Por Nayla Pis Diez y Guadalupe Seia
Nayla Pis Diez y Guadalupe Seia exponen los distintos mojones que caracterizan al movimiento estudiantil en el camino de cuarenta años de democracia. Estos mojones señalizan: las luchas por la democratización y acceso a la educación en los años ochenta; la resistencia a las políticas neoliberales en la década de 1990 y el crecimiento de los espacios de izquierdas; la oposición al legado de la Ley de Educación Superior en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, y las emergentes agrupaciones kirchneristas en la escuela media y en la universidad; la oposición al recorte presupuestario y al discurso del derroche de la ciencia y la educación en los años del gobierno de Macri. Finalmente, ya sin referencias a los gobiernos de turno, revisan el papel del estudiantado en el feminismo, y del feminismo en el estudiantado.
En democracia, los movimientos estudiantiles luchan por la educación
Allá por 1983 finalizaba la última dictadura militar que vivió nuestro país. Luego de una desastrosa aventura militar en Malvinas y ante la creciente movilización social y política por la restitución democrática, en las calles de las principales ciudades de Argentina podíamos encontrarnos movilizaciones, sentadas, asambleas, huelgas de hambre (con acampe en la vía pública incluido) protagonizadas por estudiantes de universidades privadas y públicas y escuelas secundarias. A pesar de la heterogeneidad de situaciones, coincidían en que la dictadura debía terminar y los representantes locales en las instituciones donde asistían debían retirarse de una vez por todas, que tenían derecho a la educación, y que, como estudiantes, tenían derecho a organizarse tanto para defender ese derecho elemental como para conquistar otras demandas.
Ese panorama compartido de efervescencia y movilización (pública y privada, universitaria y secundaria) no volvió a ser frecuente en los casi 40 años de gobiernos constitucionales que siguieron. El entusiasmo inicial de la juventud militante con la democracia como medio para el cambio social (la revolución ya había quedado desdibujada del horizonte ideológico como efecto, entre otros procesos, del terrorismo de estado) fue mermando hasta llegar a picos de creciente impopularidad como expresión de las crisis político-económicas que atravesó la sociedad argentina en estas décadas. No obstante, la idea de la educación como un derecho cristalizó en gran parte de la sociedad argentina. De la misma forma, cuando esta conquista corrió riesgos, jóvenes de diferentes partes del país encontraron en viejas y nuevas formas de acción colectiva, caminos para la movilización en su defensa.
En estas líneas, a través de las investigaciones desarrolladas -o en curso- por colegas de todo el país, traemos al presente y celebramos algunas luchas fundamentales de los movimientos estudiantiles (ME en adelante) universitario y secundario durante las cuatro décadas de democracia formal iniciadas en diciembre de 1983.
I. Los cortos años ochenta: democratizar, eliminar herencia de la dictadura
A las escuelas y universidades intervenidas por delegados de la Junta Militar de Gobierno llegaron nuevas autoridades civiles designadas desde la cartera educativa.[1] En las casas de educación superior, se inició un proceso complejo y con bemoles locales de “normalización” y democratización que tenía como objetivo final la conformación de los órganos de co-gobierno universitario donde participarían docentes, graduados, estudiantes y, en algunos casos, también no-docentes. Esta había sido una demanda fundamental de la movilización estudiantil a lo largo de los años de la última dictadura e incluso, antes del golpe de estado de 1976. Aquí y allí, el estudiantado logró diferente protagonismo y legitimidad, a manos de militantes universitarios que formaban parte activa de diversas tendencias político-partidarias, en general de la Unión Cívica Radical y diversas ramas del Partido Socialista, pero no únicamente. Asimismo, se consolidó un espacio estudiantil de tipo liberal y gremial, que como las llamadas “agrupaciones independientes de derecha” cuestionaron la incidencia de la política partidaria en las universidades o bien, representaron al partido político Unión del Centro Democrático con la agrupación Unión para la Apertura Democrática (UPAU).
En las escuelas de nivel medio, las y los estudiantes se movilizaron para exigir la libertad de agremiación y organización. Desde el nuevo gobierno democrático se propuso como respuesta la autorización para la creación de clubes estudiantiles, recreativos fundamentalmente. Esta “oferta” fue claramente insuficiente para un ME secundario activo que buscaba reconstruir o crear Centros de Estudiantes. En su agenda estaba luchar contra las “herencias dictatoriales” a nivel escolar, tales como autoridades que permanecieron en sus cargos, reglamentos disciplinarios, planes de estudio, y también, recuperar el denominado “boleto estudiantil”.[2]
El derecho a la organización estudiantil fue defendido y conquistado por los ME de ambos niveles como una parte específica del derecho general a la educación, aquel garantizado constitucionalmente pero que los gobiernos previos habían ido limitando con exámenes de ingreso, cupos restringidos, cobro de aranceles y también, represión. En ese proceso, se expandió la educación de gestión privada que, durante los años finales de la dictadura tuvo que responder a las movilizaciones estudiantiles contra los permanentes aumentos de cuotas. Estas movilizaciones aún permanecen escasamente estudiadas, y quedaron en el olvido luego de décadas de estudiantes de instituciones privadas desmovilizados gremial y políticamente.
Ahora bien, la eliminación de los aranceles en las instituciones universitarias de gestión estatal, junto a la relativa eliminación de cupos de ingreso, impulsó un proceso de masificación estudiantil sin precedentes. Miles de jóvenes que finalizaban el secundario, estudiantes de otras carreras, personas que regresaban del exilio o que perdían el miedo a ser presas de la represión estatal y para-estatal, se volcaron a las aulas. Esto cristalizó en uno de los rasgos del sistema de educación superior argentino: su masividad. Con la expansión de matrícula, y el congelamiento o la insuficiente inversión educativa, y una vez garantizado el acceso, la movilización estudiantil pasó a concentrarse en demandas de mayor presupuesto, mejores condiciones de cursada y también de trabajo para los y las docentes, exigiendo el respeto por el derecho a la educación a través de la permanencia y graduación del alumnado.
II. Las luchas abiertas contra el neoliberalismo educativo
Los años noventa dan inicio a la etapa de resistencia al neoliberalismo en la educación.[3] Tras las luchas por la democratización y el acceso a la educación, la década de 1980 cerraba con una suerte de desencanto para los y las jóvenes militantes (desencanto que hacía parte de una suerte de clima global y regional) y un cambio en la composición de las fuerzas estudiantiles.
Esos cambios políticos o discursivos se dieron en un escenario que marcó toda la década: la lucha contra la sanción de la Ley de Educación Superior, con auge en los años 1995 y 1996, y contra el avance de medidas neoliberales que incluyeron también la también resistida Ley Federal de Educación. En esos años, las tomas y movilizaciones marcaron el país, sobresaliendo en el conflicto los ME de La Plata, Comahue y CABA. En este escenario, ni Franja Morada ni el peronismo, las mayores organizaciones políticas a nivel nacional, pudieron acompañar la radicalidad que marcaba el ritmo de las luchas estudiantiles. Surgió así una nueva camada de organizaciones independientes con una identidad explícitamente estudiantil y de izquierda, cuya dirigencia tendrá un lugar importante en la política local y nacional de los años siguientes.
Entre 1999 y 2001, los intentos de recorte presupuestario aplicados por los sucesivos ministros de economía del gobierno presidido por Fernando De la Rúa, generaron una enorme y masiva resistencia en el conjunto de la comunidad universitaria. La derrota de estas medidas promovió un rápido crecimiento de las fuerzas de izquierda a nivel nacional que se expresó en la conquista de la presidencia de las Federaciones de Buenos Aires y La Plata en el simbólico mes de diciembre de 2001. En una suerte de nuevo ciclo, el ME se constituyó como un actor más en el proceso de movilización social que caracterizó al país, volcándose a las marchas y asambleas de de vecinos y vecinas , de movimientos piqueteros y desocupados, de fábricas recuperadas,.
Pasada la llamada crisis del año 2001, se inició un tercer ciclo ordenado por una serie de luchas nacionales con ejes no unificados pero sí definidos por la aplicación de varios aspectos de la LES. Es que, si bien los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández ampliaron el sistema universitario público y brindaron cierta estabilidad presupuestaria, el marco normativo heredado no se modificó. Así, los conflictos del período 2004-2005 tuvieron que ver con el rechazo a las acreditaciones de las carreras universitarias por parte de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CoNEAU), órgano de aplicación de la LES. El epicentro del conflicto fue la Universidad de Comahue, donde se organizó en diciembre de 2004 el “Primer Congreso Nacional de estudiantes universitarios contra la LES”, con el objetivo de nacionalizar un conflicto local en contra de las acreditaciones.
Tras un 2005 marcado por fuertes conflictos presupuestarios en la Universidad de Córdoba, llegamos a un 2006 que inicia la impugnación al sistema de gobierno universitario. La LES era cuestionada ya no sólo por violar la autonomía (una de las críticas centrales a la acreditación de la CoNEAU) sino también por garantizar una toma de decisiones antidemocráticas. A partir del conflicto de la UBA, la demanda por la democratización se extendió a las principales universidades nacionales donde las organizaciones estudiantiles de izquierda (tanto independiente como partidaria) conducían sus Federaciones estudiantiles (Buenos Aires, La Plata, Rosario, Comahue, Patagonia). Tras una larga década de fuertes transformaciones y resistencias, los primeros años 2000 nos muestran un sistema universitario ampliado, con acceso y cierto bienestar estudiantil en buena medida garantizado. Pero también, atravesado por la fragmentación, la heterogeneidad y ordenado por una normativa cuestionada en todas sus formas.
III. Nuevas y viejas demandas y repertorios en el siglo XXI
La segunda década del siglo XXI nos muestra continuidades y cambios.[4] Por un lado, tras aquellas luchas por la democratización del gobierno universitario, las demandas en defensa de la educación pública se fragmentaron, mientras que mermaba la capacidad de movilización de un movimiento universitario, educativo, juvenil progresista ahora fragmentado entre las izquierdas y un kirchnerismo en expansión en escuelas y universidades, al menos desde 2008 en adelante. En 2008 y 2010, en distintos puntos del país, estudiantes secundarios y universitarios, en ocasiones de forma conjunta, se movilizaron por mejores condiciones de cursada y contra reformas regresivas en los planes de estudio. Este ciclo no puede pensarse por separado de las protestas masivas a nivel latinoamericano e internacional contra la imposición de medidas de austeridad a nivel educativo como consecuencia de la crisis global económica de 2008. Es posible pensar que las multitudinarias y radicalizadas acciones estudiantiles en Chile por la gratuidad educativa, alimentaban los acontecimientos en Argentina.
No obstante, la consolidación institucional de la democracia, en varias ocasiones, las luchas educativas y juveniles fueron reprimidas en diferentes puntos del país. Entre sus resultados más nefastos, encontramos los asesinatos del docente Carlos Fuentealba en Neuquén (2007), del estudiante Mariano Ferreyra en el Área Metropolitana de Buenos Aires (2010), ambos militantes trotskistas, y del militante campesino Cristian Ferreyra en Santiago del Estero (2011).
El gobierno presidido por Mauricio Macri (2015-2019) constituye un período en sí mismo, en la medida en que retornaron las luchas estudiantiles en contra, no solo del recorte presupuestario, sino también del discurso neoliberal, en general. Dos orientaciones ordenaron la política macrista hacia las universidades y el sistema nacional de ciencia y tecnología: el ajuste presupuestario y la construcción de un sentido común sobre el “derroche” de esos recursos (sea por corrupción, ineficiencia de la educación pública o temas “irrelevantes” en las investigaciones de Conicet). En un contexto de ajuste neto a los salarios, a las becas estudiantiles y de reducción o subejecución de partidas destinadas a infraestructura, que se expresó trágicamente en la explosión en una escuela media de la localidad de Moreno-Provincia de Buenos Aires en 2018 en la que murieron dos docentes. Ese año, toda la comunidad educativa mantuvo medidas de protesta continuas, nacionales y masivas: la más recordada fue la “marcha nacional en defensa de la educación pública” del 30 de agosto de ese año, precedida por asambleas, tomas y huelgas docentes en 57 universidades de todo el país.
El tercer hito del período excedió las demandas específicamente educativas y gremiales. Desde 2015, masivas movilizaciones feministas tomaron la calle bajo la consigna “Ni Una Menos”. Es cierto que ni la masividad del feminismo comenzó allí, ni fue un proceso protagonizado por el ME; no obstante, es innegable que las jóvenes (estudiantes y no) fueron protagonistas de eso que, justamente, se conoció como “La Revolución de las Hijas” y tuvo su auge en 2018-2020 con la lucha por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto tuvo dos consecuencias: por un lado, diversos procesos de críticas a las lógicas masculinas de la política estudiantil y a las formas de los liderazgos varoniles que llevó a que mujeres y diversidades pasen a ocupar más espacios de conducción y dirección, algo poco visto desde prácticamente 1918. Por otro lado, la incorporación institucional de las demandas construidas desde el feminismo y las diversidades: el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), cambios en los programas, planes de estudio y la composición de los equipos docentes en las carreras superiores y a través de la Ley 27.499/18 o Ley Micaela, la formación en perspectiva de género y diversidades en todos los organismos del Estado, incluidas las universidades.[5]
IV. Lo que la pandemia nos dejó
La tercera década del siglo XXI inició con la pandemia provocada por el virus de COVID-19. El sector educativo, como todos los demás aspectos de la vida social, estuvo enormemente afectado por el aislamiento preventivo. La escasez de recursos económicos y conocimientos técnicos para construir modalidades de enseñanza a distancia evidenciaron enormes brechas educativas y socio-económicas que culminaron en el aumento de la deserción escolar a nivel medio, junto a notables cambios en la distribución y la composición de la matrícula de la educación superior. Estas problemáticas pueden pasar a constituir la agenda reivindicativa estudiantil de los próximos años de cara a exigir la garantía del derecho a la educación, no solo en el acceso, sino también en la permanencia y la graduación, cuya tasa es relativamente baja en relación con los ingresos.
Un fenómeno que viene tomando fuerza en los años recientes fue el crecimiento exponencial de la inscripción por parte de estudiantes extranjeros en universidades públicas y privadas.[6] Se ha destacado en particular la afluencia de estudiantes provenientes de Brasil para cursar carreras de ciencias de la salud. Este proceso, aún en desarrollo, supuso varias novedades y, también, conflictos en la vida universitaria. Nuevamente, el contraste entre sistemas de educación superior de los países de la región marca un camino interpretativo. Ante los escasos cupos y los altos costos de los estudios universitarios, ha tenido y sigue teniendo lugar un proceso de migración educativa o calificada hacia un sistema universitario sin exámenes de ingreso, cupos ni aranceles como el argentino. No obstante, eso no implica el libre acceso en concreto ya que poco a poco se han ido estableciendo algunos cobros y exigencias especiales como un certificado de idiomas. Esto, sumado a las dificultades que enfrentaron les estudiantes provenientes de otros países para iniciar su cursada en el marco de las medidas de aislamiento obligatorio, ha promovido una agenda propia a partir de la cual estudiantes extranjeros o migrantes, según se autodefinen, se organicen como tales en agrupaciones particulares.
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Como vimos en los dos últimos apartados, en las décadas iniciales del presente siglo les estudiantes recuperaron viejos repertorios de acción (movilizaciones callejeras, tomas, asambleas) y actualizaron su agenda de reivindicaciones, añadiendo elementos como la cuestión de género y migrante, y revitalizando otros puntos que hacen a la concreción efectiva del derecho a una educación pública, irrestricta, gratuita, laica y de calidad en un mundo cada vez más marcado por el ritmo de las tecnologías de la información y la comunicación.
La quinta década de democracia formal en Argentina tiene pendiente para el estudiantado y la comunidad educativa discutir contenidos, orientaciones y modalidades de enseñanza y aprendizaje, además de las condiciones en que dichos procesos se desarrollan. Las masivas y radicales movilizaciones juveniles en Latinoamérica en los años recientes, nos dejan interrogantes abiertos sobre el rol actual del ME en la política educativa, regional y nacional. No obstante, en este marco, la historia reciente de los ME en Argentina, junto a la movilización docente, no puede dejarnos dudas sobre su protagonismo en la construcción y el sostenimiento de un sistema educativo que recibe, no sin limitaciones y dificultades, estudiantes del continente.
Guadalupe A. Seia es Doctora en Ciencias Sociales (UBA), Magíster en Historia Contemporánea (UNGS), Licenciada y Profesora de Sociología (UBA). Actualmente se desempeña como Investigadora Asistente de CONICET y como docente en la Licenciatura de Sociología de la UBA y la Maestría de Historia Contemporánea de la UNGS. Sus líneas de investigación se concentran sobre los movimientos estudiantiles durante dictaduras y postdictaduras en América Latina.
Nayla Pis Diez es Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de La Plata, Especialista en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Juiz de Fora y docente en las carreras de Sociología y Trabajo Social de la UNLP, e Investigadora Asistente de CONICET. Sus temas de trabajo giran en torno a la sociología histórica, la historia reciente de Argentina y América Latina y los procesos de politización en las universidades, con énfasis en las experiencias de organizaciones estudiantiles y mujeres.
[1] Este apartado retoma, entre otros trabajos: Cristal Yann y Seia Guadalupe (2022) “El movimiento estudiantil de la UBA entre dictadura y democracia (1981-1985)”. En Carli Sandra (coord.), Historia de la UBA 1945-1938. Buenos Aires, EUDEBA.
[2] Al respecto, consultar Larrondo Marina (2015) “El movimiento estudiantil secundario en la Argentina democrática: Un recorrido posible por sus continuidades y reconfiguraciones. Provincia de buenos aires, 1983-2013”. Última Década, n. 42 (pp. 65.90).
[3] Este apartado retoma, entre otros: Liaudat Santiago, Pis Diez Nayla, Liaudat Dolores (2012) En las aulas y en las calles. Antecedentes, continuidades y rupturas de una década del movimiento estudiantil universitario argentino (2002-2011). Buenos Aires, Ediciones Herramienta.
[4] Este apartado recupera, entre otros: Millán Mariano y Seia Guadalupe (2019) “El movimiento estudiantil como sujeto de conflicto social en Argentina (1871-2019). Apuntes para una mirada de larga duración”. Entramados y Perspectivas, n. 9 (pp. 125-167).
[5] Ver Torlucci Sandra, Vázquez Laba Vanesa y Pérez Tort Mailén (2019) “La segunda reforma universitaria: políticas de género y transversalización en las universidades”. Revcom. Revista científica de la red de carreras de Comunicación Social, n. 9 (pp. 1-9).
[6] Ver Síntesis de Información Universitaria elaborada por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación (2019-2020).