera en fotografías a color en los diarios nacionales con el entonces comandante de esa guerrilla Manuel Marulanda alias “Tirofijo”. Se sabe lo que pasó después. Pastrana concedió un despeje territorial de enormes proporciones nunca antes pensado, 47.000 kilómetros cuadrados en lo que se denominó “La Zona de Distención” consistente en un área de territorio conformada por los municipios de  La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, que permanecieron libres de presencia de la fuerza pública Estatal desde enero de 1999 a febrero de 2002. Era igual, en extensión, a Suiza. Aun así, no fue posible avanzar en la agenda temática por la diferencia de posiciones a partir del asesinato de tres estadounidenses, el secuestro de un avión en San Vicente del Caguán, las acusaciones sobre el uso de la zona para dirigir ataques, esconder secuestrados o ampliar cultivos de coca y las denuncias sobre el fortalecimiento de los paramilitares, entre muchos otros hechos, lo cual hizo más difícil pasar del diálogo a la negociación. Lo que se ha dicho por algunos medios, es que se trató de un pago que Pastrana le hizo a las FARC-EP, por haber contribuido enormemente a su elección presidencial. En todo caso, el conflicto armado parecía en un punto de no retorno. El hoy Senador Alvaro Uribe, triunfa en las elecciones de 2002 dando inicio a una etapa de acción guerrerista. Como gobernador de Antioquia (1995-1997) había promovido la creación de las autodefensas, y como Presidente implementó una guerra frontal contra los actores armados que no estuviesen dispuestos a negociar bajo sus términos. Las conversaciones con las FARC-EP no se dieron y el Presidente se ocupó del proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia lo cual produce en 2005, la ley de justicia y paz por la cual se desmovilizan algunos bloques armados del paramilitarismo que habían logrado extenderse en el país a sangre y fuego, auxiliados por el Poder Ejecutivo (ministros acusados) el Legislativo (más del 30% acusado y juzgado) y por el Judicial. Los juicios vienen años después, igual que la acusación probada de que las desmovilizaciones no fueron tales, y el tinglado liderado por ese gobierno, fue descubierto. Los falsos positivos en los que miles de jóvenes fueron asesinados y vestidos de uniforme de guerra, sepultados para luego ser presentados como “positivos” contra la guerrilla, fueron expuestos a la luz pública y varios años después (actualmente) son materia de investigación y juzgamiento.

 

El período 2010-2015 marca el inicio y la consolidación del “Acuerdo General para la terminación del Conflicto y la construcción de una Paz estable y duradera”. Un enunciado reducido puede ser: 2011: Las FARC-EP liberan rehenes como gesto de paz unilateral y el Congreso aprueba la Ley de Víctimas Nro. 1448. En 2012, las negociaciones preliminares están en curso y las conversaciones formales en La Habana se desarrollan en términos continuos. En 2013, se alcanza un Acuerdo preliminar entre las partes sobre la reforma de la tierra. Al año siguiente se logra un Acuerdo sobre eliminación de la producción de drogas en el país y las FARC-EP declaran un alto al fuego unilateral. En 2015, ambas partes se comprometen a trabajar juntas para la eliminación de minas antipersonal y en diciembre se celebra el Acuerdo sobre Víctimas del Conflicto: “Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de no repetición” creándose una Jurisdicción especial para la paz. Se plantea una agenda para poner fin al conflicto armado en Colombia: 1. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral. 2. Participación política, apertura democrática para construir paz, 3. Fin del conflicto, 4. Solución al problema de las drogas ilícitas, 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, 6. Implementación, verificación y refrendación. Modelo base de Justicia Restaurativa: Víctimas y victimarios podrán establecer formas en que se cumplirá la sentencia. Luego se desarrolla el plebiscito del 2 de octubre de 2016. La firma de los acuerdos parecía haber ganado un clima favorable a su refrendación. El presidente Santos empeñó todo su capital político en el Plebiscito y las campañas abiertas por el Sí y por el NO, se manifestaron con todas las expresiones propias de una campaña electoral. El senador Uribe encabezó la oposición desde afuera y el hoy destituido procurador Ordoñez desde adentro. Apelando a su condición religiosa Ordoñez atacó abiertamente el Acuerdo con las FARC por considerar que la introducción de perspectiva de género era un atentado contra la familia, además de criticarlo fuertemente. Los promotores del SÍ fueron liderados por el Presidente Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle Lombana (Jefe negociador) y Sergio Jaramillo (Alto Comisionado para la Paz), junto con los siguientes personajes de las FARC-EP: Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), Luciano Marín Arango (Iván Márquez), Jesús Emilio Carvajalino (Andrés París), Seuis Pausivas Hernández (Jesús Santrich) y otros. Entre los promotores del NO, se destacaban Álvaro Uribe Vélez (Senador de Centro Democrático), Marta Lucía Ramírez (Senadora partido Conservador), Alejandro Ordóñez (Ex procurador) y otros. Las universidades y los universitarios se movilizaron activamente en campaña pedagógica, las organizaciones civiles e incluso militares, apoyaron el Acuerdo y respondieron a todas las preguntas que desde los medios les fueron planteadas con todo el compromiso asumido como parte integral de la mesa de negociaciones. Por primera vez el proceso contó con generales activos y retirados, además de representantes de víctimas, juristas y una variada gama de integrantes que llevaban años tratando de lograr el Acuerdo sujeto a plebiscito. Por supuesto que la oposición también hizo lo suyo: las iglesias se movilizaron de nuevo y desde los sacros pulpitos manipularon a los creyentes, con un fuerte discurso que en nombre de dios pretendía lograr la obtención de una votación favorable al NO. Las encuestadoras dieron por ganador -de lejos- al SI y días antes el Presidente había protagonizado con el comandante de las FARC en la heroica Cartagena de Indias, un evento de grandes efectos mediáticos en el que se firmó públicamente el Acuerdo después de sendos discursos en los que se hizo referencia expresa al premio nobel de literatura Gabriel García Márquez. A las cuatro de la tarde del 2 de octubre, horario de cierre de la jornada electoral, el asunto era muy distinto a lo previsto, incluso por la oposición. Las caras de los promotores del SI se hundieron en tristeza y desconcierto, las del NO se alzaron en sorpresa y celebración. El boletín Nro. 41 de las 7:30 pm era contundente: 6.374.728 votos (49,77 %) por el SÍ, 6.430.968 votos (50,22 %) por el NO.

 

Tres días después, como si se tratara de un país nacido en el realismo mágico de quien lo había pintado al detalle en “Cien años de soledad”, Colombia recibió la noticia de que el presidente Santos había obtenido el premio nobel de paz. Las propuestas de algunos que lideraron el NO, se tardan más de lo que el país está dispuesto a esperar y se inician las tomas de plazas y caminos por grupos e individuos que exigen un ¡Acuerdo Ya! Por los mismos días ha comenzado un diálogo con la guerrilla del “Ejército de Liberación Nacional (ELN)” y se han reanudado sesiones en la Habana para ajustar los Acuerdos con las FARC-EP e incorporar las propuestas del NO. Multitudinarias marchas estudiantiles, de amas de casa, profesores, trabajadores, mujeres y miembros de organizaciones y representantes de víctimas (los mayores votantes por el SÍ) exigen que se implemente el Acuerdo lo antes posible y que las propuestas de quienes lideraron el NO, vengan pronto. Los marchantes presionan desde la semana siguiente al resultado electoral, para que el Acuerdo se implemente ¡Ya!

Los líderes del NO, presentan 7 días después las propuestas que deben constituir el nuevo acuerdo. Entre ellas pueden destacarse la férrea oposición a la elegibilidad de los excombatientes (el temor a que se transformen en partido político y disputen el voto en los territorios en los que han actuado por al menos 5 décadas); la protección de la propiedad privada (un reparo a la política de restitución de tierras que en nombre de los grandes grupos y terratenientes, abanderó el NO); la negación a considerar el narcotráfico como delito conexo al de rebelión; la fuerte y unificada oposición a la equidad de género en el acuerdo; múltiples observaciones al Tribunal Especial de Justicia; la eliminación de la denominada Jurisdicción Especial para la Paz y su reemplazo por un sistema de justicia transicional dentro de la justicia ordinaria; una sala especial dentro de la Corte Suprema de Justicia —órgano que tiene encima un índice de impunidad del 90% y fallos represados hasta por 9 años—; la preponderancia de las condiciones financieras de los municipios —que suelen ser muy precarias— sobre los compromisos de lucha estatal contra la pobreza que forman parte del Acuerdo en revisión y, un largo etc. sobre lo ya concebido pero a la manera de quienes se le oponen. Por su parte, en palabras de columnistas y editores políticos, todo esto se trata de una estrategia de dilatación del proceso para que la negociación se prolongue lo más posible al inicio de la campaña presidencial de 2018. Las FARC reiteran su irrenunciable decisión de mantenerse dispuestas al diálogo y abandonar las armas.

En ocho largas sesiones con los “representantes” del NO se discuten las propuestas que luego son presentadas por el equipo negociador en la Habana. A 40 días del plebiscito un nuevo Acuerdo final se anuncia. El 24 de noviembre en las instalaciones del histórico teatro Colón de Bogotá se firma el nuevo Acuerdo que —según analistas y examinadores del proceso— perdió todo poder para las transformaciones agrarias, se debilitó fuertemente como instrumento de protección de los derechos de las mujeres y de las minorías sexuales, excluyó toda la concepción de equidad de género así como la eficacia de la justicia transicional al incluir a la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre, con todo el historial que ella tiene de impunidad en materia penal.

 

La gran mayoría de las propuestas de la oposición fueron aceptadas. El uribismo insatisfecho con las reformas, declara su oposición al nuevo y definitivo Acuerdo y ante el anuncio que ratifica al poder legislativo como el indicado para la necesaria implementación, llama a un referendo para deshacerlo. Tal proceder deja claro que el proceso de paz es su “caballo de batalla en materia electoral”. El debate se traslada al Congreso en donde los partidos de la llamada “Unidad Nacional” que ejercen el poder político, deberán aprobar la implementación y recuperar la capacidad de convocatoria con sus seguidores, para garantizar una mínima vigencia del Acuerdo y el real inicio de la construcción de una paz estable y duradera. Las conversaciones con la guerrilla del ELN están bloqueadas mientras se cumple la exigencia de liberar a un secuestrado líder político de la comunidad afrocolombiana.

La campaña presidencial 2018 ha comenzado. En 2107, un año de agite electoral y de confrontaciones para ganar seguidores, debemos implementar el Acuerdo. Los colombianos de a pie exigimos que cese el antagonismo, que no se mate al otro por ser contradictor. Queremos avanzar hacia el ejercicio pleno de la participación política y que venga el agonismo como práctica pacífica para tramitar las diferencias.

 

I) Sánchez, Gonzalo (2001). Mujeres y Guerra: Víctimas y resistentes en el Caribe Colombiano. Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. 2001. Ediciones Semana. Pp. 226.

II) Para más información véase Comisión Verificadora de los Actores Violentos en Urabá (1995): Informe Final, Apartadó, pp. 37-40 y Fernando Cubides, Ana Cecilia Olaya y Carlos Miguel Ortiz (1995) “Tendencias en el Desarrollo Municipal y Violencia en Colombia”, Cap. 3. Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, Santafé de Bogotá, Gustavo Salazar, (1999). Paramilitarismo: una aproximación a sus orígenes y evolución 1980 – 1999, Bogotá, Presidencia de la República.