Por Nicolás Fava (UBA/CLACSO)
Tácticas discursivas anti derechos y garantías
En febrero de 2018, en un gesto histórico, Macri recibió en la Casa Rosada a Luis Chocobar, un policía que, fuera de servicio, persiguió, baleó y mató a una persona por la espalda en el marco de un violento asalto a un turista estadounidense en la ciudad de Buenos Aires. El hecho culminó con el turista gravemente herido y el policía procesado y embargado por homicidio agravado y exceso en la legítima defensa. El gobierno coronó de esta manera una serie de manifestaciones ante el trabajo de las fuerzas de seguridad que tiende a legitimar la represión ilegal. Periodísticamente se ha bautizado a este respaldo del gobierno a las fuerzas como “doctrina Chocobar”.
No pretendemos un análisis del caso, sino más bien deconstruir la referencia, contextualizar la expresión en busca de los sentidos en pugna que se construyen alrededor de la misma, hilvanando diversas manifestaciones institucionales que sirven para describir la política del gobierno en materia de seguridad. “Doctrina Chocobar” no sería la definición o el esquema que domina la lógica interna de la política de seguridad, sino una forma de manifestación de la misma. Una exitosa hipérbole, útil para ilustrar y remitir a la política criminal del gobierno –desde luego, de manera simplificada– pero no de eficacia a la hora de ofrecer una explicación. La punta de un iceberg que tiene como base procesos y estructuras de mayor calado y menor difusión.
En el andamiaje discursivo con que el gobierno hace frente a la tarea de la gestión gubernamental y la disputa política en materia de seguridad hay una serie de tácticas retóricas entre las que se destacan a) el intento de instalar una visión plebiscitaria de los Derechos Humanos; b) la construcción de una otredad antidemocrática destituyente; y c) un discurso normalizador de “ley y orden”. Todas estas nociones orbitan, como veremos, de manera combinada alrededor del discurso oficial en casos como el de Chocobar.
El intento de instalar una visión plebiscitaria sobre los Derechos Humanos por parte del gobierno se sustenta discursivamente en la legitimidad de origen –democrático/por el voto popular– de su administración: la concepción implícita de que el apoyo mayoritario de los electores avala determinadas prácticas más allá de las leyes vigentes y que el punitivismo es un reclamo social. En conferencia de prensa tras el apoyo oficial a Chocobar el Presidente dijo:
“La mayoría inmensa de los argentinos no compartimos lo que expresan estos jueces. Seguramente, con lo que lograron, Zaffaroni los llamó para felicitarlos. Pero la mayoría de los argentinos no pensamos como sus teorías. La mayoría de los argentinos sentimos que los policías nos tienen que cuidar a nosotros, no a los asesinos ni a los delincuentes”.[1]
Este tipo de declaraciones ante los actos jurisdiccionales del Poder Judicial o el trabajo del Ministerio Público Fiscal se contradicen con su actitud en otros episodios en los que el Presidente de la Nación se ha manifestado respetuoso de su independencia.
Consultado por la desaparición de Santiago Maldonado –en el marco de un operativo de la Prefectura– ocurrida en días previos a las elecciones legislativas de 2017, uno de los principales asesores del Gobierno, Jaime Durán Barba, se jactó de que el hecho no modificaría la intención de voto al oficialismo. Cuando le preguntaron sobre Chocobar afirmó que la gente en las encuestas pide “brutalidad” contra los delincuentes e incluso pena de muerte. Similar perspectiva plebiscitaria encontramos en el posicionamiento del gobierno frente al encarcelamiento de la dirigente social Milagro Sala. Según expresó el Presidente:
“A la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importante que se habían cometido por parte de Milagro Sala que ameritaban todas las causas que tiene abiertas. Es importante que este entendimiento y esa información sea compartida con el mundo”.[2]
La construcción de una otredad antidemocrática destituyente es otra de las tácticas del gobierno para justificar y respaldar una política criminal de carácter selectivo y discriminatorio. El “otro” destituyente del discurso oficial es el opositor político en términos amplios. Se corresponde con la figura del opositor político institucional pero abarca cualquier otro actor individual o colectivo que obstaculice el accionar del gobierno o entorpezca el orden: movimiento obrero y piquetero, colectivos afectados por medidas económicas en protesta, o pueblos originarios en reivindicación de su cultura y su territorio, llegando al absurdo de denunciar un movimiento secesionista mapuche, como hiciera la Ministra Bullrich.[3]
Por su parte, Macri ha demostrado en diversas oportunidades su respaldo al accionar de las fuerzas de seguridad, en detrimento de la consideración hacia otros colectivos sociales. Por ejemplo, visitando en el Hospital Churruca a policías heridos luego de la masiva manifestación popular de protesta frente al Congreso de la Nación del 18 de diciembre de 2017, que dejó como saldo muchos manifestantes heridos, incluyendo un cartonero que yacía en el suelo atropellado con la moto por un policía y un jubilado parado en la vereda rociado con gas lacrimógeno (así como Diputados y Diputadas nacionales). Ninguno de ellos recibió tales consideraciones por parte del gobierno, ni fueron mencionados en ningún mensaje público.
El diputado oficialista Fernando Iglesias ha masificado la expresión “El Club del Helicóptero” –en referencia a la espectacular huida de Fernando De La Rúa de la Casa Rosada después de declarar el estado de sitio en 2001 y renunciar a la presidencia– para referirse a los opositores que, desde su perspectiva, amenazan la gobernabilidad y atentan contra la continuidad del régimen democrático, señalando difusamente a un enemigo interno colectivo en el que incluye, entre otros, a Madres de Plaza de Mayo como Hebe de Bonafini.
El discurso normalizador de “ley y orden”, completa el cuadro de las que podemos entender como las principales tácticas retóricas del gobierno argentino tendientes a respaldar su política de seguridad. Según el discurso oficial, la política actual tiende a invertir un estado de cosas por el cuál en el pasado la justicia se ponía del lado de los victimarios y en contra de la sociedad cuando aplicaban garantías procesales y constitucionales en sus sentencias.
De la misma manera puede entenderse la posición del Gobierno ya no respecto de casos concretos sino de políticas públicas de Derechos Humanos, como por ejemplo cuando el entonces candidato presidencial, Mauricio Macri, se refirió a algunas de estas como “curros”. Para Sabina Frederic[4] se trata de una política de venganza que forma parte de un clima de época y de un proceso social de individuación y de desconfianza interpersonal.
Según la Ministra de Seguridad, consultada por el periodismo ante el caso Chocobar:
“Las fuerzas de seguridad no son, como durante muchos años fueron, las principales culpables ante un enfrentamiento. Nosotros estamos cambiando esta doctrina, la doctrina de la culpa hacia el policía, y estamos construyendo la doctrina de que el Estado es el que de alguna manera realiza las acciones para impedir el delito. (…) El principio es invertir la carga de la prueba que se había hecho doctrina en Argentina: policía que estaba en un enfrentamiento, policía que iba preso (…) Estábamos en el mundo del revés, nos estamos enderezando.”[5]
Esta “inversión de la carga de la prueba” se constata también en sus afirmaciones respecto del caso de Rafael Nahuel, joven muerto de un tiro en la nalga en un operativo de la Prefectura contra una comunidad mapuche en Río Negro: “No tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad”;[6] y de la Vicepresidenta, Gabriela Michetti, en el mismo caso y en el mismo sentido: “El beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad”[7]. El mantenimiento del respaldo a Chocobar a lo largo del tiempo, incluso luego de que se difundiera un video en que se puede observar claramente cómo el policía se excede en el uso de la fuerza, así como las diversas manifestaciones en análisis, hablan de una política que no es improvisada ni errática, sino deliberada. Meses después la Ministra de Seguridad visitó en un gesto público al policía en su domicilio, y declaró en su cuenta de Twitter: “Su caso abrió el camino para que se cambien los prejuicios, y dejen de poner al policía como culpable cuando defiende a la gente. Vinimos a ratificar nuestro compromiso, a decirle que no está solo.”
El gobierno argentino no tiene un claro compromiso con la plena vigencia de los Derechos Humanos, lo que se constata a través acciones y omisiones, declaraciones y silencios, y ha motivado la crítica de diversos intelectuales y organismos internacionales.
Por otra parte, es preciso señalar que la discursividad oficial en materia de seguridad y Derechos Humanos se inscribe en una alianza táctica del gobierno con un sector del Poder Judicial y un sector de los medios de comunicación, en el marco de un proceso más amplio que abarca la disputa política en Latinoamérica y se ha denominado académicamente Lawfare o guerra jurídica. Resulta fundamental tener en cuenta esta línea de análisis a la hora de conceptualizar o describir la política de seguridad, tomando en consideración las diferentes formas de respaldo que obtiene el gobierno por parte de algunos importantes medios.
Según Alfredo Leuco (quien puede ser caracterizado –mínimamente– como uno de los periodistas “menos incisivos” con el gobierno de turno) en su editorial televisiva luego de que se produjera una gran manifestación social, al conmemorarse un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, en la que fueron detenidas varias personas:
“Nos han declarado la guerra. ¿A quiénes nos han declarado la guerra? A todos nosotros, a la inmensa mayoría del pueblo argentino que quiere vivir en paz y trabajar en democracia. ¿Quiénes son los que declararon la guerra? Son grupos ultraminoritarios y violentos que están dispuestos a todo con tal de incendiar la república y las instituciones. Nosotros utilizamos como armas las urnas, el diálogo, la palabra racional que lleva a los disensos y a los consensos. Ellos utilizan las armas molotov (…) No hay ninguna duda que nos han declarado la guerra (…) Vamos a decirlo con toda claridad: la instigadora de todos los sucesos violentos se llama Cristina Elizabeth, no sé si usted la ubica (…).”
Para entender el carácter de las palabras de Leuco en el contexto de la disputa política Argentina, sin desmerecer, relativizar o tomar como un caso aislado sus provocadoras declaraciones en el prime time de uno de los principales canales de noticias, tal vez sea de utilidad tener en cuenta que casi un año después de sus declaraciones, con la controversia sobre la desaparición de Santiago Maldonado aún vigente, y la situación de su muerte aún por esclarecerse, el día miércoles 1° de agosto de 2018, al conmemorarse un año de los hechos, el canal de televisión C5N tuvo que ser evacuado por una amenaza de bomba, minutos después de que mostrara a un grupo de encapuchados generando destrozos en la puerta del teatro donde se realizaba la presentación de un documental sobre Maldonado.
Capítulos aparte se podrían escribir sobre temas como la “guerra contra el narcotráfico”; el rol de las fuerzas armadas en democracia y su supuesta “actualización para los desafíos del siglo XXI”, con el declarado fin de combatir lo que la doctrina norteamericana de defensa denomina “nuevas amenazas”, a partir de la modificación por Decreto del sistema nacional de Defensa en el marco de un realineamiento geopolítico con Estados Unidos; y la actitud negacionista del gobierno respecto de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el terrorismo de Estado, período calificado como “guerra sucia”, por el actual Presidente.
En ese sentido, podría definirse, esquemáticamente, la política oficial en materia de seguridad y Derechos Humanos a partir de tres dimensiones en las que operan, aunque no desde compartimentos estancos, tres dispositivos tendientes a regular en diferentes planos la cuestión securitaria. Un entramado de discursos y políticas públicas que se condicionan y retroalimentan, no solo a partir de la acción gubernamental, sino en vínculo con imaginarios sociales y demandas de la sociedad civil.
Una gestión del temor: la incertidumbre económica, el resentimiento social, la estigmatización, el negocio de la seguridad privada o el gobierno a través de encuestas y focus groups, lo que podría ser entendido conglobadamente a partir del concepto académico de “populismo penal” proveniente del medio anglosajón que, más allá del discutido concepto de “populismo”, serviría en principio para describir la compleja y no directa relación entre la demanda de seguridad por parte de la población y la voluntad de control por parte del gobierno –es en este plano en el que encontramos casos como el de Chocobar. Una geopolítica del miedo: inserción subordinada al concierto internacional, compra de armas y enemigos extranjeros, y asimétricos acuerdos de cooperación, lo que no podría entenderse sin el concepto de “nuevas amenazas” antes mencionado en relación con la figura del “terrorista”, como caso de colonización legislativa. Y una filosofía del terror: estado de excepción, derecho penal del enemigo, criminalización de la protesta, criminología mediática, y negacionismo, lo que podría enmarcarse bajo la lógica de una determinada forma de “elaboración social del genocidio” entendido en el marco de un proceso de memoria abierto, en el que las interpretaciones del pasado influyen en las relaciones sociales del presente.
Si bien podemos entender que las tácticas discursivas analizadas operan de manera independiente o combinada en cada uno de los dispositivos citados, cualquier propuesta de lectura crítica de la política de seguridad del gobierno resulta incompleta sin el correspondiente análisis de cada una de estas dimensiones –y de sus componentes gubernamentales como extra-gubernamentales– por su particular gravitación en la determinación de la política criminal.
En este cuadro, quien nada espera de la democracia más que la formalidad del sufragio no debería tener nada que temer. Pero sucede que los Derechos Humanos o el Estado social de derecho ya son parte del ordenamiento jurídico en nuestro país, de modo que desconocerlo es atentar contra la misma institucionalidad democrática. Una democracia que si no aspira a garantizar las bases materiales y las garantías necesarias para ejercer la ciudadanía, no merecería llamarse así. El absolutismo se cuela permanentemente en las grietas de la república, sobre todo cuando se enmascara el avasallamiento de los derechos de las grandes mayorías y la falta de respeto a la dignidad de cada ser humano tras la fachada de un republicanismo nominal.
[1] Todo Noticias. (16-02-2018). Macri: “No entiendo el fallo sobre Chocobar”. (Archivo de video). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=bBGtV8Acngs
[2] Soria, A. (08-09-2017). Durán Barba Minimizó el impacto del caso Maldonado y cuestionó a Cristina Kirchner: “Es una actriz”. La Nación. Recuperado de:
https://www.lanacion.com.ar/2061078-duran-barba-minimizo-la-desaparicion-de-maldonado-y-cuestiono-a-cristina-kirchner-es-una-actriz
[3] MDZ. (08-09-2017). Patricia Bullrich: “No vamos a permitir una República Mapuche en medio de Argentina”. Recuperado de: https://www.mdzol.com/nota/748358-patricia-bullrich-no-vamos-a-permitir-una-republica-mapuche-en-medio-de-argentina/
[4] Frederic, S. (Sin Fecha). La policía también va al muere. Anfibia. Recuperado de: http://www.revistaanfibia.com/ensayo/la-policia-tambien-va-al-muere/
[5] Revolución Popular Noticias. (06-02-2018). Tremendo cruce entre Bullrich y Tenembaun por el caso Chocobar, Maldonado, Nahuel y el gatillo fácil. (Archivo de video). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=tDc1z98ZA80
[6] La García. (27-11-2017). Bullrich y Garavano justificaron el asesinato del joven Rafael Nahuel. (Archivo de video). Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=e9TbCutkapI
[7] El País Digital. (27-11-2017). Michetti: “El beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad”. (Archivo de video). Recuperado de: