Por Julián Hofele
¿Necesitamos una reforma laboral? Sí: para garantizar condiciones de trabajo más saludables y compatibles con labores de cuidado equitativas, para regular la desconexión digital, para profundizar ámbitos de representación paritaria en los espacios de trabajo. ¿La reforma del gobierno va en este sentido? Para el abogado laboralista Julián Hofele se dirige en un sentido opuesto: apunta a la flexibilización de las relaciones individuales de trabajo y al debilitamiento de los sindicatos, dos dimensiones necesarias para profundizar el modelo de valorización financiera y desindustrialización.
Del algo habrán hecho al algo había que hacer
Las discusiones sobre una reforma laboral se repiten de forma cíclica en nuestro país. Reaparecen siempre, a contramano de lo que indican los manuales y las estadísticas, en momentos donde el empleo se retrae y la economía está en recesión, para consolidar modelos de desindustrialización y valorización financiera de la Argentina. La dictadura desarmó, a los pocos días del golpe de estado del 76, gran parte del andamiaje jurídico protectorio que se había construido durante décadas, consolidado en el último gobierno peronista, y tuvo como consecuencia directa el crecimiento de la desigualdad, la pobreza y el desempleo. El menemismo impulsó una tras otra, reformas para flexibilizar las condiciones de contratación y de trabajo. Como consecuencia alcanzó niveles récord de desocupación junto a un fuerte aumento en la precarización del empleo. El gobierno de Macri no logró los cambios legislativos que se propuso, el de Milei ya tuvo un adelanto con su primera reforma laboral encubierta: la ley bases.[1] Y un primer resultado: el aumento de la informalidad tras eliminar las sanciones por falta de registración. Otro fracaso.
Pese a ser un acumulado de recetas aplicadas sin éxito en el pasado y un burdo intento de desbalancear aún más las relaciones laborales en favor del capital, lo cierto es que la mal llamada “modernización laboral” que propone el gobierno libertario se sostiene en el debate público sobre una premisa lógica y de sentido común: algo había que hacer con el tema del trabajo. A esta altura poco parece importar si ese “algo” es una propuesta real para mejorar las condiciones en que se trabaja (función principal de la legislación laboral), para crear nuevo empleo (aspecto ligado fundamental, aunque no exclusiva ni necesariamente, al crecimiento económico), o una normativa de más de doscientos artículos que desplaza al sujeto trabajador, tanto en su faz individual como colectiva, a un lugar aún más relegado en la relación de trabajo, con menor participación en las decisiones que lo afectan, en el reparto de la riqueza y en la utilización de su propio tiempo.
La iniciativa del gobierno llega tras años de degradación en la calidad del empleo de nuestro país. Lejos quedó en el tiempo la fenomenal recuperación del empleo, con baja de desocupación, creación de trabajo registrado, reducción de la informalidad, crecimiento del poder adquisitivo y participación del ingreso de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La falta de crecimiento económico y las políticas de destrucción industrial y cepo salarial de los gobiernos de Macri y Milei, junto a la falta de respuestas concretas del último gobierno peronista ante el creciente fenómeno (global) de los trabajadores pobres que, aún registrados, no llegan a cubrir las necesidades más elementales de su vida familiar, dieron como resultado más de una década de malas noticias en el mundo del trabajo. Ese fue el caldo de cultivo de una propuesta que no parece necesitar ni siquiera explicar sus -inexistentes- bondades para hacerse camino.
El contexto actual, y los últimos datos estadísticos publicados, marcan un retroceso sostenido en los indicadores industriales con una caída de 3,9% interanual a diciembre de 2025, y pérdida de puestos de trabajo en todos los sectores en la medición de octubre de 2025: asalariados privados y públicos, casas particulares, autónomos, monotributo y monotributo social, y un marcado deterioro del poder adquisitivo del salario con los trabajadores del sector público y los jubilados a la cabeza, con una realidad dispar en el sector privado, donde prima una enorme mayoría de las actividades del sector industrial en retroceso. El proyecto del gobierno no busca revertir esta tendencia, más bien pretende adaptar las normas laborales al nuevo mercado de trabajo que está creando su modelo económico: menos trabajo industrial, salarios más bajos y empleos más precarios, hasta ahora en los hechos y desde ahora en la norma.
Una pregunta válida entonces podría ser: ¿es necesario hacer cambios en la normativa laboral? La respuesta es sí. Para incorporar los avances tecnológicos en favor de la producción y no en desmedro del descanso de los trabajadores es necesario regular la transparencia algorítmica y la desconexión digital. Para mejorar la conciliación de la vida familiar, las tareas de cuidado y el descanso es necesario regular la soberanía de los trabajadores sobre su tiempo de trabajo, reducir la jornada laboral y modificar las antiguas licencias parentales, actualmente mejoradas aunque aún insuficientemente en casi todos los convenios colectivos de trabajo. Para garantizar condiciones de trabajo más seguras y saludables es necesario promover la creación de ámbitos de discusión con representación paritaria al interior de todos los establecimientos laborales, garantizar canales de prevención, denuncia y actuación frente a situaciones de violencia laboral y brindar protección y reconocimiento a quienes prestan tareas y reciben instrucciones de trabajo a través de plataformas digitales. Para estas y muchas otras cosas es necesario modificar las normas laborales, pero ninguno de estos temas es abordado en el proyecto de Modernización Laboral del gobierno. Y cuando alguno de estos institutos se incluye en el proyecto, aparece en sentido contrario a los intereses de los trabajadores y trabajadoras: extensión de las horas de trabajo fuera del límite horario, mayor discrecionalidad empresarial para asignar turnos y horas de trabajo, desfinanciamiento de la seguridad social para financiar indemnizaciones por despido, menos límites a los cambios discrecionales en las condiciones de trabajo y más sujetos excluidos de la protección de la ley laboral, aquellos contratados mediante locación de obra, trabajadores de plataformas, y los denominados independientes con colaboradores son directamente excluidos de la norma, sin importar si se trata de fraude laboral y desvirtuando el principio de primacía de la realidad imperante en el derecho del trabajo.
La consolidación del modelo económico tiene una segunda parte en el proyecto de ley: el desguace de uno de los sujetos políticos más importantes en la historia política argentina de los últimos 100 años, los sindicatos. Una de las obsesiones de este gobierno es limitar el derecho de huelga declarando servicio esencial a la enorme mayoría de las actividades económicas e imponiendo prestaciones mínimas que desnaturalizan por completo un derecho constitucional como la huelga. El gobierno estableció esta limitación primero en el DNU 70/2023 declarado inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo, luego insistió en el DNU 340/25 rechazado por ambas cámaras en el Congreso y ahora reaparece en el texto de este proyecto de ley. Pero no limita únicamente a la huelga, limita las asambleas, el rol de los delegados sindicales, el derecho a la protesta, promueve la negociación a la baja en ámbito menor y la creación de sindicatos de empresa y limita la organización en los lugares de trabajo. Por último, y no menos importante, ataca directamente el financiamiento de los gremios eliminando las contribuciones solidarias de trabajadores no afiliados, impidiendo el cobro normal de las cuotas de afiliación y reduciendo las contribuciones destinadas a las obras sociales. Un modelo económico de desindustrialización y precarización del empleo requiere la consagración normativa de la flexibilización laboral y sindicatos débiles que no puedan oponerse.
Si esta reforma laboral se aprueba no solo traerá un reordenamiento en las relaciones de fuerza al interior de las relaciones de trabajo, será también una apuesta por la determinación del rumbo a un proyecto de país de exclusión y miseria, sin un ápice de modernidad ni innovación. Si se logra frenar, estaremos ante un punto de inflexión que nos permitirá reconstruir un horizonte de futuro. Si avanza, al igual que ocurrió en las oportunidades anteriores, tarde o temprano las recetas de la reforma y su modelo fracasarán, aunque el daño social y material será trabajoso de reparar. En su llamamiento político “La Salvación del Trabajo” Lisa Herzog invita a reflexionar sobre la necesidad de construir más democracia al interior del mundo laboral, de anteponer la organización política al determinismo técnico, la decisión estatal al libre mercado, y sostiene “conservemos el mundo laboral como un mundo digno del homo sapiens, de seres sociales cuyo trato interpersonal ningúna técnica podrá reemplazar jamás”.[2] Con o sin esta reforma, en cualquier caso, quienes creemos que una sociedad más justa es posible tenemos un deber: bregar y movilizarnos por la salvación del trabajo.
Julian Hofele (UBA) es Abogado Laboralista, Especialista en Derecho del Trabajo (UBA). Docente Adjunto Interino Derecho Colectivo del Trabajo (UBA). Experto en Derechos Laborales Digitales en el Mundo del Trabajo como Derechos Fundamentales (Universidad de Castilla – La Mancha).
IG: julianhofele
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[1] Sabates P., Hofele J., I. (2024) “¿y si sale mal? Recuperado de https://www.revistaanfibia.com/y-si-sale-mal-datos-empleo-indec/
[2] Herzog, L. (2025). La salvación del Trabajo. Barcelona: Herder, p. 205
Imagen de portada: Manifestación, Berni