Por Alejandra Oberti (UBA/UNLP) y Claudia Bacci (IEALC-UBA)
Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En esta nota, Alejandra Oberti y Claudia Bacci recorren la genealogía sobre esta fecha y su relevancia para las luchas feministas, a la vez que abordan su especificidad en un año atravesado por la pandemia.
Desde las redes y las calles
Es 25 de noviembre y en la memoria de la fecha se nos une su origen y nuestro presente con la persistencia de deudas históricas en relación a los derechos de las mujeres.
El calendario feminista de movilizaciones callejeras y de intervenciones públicas, que estuvo este 2020 interrumpido por la pandemia de COVID-19 y el Aislamiento Social Obligatorio y Preventivo (ASPO) implementado en Argentina desde mediados de marzo, nos encuentra esta vez creando nuevas formas de visibilizar nuestras luchas y llevar adelante nuestros proyectos de transformación de la vida cotidiana y de rechazo a las desigualdades y privilegios de un orden social que articula patriarcado y capitalismo en dosis de creciente crueldad. Desde los primeros momentos del ASPO, la insistencia en la seguridad sanitaria y la recomendación de aislamiento preventivo en los espacios domésticos mostró sus límites: las consultas por violencia de género crecieron de manera exponencial desde los primeros días y durante los meses de ASPO se registraron 219 femicidios y 91 travesticidios según el último informe del Observatorio Lucía Pérez, datos provisorios que tomamos porque los oficiales todavía son escasos. Como expresión de esas preocupaciones se activaron redes y espacios colectivos de denuncia y acompañamiento. Se activó también la necesidad de estar juntas aun en el aislamiento, aun respetando la consigna de que esa era la única herramienta eficaz para evitar la propagación de la enfermedad.
Convocadas por la Escuela de Feminismo Popular Norita Cortiñas y de la Asociación Argentina Historia de las Mujeres y Estudios de Género (AAIHMEG), un conjunto heterogéneo de trabajadoras confluimos (de manera virtual) en lo que llamamos Asamblea de Trabajadoras en Tiempos de Pandemia. Cada jueves, desde el 14 de abril, nos reunimos con el lema “Nuestros derechos no están en cuarentena” para pensar cómo la pandemia y el aislamiento nos afecta intensificando tensiones, conflictos y violencias laborales. Trabajadoras de diferentes puntos del país y de diversas situaciones laborales, desde trabajadoras del ámbito de la educación, estatales y del ámbito privado que han visto su trabajo transformado en “teletrabajo” de un día para otro, hasta trabajadoras de la economía social y popular, trabajadoras esenciales, encargadas de comedores y merenderos, trabajadoras sociales, vendedoras ambulantes, trabajadoras de casas particulares, muchas de ellas con actividades consideradas esenciales. Se expusieron las necesidades cotidianas de comunidades empobrecidas, feministas de diferentes ciudades del país, educadoras y gremialistas detallaron las múltiples demandas que las instituciones educativas imponen sin contención a sus trabajadorxs, trabajadoras de la cultura relataron las dificultades de subsistencia para una actividad que carece de regulaciones y depende del sostén estatal cuando excede los marcos estrechos del mercado cultural. Las desigualdades de género se hacen presentes en cada encuentro bajo la forma del cansancio por la superposición de tareas de cuidado, la falta de límites a la jornada virtual de trabajo, el desempleo acelerado y todas las dificultades que imponen las restricciones de circulación para los trabajos transitorios o precarizados.
De la Asamblea surgió también la necesidad de sostener con nuestra presencia lo que venimos planteando hace décadas desde los feminismos: el carácter estructural de las violencias de género y sus múltiples manifestaciones: la ejercida en el marco de relaciones de pareja y también otras formas de violencia que ocurren fuera del ámbito privado, como la instrumentalización del acoso como una técnica de control, la violencia económica, el control de la reproducción y la sexualidad, entre otras.
La conversación, que como en toda Asamblea feminista hiló relatos de las experiencias con reflexiones y propuestas, nos mostró que las violencias se agudizan en la situación de confinamiento, muchas veces en condiciones precarias, conviviendo con agresores, con el trabajo no remunerado multiplicado y el trabajo remunerado que se superpone hasta el agotamiento extendiendo la explotación con nuevas fórmulas. Era abril y nos preguntamos: “¿A qué normalidad querés volver? ¿A qué normalidad, si la normalidad era el problema?”.
Era abril y ahora es noviembre. Seguimos demandado por nuestros derechos y por políticas que aseguren la autonomía como único modo de transformar las situaciones de violencia en su raíz. Esto implica impulsar políticas activas y específicas de empleo, vivienda, salud, educación, acceso a la justicia y la creación de dispositivos de protección. Las políticas de apoyo a las personas que sufren violencias por motivos de género no pueden simplemente atender las situaciones de emergencia. Porque si la violencia de género es un problema estructural, que tiene múltiples expresiones y que adquiere características específicas al conjugarse con otras violencias (de clase, racial, por identidad de género, entre otras) las únicas políticas que pueden producir transformaciones son las que miran el problema en su estructura y en todas sus manifestaciones.
Es noviembre, es 25 de noviembre y todo lo que hicimos en estos meses se funde con la memoria de una fecha que nos marca y que, como otras de nuestro calendario feminista, no es nacional sino latinoamericana. El 16 de julio de 1981, en la ciudad de Bogotá durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano se declaró el 25 de noviembre “Día Internacional contra la violencia sexual, social y política que se ejerce sobre las mujeres”. La fecha se eligió en homenaje a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal –asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana por orden del dictador Rafael Trujillo– y como recordatorio de que la violencia hacia las mujeres, inclusive la violencia política, tiene un componente sexual.
Al año siguiente, a comienzos de 1982, en Buenos Aires, un grupo de mujeres feministas crearon la Asociación de Trabajo y Estudios de la Mujer (ATEM) 25 de noviembre, un colectivo que retoma en su nombre la marca de las violencias contra las mujeres –la política y la sexual– y a su vez la inscribe en la genealogía del movimiento feminista latinoamericano a través de la réplica de otra memoria. Desde sus primeras acciones ATEM denuncia la violencia hacia las mujeres en todas sus formas, establece vínculos complejos entre la violencia dictatorial y la continuada violencia hacia las mujeres en sus vidas, mientras señala la especificidad de la represión, las marcas diferenciadas en la tortura y la naturaleza patriarcal del Estado terrorista.
La década de 1990 llegó con el avance de las políticas de financiarización global, descentralización administrativa y privatización de servicios públicos como la salud o la educación, así como la implementación de políticas de focalización de la asistencia social estatal y ajuste estructural socio-económico, un conjunto complejo de políticas que hoy resumimos en la idea de “neoliberalismo” y cuyos resultados de desempleo, empobrecimiento y desprotección persisten hasta el presente. Sin embargo, el avance de estas políticas fue poco a poco resistido por el desarrollo de estrategias y acciones de distintos sectores de los movimientos sociales de base y populares (inquilinxs, mujeres, desocupades, etc.). Si bien el Estado en nuestra región había asumido de manera despareja y restringida las funciones de protección y promoción de los derechos económico-sociales que caracterizaron lo que se conoce como “Estado de Bienestar”, las transformaciones estructurales en curso durante esta década impactaron fuertemente en las estrategias de reproducción familiares y en los hogares, dejando a grandes sectores de la población sin protecciones de ningún tipo. En nuestro país las iniciativas estatales en torno a la violencia estuvieron sometidas a las restricciones que impuestas por las políticas de ajuste y la privatización de los servicios públicos. En 1990 por decreto del poder ejecutivo se cerró la Subsecretaría de la Mujer de la Nación lo cual implicó que muchos programas dependientes del apoyo de ese organismo tuvieran que suspender sus actividades.
Estas transformaciones fueron de la mano de la expansión del marco de los derechos humanos, como advertía la consigna feminista de esos años – “los derechos de las mujeres son derechos humanos”– que, impulsada en Argentina desde la transición por las organizaciones de mujeres, se extendió desde el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe (México, 1986) con sucesivas iniciativas en la región, logró la integración de los derechos de las mujeres en la Conferencia Mundial sobre derechos humanos de Viena de 1993 y a partir de allí en todos los programas y declaraciones de Naciones Unidas.
En este marco, algunos sectores del movimiento feminista iniciaron un proceso de institucionalización bajo la forma de “organizaciones no gubernamentales” (ONG) buscando promover políticas de visibilización social e interrupción de diferentes formas de violencia hacia las mujeres y niñes. Un ejemplo, entre otros, de este tipo de intervenciones fue la campaña “Cuando una mujer dice No, es No”, desarrollada por el Centro de Encuentros, Cultura y Mujer (CECYM) en 1995 que produjo una serie de afiches callejeros a partir de un concurso convocado por CECYM entre estudiantes y docentes de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
Desde entonces, en diferentes lugares del país, la violencia hacia las mujeres fue objeto de discusión y surgieron iniciativas para el acompañamiento de denuncias y propuestas de atención. Organizaciones de mujeres profesionales, espacios de gobierno en diferentes provincias, militantes…
Desde la primera movilización con la consigna “¡Ni Una Menos!” del 3 de junio de 2015 en distintos puntos de Argentina, aunque con epicentro en la Plaza de los Dos Congresos en la ciudad de Buenos Aires, se movilizan cientos de miles de personas que reactivan las memorias del movimiento de mujeres y los feminismos con sus Asambleas Feministas, sus marchas y bailes, nuevas demandas y perspectivas. En esa primera manifestación, promovida desde las redes sociales por un grupo de periodistas, artistas y activistas feministas, se plantearon nueve puntos básicos en contra de la violencia contra las mujeres que interpelaban al Estado por el incumplimiento de la “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (Ley N° 26.485) y reclamaban la implementación del Plan Nacional con políticas orientadas a asegurar medidas de protección, acceso a la justicia, asistencia especial y sostenida de las mujeres que denunciaban violencia en sus ámbitos domésticos y familiares, así como el cumplimiento de la Ley N° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos y la formación específica de los funcionarios públicos y demás personal del Estado para la atención de esta problemática (algo que recién en 2018 logró convertirse en una Ley de Capacitación Obligatoria en Género N° 27.499, la “Ley Micaela”). El documento de 2019, fue consensuado en asambleas que se multiplicaron en todo el país donde cientos de feministas muy diversas discutimos, polemizamos y llegamos a una serie de acuerdos que contemplan múltiples aspectos de las vidas y experiencias de injusticia y violencia en nuestra región, desde la demanda por la legalización del aborto al fin de las violencias machistas y las políticas racistas y xenófobas, el rechazo al modelo económico extractivista y neocolonial y de endeudamiento de los sectores populares, la vigencia de la ESI y la implementación de políticas reparatorias del despojo territorial de las comunidades indígenas y afroamericanas, la denuncia de las diversas formas de violencia institucional y el respeto por la autonomía corporal. En esta enorme diversidad y expansión de las demandas, millones cantamos “¡América Latina va a ser toda feminista!”.
Es precisamente en estos momentos, que nuestra organización, nuestro crecimiento y entusiasmo y nuestras alianzas nacionales e internacionales generan reacciones brutales. En América Latina sufrimos un embate de la campaña contra lo que denominan “ideología de género”, presente con variaciones en todo el continente, desde la campaña de origen peruano “Con mis hijos no te metas”, que se replicó en Ecuador y Argentina por ejemplo, como oposición a la implementación del enfoque de género en la educación, hasta la invocación a una “ideología de género” que se agita en Brasil como ariete de una supuesta amenaza a la familia y promesa de homosexualidad. Un capítulo aparte merece Colombia donde jugó un papel en la campaña que agitó la “amenaza del género” a favor del triunfo del “no” a los acuerdos de paz de La Habana. En Chile, se usa contra las revueltas feministas a manos de grupos neo-nazis. En Argentina, ha tomado a su cargo la ofensiva contra la ESI y del aborto, como muestran las expresiones de sectores de la iglesia que señalan que “las mujeres pobres no abortan” para revertir una parte de nuestros argumentos, especialmente los de las mujeres de sectores populares que, en los debates parlamentarios por la despenalización y legalización del aborto de 2018 contaron sus experiencias de aborto en la clandestinidad. Por todas estas razones desde los feminismos necesitamos pensar cómo fortalecernos y cuidarnos solidariamente.
La feminista negra norteamericana bell hooks escribe desde su lugar en el corazón mismo del imperio pero a la vez desde una posición marginal por los cruces de raza, clase, género, opción sexual, que El feminismo es para todo el mundo.1
Si hay un momento en el cual se abre una posibilidad de pesar que “el feminismo es para todo el mundo” es este que estamos viviendo en el cual, por lo menos en Argentina “la masividad” de las manifestaciones y organizaciones, el atravesamiento de clase y generacional –y también cierto amparo internacional– nos provoca –especialmente ante fechas y eventos claves– cierto entusiasmo colectivo y personal. Nos interesa rescatar esta memoria de los discursos y las demandas del feminismo en estos momentos de masividad, no con la intención de producir una historia de anticuario que homenajea el pasado para distanciarse de él, sino porque vivimos un tiempo de peligros.
Es en estos momentos que nuestras genealogías cuentan, en el doble sentido del término. Nos cuentan todo lo que hemos sido capaces de hacer, e importan porque pueden ser ocasión para imaginar nuevas formas de avanzar juntas y ofrecer un servicio a la vida. Sin devoción a las tradiciones, construimos genealogías que nos potencian y redes que nos protegen, en las calles y en las casas.
1 bell, h. (2017). El feminismo es para todo el mundo. Madrid: Traficantes de sueños.
Alejandra Oberti, es Socióloga y Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Profesora en las carreras de Sociología de la UBA y de la Universidad de La Plata. Se especializa en temas vinculados a los estudios de género y a la memoria del pasado reciente.
Claudia Bacci es Socióloga y Magister en Investigación en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Docente en la Carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Sus trabajos abordan temas de teoría social y feminista, y memorias del pasado reciente argentino.