Por Damián Pierbattisti (CONICET-IIGG/UBA)

“Nuestro gobierno [EE.UU] no necesita llevar a cabo una política de eliminación de la disidencia política; la uniformidad que los conglomerados “privados” de los medios de comunicación le imponen a la opinión se ocupa de esa tarea con eficacia”

 (Sheldon Wolin)

Si hace exactos quince años alguien nos hubiera dicho que en diciembre de 2015 Macri llegaría a la Jefatura del Estado por medio de elecciones democráticas y libres, difícilmente hubiésemos tomado en serio tal premonición. La personificación acabada del modelo societario que acababa de estallar por los aires constituía lo opuesto, punto por punto, al clima de época reinante en nuestro país por aquel entonces. Sin embargo, la crisis orgánica de un modelo societario lejos está de ser análoga a la crisis de la racionalidad política que lo impulsó. Mientras el neoliberalismo como modelo societario entraba en una crisis sin precedentes, al tiempo que se iban configurando las condiciones de posibilidad para que un extraordinario laboratorio social se extendiera por todo el país (asambleas barriales, fábricas recuperadas y diversas experiencias autogestivas surgidas del campo popular), la racionalidad política neoliberal, con su individualización meritocrática, su sesgo segregacionista y excluyente y sus leyes de mercado, se replegaba tácticamente a la espera de tiempos mejores.

Sin embargo, a poco más de un año de transcurrido el clamor popular que reclamaba que se fueran todos y que afirmaba que la lucha de los piquetes y las cacerolas era una sola, en las elecciones presidenciales celebradas el 27 de abril de 2003, el electorado consagró a la fórmula Menem-Ruckauf como la primera minoría con un 24% de los votos; mientras que López Murphy alcanzó un nada despreciable 16%. Es decir, que a escasos meses de la rebelión popular que puso fin a la hegemonía neoliberal en la Argentina, el 40% del electorado escogió dos alternativas de gobierno clara y decididamente neoliberales. La fórmula presidencial que ocupó el segundo lugar, compuesta por Néstor Kirchner y Daniel Scioli, se ubicó a escasos dos puntos porcentuales de la que obtuviera la primera minoría, con lo cual el Ballottage dirimiría quién sería el primer Presidente electo tras la crisis orgánica de diciembre de 2001.

Puede parecer un ejercicio un tanto sorprendente retrotraernos casi tres lustros para intentar comprender la coyuntura que atravesamos. Tal retrospectiva se apoya en la importancia que le atribuimos al contexto que signó el gobierno de Néstor Kirchner y cómo éste era caracterizado por el bloque social que hoy ejerce el gobierno del Estado. Caso contrario, podría incurrirse en el error mayúsculo de considerar al actual gobierno como una suerte de rayo en un cielo despejado. Nada más lejos de la verdad.

La defección de Menem a enfrentar en el Ballottage a Néstor Kirchner y ahorrarse así una segura derrota, fue la primera señal que ofreció el bloque de poder respecto del gobierno en ciernes. Permitir el resonante triunfo electoral de Néstor Kirchner, que vaticinaban todas las encuestas, colisionaba con las afirmaciones que volcó, en un ya célebre editorial, un ex Director del diario La Nación cuando afirmó, el 15 de mayo de 2003, que la Argentina había resuelto darse gobierno por un año. Este punto de partida pone de relieve dos grandes cuestiones: por un lado, el bloque de poder reconocía que había perdido el gobierno del Estado y, por el otro, veían en Néstor Kirchner a quien personificaba la voluntad de una porción de la sociedad civil que deseaba reconstruir la alianza social aniquilada con el genocidio.

Perteneciente a la generación diezmada por el terrorismo de Estado, con la política de Memoria, Verdad y Justicia, Néstor Kirchner inauguraba no sólo la posibilidad de reparar judicialmente las atrocidades cometidas por los genocidas sino también indicaba la responsabilidad empresarial subyacente a tal determinación. La democracia tutelada por las distintas fracciones del bloque de poder comenzaría a ser puesta en crisis por la paulatina construcción de una fuerza social que, a cargo del gobierno del Estado, demostraba una profunda vocación transformadora. La base material de sustento y legitimación de la acción gubernamental sería inescindible de la expansión del mercado interno en virtud de la recuperación de las instituciones laborales que fueron arrasadas por el neoliberalismo, el relanzamiento del ciclo productivo apoyado en una nada despreciable capacidad industrial instalada, y la reorientación de los recursos estatales destinados a incentivar la demanda interna; recursos que antes se volcaban al pago de los intereses de la deuda externa. De este modo, y en franca oposición al clima de época que caracterizara a la hegemonía neoliberal de la década precedente, fue ganando terreno en fracciones cada vez más crecientes de los sectores populares, pero también de las capas medias, todas ellas asalariadas, la importancia que asumía la intervención del Estado en los procesos económicos para reducir la desigualdad social, inherente al desenvolvimiento del orden social capitalista.

Pero a medida que se iban apagando los efectos de la crisis orgánica del neoliberalismo se fue convirtiendo en una equivocada certidumbre la imposibilidad de volver a los noventa. Tal falacia comenzó a mostrar sus dientes cuando se produjo el enfrentamiento entre el gobierno y las patronales agropecuarias en torno a la Resolución n°125, que establecía retenciones móviles a cuatro commodities agropecuarios. La alianza social conducida por La Sociedad Rural y los medios hegemónicos instalaron con fuerza una consigna que terminó siendo victoriosa: “todos somos el campo”.

En ese “todos” impulsado por unos pocos comenzó a dibujarse el laxo perímetro que delimitaría a un bloque social bien preciso: se trataba de la identidad social de los dueños del país que vivían como una afrenta deliberada a un gobierno que no los expresaba. En este punto emerge un importante error de lectura en ciertas fracciones del campo popular: haber confundido gobierno con rentabilidad. Ni propios ni ajenos podrían objetar los logros económicos alcanzados por las distintas fracciones del bloque de poder durante los gobiernos kirchneristas. No obstante, no era su gobierno. La intensidad de la ofensiva que descargaron sobre los sectores populares desde el 10 de diciembre de 2015 no hace más que ratificar cuánto se avanzó sobre la identidad propietaria de los dueños del país.

La 125 fue el punto de inflexión que sacó a la racionalidad política neoliberal de su breve ostracismo. En aquel “todos somos el campo” se expresaba una cantidad infinita de reclamos y demandas, que iban de las más triviales a las más terrenales, particularmente en lo que suponía el recorte de una rentabilidad extraordinaria. Pero ese “todos somos el campo” expresaba, fundamentalmente, la magnitud que comenzaba a asumir la lucha por la hegemonía política que el bloque de poder sabía perdida tras la debacle de diciembre de 2001. Es en este punto donde se despliega la extraordinaria densidad del concepto “hegemonía” en Gramsci ya que no sólo debemos observar cuál es la fracción predominante dentro del bloque de poder, sino que también es preciso considerar la capacidad para ejercer la conducción intelectual, política y moral de la sociedad civil. No fue menor el argumento que esgrimieron para legitimar socialmente su protesta: la provisión de las divisas necesarias para encarar un proyecto de país anclado en la recuperación de su aparato productivo. Esto pone de relieve las limitaciones que enfrenta todo proyecto nacional-popular que se proponga, como objetivo estratégico medular, llevar a cabo una política de desarrollo a largo plazo. El extraordinario apoyo que obtuvo la Sociedad Rural Argentina en aquel enfrentamiento puso de relieve, simultáneamente, los límites políticos objetivos que asume un proyecto de cambio social aun cuando no se ponga en juego la propiedad privada de los medios de producción. Este es otro aspecto central del problema ya que aquélla jamás estuvo en discusión, aunque la reacción del bloque de poder refleja que fue vivida como tal. “Tan sólo” se trataba de la legitimidad de la que goza el gobierno del Estado, en pleno uso de sus facultades constitucionales, para tomar una medida fiscal tendiente a desacoplar los precios internos del mercado internacional siguiendo criterios redistribucionistas.

La derecha percibió este gesto como un ataque frontal a lo más acendrado de su identidad propietaria. Y junto con la línea argumentativa que postulaba su entera potestad sobre la provisión de las divisas destinadas al desarrollo productivo, la racionalidad política neoliberal fue encontrando el vector desde el cual expandirse. En tal sentido, es preciso describir dos grandes dimensiones socio-culturales que nos permiten comprender la actual coyuntura.

En primer lugar, se observa el tránsito de la noción de derechos adquiridos a la de privilegios. Privilegios que viene a sincerar la lógica empresarial que rige al actual gobierno. Los derechos que instauran los “populistas” son financiados por “los productores”, carentes de la capacidad para decidir el destino de tales fondos. Una frondosa propaganda mediática fue estigmatizando a los beneficiarios de tales derechos para confinarlos en el repudiable mundo de los holgazanes que viven a expensas de los contribuyentes. Pero al mismo tiempo, en tal convicción, que atraviesa al conjunto de la sociedad civil con la brújula apuntando al “clientelismo”, aparece la extraordinaria eficacia en la construcción de un sentido común que dejó a muy buen resguardo los privilegios de los que gozó el bloque de poder, que hoy gobierna, para constituirse como tal. Desde la estatización de la deuda externa privada, los sobreprecios en su condición de proveedores del Estado de la llamada “Patria contratista”, el acceso a precio vil de las empresas estatales privatizadas en los noventa, sin olvidar los regímenes de promoción industrial, el sector empresario logró invisibilizar los medios mediante los cuales se hizo de los resortes estatales para construir el poder que detentan. El Presidente Mauricio Macri es un resultado acabado de tal proceso.

Este fenómeno es inescindible de una segunda dimensión característica de la racionalidad neoliberal: la supuesta superioridad moral que detenta reproducir las condiciones materiales de existencia en el sector privado respecto del público. No es de extrañar que el bloque social que hoy gobierna haya insultado miserablemente a los trabajadores estatales con los términos ya conocidos. Incluso fueron más violentos que hace un cuarto de siglo cuando, para legitimar el saqueo deliberado que supuso el proceso de privatizaciones, se referían a los trabajadores estatales como una casta de holgazanes que pretendía prolongar un privilegio ruinoso para la sociedad. Fue tan eficaz la estrategia difamatoria sobre los derechos adquiridos que no fueron pocos los que asumieron el discurso dominante.

En su monumental estudio sobre la vigencia de la retórica reaccionaria desde la Revolución francesa hasta nuestros días, Albert Hirschman resalta tres grandes líneas argumentativas, a las que llama las tesis de la perversidad, de la futilidad y del riesgo. En el discurso de la Alianza Cambiemos prima, sin ningún lugar a dudas, la primera de ellas; que postula que todo intento de cambio social en verdad produce los efectos contrarios a los objetivos que se proclama y persigue. Puesto que no lograron construir una situación de caos social por medio de un acelerado proceso hiperinflacionario que justificase per se la aplicación del actual programa económico, el relato que se construye en torno al ciclo kirchnerista se encuentra revestido por una pátina de perversión donde se contraponen los objetivos políticos declamados con los efectos contrarios que aquéllos promovían. En este punto se entrelazan dos grandes vectores, ineludibles para construir un principio de inteligibilidad a la línea argumentativa que construye, eficazmente, la ofensiva neoliberal que se ejecuta desde el gobierno del Estado. Por un lado, se intenta invalidar la intervención del Estado para redistribuir de manera más equitativa el excedente social. Y en espejo se le atribuye a la “mano invisible” del mercado la correcta ejecución de tal propósito. Los objetivos podrán ser encomiables, pero es inevitable que genere los efectos opuestos a los que se persigue. Lo que subyace a tal perspectiva es la crítica histórica del neoliberalismo al Estado benefactor por considerarlo un poderoso obstáculo al principio que debe regir el desenvolvimiento del orden social capitalista: el funcionamiento pleno de las leyes del mercado. De allí que se haya consolidado un sólido sentido común en torno del término “distorsivo”. Toda iniciativa orientada al diseño de políticas públicas destinadas a mejorar las condiciones materiales de existencia de los sectores populares, se encuentran invalidadas por este principio rector. Nada más oportuno que una lejana advertencia de Michel Foucault, cuya centralidad se ve acompañada de una singular vigencia: el liberalismo comenzó siendo un “naturalismo”. Es a esto mismo que la derecha llama “volver a la normalidad” y es, simultáneamente, el sustrato teórico que subyace a las declaraciones del actual Director del Banco Nación, Javier González Fraga, cuando afirmó que “le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior. Eso era una ilusión. Eso no era normal”. La normalidad a la que alude González Fraga se inscribe en la retórica reaccionaria que observa con estupor las mejoras en las condiciones materiales de existencia de los sectores populares. El declarado clasismo que se desprende de tales declaraciones concentra a la perfección el modelo societario que inspira a la actual Alianza gobernante: un gobierno orientado hacia el pleno empleo constituye una amenaza que disuelve el disciplinamiento social que los neoliberales intentan construir a través del desempleo y de la precarización de los vínculos contractuales entre el capital y el trabajo. El “empoderamiento” de los sectores populares pone en crisis el abaratamiento del costo de la fuerza de trabajo.

El kirchnerismo fue la experiencia que tradujo la recuperación de funciones propias del Estado benefactor tras la crisis orgánica del neoliberalismo como modelo societario, al tiempo que era el índice ineludible de la crisis hegemónica de la clase dominante acompañada de su plena conciencia de haber perdido el gobierno del Estado. La intensidad de la ofensiva pone de relieve la profunda sensación de desafío a la iniciativa política que vivió el bloque de poder durante los largos años que se mantuvieron alejados del sillón de Rivadavia. El kirchnerismo constituía, desde el inicio, un gesto de desobediencia que debía ser castigado, tal como lo demuestra la persecución judicial a Cristina Fernández de Kirchner. Pero al mismo tiempo, y quizás más significativo aún, aunque menos advertido, fue la posibilidad real de utilizar el poder infraestructural del Estado para construir una sociedad crecientemente igualitaria. A eso llaman, despectivamente, “populismo”. Es el impulso hacia la igualdad el que se objeta. En tal sentido, poco importa la forma que asuma o cómo se designe a toda fuerza política que persiga tales objetivos. El kirchnerismo fue la inscripción en el eterno debate entre la libertad y la igualdad y los obstáculos que fue encontrando a medida que intentaba reformular la ecuación fueron traducidos, por la retórica reaccionaria, como un ataque a las libertades individuales. Para la derecha, la supresión de toda norma que tienda a regular el funcionamiento del mercado constituye una de las manifestaciones por excelencia de la libertad individual; tal como se reflejó en el llamado “cepo cambiario” así como en la celeridad con la que se revirtió tal medida. La posibilidad de construir una sociedad más igualitaria es vivida como una afrenta por el bloque de poder por los motivos señalados precedentemente: porque encarece el costo de la fuerza de trabajo y debilita la disciplina de la clase obrera; y porque la inclusión social presupone la autonomía relativa del Estado de los poderes fácticos y del margen de maniobra que se va ganando respecto de éstos últimos.

Hoy el poder corporativo gobierna sin mediaciones y con la ilusión de saldar la profunda crisis hegemónica que se abrió en diciembre de 2001. La orientación económica, política, cultural y social de la Alianza Cambiemos no hace más que acentuar la confrontación existente entre dos proyectos de país claramente opuestos. Sin embargo, más temprano que tarde se enfrentará al dilema que acompaña como una sombra la imposición de todo programa neoliberal en el mundo: cómo conciliar, en democracia, un orden social crecientemente injusto y que al mismo tiempo sea gobernable.