Por Nicolás Fraile

Una reaparición de la planificación atraviesa el presente al compás de la inteligencia artificial, reabriendo un viejo debate: ¿puede el Estado recuperar su centralidad en la organización de la vida económica y social? En este artículo, el politólogo Nicolas Fraile explora los límites técnicos y políticos de esa posibilidad, revisa las críticas clásicas a la planificación y advierte sobre un escenario en el que, lejos de fortalecerse, el poder estatal podría quedar subordinado a las grandes corporaciones tecnológicas. Frente a ello, sostiene que ninguna innovación sustituye la decisión política: la centralidad del Estado no es un efecto de la tecnología, sino una construcción consciente anclada en el pensamiento político, las humanidades y las ciencias sociales, y la voluntad de orientar lo común.

 

De la planificación estatal podría decirse algo similar a lo que María Elena Walsh dice de la cigarra: “Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo, estoy aquí, resucitando”. El paralelismo se justifica en virtud de que, tras haber pasado décadas sumida en el descrédito, en los últimos años parecen reemerger tendencias planificadoras en los ámbitos económicos y sociales. Cabe notar, sin embargo, que este retorno se encuentra estrechamente asociado a las nuevas tecnologías, en particular a la inteligencia artificial, cuyas capacidades de almacenamiento y procesamiento de datos superan ampliamente a las humanas. Según puede rastrearse, buena parte de las objeciones que enfrentó la planificación centralizada se apoyaban en la imposibilidad de que los órganos estatales fueran capaces de reunir y procesar adecuadamente el enorme caudal de información que involucra la actividad económica. De allí que las nuevas herramientas digitales sean presentadas como la pieza clave de este retorno: ellas permitirían dar el salto técnico necesario para sortear las limitaciones inherentes a la condición humana y reabrir, así, la posibilidad de concebir la planificación como un método racional, incluso superior al espontaneísmo.

Ahora bien, aunque en buena medida la cuestión se presenta como un asunto técnico-organizativo, lo cierto es que, en el fondo, involucra un problema político relativo al Estado. Junto con la caída en descrédito de la planificación centralizada, puede constatarse un desplazamiento de la estatalidad como instancia a la que, en tanto expresión institucional de la voluntad popular, le corresponde la responsabilidad última sobre las decisiones colectivas. Ciertamente, este desplazamiento se trata de un proceso complejo, asociado al desprestigio general en el que se vio sumida la actividad política en las últimas décadas del siglo XX, al debilitamiento de las identidades políticas tradicionales y al papel creciente del consumo y la esfera privada en los procesos de subjetivación.[1] No obstante, si efectivamente asistimos a una reemergencia de la planificación centralizada en virtud de las nuevas tecnologías, cabe preguntarnos si esto conlleva un retorno de la centralidad estatal o, al menos, si es posible que el Estado se apoye en aquellas herramientas tecnológicas para apalancarse a sí mismo. A riesgo de adelantar nuestra respuesta –que aparecerá recién al final del texto–, podríamos señalar que, si bien estas tecnologías podrían habilitar una renovada centralidad estatal, lo cierto es que su concreción depende de una decisión consciente del propio Estado, más que de un efecto inmediato de las condiciones tecnológicas imperantes.

Antes de llegar a ese punto, conviene explorar algunos de los interrogantes involucrados en esta problemática. El primero concierne a la reemergencia de la planificación. En particular, interesa indagar si las nuevas tecnologías permiten superar los obstáculos que la planificación centralizada enfrentó durante el siglo XX, cuando su consagración como el método más efectivo para la organización social y económica parecía ineluctable. Como se verá, no se trata únicamente de un problema técnico, centrado en determinar si los modelos predictivos son lo suficientemente sofisticados como para replicar la dinámica económica o si las infraestructuras disponibles cuentan con la capacidad necesaria para procesar los volúmenes de información que moviliza la interacción social. Antes bien, la cuestión remite a un plano más profundo: si las computadoras y la inteligencia artificial pueden emular la interacción social y, eventualmente, la acción humana.

El segundo interrogante remite a quién actúa como decisor último de la planificación centralizada. Aunque durante el siglo XX ese papel fue desempeñado por el Estado, lo cierto es que en la actualidad asistimos a procesos de organización centralizados cuyos decisores no son los agentes públicos, sino las big tech, es decir, las grandes corporaciones tecnológicas, como Amazon o Meta. Dadas sus capacidades técnicas, estas empresas se encuentran en condiciones de coordinar sus actividades a gran escala de manera centralizada. Ahora bien, si esta es la tendencia que se impone, la reemergencia de la planificación podría no implicar un retorno del Estado, sino incluso acentuar su desplazamiento en favor de las corporaciones privadas.

En tercer y último lugar, ante el peligro de que la organización planificada cristalice el poder de las big tech por sobre los agentes públicos, se abre el interrogante por los resguardos y previsiones que deberían adoptar los Estados democráticos para recuperar centralidad y garantizar que la voluntad popular oriente la actividad planificada, evitando así formas de heteronomía. En síntesis, en las siguientes páginas abordaremos las siguientes preguntas:

1. ¿Es posible planificar la actividad económica y social?
2. ¿Quién decide sobre la planificación?
3. ¿Cómo puede el Estado recuperar su centralidad?

 

1. ¿Es posible planificar la actividad económica y social?

Si en la actualidad asistimos a un retorno de formas organizativas que involucran planificación centralizada, esto se vincula, en buena medida, a la disponibilidad de tecnologías cuyo nivel de sofisticación y capacidad permitiría sortear algunos de los obstáculos que enfrentó la economía estatal planificada en el siglo XX. Tras la Gran Depresión y, especialmente, durante la segunda posguerra, buena parte de los Estados occidentales adoptaron formas organizativas que incorporaban diversos grados de planificación centralizada.[2] En este contexto, se registraron niveles de crecimiento y bienestar económicos de tal magnitud que, durante algún tiempo, alimentaron la expectativa de que el futuro pertenecía a la planificación. No obstante, con la crisis del petróleo de 1973 y el declive de la Unión Soviética en la década posterior, la economía planificada comenzó a ser crecientemente cuestionada y vista como un método más bien ineficiente, incluso irracional, que debía ser reemplazado por formas tendientes a la competencia y al libre mercado. Detrás de estas críticas se encuentran dos de los economistas neoliberales más relevantes del siglo XX, cuyos nombres aún permanecen en el debate público: Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek. Antes de indagar si las nuevas tecnologías permiten, efectivamente, sortear los obstáculos que enfrentó la planificación, conviene que dediquemos unas líneas a restituir el contenido de sus críticas.

En buena medida, los fundamentos sobre la irracionalidad de la planificación fueron establecidos por Mises en su obra El socialismo, publicada originalmente en 1932.[3] Para explicitarlos, podemos partir de su comprensión de la economía como el estudio de los medios más eficaces para conseguir los fines y propósitos que se fijan los individuos. Dado que los recursos son escasos, no todos los fines individuales pueden realizarse, sino que, a menudo, los sujetos deben establecer prioridades y jerarquizar unos sobre otros. En situaciones simples, esta decisión no reviste mayor dificultad: entre comprar alimento o un jarrón chino, una persona hambrienta no vacilaría. Sin embargo, cuando las alternativas son más complejas –por ejemplo, explotar una mina de carbón o un canal hídrico para obtener energía– la decisión involucra un conjunto de consideraciones sobre el riesgo, el rendimiento o los efectos indirectos que producen una y otra. Esta evaluación de costos y beneficios es lo que Mises denomina cálculo económico. Aquí se encuentra el punto crucial de su crítica a la planificación, pues, dada la complejidad social, el cálculo económico sólo puede llevarse a cabo sobre la base de los precios de mercado. Según su teoría, los precios emergen de una multiplicidad de intercambios y condensan información tan relevante sobre el valor de los bienes que, sin ellos, el cálculo económico resultaría imposible. La crítica a la planificación se desprende de este punto: dado que en ella no existen precios de mercado, sino que estos son fijados por un órgano central, en la economía planificada no se cuenta con la información necesaria para el cálculo económico. Por lo tanto, Mises concluye que la planificación resulta irracional, pues no puede calcular los medios más eficaces para obtener los fines establecidos.

Si la crítica a la economía planificada se limitara a los argumentos anteriores, podría sostenerse con relativa sencillez que el salto técnico ofrecido por las nuevas tecnologías permitiría sortear las dificultades señaladas: aun en ausencia de precios de mercado, sería posible recurrir a sistemas algorítmicos capaces de proyectar y restituir el decurso de intercambios cada vez que se lo requiera. No obstante, si seguimos a Friedrich Hayek, el problema del conocimiento económico no parece reductible a una cuestión técnica, plausible de resolverse mediante la ampliación de las capacidades de recolección y procesamiento de datos. Antes bien, de reemplazar los precios de mercado por un modelo estadístico o probabilístico, el resultado no equivaldría al producido por la interacción humana, sino a un orden de tipo artificial. Esto obedece a que los agentes económicos, según Hayek, no operan sobre la base de información completa y perfecta, sino a partir de conocimientos parciales y fragmentarios.[4] Por ello, incluso en un sistema regido por la competencia, la acción se orienta bajo condiciones de incertidumbre y desconocimiento respecto de las decisiones de los demás agentes. En este sentido, dado que el equilibrio económico no se garantiza por el acceso completo a la información, no es claro que la planificación pueda reemplazar la interacción humana. Incluso apoyada en tecnología de frontera, difícilmente podría emular las decisiones de agentes económicos que deciden y ajustan sus acciones bajo condiciones de incertidumbre.

Esta breve revisión nos deja ante un escenario complejo. Si bien es cierto que la tecnología disponible actualmente permite recolectar y procesar volúmenes de información inimaginables para los economistas del siglo XX, no resulta claro que ello sea condición suficiente para que la planificación centralizada pueda emular la interacción social. Antes bien, quienes hoy defienden la primacía de la espontaneidad económica frente a las crecientes posibilidades técnicas, suelen recurrir a argumentos sustantivos sobre la condición humana, subrayando cualidades como la creatividad, la intencionalidad y ciertos márgenes de discrecionalidad que excederían el alcance de los sistemas informáticos.[5] El lector puede imaginar que, de continuar por esta vía, abandonaríamos rápidamente el terreno técnico-organizativo para adentrarnos en los reinos de la metafísica, preguntándonos si es posible que las computadoras emulen la acción humana.[6] Sin embargo, aquí podemos limitarnos a constatar que la profundidad de esta pregunta no ha impedido que, en los últimos años, las grandes corporaciones adopten crecientemente formas organizativas donde las decisiones son tomadas por un órgano central. Por ello, la cuestión relativa a quién decide sobre la planificación adquiere una relevancia renovada.

 

2. ¿Quién decide sobre la planificación?

Como señalamos, en la actualidad se observan formas organizativas que incorporan diversos grados de planificación centralizada en el ámbito corporativo. Si bien hay quienes sostienen que este fenómeno no constituye una novedad y que, en verdad, es posible encontrar estas formas a lo largo del siglo XX, lo cierto es que el desarrollo de herramientas digitales lo ha expandido significativamente.[7] En efecto, tras un prolongado dominio de paradigmas administrativos y organizativos orientados a la descentralización, los primeros años del siglo XXI asistieron a un giro hacia formas que, gracias a la digitalidad, tienden a concentrar la información y la toma de decisiones. Aunque este proceso también se ha verificado en el sector público, los ejemplos más claros al respecto pueden encontrarse en el mundo de las corporaciones privadas. Un caso ilustrativo es el de Walmart, que, en agosto de 2005, prestó asistencia a los damnificados por el huracán Katrina en la costa del golfo de los Estados Unidos. Apoyada en un sistema de “depósito digital” que integra toda la información proveniente de las sucursales, ventas, inventarios y proveedores, la empresa logra centralizar y procesar en tiempo real grandes volúmenes de datos.[8] Sobre esa base, directivos y especialistas adoptan decisiones a través de un esquema jerárquico, de carácter descendente. El resultado es una capacidad de coordinación altamente eficaz, que, en ocasiones como la mencionada, le permitió a Walmart llevar más de cien camiones diarios cargados de provisiones a las zonas afectadas, respondiendo con mayor celeridad que las autoridades gubernamentales.

En la actualidad, esta dinámica de centralización se replica a escala aún mayor en las grandes corporaciones tecnológicas. Esto puede observarse, por ejemplo, en el ámbito de la innovación. De acuerdo con la economista Cecilia Rikap, durante buena parte del siglo XX en los Estados Unidos, fueron las autoridades estatales las que planificaron y motorizaron el desarrollo tecnológico, en gran medida impulsado por las exigencias de la Guerra Fría.[9] Al respecto, cabe mencionar el papel que tuvo el Pentágono a la hora de promover investigaciones fundamentales en los campos de la computación, la energía nuclear, el láser y la biotecnología. A partir de la década de 1990, con la caída del presupuesto militar, se produjeron transformaciones en las modalidades de financiamiento y organización de la innovación, que otorgaron un papel cada vez más relevante a las corporaciones privadas, haciéndose cargo ellas mismas del desarrollo tecnológico. Esto es lo que ocurre en la actualidad con las big tech –como Amazon, Alphabet (dueña de Google), Meta o Microsoft–. No obstante, en lugar de direccionar las investigaciones tal como lo hacía el gobierno estadounidense, estas compañías tercerizan el desarrollo en empresas más pequeñas o startups a las que ceden parcialmente sus algoritmos y modelos de lenguaje y les otorgan ciertos márgenes de libertad. Sin embargo, dado que los monopolios intelectuales permanecen en manos de las grandes corporaciones y de que sólo ellas tienen acceso a la totalidad de los códigos, su posición les permite apropiarse con facilidad de los resultados producidos por aquellas compañías. De este modo, se configura una red de innovación que, aunque dispersa en su funcionamiento, se encuentra bajo el control de las grandes corporaciones.

La extensión y dispersión de estas redes resulta particularmente sensible para los Estados, al menos por tres motivos. El primero es que, con frecuencia, los desarrollos e investigaciones de las que se apropian las big tech se apoyan en conocimientos generados en instituciones, organismos y universidades públicas, sostenidas principalmente con recursos estatales. A modo ilustrativo, Cecilia Rikap indica que, si bien más del ochenta por ciento de las publicaciones científicas de las grandes empresas son realizadas en colaboración con otras organizaciones, alrededor del noventa por ciento de sus patentes no registra copropietarios.[10] Este desfasaje permite aproximarse al grado que alcanza esta lógica extractivista. El segundo motivo remite a la creciente dependencia tecnológica de los Estados respecto de las big tech. Como se mencionó, incluso los desarrollos impulsados por pequeñas empresas u organizaciones públicas suelen apoyarse en infraestructuras digitales provistas por grandes plataformas –servicios en la nube, algoritmos o modelos de lenguaje–. Por ende, en tiempos en que la innovación digital parece ser un mandato, la adopción de estas herramientas por parte del Estado da lugar, de manera mediata o inmediata, a formas de privatización e intromisión de intereses corporativos en el ámbito público. El tercer y último motivo se desprende del anterior: en la medida en que se consolida esta dependencia, se amplía la capacidad de las grandes corporaciones para influir o, incluso, decidir directamente en ámbitos estatales, como las políticas educativas, el desarrollo científico-técnico o la modernización de la infraestructura pública. En suma, la propia dinámica de las nuevas tecnologías tiende a integrar a los Estados en redes controladas por las grandes corporaciones.

Al igual que en el apartado anterior, esta revisión nos sitúa en un terreno fragoso. Si bien en la actualidad se desarrollan iniciativas orientadas a sustraerse de estas redes corporativas –por ejemplo, las denominadas “tecnologías entrañables”–,[11] lo cierto es que las tecnologías más extendidas dependen, en mayor o menor medida, de las grandes corporaciones. Esto produce un resultado ambivalente. Por un lado, las herramientas técnicas actuales permiten concentrar información y centralizar la toma de decisiones, habilitando formas de organización que involucran grados crecientes de planificación. Por otro lado, los Estados no definen la orientación y los propósitos de aquellas acciones planificadas. Antes bien, el papel del Estado como instancia soberana se erosiona y desplaza hacia formas de heteronomía. En vista de ello, si retomamos la pregunta que orienta este apartado, puede sostenerse que, aun cuando asistimos a una presencia renovada de la planificación centralizada, esta no implica la recuperación de la centralidad estatal, sino su desplazamiento en favor de las grandes corporaciones privadas.

 

3. ¿Cómo puede el Estado recuperar su centralidad?

Frente al panorama recién descrito, en el que la organización planificada es dirigida corporativamente y no estatalmente, se abren diversos interrogantes: ¿estamos ante un cambio de la forma política estatal que organizó el poder durante los últimos siglos? En caso afirmativo, ¿qué papel tendrán el interés público y la voluntad popular? Incluso, ¿qué ocurrirá con estas nociones? ¿Pervivirán, serán reconfiguradas o, directamente, prescindiremos de ellas? En el contexto actual, hasta los escenarios más pesimistas parecen posibles: al mismo tiempo que presenciamos niveles inéditos de fragmentación, polarización y rechazo al Estado, circulan activamente doctrinas que apuntan a un reinicio del orden político, proponiendo un reemplazo de la estatalidad por un fideicomiso que garantice el orden y que abjure de la legitimidad y normatividad propia de los Estados democráticos de derecho. [12] Ante semejante panorama, creemos que, si se busca resguardar instancias de decisión orientadas por el interés público, resulta primordial avanzar en la recuperación de la centralidad del Estado.

Sobre esto, debe reconocerse que no es posible que las tecnologías, por sí mismas y de manera inmediata, conviertan nuevamente al Estado en un actor central. Sostener lo contrario implicaría caer en un optimismo tecnológico inconducente, que sólo garantizaría el fracaso de aquello que busca preservar –en este caso, la forma estatal–. Ahora bien, rechazar esta expectativa no significa desconocer la relevancia de las condiciones técnicas que imperan en nuestro tiempo. Por el contrario, creemos que la reflexión política debe tomar nota de ellas, así como de las transformaciones institucionales en curso. A partir de este reconocimiento, es posible identificar algunas directrices generales sobre las que el Estado podría trabajar para recuperar parte de la centralidad que ha perdido.

En primer lugar, dado el alcance de las transformaciones actuales, resulta relevante que el Estado cuente con una política de desarrollo científico-tecnológico que involucre formas de proteccionismo digital. Es decir, de mecanismos orientados a promover la autonomía tecnológica respecto de las grandes corporaciones o, al menos, a evitar la profundización de la dependencia –por ejemplo, prescindiendo de nuevos acuerdos y contratos con aquellas–. Esto no implica que el Estado deba convertirse en el único soporte del desarrollo científico. Antes bien, la participación del capital privado, así como la cooperación con organizaciones no estatales pueden resultar no sólo deseables, sino incluso necesarias. La condición primordial es que los eslabones decisivos del proceso permanezcan bajo control del Estado, a fin de orientar el desarrollo tecnológico conforme al interés público.[13]

El proteccionismo digital, sin embargo, no se agota en la protección de la autonomía. Como se señaló, la innovación desarrollada en instituciones y universidades públicas puede ser apropiada por las grandes corporaciones tecnológicas. Por ello, en segundo lugar, resulta fundamental el desarrollo de mecanismos que se orienten a la preservación tanto de las innovaciones producidas a través de recursos estatales, como de los datos de la ciudadanía –que, a menudo, son utilizados para la optimización de los servicios digitales comercializados en el sector público–. En este punto, la cuestión de la infraestructura digital es clave. A fin de proteger su propia información, es importante que los Estados eviten los servicios de almacenamiento provistos por las grandes plataformas –por ejemplo, las denominadas “nubes soberanas”–, ya que ello implicaría que la información pública quedase bajo control corporativo. En consecuencia, cobra relevancia la exploración y el fortalecimiento de alternativas que permitan un mayor control público sobre los datos –como las nubes públicas–, así como de sistemas de almacenamiento, publicación y divulgación con estándares de seguridad a la altura de los desafíos mencionados.

En tercer lugar, es indudable que estas estrategias de proteccionismo digital deben ser acompañadas por una política educativa consistente, especialmente en el nivel universitario. Por un lado, el Estado debe promover perfiles más robustos e integrales. Esto supone tanto la revisión de agendas educativas cuyo horizonte exclusivo sea la innovación tecnológica orientada al mercado, como la introducción de trayectos formativos que concienticen sobre los riesgos ambientales y ecológicos asociados a las nuevas tecnologías. Por otro lado, la política educativa debe orientarse a una colaboración estrecha con las universidades públicas, cuyo alcance no se limite al respaldo financiero o logístico, sino que involucre el trabajo conjunto con los organismos a cargo de la dirección científico-tecnológica.

Estas directrices no son más que algunas orientaciones generales que el Estado podría adoptar a fin de recuperar su centralidad y convertirse en el decisor de los procesos de planificación pública. Ciertamente, además de las mencionadas, podrían destacarse iniciativas orientadas al desarrollo de marcos regulatorios de la inteligencia artificial, al fortalecimiento del control ciudadano sobre los algoritmos utilizados por las burocracias o a la capacitación de los equipos técnicos en el sector público. Ahora bien, la recuperación de la centralidad estatal involucra un requisito que antecede a cualquier decisión en materia de regulación, control o capacitación, a saber: que el Estado quiera, efectivamente, recuperar su centralidad. En otras palabras, que asuma conscientemente el papel que le corresponde como representante de la voluntad general y custodio último del orden democrático. Aunque a primera vista pueda parecer un aspecto accesorio o inesencial, lo cierto es que el reconocimiento del papel que le corresponde al Estado en el interior de una comunidad requiere de una construcción política de largo plazo. Por lo tanto, además de las medidas orientadas a la intervención sobre las condiciones tecnológicas, se requiere de pensamiento estatal, es decir, de recursos conceptuales que elaboren y preserven el papel del Estado como responsable y decisor último. Así, entonces, la recuperación de la centralidad estatal no se deriva de una innovación tecnológica, de la colaboración científica o de un marco regulatorio, sino de una decisión consciente tomada por el propio Estado.

Para finalizar, quisiéramos abordar brevemente una cuestión de orden epistemológico. Aunque podría parecer un problema técnico, tras esta argumentación queda claro que la pregunta por la centralidad estatal es, ante todo, política. Como tal, debe ser tratada mediante categorías de esta índole, es decir, propias del pensamiento político. Esto no implica desentenderse de las transformaciones tecnológicas en curso, ni mucho menos minimizar su alcance, pues es probable que supongan cambios profundos y duraderos. Ahora bien, la reflexión que posibilita la centralidad del Estado requiere de recursos conceptuales que provienen de las humanidades y las ciencias sociales. Son estas disciplinas las que disponen de mecanismos validados de investigación y transmisión de los conocimientos concernientes a la estatalidad. Por lo tanto, son ellas las que pueden elaborar los núcleos de sentido orientados al resguardo de instancias públicas de decisión. Si a la luz de lo aquí planteado retomamos el interrogante formulado en el título de este artículo –esto es, si la inteligencia artificial puede devolverle centralidad al Estado–, la respuesta sólo puede ser negativa. Es cierto que las tecnologías actuales favorecen formas de planificación centralizada y, por ende, la conformación de instancias decisorias, potencialmente ocupables por agentes públicos. Sin embargo, el éxito de esta empresa tiene como precondición que el propio Estado asuma un protagonismo que sólo las humanidades y las ciencias sociales pueden pensar. Es en su terreno, y no en el de las cuestiones técnicas, donde se dirime el futuro de la estatalidad.

 

 

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Nicolás Fraile es doctor en Ciencias Sociales (UBA), becario posdoctoral (CONICET) y docente universitario (UNPaz). En la actualidad se dedica a temas relativos a la teoría política y el pensamiento estatal, mientras intenta comprender el alcance de las transformaciones tecnológicas recientes.

 

 

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[1] Sebastián Abad y Mariana Cantarelli, Habitar el Estado, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hydra, 2010.

[2] Cf. Eric Hobsbawm, Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914-1991, Londres, Abacus, 1994.

[3] Ludwig von Mises, El socialismo. Análisis económico y sociológico, Madrid, Unión Editorial S.A., 2007.

[4] Friedrich von Hayek, “La competencia como proceso de descubrimiento”, en Estudios Públicos, vol. 50 (1993), pp. 1-11. Resulta relevante el comentario de Quinn Slobodian, quien destaca la “utilidad de la ignorancia” como una característica definitoria de la filosofía de Hayek: “Concluyó no sólo que el conocimiento perfecto era una vanidad tautológica del modelo imposible de aplicar a la realidad, sino que pasaba por alto la cuestión fundamental de que lo que generaba equilibrio en forma de orden económico era el conocimiento imperfecto, no el perfecto”. Globalistas. El fin de los imperios y el nacimiento del neoliberalismo, Madrid, Capitán Swing, p. 129.

[5] Cf. Robert Gmeiner y Mario Harper, “Artificial Intelligence and Economic Planning”, en AI & Society, vol. 39 (2024), pp. 985-1007; Emanuele Martinelli, “An agent-based approach to the limits of economic planning”, en AI & Society, vol. 40 (2025), pp. 3391-3403.

[6] Ciertamente, este debate reconoce dos posiciones: aquella que establece que los seres humanos, en tanto actúan intencionalmente, cuentan con una especificidad que no podría ser reemplazada de manera maquínica –este es el caso, por ejemplo, John Searle–, así como aquella que han propuesto enfoques más continuistas entre criaturas humanas y máquinas –este es el caso de Daniel Dennett–. Para una presentación sintética de estas posiciones, cf. Mariana Loreta Magallanes Udovicich, Malena León y Diego Lawler, “La intencionalidad revisitada. Disputas sobe la acción en el mundo artificial”, en Pensando. Revista de Filosofía, vol. 11, núm. 23 (2020), pp. 15-27.

[7] Cf. Ernst Mandel, “In defence of socialist planning”, en New Left Review, núm. 157 (1986), pp. 5-37; Hannah Bensussan, Cédric Durand y Cecilia Rikap, “Hundred years of corporate planning. From industrial capitalism to intellectual monopoly capitalism through the lenses of the Harvard Business Review (1922-2021)”, en Socio-Economic Review, vol. 23, núm. 4 (2025), pp. 2109-2141.

[8] Helen Margetts y Patrick Dunleavy, “The second wave of digital-era governance: a quasi-paradigm for government on the Web”, en Philosophical Transactions of the Royal Society, vol. 371 (2013), pp. 1-17.

[9] Cecilia Rikap, Teoría de la dependencia digital: Soberanía y desarrollo en el capitalismo del siglo XXI, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Caja Negra Editora, 2026.

[10] Ibid, p. 91.

[11] Darío Sandrone y Diego Lawler, “Un nuevo eslabón en la cadena de desarrollo tecnológico. Comentarios a la noción de tecnologías entrañables”, en Revista CTS, vol. 20, núm. 58 (2025), pp. 131-146.

[12] Curtis Yarvin, An Open Letter to Open-Minded Progressives, 2008, recuperado de https://keithanyan.github.io/OpenLetterToOpenMindedProgressives.epub/OpenLetterToOpenMindedProgressives.pdf

[13] Leandro Giri y Diego Lawler, “Política Orientada por Misión: ¿un instrumento viable para las políticas científicas, tecnológicas y de innovación para la Argentina?”, Redes. Revista de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, vol. 53, pp. 1-18.