Por Alejandro Tomás
Pasados los primeros meses de gobierno de Xiomara Castro en Honduras, Alejandro Tomás reflexiona sobre la realidad del país, la situación de la población con respecto a los Derechos Humanos, y sobre las perspectivas de futuro. Como señala el autor, son muchos los obstáculos con los que se encuentra la primera presidenta de Honduras para introducir cambios significativos, pero también existen algunos apoyos importantes, que podrían dar un suelo para sostener los primeros pasos.
El 28 de noviembre del 2021, Xiomara Castro se convirtió en la primera mujer en ser electa presidenta de Honduras. El triunfo llegó con promesas de cambios profundos en una realidad marcada por el avasallamiento de los Derechos Humanos. Luego del golpe de estado ocurrido en 2009, el país había sufrido un notable incremento de la pobreza y la desigualdad, y una gran falta de protección para los sectores más vulnerables, que durante años se vieron acompañados por una brutal represión contra toda oposición.
Esto se vio manifestado en la persecución de diversos grupos sociales, entre ellos el movimiento estudiantil. Varios jóvenes que se manifestaron contra normativas que regulan el régimen de matrículas, de inscripciones y de pagos a las universidades, por ejemplo, debieron enfrentar largos procesos de criminalización. Además, muchos fueron expulsados de sus casas de estudio y han padecido acusaciones por delitos de sedición, usurpación y daños por la toma de recintos universitarios.
También los pueblos indígenas sufrieron particularmente en los años posteriores al golpe de estado: el Estado de Honduras incumplió con el deber de proteger las tierras y recursos de esos pueblos, que sufrieron el despojo sistemático de sus territorios en manos de terratenientes, empresas mineras, hidroeléctricas y madereras, que han implementado estrategias orientadas a la ruptura del tejido social y al incremento de los niveles de violencia a través de asesinatos, entre otras graves violaciones a los Derechos Humanos. Uno de los casos más resonantes a nivel internacional ha sido el asesinato de Berta Cáceres, quien pagó con su vida la lucha del pueblo lenca contra la construcción de la represa de Agua Zarca, en el río Gualcarque.
Vale recordar que el 50% de la población del país vive en el ámbito rural, lo cual arroja un número de más de 4 millones de personas que dependen del cultivo de sus tierras, suelos, aguas, y de sus plantaciones para subsistir y desarrollarse. Sin embargo, el 90% de esas tierras, de los recursos naturales del país, se encuentra en manos privadas, que negocian con capitales nacionales e internacionales con el fin de instrumentar diversos proyectos extractivistas que dañan el suelo. Podemos nombrar, por ejemplo, proyectos mineros, instalación de represas hidroeléctricas, complejos turísticos y las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, más conocidas como ZEDES, que obligan a las comunidades indígenas locales a un desplazamiento forzoso. Este despojo ha dado como resultado que, al día de hoy, los pueblos indígenas y garífunas sean actores principales en la lucha por la defensa de las tierras y el territorio.
La base del problema radica en que estos megaproyectos se llevan a cabo sin consulta previa a las comunidades, violando derechos territoriales y ambientales, afectando a las poblaciones e impidiendo que ejerzan el pleno derecho sobre sus tierras y recursos naturales. Además, se impide la protesta o se la criminaliza y se acusa de terrorismo a los manifestantes. De esta manera, se producen graves violaciones a los Derechos Humanos, no solo de los defensores y defensoras del medio ambiente, sino también del pueblo hondureño en general, ya que la protección de los recursos naturales es de vital importancia para garantizar la prevalencia de otros derechos. De hecho, en el fallo “Luna López vs. Honduras” del año 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos manifestó que existe una relación innegable entre la protección del medio ambiente y la realización de otros Derechos Humanos y que el “reconocimiento del trabajo realizado por la defensa del medio ambiente y su relación con los Derechos Humanos cobra mayor vigencia en los países de la región, en los que se observa un número creciente de denuncias de amenazas, actos de violencia y asesinatos de ambientalistas con motivo de su labor”.
En un país de las características de Honduras, la defensa del medio ambiente resulta indispensable para garantizar el bienestar de sus habitantes, y por ello la labor de sus defensores y defensoras es de vital importancia para lograr un desarrollo positivo. El caso de Berta Cáceres fue resonante a nivel internacional y por ello se convirtió en un ícono de la defensa del medio ambiente. Sin embargo, son muchas las defensoras y muchos los defensores que también han pagado con sus vidas por luchar para proteger los derechos de sus pueblos. A modo de ejemplo, podrían mencionarse los siguientes:
Margarita Murillo, ícono de la defensa campesina por sus tierras y una de las lideresas del movimiento contra el otorgamiento de los ríos a empresas privadas para la construcción de plantas hidroeléctricas, por su impacto ambiental y cultural en tierras históricamente habitadas por indígenas;
Ana María Romero, activista indígena y ganadora en el año 2016 del Premio Front Line Defenders para defensores y defensoras de Derechos Humanos, quien sufrió reiterados ataques junto a su familia. En la madrugada del 22 de octubre del 2015 ella y su cuñada Rosaura, ambas embarazadas, sufrieron brutales ataques de soldados, policías y civiles que irrumpieron en su hogar. Producto de los golpes, Rosaura perdió el embarazo. Además, los ataques continuaron y a pesar de contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la activista terminó perdiendo su hogar a causa de un incendio intencional;
Concepción Gutiérrez, opositora local al proyecto minero en las Colinas de Nueva Esperanza, y defensora de sus territorios, ha sido una de las tantas integrantes de su aldea que recibió amenazas de muerte por negarse a vender su tierra. Al momento de uno de los ataques que sufrió en su hogar se encontraba en compañía de dos observadores internacionales, que fueron secuestrados. Una de las observadoras de DDHH enviadas a proteger a Concepción sufrió acoso sexual por parte de los secuestradores. Y toda la comunidad fue amenazada para que no se denunciaran los abusos cometidos.
La lideresa indígena, Consuelo Soto, también se encuentra en peligro por oponerse a la tala ilegal que se intenta llevar adelante en el territorio históricamente habitado por el pueblo Tolupán. Su marido y compañero de lucha fue asesinado de varias puñaladas en el tórax y cuello. Consuelo goza de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ella no se siente a salvo.[1]
Estos son solo algunos de los ejemplos de cómo la ausencia de un proyecto político de protección de las tierras -que fortalezca su soberanía- y respeto a los Derechos Humanos ha sido una de las causas fundamentales para que Honduras hoy atraviese por una grave crisis social y económica que afecta considerablemente a sus habitantes.
Es en este contexto que fue tomando relevancia y notoriedad una figura política como la de Xiomara Castro, que se posiciona en defensa de grupos vulnerables, en favor de la protección de las tierras y recursos del país. Ahora bien, ¿Qué se puede esperar de Honduras a partir de su asunción como presidenta? Ella prometió “reconstruir la debilitada democracia del país e integrar a todos los sectores de la sociedad hondureña para reformar un Estado que ha servido a los intereses de un pequeño grupo de élites desde la época colonial”.[2] Pero la realidad con la que se enfrenta es muy compleja. De acuerdo con sus propias apreciaciones, la catástrofe económica que recibe no tiene antecedentes. “Con un aumento del 700% de la deuda externa y un incremento de la pobreza a un 74% de la población, Honduras se ha convertido en el país más pobre de América Latina. Estas condiciones, según Xiomara Castro, son las causales de la masiva emigración irregular”.[3]
Sin dudas, los graves impedimentos económicos sumados a la necesidad inmediata de brindar mejores condiciones de vida a ese amplio sector sumido en la pobreza, serán factores que determinarán gran parte de su gobierno, a lo cual debemos agregar la imperiosa necesidad de impulsar grandes reformas estructurales en pos de lograr mejores condiciones para el trabajo de la tierra y servicios básicos, que han sido determinantes en la gran escalada migratoria que se ha producido en los últimos años.
Respecto de la excesiva cantidad de proyectos extractivistas mencionados anteriormente, la actual mandataria prometió “no más permisos de minas abiertas o explotación de nuestros minerales, no más concesiones en la explotación de nuestros ríos, cuencas hidrográficas, parques nacionales y bosques nublados”. También llamó a dar la libertad a los presos políticos de Guapinol y a perseguir a los responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Al igual que durante su campaña, se ha manifestado contra las ZEDEs e hizo hincapié en que su administración pondría especial atención en el desarrollo agroforestal e industrial, la promoción del turismo y en el establecimiento de una estricta política fiscal monetaria.[4]
Sin dudas, estas decisiones vienen a romper con la realidad hondureña de los últimos años y traen aparejada la resistencia de los grupos de poder nacionales y extranjeros que se han visto beneficiados por la explotación privada de los recursos naturales en Honduras. Por supuesto, enfrentar a los grupos de poder nunca es sencillo, y mucho menos en el contexto en que se encuentra el Estado hondureño, por eso reforzar el apoyo internacional respecto de cuestiones ambientales y de lucha contra la corrupción podría resultar beneficioso para que el gobierno de Xiomara Castro pudiera llevar adelante sus objetivos.
Podría, por ejemplo, ratificar el Acuerdo Escazú, tratado sobre asuntos ambientales en la región, firmado en 2018 por diversos países de América Latina y el Caribe; y renovar el acuerdo que estableció la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) de la Organización de los Estados Americanos, ya que el mismo ha fortalecido la capacidad de las instituciones del Estado para investigar de manera independiente los casos de corrupción.
Ciertamente, no es una tarea sencilla la que tiene por delante la actual mandataria junto con su gobierno. Son muchas las falencias estructurales que hacen que Honduras se encuentre sumida en la grave crisis social en la que se encuentra, y las condiciones económicas tampoco son favorables, sumado a las graves complejidades que han padecido todos los países a partir de la pandemia del COVID-19. A su vez, las condiciones políticas se vieron complejizadas con la polémica ruptura de su partido destinada a restarle poder en el congreso.[5]
La reconstrucción política, económica y social de Honduras es un camino difícil. Se necesita, entre otras cosas, reconstituir la fuerza política (gran acuerdo nacional), mantener el apoyo popular y lograr adhesiones a nivel internacional.
La decisión de lograr un acuerdo político que permita impulsar las reformas necesarias se encuentra sobre la mesa. Si bien no será sencillo, la unidad del partido ahora gobernante y los acuerdos que puedan lograr con otros sectores debe ser un eje fundamental sobre el cual construir un nuevo marco de políticas públicas idóneo a las necesidades del país.
El apoyo popular surge de años de hartazgo debido a las pésimas condiciones de vida y constantes vulneraciones a los Derechos Humanos padecidas por pueblos originarios, campesinos/as, estudiantes y trabajadores/as. Por tanto, mientras el eje de las medidas tomadas por el nuevo gobierno se mantenga a tono con los objetivos que se han planteado durante la campaña electoral y en los primeros meses desde su asunción, el mismo no debería cesar.
En particular, para llevar adelante los objetivos propuestos por la mandataria, se requiere intensificar las medidas para asegurar el respeto y la protección de los derechos de los pueblos sobre sus territorios y recursos naturales conforme a los estándares internacionales. Por otra parte, será necesario avanzar contra los actos de corrupción que han permitido el avasallamiento de la soberanía al permitir que se introdujera una gran cantidad de proyectos privados para explotar el territorio hondureño a costa del bienestar de su población.
A nivel internacional, con las recientes victorias electorales de gobiernos populares (como son los casos de Argentina, Bolivia, Chile y Colombia) y frente a la posibilidad de que en otros países como Brasil se continúe con esta tendencia, sin dudas el gobierno de Xiomara Castro podrá apoyarse en sus aliados latinoamericanos.
El futuro de los Derechos Humanos en Honduras se verá signado por muchos de los factores que se han desarrollado precedentemente. Con la voluntad política, el apoyo popular y el amparo del contexto político latinoamericano del último tiempo, sin dudas las cosas pueden comenzar a mejorar. Pero tampoco se pueden dejar de lado los grandes impedimentos económicos y estructurales que sufre dicho país, sumado al gran arraigo de la política con el crimen organizado y la resistencia de las oligarquías nacionales y extranjeras que buscarán la forma de continuar con el aprovechamiento de los recursos del país para sus propios intereses y a costa del respeto por los derechos fundamentales de sus habitantes.
Si bien existen muchos elementos favorables para comenzar una reconstrucción social y económica en Honduras, es un hecho que unos pocos años no serán suficientes para lograr consolidar los cambios que se pretenden. A su vez, muchos serán los obstáculos que podrían demorar o impedir algunos de sus objetivos. Es por ello que un deber fundamental del gobierno de Xiomara Castro es generar una base sólida para lograr que en el futuro existan mejores condiciones que permitan que las reformas que impulse tengan continuidad y puedan profundizarse con el paso de los años -y de los gobiernos-.
Alejandro Javier Tomás es estudiante de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, autor de artículos en libros y revistas e integrante de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano (UNR).
Instagram: @aletomas95.
[1] Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2018/03/22/planeta_futuro/1521722521_364928.html
[2] Recuperado de: https://www.nytimes.com/es/2021/11/29/espanol/xiomara-castro-honduras.html
[3] Recuperado de: https://www.perfil.com/noticias/internacional/anuncios-xiomara-castro-arrancan-con-una-polemica-amnistia.phtml
[4] Recuperado de: https://www.perfil.com/noticias/internacional/anuncios-xiomara-castro-arrancan-con-una-polemica-amnistia.phtml
[5] Recuperado de: https://elpais.com/internacional/2022-01-27/una-debilitada-xiomara-castro-toma-posesion-como-presidenta-en-honduras.html