Por Alan Nemirovsky (UBA – FSOC)

La economía argentina se encuentra nuevamente en crisis. La contracción de capital la podemos observar en la gran mayoría de los indicadores económicos, incluso en los brindados por el estado: reducción del PBI, disminución de la capacidad utilizada por las industrias y del índice de producción industrial manufacturero, aumento de la pobreza y la inflación. Así mismo, el déficit de la balanza comercial y el aumento de los pagos de intereses de la deuda externa.

Reduciéndolo estrictamente a la esfera laboral, los indicies continúan con la misma tendencia: aumento de desocupación, casi nula expectativa de contratación de personal por parte del sector privado y pérdida del poder adquisitivo.

En este contexto, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) publicó, en el último trimestre del 2018, el informe anual en el cual se brinda información sobre muertes, accidentes y enfermedades profesionales correspondientes al 2017[1] [2]. Es fundamental tener en cuenta que todos los datos aumentan al considerar a la fuerza de trabajo precarizada, ya que la misma es dejada de lado en la publicación oficial. No es menor esta cuestión ya que la economía informal representa un porcentaje cada vez más alto de la economía argentina.

El informe señala que las muertes aumentaron un 5% en relación al año anterior (2016) y es la primera vez que suben en los últimos seis años. El índice de trabajadores/as fallecidos por cada millón de trabajadores/as cubiertos en el sistema mostraba caídas desde 2011. El incremento se debe a los accidentes fatales en sectores como finanzas, minería, transporte, agropecuario y comercio. El indicador ascendió de 76,5 % a 79,2 % el año pasado.

Según el informe: “tomando en consideración el tamaño de las nóminas, la mayor incidencia de fallecidos se evidenció en los empleadores con 3 a 5 trabajadores (95,4 muertes cada millón de cubiertos) y la menor en las empresas de mayor tamaño”. Como deja bien en claro la publicación, el tamaño de las empresas importa y mucho. Es en las PYMES donde más elevado es el número de muertes. En las PYMES de un trabajador, de 3-5 y de 6-10, el promedio de muertes es de  94,8, 95,4 y 92,2 respectivamente cada millón de trabajadores registrados. En contraposición, en las empresas de 1501-2500 trabajadores, 2501-5000 y más de 5000, el número de muertes se reduce – a pesar de que una muerte ya es un número exorbitante- a 23,9, 26,0 y 16,6 respectivamente cada millón de trabajadores registrados.

Este hecho no es casual. Las Pymes son las empresas con menor productividad y capacidad de competencia en el mercado. Además, a diferencia de las multinacionales, no suelen cumplir estándares internacionales de seguridad e higiene. En este momento de crisis económica son las primeras en cerrar sus puertas, y basan buena parte de su ganancia en la precarización laboral[3].

En relación a la cuestión geográfica de las muertes, en lo más mínimo debería llamarnos la atención que en las provincias donde la pobreza, la desocupación y la subocupación son de las más elevadas del país, los accidentes y las muertes también lo sean. La necesidad de sobrevivir obliga a correr riegos que en otro contexto económico-social no se tomarían. Según el informe: “en lo que concierne a la incidencia en fallecidos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (AT y EP), mientras que la media nacional en el año 2017 fue de 42,7 defunciones cada millón de trabajadores cubiertos, las provincias con mayor incidencia fueron: Chaco (151,5 AT y EP cada millón de cubiertos), Formosa (98,4 AT y EP), Santa Fe (98,3 AT y EP), Corrientes (83,1 AT y EP) y Entre Ríos (71,7 AT y EP)”. CABA, se encuentra en el otro extremo; el índice es de 17,7 AT y EP.

En el mismo informe nos dice que se declararon 570.688 casos por lesiones por causa de accidentes laborales o enfermedades profesionales. El informe señala que “cuando se desagrega el total de notificaciones según el tipo de evento, el 67,5% fueron accidentes de o en ocasión de trabajo, el 23,8% accidentes in itinere, el 2,4% EP y el 6,3% constituían re-agravaciones. En el conjunto de los casos notificados, la forma de ocurrencia más frecuente de los accidentes fueron las pisadas, choques o golpes por objetos (25,3%), las caídas de personas (22,2%) y los esfuerzos excesivos (13,5%)”.

El informe también indica que “el 24,1% de las EP diagnosticadas, fueron en trabajadores con una antigüedad en el puesto menor al año, y en un 24,6% de los casos tenían una antigüedad de 1 a 4 años. En relación al tipo de examen en el que se realizó el diagnóstico, se observó que el 28,6% de las EP fueron detectadas en “consultas en hospital público”, el 21,3% fueron diagnosticadas en “consulta en obra social”, y un 21,2% con el “prestador de ART””. Como podemos observar, cerca del 50% de los accidentes ocurrieron cuando el trabajador recién ingresa a la empresa y es nuevo en la tarea que realiza dentro de ella. Esto nos lleva a preguntarnos hasta dónde se encuentran calificados para desarrollar esa tarea y, principalmente, qué importancia le brindan las empresas a la formación y capacitación laboral. Además que, solo el 21,2% de los diagnósticos hayan sido realizados en la ART significa que el 78,7% fueron diagnosticados en otros lugares. Lo cual implica, entre varias cuestiones, que los trabajadores no tienen conocimientos sobre sus derechos o que los mismos les son privados y no se les garantiza su acceso.

Desde la SRT tratan de buscar un lado positivo a la información y destacan que “bajó la accidentabilidad laboral en las principales actividades económicas”. Sin embargo el abogado laboralista Gastón Valente, perteneciente a la CTA de los Trabajadores, menciona que la reducción no es necesariamente una consecuencia de los métodos de prevención de riesgos y del correcto funcionamiento del sistema. La disminución es más bien una consecuencia de los problemas estructurales del sistema de riesgos de trabajo que tiende a subregistrar enfermedades profesionales y no incrementa los niveles de cobertura.  Así como también de los de desajustes macroeconómicos observados desde el año 2016. En este sentido,“ante una enfermedad no reconocida o rechazada, no existe prevención de riesgos, y su cobertura queda a cargo del trabajador, a través de su obra social o sistema público. El descenso en las estadísticas del reconocimiento de las enfermedades profesionales no es una buena noticia”[4]. Al  disminuir el trabajo por las consecuencias económicas de la recesión, y aumentar el rechazo de los empleadores y aseguradoras[5] a reconocer varias enfermedades generadas por el trabajo, el número desciende. La disminución de muertes y accidentes no es causada por políticas estatales y/o privadas de prevención, de capacitación, eliminación de riesgos o innovación. Es exactamente su opuesto.

Jóvenes y en peligro

Lejos de lo que sale en los medios masivos, las y los jóvenes no son peligrosos. Es justo lo contrario: están en peligro. Según el informe de la SRT, la mayor cantidad de accidentes corresponde a los jóvenes entre 25 y 29 años, con un total del 16,9% del total de las notificaciones, siendo 96.682 casos. Seguido por el grupo de 30 a 34 años con el 16,1%, porcentaje que representa 91.870 casos[6].

El alto grado de accidentabilidad entre las y los jóvenes, no es una casualidad. Esto se debe a que el nivel de desocupación es muy elevado en dicho grupo etario. Entre las mujeres hasta 29 años de edad, el nivel de desempleo se eleva al 24,8%. El porcentaje se eleva al 27,5% en los hombres de la misma edad. Como podemos observar, entre las variables desocupación- accidentes laborales – juventud, hay una fuerte relación. Los trabajos con más riesgos y en peores condiciones son para el grupo etario en el cual se padece el mayor porcentaje de desocupación.

Mujeres trabajadoras

El informe señala que: “En 2017, el 62% de la población cubierta eran varones, mientras que las mujeres representaban poco más del tercio restante. En relación al total de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales (AT y EP) con días de baja laboral, el 79% correspondió a varones y apenas el 21% a las mujeres”[7].  A su vez, según el informe indica que “la estructura de la población cubierta según grupos de edad mostró similitudes entre ambos sexos. Los jóvenes de 16-19 años representaban el 1% del total de trabajadores en cada sexo. Este valor ascendía al 7%-9% en el grupo de 20-24 años de mujeres y varones, respectivamente, hasta alcanzar el valor máximo de 15% en el grupo de 35-39 años. Desde los 40 años en adelante, se iniciaba la tendencia descendente conforme avanzaba la edad del trabajador”. Por último, señala que en el caso de las mujeres “el 55% de las jóvenes de 16-19 años trabajaba en el sector de “Comercio, restaurantes y hoteles”. A medida que avanzaba la edad, caía el porcentaje en esta actividad y se incrementaba en “Servicios comunales, sociales y personales”. En el grupo de 35-39 años, el 63% de las mujeres se encontraba cubierto en este último sector, y en los últimos grupos etarios superaba el 75%. La distribución de los varones según edad y actividad, era más heterogénea en relación a las mujeres.”

La diferencia en la cantidad de hombres y mujeres accidentados y con enfermedades, según los registros de la SRT, es una clara muestra de quienes realizan mayoritariamente su trabajo en condiciones de informalidad. Esto se debe que son las mujeres las que, principalmente, trabajan como empleadas domésticas, el sector de mayor nivel de informalidad y de peor salario.

Como se desprende de los datos, el rol laboral de las mujeres en el mercado de trabajo posee un nivel más elevado de determinación que el de los hombres, los cuales poseen una relativa movilidad. Son actividades, principalmente relacionadas con los servicios, cuidado de personas y de educación. Estos trabajos son realizados mayoritariamente por mujeres debido a sus atributos considerados “naturales”. Hay que agregar que son varios las ramas laborales que aún se encuentran vedadas para las mujeres, pero de a poco, con niveles de organización cada vez mayores –y también por necesidad del capital-, estas cuestiones están siendo superadas[8]. Además de esta situación, son principalmente las mujeres quienes realizan las tareas de cuidados y tareas domésticas, las cuales son necesarias para garantizar la producción y reproducción de la mano de obra del trabajador de un día para el otro, indispensable para poder ir al día siguiente a trabajar a la oficina o el taller.

El informe de la SRT tiene la particularidad de analizar por separado a los trabajadores y trabajadoras de casas particulares. Éste, como ya fue mencionado más arriba, solo tiene en cuenta el trabajo registrado, lo cual deja por fuera, en este caso particular, a la gran mayoría de este tipo de relación laboral. Más allá de esta inmensa limitación, se puede obtener cierta información interesante. Por ejemplo, el informe señala que “en los dos últimos meses de 2014 se produjo la incorporación al Sistema de Riesgos del Trabajo de los trabajadores de casas particulares (TCP). Para el año 2017, se consolidó un promedio de 448.921 empleadores (47,9% del total de empleadores asegurados dentro del sistema), que declararon 499.741 TCP, representando 5,1% del total de trabajadores cubiertos”. Por otro lado, “en lo que respecta a la siniestralidad de los TCP, en el mismo período se registraron 9.640 casos notificados de accidentes laborales o enfermedades profesionales, de los cuales 9.292 ocasionaron días de baja laboral y/o secuelas incapacitantes[9]. Las mujeres representaban el 97% de los TCP accidentados, cuya edad promedio al momento del accidente o enfermedad profesional era de 46,2 años. El 3% de los TCP accidentados o que sufrieron una enfermedad profesional correspondió a varones, con  una edad promedio de 44 años”. Finalmente el informe indica que “cuando se desagrega el total de notificaciones según el tipo de evento, puede observarse que en el 51% de los casos se trató de accidentes de trabajo, el 41% accidentes in itinere, el 1% enfermedades profesionales y el 7% reingresos” Las formas de ocurrencia más frecuentes de los accidentes fueron: “caída de personas” (45,9%), “pisadas, choques o golpes por objetos” (17,5%) y “esfuerzos excesivos” (12,2%). Estas 3 formas de ocurrencia concentraron el 76% de los casos notificados[10].

Obviamente, al no estar registradas la mayoría de mujeres trabajadoras, tampoco tienen el derecho a jubilarse. La reforma previsional  impulsada por el macrismo (pero votada también por varios partidos en el Congreso) dejo al desnudo que son las mujeres las que, en su gran mayoría, recurren a las moratorias jubilatorias porque son las más precarizadas. Las moratorias, permitieron jubilarse a las personas que no habían logrado realizar los 30 años de aportes, siendo los principales dentro de este grupo quienes no poseían los aportes patronales correspondientes a los años trabajados en relación de dependencia. El  73% de las personas que accedieron a las mismas son mujeres.

Por último, y no por eso menos importante, la situación de las travestís y trans-género deja a la vista una situación aún más dura. En nivel de empleo, ya sea formal o informal, es casi nulo. Tanto en el ámbito privado como en el público. Incluso la dificultad llega a no poder tener acceso a una entrevista de trabajo. Esto se debe al gran nivel de discriminación, cuestión que también afecta en el ámbito educativo. La opresión económica lleva a que, para poder sobrevivir, tengan que prostituirse (principalmente a las jóvenes). Para nada nos debería llamar la atención qué su expectativa de vida no supera los 35/40 años. Obviamente no hay estadística de la SRT sobre este tema. Tampoco en otras dependencias del estado nacional[11].

¿Acceso a la justicia o industria del juicio?

Desde las cámaras empresariales y el gobierno, se viene denunciando la “industria del juicio”, la cual influye en la productividad de la empresa, en el nivel de desempleo y en la no capacidad de planificación de los empresarios. Incluso, llegan a afirmar que eliminando “la industria del juicio” se crearan nuevos empleos ya que bajaran los “costos laborales”. De manera indirecta, buscan echarnos la culpa a los trabajadores y trabajadoras de la desocupación, intentando hacernos responsables de la miseria planificada por defender nuestros derechos[12]. Por eso, desde su punto de vista e intereses, era necesaria una nueva Ley de Riesgo del Trabajo (la número 27.348). Incluso, el derecho a reclamar una indemnización por la reparación de los daños derivados del trabajo ya fue reducida durante el gobierno anterior. La ley se modificó durante el gobierno del Frente Para la Victoria con el apoyo del PRO, eliminándose la “doble vía” que permitía al trabajador cobrar la indemnización de la ART y, al mismo tiempo, recurrir a la justicia civil.

Desde la SRT celebran que “cayó 36% la litigiosidad en el segundo trimestre de 2018”[13]. Sin embargo, que haya disminuido la cantidad de juicios no quiere decir que haya disminuido el nivel de accidentes. Lo que ocurre es que con esta nueva ley, sumado a la caída del empleo, es que se limita el acceso directo a la justicia por parte de los trabajadores. En gran parte se debe a que se estableció que, antes de iniciar un  juicio,  los trabajadores deberán pasar por una comisión médica. Ésta tiene la potestad de establecer si la enfermedad deriva de un vínculo laboral. En caso de no ser reconocida, el propio trabajador será el encargado de cubrir los costos de su recuperación.

Más allá de los argumentos oficialistas y empresariales, con la nueva ley no aumentó el nivel de empleo. Es más, lo que ha aumentado es la desocupación y la pobreza en todo el país. Hasta aumentaron las muertes de los trabajadores con la nueva Ley. Resulta obvio, hasta para el más necio, que la creación de empleo depende de cuestiones macro económicas que trascienden a la mencionada Ley y a los juicios laborales. Incluso el número máximo de asegurados en este sistema de riesgos del trabajo son previos a esta Ley, son de la Ley anterior que promovía la “alta litigiosidad”. El número máximo de trabajadores asegurados se da en el 2015, llegando a los 9.869.790. A partir de entonces, comienza a disminuir[14], dando como resultado más desocupación y trabajo precario.

El nivel de empleo, al igual que el crecimiento de la economía, en nuestro país se encuentra relacionado de manera directa con el precio internacional de las materias primas y alimentos que se exportan, y no con la exigencia plena de nuestros derechos laborales, ya que el estado se apropia de una gran cantidad de dinero vía impositiva, la cual distribuye de manera directa e indirecta a otros sectores que, a diferencia del agrario, no son competitivos y necesitan distintos tipos de subsidios para seguir existiendo.

Como se desprende de lo recién mencionado, una disminución de la litigiosidad no bajara los costos de producción de los empresarios (principalmente de las pymes, las cuales son utilizadas como caballito de batalla por las trasnacionales) ni generará más empleo, sino que hará crecer las ganancias de todo el empresariado, empezando por las aseguradoras.

¿Por qué hablamos de asesinatos laborales?

Resulta difícil considerar como un simple “accidente” las muertes de cientos de trabajadores y trabajadoras. Sus fallecimientos son ignorados, como también son desconocidas sistemáticamente las exigencias de condiciones dignas para trabajar. Llamemos a las cosas por su nombre, son asesinatos laborales[15]. La “desinversión” en condiciones de seguridad e higiene por parte del Estado y los empresarios nos cuesta diariamente la vida.

La mayoría de estas muertes no son públicas. Solo en algunos casos, en donde hay cierto nivel de organización por parte de los trabajadores/as, salen a luz sus nombres y sus vidas. Menos públicas aún son las declaraciones de la patronal. Las pocas veces que la presión los lleva a expedirse, siempre se responsabiliza al trabajador por su propia muerte: “no siguió los protocolos de seguridad”, “no estaba capacitado”, “estaba borracho y drogado”, etc. Jamás se ponen en discusión los ritmos de trabajo y las condiciones laborales, el estado o la falta del equipamiento, la posibilidad de contar o no con ropa adecuada. Mucho menos, llega a ser cuestionado el objetivo de maximizar la ganancia de los capitalistas.

En estos momentos en que se profundiza el ajuste económico, cobra mayor protagonismo la discusión sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras, ya que a partir de su delimitación o eliminación se busca mantener la tasa de ganancia de los empresarios. Este es el caso del derecho a reclamar una indemnización por la reparación de los daños derivados del trabajo. Los defensores de la patronal afirman que hay un nivel de litigios muy alto, que es necesario reducirlo. Para ellos, nuestra vida son “costos laborales”. De nosotros depende que hagamos valer los derechos conquistados y seguir avanzando hacia la vida digna que nos merecemos.

 

[1] Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2017 https://www.srt.gob.ar/estadisticas/anuario/Informe%20Anual%20de%20Accidentabilidad%20Laboral%20-%20A%C3%B1o%202017.pdf

[2] La SRT ha modificado la metodología de publicación. De informes anuales, siendo el 2017 el último, a provisorios, de modo trimestral. Considerando que son provisorios, se trabajará con el definitivo.

[3] Recordemos que el trabajo informal no es tenido en cuenta para realizar el informe de la SRT, lo cual, sin duda, haría elevar más aún el número.

[4] http://www.infogremiales.com.ar/el-ano-pasado-743-trabajadores-fallecieron-por-accidentes-laborales/?fbclid=IwAR11WYQ1VF8FiCiKvnCwebj719MHgMWTTdzK3Elw4fZdfh-BuA6Q9JQ6wT8

[5] Según el informe de la SRT (pág. 25), diez aseguradoras reúnen el 93.7% de los casos reportados (Provincia 102.281 casos,  17,9%del total. Prevención 99.518 y 17,4%. Galeno 66.971 y 11,7%. Asociart 49.229 y 8,6%. Swiss medical 42.898 7,5%. La segunda 41.835 y 7,3%. Experta ART 41.449 y 7,3%.  Gob Pcia. Bs. As. 37.499 y 6,6%.  Fed. Patronal 35.953 y 6,3%.  Omint 17.380 y 3,0%.)

[6] Entre los y las jóvenes de 16 a 19 años, el total de casos es 8.267. Entre los de 20 a 24, 67.234.  Entre los de 35 a 39, 86.853. Ver nota N° 7.

[7] “Entre las mujeres, las jóvenes de 16-19 años constituyeron el grupo con el mayor índice de incidencia AT y EP, alcanzando en el 2017 los 26 AT y EP cada mil trabajadoras cubiertas (1,6 veces más elevado que el promedio de mujeres). En el grupo de 20 a 24 años la incidencia se situó en los 23 AT y EP por mil. Entre los 25-39 años, los índices se ubicaron por debajo del índice promedio de mujeres, para aumentar a partir de los 40 hasta los 59 años, con valores que oscilaban entre 21,5 y 25,5 AT y EP por mil. “El promedio de AT y EP 21,1 por mil trabajadoras cubiertas

[8] En este sentido, es interesante el caso de Erika Borda en relación a la selección de personal en empresas de colectivos.

[9] La distribución geográfica de los casos deja al desnudo dos aspectos: por un lado que el mayor número de AT y EP ocurrieron en los principales centros económicos del país. Por el otro, las grandes limitaciones del informe de la SRT, ya que brinda datos, como mínimo, irrisorios. Buenos Aires 3.563 casos, 37,0% del total , C.A.B.A. 1.514 casos y 15,7% del total, Córdoba 1.497 y 15,5%, Santa Fe 1.126 y 11,7%, Mendoza 467 y 4,8%, Entre Ríos 286 y 3,0%, Río Negro 193 y 2,0%, Salta 143 y 1,5%, Neuquén 141 y 1,5%, Tucumán 128 y 1,3%, Chaco 90 y 0,9%, San Juan 88 y 0,9%, Chubut 79 y 0,8%, Corrientes 78 y 0,8%, La Pampa 53 y 0,5%, San Luis 41 y 0,4%, Misiones 38 y 0,4%, Formosa 32 y 0,3%, La Rioja 21 y 0,2%, Jujuy 21 y 0,2%, Catamarca 17 y 0,2%, Tierra del Fuego 9  y 0,1%, Sgo. del Estero 9 y 0,1% Santa Cruz 6 y 0,1%.

[10] La centralización en pocas ART también ocurre en este ámbito laboral: Prevención (31,5%), Federación Patronal (12,4%), La Segunda (10,6%) y Asociart y Galeno cada una con 10% de los casos notificados. Estas 5 aseguradoras concentran el 75% de los casos registrados de TCP.

[11] Más allá de que no son encuestas nacionales y solo refieren a un territorio concreto, resultan interesantes los siguientes estudios de casos en La Matanza y CABA: https://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/la_revolucion_de_las_mariposas.pdfhttps://www.mpdefensa.gob.ar/sites/default/files/la_revolucion_de_las_mariposas.pdf

[12] Los mismos argumentos son utilizados para justificar la reforma laboral y la modificación de los Convenios Colectivos de Trabajo.

[13] https://www.srt.gob.ar/index.php/2018/10/26/informe-srt-cayo-36-la-litigiosidad-en-el-segundo-trimestre-de-2018/

[14] En el año 2004 había 5.107.000 trabajadores asegurados en el sistema, lo que fue aumentando en forma paulatina año tras año, 5.718.000 en el año 2005, 6.449.000 en el año 2006, 6.986.000 en el año 2007, 7.637.000 en el año 2008, 7.814.000 en el año 2009, 7.855.000 en el año 2010, 8.177.000 en el año 2011, 8.526.000 en el año 2012, 8.734.000 en el año 2013, 8.967.000 en el año 2014, llegando al pico máximo histórico en Argentina de trabajadores afiliados al sistema el 1/12/2015 con 9.869.790, a partir de allí comenzó la declinación a 9.784.400 en 2016. http://www.ladefensa.com.ar/La%20Defensa%2010/informe-especial-sobre-la-ley-de-riesgos-del-trabajo.,-por-gaston-valente-.html

[15] Es interesante el trabajo llevado adelante por el espacio Basta de asesinatos laborales (BAL).

 

 

Imagen de portada: imagen de Markus Distelrath en Pixabay.