Por Pilar Fiuza Casais
Una represión violenta a jubilados, hinchas y activistas. Un gobierno que habla de desestabilización. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de la lucha contra las barras? ¿Sobre quiénes se pone el foco y se persigue cuando se habla de las “mafias”? En este artículo, Pilar Fuiza Casais, socióloga y becaria posdoctoral del CONICET, da cuenta de los modos en que el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich en las distintas gestiones ha definido la noción de mafias para perseguir diferencialmente a los sectores populares.
Comencemos con un breve repaso de los hechos ocurridos en el mes de marzo. Miércoles tras miércoles, las manifestaciones de jubilados/as en el Congreso que tenían como reclamo principal un aumento en las jubilaciones que les permita sostener condiciones dignas de vida encontraban como única respuesta la represión. En este contexto, se produce algo inesperado: una convocatoria de distintas hinchadas a participar de la siguiente manifestación. Con espíritu maradoniano -y ante la falta de reacción de las organizaciones políticas y partidarias- deciden acompañar las demandas de los adultos mayores y romper con la naturalización de la violencia institucional instalada.
La marcha convocada el 12 de marzo a las 17hs prometía masividad, con adhesiones de varias hinchadas; la primera en sumarse fue Chacarita Jrs., lo que impulsó que muchos otros clubes adhieran al reclamo, entre ellos Argentinos Jrs., Rosario Central, Ferro Carril Oeste, Atlanta, San Lorenzo, entre otros. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación del gobierno de La Libertad Avanza aplica el protocolo anti piquetes y ordena el inicio de la represión a las 16 hs, una hora antes de la hora pautada para la convocatoria. Todas las calles aledañas al Congreso de la Nación estaban perfectamente cerradas por cordones de las cuatro fuerzas federales, el Servicio Penitenciario y la Policía de la Ciudad. Los camiones hidrantes, al grito de “vengan zurdos” mojaron a los manifestantes que habían llegado temprano. Los uniformados no hicieron distinción de ningún tipo, ni de género, ni etario, golpearon y detuvieron a mansalva a las personas que se encontraban en el lugar. Dispararon gases que estuvieron prohibidos hasta la asunción del actual gobierno en 2023, lo que dio por resultado más de cuarenta heridos, entre ellos una mujer de 87 años que cae desplomada en el piso por un golpe policial y Pablo Grillo, fotoperiodista que, tras haber recibido el impacto de un gas lacrimógeno en su cabeza, sufre una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica.
Bullrich se esforzó en que el terreno esté allanado legalmente para la represión. La noche anterior, a través de la resolución 321/25 del Ministerio de Seguridad de la Nación, se decidió extender la aplicación del derecho de admisión de clubes deportivos a “toda persona que afectara la seguridad, el tránsito u orden público, o incurrieran en hechos violentos” en el marco de una manifestación en la vía pública o en lugares abiertos al público en general. La medida, que amenazaba con quitarle a los hinchas que se manifiesten la posibilidad de ir a la cancha, subía el tono de la confrontación.
Nos encontramos ante un significativo cambio en los alcances de esta resolución: si hasta aquí el derecho de admisión caía sobre quienes habían incurrido en transgresiones normativas en el marco de espectáculos deportivos, la resolución elimina esa definición y lo convierte en plausible de aplicarse en cualquier contexto que implique una congregación de personas. En breve volveremos sobre esta cuestión, pero dejamos acá lo que rápidamente se puede leer de esta medida y que parece la apuesta de la construcción discursiva de la derecha radical en el gobierno del Estado: toda persona que se manifiesta es potencialmente un “barra”, eso es, una persona violenta e incivilizada y como veremos inclusive, mafioso y criminal.
Una obsesión que no es nueva
La “lucha contra las barras” no es un aspecto novedoso de las políticas securitarias de la derecha radical en el gobierno del Estado. Contrariamente, quienes vienen trabajando la cuestión han mostrado que, al menos desde el retorno democrático en la Argentina, las denominadas “barras” han venido funcionando en los medios de comunicación y en las políticas públicas como una suerte de chivo expiatorio que reduce la problemática de la violencia en el fútbol a la existencia de un puñado de “violentos” y “anómalos” que es preciso erradicar para que el fútbol sea la fiesta pacífica y armónica que presuntamente alguna vez fue. En ese sentido, la simplificación de la problemática llevada adelante desde el campo mediático, político y estatal, que pone el foco sobre los barrabravas ha sido directamente proporcional con la invisibilización de otros agentes, de mayor poder, que son parte de estos entramados.[1] Este doble movimiento, que implica, por un lado, la estigmatización y sobre-visibilización de las barras y la invisibilización de otros actores poderosos con responsabilidades en la problemática veremos, llega a su paroxismo en las dos gestiones de Patricia Bullrich al frente de la cartera en seguridad.
La impronta “antibarras” marca la experiencia política que había venido a poner fin a la “década larga” kirchnerista: la gestión Cambiemos. Precisamente, esta problemática aparece en el marco de la persecución de las denominadas “mafias”, uno de los lineamientos centrales de Bullrich durante el período 2015-2019. En este punto resulta importante un paréntesis. En efecto, en la llamada “guerra contra las mafias” se pone en juego lo que entendemos como un elemento central del gobierno de la cuestión securitaria en el neoliberalismo post-kirchnerista en Argentina: el despliegue de una particular organización de la mirada, esto es, de una suerte de gobierno óptico,[2] que pone el foco sobre grandes entramados delictivos pero de una forma selectiva: echa luz sobre los mercados ilegales asociados a los territorios donde habitan o transitan los sectores populares al tiempo que deja en la oscuridad los entramados delictivos que operan en territorios donde habitan o circulan las clases medias y altas. Así, mientras que otros entramados de ilegalismos que tienen como protagonistas a sectores poderosos como pueden ser las cuevas financieras que se emplazan en el microcentro de las grandes ciudades argentinas y barrios privados o la evasión impositiva que opera en los territorios que caracterizan al complejo oleaginoso y sojero argentino, no aparecían como parte de la agenda de la “lucha contra las mafias”, redes de ilegalismos como el de las barrabravas o mercados populares como “Salada” sí fueron sistemáticamente remarcados durante este período y vuelven a serlo en la gestión de La Libertad Avanza.
Pero vayamos a las políticas que se implementaron para el abordaje del problema de las “mafias del fútbol”. Recordemos que la gestión Cambiemos creó el programa “Tribuna Segura” (Resolución 833/18). Su lanzamiento en octubre de 2018 implicó que toda persona, al momento de asistir a un partido, se vea obligada a acreditar su identidad ante las fuerzas de seguridad quienes, mediante el acceso a un software, deben controlar si pesa sobre ella una restricción de ingreso a los estadios de fútbol, denominada como “derecho de admisión”. La creación de este reglamento por parte de la gestión Cambiemos es significativa, en tanto implica que por primera vez el Estado argentino asume la potestad de generar prohibiciones administrativas de concurrencia a estadios de fútbol, competencia que hasta el momento estaba en manos de los clubes. Puntualmente, el reglamento prohíbe la posibilidad de asistir a eventos futbolísticos a todas las personas que estén condenadas, procesadas o elevadas a juicio respecto a delitos incluidos en la Ley Nº 23.184, a todas las personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos a más de 3 años prisión; a aquellas personas que estén sancionadas por una contravención que haya sido cometida en el marco de un espectáculo futbolístico y a todas las personas que hubieran tenido conductas violentas contra las personas o las cosas, hayan ingresado a lugares no permitidos o dificulten el “normal desenvolvimiento de un espectáculo futbolístico”.
Dos cuestiones nos interesan resaltar de esta política. En primer lugar, es preciso señalar que la exclusión de la asistencia a partidos de fútbol de personas que hayan tenido contravenciones constituye una decisión que, ya desde ese momento, permitió perseguir y sancionar ilegalismos menores que, en estos discursos securitarios se asocian a las “barrabravas”, pero que no necesariamente las implican. La venta de comida alrededor del estadio, la compra de entradas de reventa, o el ingreso con carnet ajenos entran dentro de esta categoría. En segundo lugar, las disposiciones a las que hicimos referencia dejaron un importante margen de discrecionalidad al Poder Ejecutivo, puntualmente al Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Seguridad en el Futbol, para establecer aquellas conductas que puedan ser catalogadas como un riesgo para un “normal” desarrollo de un partido de fútbol. En efecto, como bien señala Diego Murzi[3] en un trabajo sobre la cuestión, hacia finales de la gestión de Cambiemos, quien había sido alcanzado por el “derecho de admisión” no contaba con información sobre la duración de la prohibición, los motivos que la justificaban y cómo se salía de esos listados. Más aún, muchos hinchas con derecho de admisión no estaban avisados que integraban esas listas, y cuando se presentaban en el estadio para ingresar se les labraba una nueva contravención y se les extendía la prohibición de concurrencia. En resumen, el Programa Tribuna Segura implicó una ampliación de las sanciones por vía administrativa y extra penal en contextos deportivos, y también, de la arbitrariedad estatal para la toma de esas decisiones, quedando por fuera del marco de derecho.
Otro lineamiento de la gestión Cambiemos orientado a la persecución de las “barras” refiere al proyecto “Ley contra las mafias del fútbol”. El proyecto se proponía reemplazar la Ley N° 23.184 que en 1985 estableció un “Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos”. El mismo no sólo buscaba sancionar conductas violentas perpetradas por los líderes de esos entramados delictivos, sino que se proponía avanzar sobre las “formas de financiamiento” de las barras, apuntando contra un conjunto de prácticas que ocurren en contextos de espectáculos deportivos, como ser la venta de entradas no autorizadas o falsas, la venta ambulante o el cuidado de vehículos realizado por los “trapitos”. En ese sentido, era eficaz en anudar un conjunto de transgresiones normativas asociadas a los sectores populares, como la venta ambulante o la actividad de los “trapitos” como hechos mafiosos, propios de asociaciones ilícitas, estableciendo penas de prisión significativas para conductas que al momento constituyen contravenciones, es decir, no pueden implicar penas de prisión. Sin buscar soslayar los daños o las violencias que puedan significar algunas de las transgresiones normativas sobre las que ponía el foco Bullrich durante la gestión Cambiemos, como puede ser las realizadas por cuidacoches, resulta necesario marcar la intensificación punitiva que se produce sobre actores que representan los eslabones más bajos -y por ende más fácil de ser alcanzados por el sistema penal- dentro de estos entramados delictivos vinculados a la actividad deportiva.
Barras somos todos: La Libertad Avanza sobre el derecho a la protesta
El 13 de marzo, día después de la represión, el Ministerio de Seguridad de la Nación mediante un comunicado oficial informa que fueron detenidas 124 personas en la manifestación en el Congreso. En el marco de la causa que se inició respecto de 114 de los detenidos, intervino la jueza Karina Andrade, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 15, de la Ciudad de Buenos Aires, quien en la mañana del jueves 13 de marzo ordenó la inmediata liberación de las personas que habían sido captadas por las fuerzas de seguridad. En los argumentos advertía que del informe policial no surgían las circunstancias de modo, tiempo y lugar en los que habían sido detenidas las personas. La ausencia de esta información impedía, según la jueza, “realizar un control de legalidad y razonabilidad sobre la detención”. Andrade responsabilizó de estas irregularidades a las fuerzas de seguridad y ordenó la liberación de los detenidos. Al conocer la resolución, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación no tardaron en salir a denunciar por redes sociales que se trataba de una “jueza militante”, que no había cumplido con su deber y que sería denunciada por prevaricato.
Desde el gobierno de La Libertad Avanza se respondió con distintos argumentos a las denuncias de represión violenta. Así, la Ministra señaló que en verdad se trató de una movilización que no tenía como fin defender a los jubilados. En una charla con Luis Majul, el periodista de La Nación, a pocas horas de ocurrida la represión ilegal, la funcionaria argumentó que la participación de “barras bravas” y militantes políticos y gremiales buscaba generar una supuesta “desestabilización” del gobierno. Señaló, además, que la movilización estuvo impulsada por “barrabravas bancados por intendentes y concejales”. Al brindar un ejemplo concreto de las personas detenidas dijo que: “Uno de los que está preso, que dicen que es un periodista, estaba en el Ministerio de Justicia y era candidato de Lanús de Julián Álvarez. Se llama Pablo Grillo, es un militante kirchnerista que hoy trabaja en la Municipalidad de Lanús con Julián Álvarez”. Con estas palabras, la Ministra se refirió al fotoperiodista, quien no había sido detenido durante la manifestación sino trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía por el traumatismo de cráneo producido por un disparo de gas lacrimógeno. Su carácter de trabajador municipal fue luego desmentido por Julián Álvarez, intendente de Lanús, y por su padre, quien también afirmó que no fue candidato en el referido municipio, sino que era un trabajador del Hospital Evita.
La comunicación de información falsa que se produce de forma deliberada por parte de autoridades del gobierno nacional[4] respecto de los hechos sucedidos en la manifestación es un punto en el que resulta importante detenernos. Se trata, en efecto, de un modus operandi que no es nuevo, sino que ha sido caracterizado como una de las singularidades de estas nuevas derechas radicalizadas. Ezequiel Ipar cosecha el término hate news para hacer referencia a esas noticias que “contienen falsedades e impulsan su dimensión performativa a través de engaños, pero se diferencian de los anteriores por el hecho de que se orientan a construir un contexto lleno de prejuicios agresivos y a normalizar una serie de conductas violentas, que movilizan el racismo, el antisemitismo y una desconfianza absoluta en la democracia”.[5] En efecto, de las investigaciones sobre el uso de hate news surge que uno de los efectos más comunes de este tipo de discursos es legitimar el recurso de la violencia contra otros/as a quienes previamente los discursos han despreciado y desvalorado.[6] Pues bien, esto es precisamente lo que los discursos securitarios de La Libertad Avanza descritos previamente están produciendo: el ejercicio de violencia sobre los manifestantes, en este caso, Pablo Grillo, busca ser legitimado por la presunta pertenencia a ciertos grupos políticos y sociales como la “militancia kirchnerista” y los “trabajadores estatales”. Esto es, grupos que durante estos últimos años han sido objeto de una significativa estigmatización promovida particularmente desde sectores sociales, políticos y mediáticos afines a esta derecha radical.
Y aquí otra novedad: si la gestión Cambiemos había apostado a la institucionalización de políticas de criminalización de la protesta social a través de la promoción del “Protocolo contra la protesta social” y había tenido como eje de su discurso represivo a los “piqueteros”, la gestión de La Libertad Avanza va más allá y señala y visibiliza cada vez más sujetos merecedores de represión. Este gesto es el efecto de un movimiento discursivo clave de esta gestión de derecha radical: producción de una cadena de equivalencias entre barrabravas, piqueteros, militantes kirchneristas, militantes de izquierda y trabajadores estatales organizados. Hate news mediante, la gestión de La Libertad Avanza es eficaz en extender la estigmatización social como violentos también a los activistas políticos y sindicales y establecer así una suerte de sinonimia entre una serie de figuras disímiles que constituyen los protagonistas de la resistencia a las políticas de ajuste del gobierno.
La siguiente publicación de la Ministra en X es elocuente de este gesto de la derecha radical. Allí refiere a la detención de un centenar de piqueteros, militantes y barrabravas quienes son definidos como “violentos” y como expresión de “la decadencia en la que se encuentra el país”. El video es acompañado con imágenes de una persona no identificada que ataca a una moto de un efectivo policial en lo que presuntamente se muestran como las inmediaciones del Congreso de la Nación.
Publicación realizada en la cuenta de X de la Ministra Patricia Bullrich el 12-4-2025
En ese sentido, una última característica a señalar sobre el gobierno de la cuestión securitaria de la Libertad Avanza es la producción de reformas legales que se presentan como una forma de perseguir a los grandes entramados delictivos, pero que tienen como efecto principal criminalizar la protesta social. En el tweet se puede leer cómo Bullrich hace responsable de la represión al accionar violento de “piqueteros”, “militantes de agrupaciones políticas” y “barras bravas” y amedrenta con la aplicación de la llamada flamante “Ley Antimafias” promovida por la Ministra y aprobada por el congreso en sesiones extraordinarias el 9 de marzo de 2025. La promulgada ley, formalmente denominada como “Ley de Organizaciones criminales” tiene como marca “tipificar una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado, tomando los crímenes de bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes”. Puntualmente la ley considerará el “delito más grave cometido por la organización criminal” que hubiera sido perpetrado por cualquiera de sus miembros y que tenga la pena más alta. Es decir, es una ley que abiertamente, elimina toda distinción entre los sectores más poderosos y aquellos más bajos y generalmente más visibles de estas presuntas cadenas delictivas y que recae con mayor fuerza sobre aquellos que tienen menos responsabilidades.
La ley cosechó críticas de organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de jueces y especialistas en la temática. Se plantea que tiene como particularidad ampliar el alcance de las acciones que pueden ser consideradas “mafias”. Esto es, incorpora una interpretación legal muy amplia plausible de prestarse a un uso discrecional que vulnere el ejercicio del derecho a la protesta.[7] Sin ir más lejos, es la interpretación que la propia Ministra pone en juego en su publicación en redes sociales al plantear la necesidad de aplicar esta Ley a quienes participaron de la protesta y presuntamente cometieron acciones violentas. En torno a ello, vemos que en la nueva gestión de Bullrich en el gobierno de la Libertad Avanza, se refuerza el carácter ya presente en la gestión anterior respecto de las luchas contra las mafias al tiempo que se innova. La puesta en foco de la figura de “mafias” lejos de visibilizar y perseguir a los grandes ilegalismos de los sectores de poder, tiene como efecto sobrevisibilizar las transgresiones normativas asociadas a los sectores populares. Sin embargo, es utilizada ahora, para criminalizar no ya delitos contra la propiedad sino para poner entre paréntesis uno de los derechos básicos de la democracia como es el derecho a la protesta, al declarar a los manifestantes como “mafiosos”.
Y aquí una reflexión: la persecución a las transgresiones normativas de los sectores populares a partir de la figura de las mafias comienza a desplegarse en la gestión de la Ministra Bullrich al frente de la cartera de Seguridad durante el gobierno de Cambiemos y permite vislumbrar no (solamente) una obsesión particular de una funcionaria, sino fundamentalmente una continuidad entre una derecha que era definida como moderada y una derecha que se presenta como radical. En materia securitaria, la gestión Cambiemos es condición de posibilidad para el despliegue de discursos estales que contradicen cada vez más abiertamente las garantías democráticas. O dicho más precisamente, si de corrimiento de consensos democráticos en materia securitaria hablamos, no hay gobierno libertario sin gobierno de Cambiemos.
Pilar Fiuza Casais es socióloga, magíster en investigación social y doctora en Ciencias Sociales (UBA). Se desempeña como docente en la carrera de Sociología (UBA) y es miembro del Observatorio de Seguridad (FSOC/UBA) y del Programa de Estudios del Control Social (PECOS) del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Actualmente es becaria posdoctoral del CONICET y sus investigaciones giran alrededor de la construcción del problema del narcotráfico durante el gobierno de la Libertad Avanza. Anteriormente ha estudiado la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación y el desarrollo de sus diferentes gestiones.
[1] Garriga Zucal, J.; Murzi, D. y Rosa, S. (2020). El tripe pacto: Del gobierno de la seguridad a la regulación de la violencia en el fútbol argentino. En J. Garriga Zucal y L. Panizo, Sufrir, matar y morir. Contribuciones a la socio-antropología de las violencias y las muertes. (pp. 115-132) Buenos Aires: Teseo Press
[2] Deleuze, G. (2014) El poder: curso sobre Foucault. Buenos Aires: Cactus.
[3] Murzi, D. (2019). El fútbol como campo de batalla: Un análisis de la gestión de seguridad deportiva argentina en el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Espacio Abierto, 29 (2) (pp. 130-154).
[4] Fernando Soto, director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación compartió un video que había previamente circulado en X en el que se veía un conjunto de micros escolares de Racing Club. El funcionario escribió “Esto no fue una ´protesta social´, fue un desembarco de violentos organizados por mafiosos que defienden sus negocios. Las ´barras bravas´ son asociaciones ilícitas”. Sin embargo, de acuerdo a la organización no Gubernamental Chequeado el video no es actual, sino que fue publicado por la cuenta de TikTok @racinghinchada el 2 de noviembre de 2022, en la previa de un partido.
[5] Ipar, E. (2020). Hate news Recuperado de https://www.revistaanfibia.com/hate-news/
[6] Ipar, E., Weglein, L. y Cuesta, M. (2024). Discursos de odio: Una alarma para la vida democrática. San Martin: UNSAM edita.
[7] En el artículo f de la ley define como asociación ilícita a aquellos grupos de tres o más personas que “durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”, entendiendo tráfico de drogas, de personas, homicidios pero también lesiones, amenazas, intimidación, estragos. En el artículo siguiente se establecen las condiciones que deben reunir las organizaciones para encuadrar en el tipo penal; lo que resulta llamativo de esto es el inciso d), en el que se establece que los actos que lleve adelante la organización “se produjeran para amedrentar a la población en general o a ciertos sectores de la población, o para intimidar a las autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales, o a las fuerzas armadas, fuerzas policiales y de seguridad”.
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