Por Alejandra Oberti y Verónica Torras
¿Cómo se recupera la memoria por el Juicio a las Juntas en la Argentina?, ¿qué disputas se abren alrededor de su evocación? En esta nota, Alejandra Oberti y Verónica Torras de Memoria Abierta recorren las representaciones que sobre este acontecimiento se configuraron a través de diversos momentos históricos del país, a la vez que enlazan esta exploración con la construcción de sentidos en torno a la justicia en democracia.
Introducción
El Juicio a las Juntas Militares realizado en Argentina en 1985 constituye un acontecimiento singular en el marco de las transiciones políticas del Cono Sur y, en cierto sentido, en la historia contemporánea de los procesos de justicia frente a crímenes de lesa humanidad. En un contexto regional marcado por las salidas negociadas y la adopción de leyes de amnistía como mecanismos privilegiados para lidiar con el pasado reciente, el juzgamiento penal de los máximos responsables de la dictadura argentina constituye una excepción que ha sido objeto de múltiples interpretaciones y valoraciones, desde el momento en que se dictó la sentencia,[1] el 9 de diciembre de 1985, hasta la actualidad. En ese sentido, más que un hecho cerrado o un punto de origen unívoco, el Juicio a las Juntas puede ser pensado como un acontecimiento históricamente situado cuya significación pública y memorial se ha transformado a lo largo del tiempo.
Durante la década de 1980, la mayoría de los países de la región optaron por fórmulas de transición que limitaron o directamente clausuraron la posibilidad de juzgar a los responsables de la represión estatal. En ese escenario, la experiencia argentina se configuró a partir de una serie de condiciones específicas: la caída de la dictadura por colapso político y militar, la ausencia de un acuerdo entre partidos políticos legalizados y Fuerzas Armadas, el triunfo electoral de Raúl Alfonsín con un programa explícito de juzgamiento, la negativa castrense a auto-juzgarse mediante el proceso abierto en el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, y la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que documentó el funcionamiento del aparato represivo en todo el país. En este escenario, las organizaciones de derechos humanos definieron acciones posibles, como aportar la documentación que habían reunido, intentar incidir para que los procesos penales contra todos los responsables los realizara la justicia civil y garantizar la participación de las víctimas en el proceso de justicia.
Estas condiciones habilitaron un escenario inédito que combinó, desde sus inicios, expectativas de justicia, límites institucionales y tensiones políticas persistentes.
La decisión del gobierno democrático de avanzar con un juzgamiento penal acotado, centrado en los máximos responsables, expresó tanto una apuesta política fuerte como una estrategia de administración del conflicto en un contexto de fragilidad democrática. El Juicio a las Juntas se inscribió así en una matriz ambivalente: fue al mismo tiempo un acto fundante de la democracia y un proceso atravesado por restricciones, temores y negociaciones implícitas sobre su alcance y sus efectos futuros.
Esa ambivalencia inicial nos da claves para comprender las distintas representaciones que, con el paso del tiempo, se construyeron en torno a un juicio que no es solo un hecho jurídico del pasado, sino un acontecimiento cuya significación pública se ha ido transformando en el tiempo. Un objeto de memoria atravesado por reinterpretaciones, desplazamientos y disputas que dialogan con contextos políticos, institucionales y culturales cambiantes.
¿Qué representaciones del Juicio a las Juntas se fueron configurando en distintos momentos históricos y bajo qué condiciones sociales y políticas? ¿Cómo incidieron esas representaciones en las formas de transmisión del pasado reciente, en la construcción de sentidos sobre la justicia y en las expectativas depositadas en la democracia? ¿Qué se transmite cuando el juicio es evocado como un momento excepcional y clausurado, o cuando es re-inscripto como parte de un proceso de luchas por verdad y justicia? ¿Qué se privilegia cuando se lo recuerda como punto de pureza y excelencia de un proceso de justicia cuyo devenir se presenta como menos jerarquizado o más cuestionable?
Interrogar las memorias del Juicio a las Juntas implica, así, indagar no solo en sus significados históricos, sino también en los modos en que su legado se transmite, se disputa y se pone en juego en el presente.
El Juicio a las Juntas como escena de memoria
Desde sus inicios, el juicio fue vivido, narrado y representado como una escena pública excepcional, en la que se condensaban expectativas de justicia, promesas de verdad y temores respecto de los límites de la transición democrática. Las primeras memorias del juicio se fueron configurando en simultáneo con su desarrollo, atadas a un contexto político cambiante y construyendo en tiempo presente lenguajes para nombrar la experiencia, tanto la de la violencia dictatorial, como la de juzgar a sus responsables.
En esos momentos, una primera serie de representaciones se estructuró en torno a la escena del juicio como un ritual fundante de la democracia, capaz de restituir la autoridad de la ley, en contraposición a la violencia imperante durante la dictadura, así como en el período previo, y de producir una verdad pública sobre el terrorismo de Estado, en oposición a la represión clandestina. La visibilidad de los testimonios, en particular los de las y los sobrevivientes, fue leída como un quiebre respecto del silencio previo y como una instancia de transmisión social inédita, que ampliaba el conocimiento colectivo sobre la represión y sus modalidades.
En algunas interpretaciones, el Juicio a las Juntas funciona como modelo idealizado, completamente des-historizado, como si no hubiera sido una instancia políticamente tensa que tuvo sus principales sostenes en expectativas democráticas como las que se derivaban de la praxis del movimiento por los derechos humanos. En efecto, las representaciones celebratorias coexistieron desde el inicio con otras, marcadas por la incomodidad y la sospecha. En las voces de sobrevivientes, militantes de organismos de derechos humanos y observadores cercanos, el juicio fue también representado como un espacio limitado, atravesado por restricciones jurídicas y por la necesidad de adecuar experiencias extremas a un lenguaje que no siempre las contenía. La selección de casos y la focalización en un número acotado de responsables alimentaron memorias tempranas en las que el juicio aparecía simultáneamente como logro democrático y como experiencia insuficiente.
La ambivalencia que atraviesa las primeras memorias del Juicio a las Juntas remite también a una condición más profunda vinculada a los modos en que la experiencia de la violencia estatal fue traducida al espacio público. El juicio operó como una escena de inscripción en la que memorias fragmentarias, afectivamente cargadas y políticamente situadas debieron articularse con un lenguaje jurídico que, aun habilitando la escucha y la visibilidad, imponía formas específicas de narración, jerarquización y prueba. Esa traducción produjo efectos de reconocimiento y legitimación, pero también dejó zonas de incomodidad, silencios y desajustes que fueron tempranamente percibidos por quienes participaron del proceso, dando lugar a representaciones inestables, abiertas y conflictivas.
Desde esta perspectiva, la ambivalencia no puede ser leída como un efecto retrospectivo ni solo como una oscilación entre celebración y crítica, sino como una dimensión constitutiva de la memoria del juicio en el propio momento de su realización. El Juicio a las Juntas produjo un repertorio de sentidos que, lejos de clausurarse, quedó disponible para futuras resignificaciones, al mismo tiempo que anticipó las tensiones que marcarían las derivas posteriores del proceso de justicia.
El momento de la sentencia cristalizó y reorganizó estas representaciones en disputa. Para los organismos de derechos humanos, el fallo no estuvo a la altura de lo que quedó demostrado a lo largo de las audiencias porque, si bien reafirmaba el valor del juzgar como precedente histórico, también confirmaba el carácter acotado del proceso.
La sentencia operó como un punto de inflexión que desplazó las representaciones del juicio desde la expectativa abierta hacia una narrativa más marcada por la desilusión y la alerta. Pero, al mismo tiempo, el punto 30 de la sentencia modificó el programa político original del gobierno y abrió una nueva deriva en la gestión del pasado, que tendrá consecuencias duraderas en las interpretaciones posteriores del Juicio a las Juntas, al ordenar la continuidad del proceso y el juzgamiento de otros responsables. De este modo, reforzó la expectativa de una justicia en expansión, pero al mismo tiempo trasladó esa promesa a un terreno institucional incierto. Esa apertura contribuyó a fijar una memoria temprana marcada por la tensión entre la afirmación del precedente y la fragilidad de su proyección futura.
Pensar el juicio desde estas primeras representaciones permite comprender cómo la ambivalencia no es un efecto retrospectivo, sino un rasgo constitutivo de sus memorias iniciales. La pregunta por cómo se gestionó política y memorialmente esa ambivalencia se volverá central en los años siguientes, cuando el juicio sea resignificado a la luz de las leyes de impunidad, los indultos y, más tarde, su relectura retrospectiva como punto de origen del proceso de justicia.
El Post-Juicio y las nuevas escenas memoriales
I: Tensiones en torno de la impunidad
El tiempo inmediatamente posterior al Juicio estuvo marcado por fuertes tensiones desplegadas por actores militares, quienes pugnaron por alcanzar la impunidad. El Juicio en sí mismo supuso un severo cuestionamiento a las fuerzas armadas, derrumbando las expectativas castrenses de cosechar honor y gloria por su actuación en la denominada “guerra contra la subversión”. Además, el punto 30 de la sentencia abrió el horizonte del juzgamiento más allá de lo tolerable, involucrando no sólo a los máximos responsables, sino a jefes y subjefes en actividad.
Los cuatro levantamientos militares de los años 80 y 90 estuvieron directamente ligados a los juicios. Las demandas de los amotinados comenzaron justamente con la negativa a declarar en los tribunales, y continuaron con la solicitud de amnistía. También se puso en agenda la reparación al honor, que consideraban mancillado por el juzgamiento. Los volantes repartidos por los “carapintadas” en el marco de esos levantamientos explicaban que “esto no es un golpe de Estado, es un problema interno de las Fuerzas Armadas (…) Los juicios son anticonstitucionales. La guerra es un hecho político. La solución debe ser política, no jurídica”. La demanda de “solución política” a las graves violaciones de derechos humanos podía leerse desde dos perspectivas: 1) en la medida que las fuerzas armadas llevaron adelante la guerra contra la subversión para salvar a la Nación, no había nada que reprocharles jurídicamente sino que por el contrario merecían un reconocimiento, lo que invalidaba el propio Juicio a las Juntas 2) de modo más pragmático, se entendía que el Juicio a las Juntas había implicado un reproche hacia los máximos responsables, y podía descontarse como una especie de “costo hundido”, y lo fundamental era frenar los nuevos juzgamientos, que implicaban de modo más orgánico a la institución castrense.
Con matices, en el corazón de estos planteamientos, residía el cuestionamiento al Juicio a las Juntas, y a los juicios que vinieron después, que no estaban desligados del primero. Cada nuevo amotinamiento culminó en negociaciones que consiguieron expandir los alcances de la impunidad, hasta que el último levantamiento fue sofocado por medio de las denominadas fuerzas leales, quienes aceptaron las órdenes de reprimir porque el presidente Menem había sancionado previamente los indultos a procesados y condenados. Es decir, había redimido simbólicamente a los culpables, y desligado de sus responsabilidades a los que estaban bajo investigación, cumpliendo de este modo con las demandas de máxima y de mínima.
A partir de la última tanda de indultos, que dejó libres justamente a los cinco ex comandantes que fueron condenados en el Juicio a las Juntas, el sistema político se cerró y aceptó finalmente la impunidad como regla de convivencia impuesta por el poder militar, durante casi dos décadas. De este modo, se produjo una ruptura en relación con la expectativa abierta en la transición con el Juicio a las Juntas: pasó de ser el símbolo de la reconquista democrática a devenir en exponente doloroso de una derrota social y una claudicación política.
II: El Juicio a las Juntas en el contexto de la reapertura del proceso de justicia
La reapertura del proceso de justicia se presentó como la ruptura de ese pacto de impunidad sostenido por las fuerzas mayoritarias. En el mismo acto en que el presidente Néstor Kirchner denunció a la corporación política por los veinte años de impunidad y pidió perdón por ello en nombre del Estado, omitió mencionar el Juicio a las Juntas. A pesar de que el mismo día, Kirchner se comunicó con el ex presidente Raúl Alfonsín para manifestarle su admiración por el Juicio y moderar las críticas, ese evento perfiló una suerte de anticipación de lo que luego se denominaría “la grieta”.
De un lado quedaron quienes sostenían el Juicio a las Juntas como punto de pureza del proceso de justicia, por eso mismo incuestionable; y en contraste, colocaban a los nuevos juicios como derivación de una política sesgada, partidista, y en el extremo, revanchista. Por otro lado, quienes veían en la reapertura del proceso de justicia, la oportunidad de llevar adelante el programa de enjuiciamiento masivo declinado en los ochenta y noventa, en un contexto en que las fuerzas armadas no tenían ya capacidad de operar como factor de presión para frenarlo.
En este nuevo escenario, a medida que las causas judiciales se reabrían en todo el país, las organizaciones de derechos humanos, que habían sostenido su demanda permanente de juicio y castigo durante todos los años de impunidad, comenzaron a valorar el Juicio a las Juntas como punto de inicio del proceso, retomado en los hechos como antecedente ineludible, junto a la documentación de la CONADEP, en los juicios posteriores. También, con una evaluación más matizada de los desafíos del contexto de la transición y de los que se enfrentaban en la reapertura, algunos comenzaron a plantear la necesidad de una lectura “acumulativa” y no disociada del Juicio a las Juntas con los juicios post-2000. Esa acumulación permitía construir una línea de legitimidad de más largo plazo, fortaleciendo el proceso en su conjunto.
Es importante recuperar esta memoria de largo plazo hoy, cuando el gobierno insiste con una posición de cuestionamiento al proceso de justicia, retomando las posturas que plantearon públicamente las defensas de los ex comandantes y el resto de los militares en los juicios que siguieron, y los argumentos esgrimidos por los amotinados en los levantamientos militares de los ochenta y noventa: que los juicios son actos de humillación ejercidos contra las Fuerzas Armadas. Fue justamente bajo estas coordenadas, y como gesto reparatorio, que el actual gobierno propuso el nombramiento de un militar en actividad, jefe del Ejército, como ministro de Defensa, rompiendo una regla en contrario sostenida desde la recuperación de la democracia.
A modo de cierre
Lejos de agotarse en la sanción penal, el Juicio a las Juntas y los procesos que lo sucedieron habilitaron formas de reparación simbólica vinculadas a la posibilidad de inscribir públicamente el daño, reconocer a las víctimas como sujetos de derecho y reinscribir sus experiencias en una narrativa colectiva legítima. La persistencia del Juicio a las Juntas como referencia incómoda y disputada da cuenta menos de su clausura que de su productividad: como acontecimiento que sigue interpelando las formas de transmisión del pasado, los modos de tramitar el daño y las expectativas sociales depositadas en la democracia.
Este breve recorrido nos permite poner en evidencia algunas de las diferentes valencias con que ha sido recuperada y disputada socialmente la memoria del Juicio a las Juntas: como emblema de la recuperación de la democracia en los 80, como paradigma de la claudicación de la clase política frente al poder militar en los 90, como origen de legitimidad para una lectura acumulativa a partir de la reapertura en los 2000, y como punto de anclaje ético en un tiempo marcado hoy por nuevas tensiones. Un tiempo en que el Juicio a las Juntas, en tanto gesto de respuesta contundente al autoritarismo, vuelve a convertirse en referencia incómoda para el poder.[2]
Alejandra Oberti es socióloga y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA) y profesora en esa casa de estudios y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP). Coordina el Archivo Oral de Memoria Abierta.
Verónica Torras es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Directora Ejecutiva de Memoria Abierta, alianza de organizaciones de derechos humanos de Argentina que trabaja por construir una memoria colectiva sobre la última dictadura y las luchas sociales por memoria, verdad y justicia.
[1] El Juicio a las Juntas condenó a cinco de los nueve acusados: Jorge Rafael Videla y Emilio Massera (reclusión perpetua), Roberto Viola (17 años), Armando Lambruschini (8 años) y Orlando Agosti (4 años y medio). Además, ordenó el enjuiciamiento de los oficiales superiores y de quienes habían tenido responsabilidad operativa en los hechos probados (punto 30). Este proceso judicial es un hito mundial por haber juzgado a exdictadores acusados de crímenes masivos con tribunales y leyes nacionales y comunes. Cfr. https://hacerjusticia.memoriaabierta.org.ar/ar/hito/juicio-a-las-juntas-militares#row-tipofuente-1
[2] Para conocer más sobre el proceso de justicia en Argentina se puede consultar el archivo digital Hacer Justicia producido Memoria Abierta https://hacerjusticia.memoriaabierta.org.ar/.