Por José G. Giavedoni (PEGUES/UNR/CONICET) y Luciana N. Ginga (PEGUES/UNR/CONICET)
“Sólo una crisis real o percibida produce un cambio real. Cuando ocurre esa crisis, las acciones que se toman dependen de las ideas que se encuentran alrededor, en el aire. Así, la función básica de un intelectual es desarrollar alternativas a las políticas existentes, mantenerlas vivas y estar disponibles hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable” Milton Friedman
Milton Friedman enuncia estas palabras en el prólogo a la edición de 1982 de su libro Capitalismo y Libertad publicado por primera vez en 1962. El neoliberalismo olfatea crisis y Friedman reconocía muy bien esas condiciones. Sus dichos que abren este artículo lo figuran como un felino, sabía con certeza que debían desarrollar esas políticas alternativas y estar agazapados esperando el momento de crisis. Sólo una crisis de gran envergadura puede transformar algo políticamente imposible en algo políticamente inevitable. Si esa crisis no existía había que crearla, si no era real debía parecerlo, pero no había manera de llevar adelante cambios significativos y con ese nivel de profundidad en lo económico, lo social, lo político y lo cultural, sin una crisis que oficiara de soporte.
Desafortunadamente, un poco más cerca nuestro, Miguel A. Boggiano, economista formado en la Escuela de Chicago, publicó el día 10 de julio de 2017 en su cuenta de twitter: “Deseo que venga una crisis peor que 2001 para que Argentina achique el Estado, los impuestos y los sindicatos. Por las buenas, nunca se dará”. Desde luego que, ni Miguel Boggiano, ni Alfonso Prat Gay, ni tampoco Nicolás Dujovne son Friedman, tampoco Marcos Peña, ni tampoco la década del ’80 era lo mismo que nuestro presente y, sin embargo, la filiación genética se advierte en el empecinamiento y el esfuerzo por construir la crisis como soporte necesario para la transformación económica, política y cultural de la sociedad que ellos imponen, sean cuales sean, los costos humanos que resulten. El neoliberalismo no sólo produce crisis como resultado de sus políticas llevadas adelante con altísimos costos humanos y ambientales, también produce crisis como modo de gobierno, lo que transforma un modelo en un perverso círculo de destrucción de vidas. El neoliberalismo no pretende resolver las crisis, las produce porque vive de ellas, las consume vorazmente.
Por este motivo, la hipótesis que nos interesa, no es tanto la de un matrimonio entre violencia y neoliberalismo, una unión que en otros momentos se disuelve, se rompe, se fractura, se divorcia. Intentamos mostrar más bien la consustancialidad entre violencia y neoliberalismo. ¿Por qué esta consustancialidad? Porque acaso nos preguntamos si la absolución del neoliberalismo sobre aquellas muertes que lo han acompañado históricamente no ha sido, precisamente, una de las razones que le ha dado vía libre para su expansión a nivel global. Se debía despojarlo de cualquier responsabilidad para hacer de él un conjunto de principios recostados sobre la libertad y la limitación del gobierno.
Las dictaduras han sido limitados en el tiempo, las interrupciones de gobiernos constitucionales fueron por determinado espacio de tiempo y, sin embargo, el modelo económico que las mismas promovieron, sostuvieron y consolidaron se extendió más allá del regreso a la vía constitucional. Orlando Letelier, miembro del gobierno de la Unidad Popular con Salvador Allende, llegó a decir en agosto de 1976 durante su exilio: “…la necesaria conexión entre política económica y su marco sociopolítico parece estar ausente de muchos análisis sobre la actual situación chilena. Para decirlo brevemente la violación a los derechos humanos, el sistema de brutalidad institucionalizada, el control drástico y la supresión de toda forma de disenso significativo se discuten -y a menudo condenan- como un fenómeno sólo indirectamente vinculado, o en verdad completamente desvinculado, de las políticas clásicas de absoluto ‘libre mercado’ que han sido puestas en práctica por la junta militar”. Unos meses más tarde, en su impactante carta a la Junta Militar del 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh afirmaba: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”. Si esto había sido advertido por Orlando Letelier y por Rodolfo Walsh en los ’70, en los ’80, con la vuelta a la democracia, los estudios que monopolizaron el pensamiento político con el nombre de “transición a la democracia”, se centraron casi con exclusividad en los aspectos político-institucionales del régimen, sin mencionar prácticamente los aspectos económicos. Se consuma esa separación, era necesario pensar los rasgos institucionales para crear democracias sólidas y estables, pero de los aspectos económicos sólo se mencionaban sus consecuencias sociales, nada sobre el estigma de su origen ni de la violencia que lo acompañó.
Esto mismo fue una confirmación de aquel pretendido divorcio, las dictaduras del Cono Sur llegaron a su fin y se alumbró un nuevo período democrático en el continente, en algunos casos menos cierto que en otros, sin embargo, la política económica neoliberal siguió su curso completamente separada de ese pasado ignominioso del que había nacido. El triunfo del neoliberalismo es echar raíces más allá de las violencias que lo acompañan y que han sido condiciones de su posibilidad.
La condena política a los golpes de Estado y a la brutalidad de los mismos, no se condice con la continuidad de los funcionarios que ocuparon cargos gravitantes en los gobiernos de facto y continuaron haciéndolo en los gobiernos democráticos. Tal vez el caso más emblemático, pero desde luego no el único, es el de Ricardo Zinn, creador intelectual del plan de ajuste implementado en 1975 por el Ministro de Economía Celestino Rodrigo conocido como el Rodrigazo. Trabajó para la denominada Revolución Libertadora, para la Revolución Argentina, para Rodrigo, asesor de Martínez de Hoz en la Dictadura del ’76, reconociéndose como uno de los responsables del plan económico producido por el Grupo Azcuénaga. En su libro La segunda fundación de la república publicado en agosto de 1976 expresa: “…el 24 de marzo de 1976 triunfa el país civilizado y ético sobre la anarquía y el desorden”. También participó en el armado de la Ley de entidades financieras de la dictadura e impulsor del CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina) en ese momento. Más adelante Ricardo Zinn será el responsable de diseñar los esquemas para la privatización de las emblemáticas empresas del Estado: YPF, ENTEL y Somisa; en los primeros años del menemismo.
Como se observa, si en el plano de la producción de conocimiento se establece una distancia entre lo político y lo económico, en la dimensión de la política concreta no hay posibilidad de distinción alguna.
La influencia de la Escuela Chicago en Nuestra América
En línea similar, la Escuela de Chicago participó activamente en el armado de los equipos y las propuestas económicas durante el régimen autoritario de Pinochet en Chile a partir de 1973. La Escuela de Chicago hacía ya unos largos años que realizaba un fino trabajo de producción y promoción del neoliberalismo a través del convenio con la Pontificia Universidad Católica de Chile firmado en 1956: el llamado Proyecto Camelot. Se funda el Departamento de Economía de dicha Universidad a instancias de Chicago y entre 1957 y 1970 se formaron cientos de estudiantes chilenos por medio de becas y programas de intercambio. Todo un aparato financiero para la propagación y la proliferación del neoliberalismo en la región.
Se trata de una suerte de imperialismo intelectual, la Universidad de Chicago extiende su programa de becas a casi todos los países de América Latina, teniendo mayor acogida en estudiantes argentinos, brasileños y mexicanos. Como se sabe, la cabeza visible de Chicago era, lo fue durante mucho tiempo, Milton Friedman, quien se reunió con Pinochet en 1975 como modo de dar un gesto al camino de transformación económica que había iniciado Chile y, al mismo tiempo, alentar su profundización: privatización, desregulación y recorte del gasto social.
Así, lo que aparecía pegado debía ser separado. En el año 1976, tres años después de la toma del poder por Pinochet, con presos políticos atestando las cárceles y los estadios de fútbol, con cuerpos flotando cotidianamente en el Mapocho, con el asesinato como práctica generalizada de las Fuerzas Armadas, Milton Friedman ganaba el Premio Nobel de Economía, premiado como el mejor aporte realizado al conocimiento económico en 1976. Primer acto en el proceso de consumación del divorcio.
Un año después, en 1977, Amnistía Internacional ganó el Premio Nobel de la Paz por su denuncia a las violaciones de los DDHH en las dictaduras militares de Chile y Argentina. El divorcio estaba consumado definitivamente, se podía condenar radicalmente las violencias políticas y los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las dictaduras del cono sur, pero al mismo tiempo, se premiaba con todas las pompas a la ideología que les había dado sustento y sentido a esos crímenes.
Lo que en la mayoría de los trabajos del pensamiento político se encuentra divorciado, esto es, los programas económicos de las formas políticas violentas, no es sólo posible, sino también necesario, reconocer los lazos de parentesco y filiación. No hay manera de arrebatarle la conquista de sus derechos a un pueblo de manera amable y benévola. No hay un modo pacífico de arrancarle su presente y, también, su porvenir. A la gran mayoría de la sociedad argentina se les arrebatará no sólo sus conquistas materiales, sus derechos ganados producto de cruentas luchas a lo largo de décadas, también se les pretenderá arrebatar su propia identidad, arrebatar su memoria y truncar su legado de luchas y resistencias.
Constelaciones de la violencia estatal en la Argentina actual
Supongamos que nos tiráramos en el pasto y miráramos un largo rato el cielo estrellado, descubrimos una constelación combinando diversas estrellas brillantes, encontrándole una forma clara, nítida, diáfana. Es de esta manera que se nos presentan algunos acontecimientos actuales. Así como una constelación la formamos uniendo estrellas que, inicialmente, no tienen ninguna relación, un acontecimiento social es resultado de lograr unir hechos que, inicialmente, tampoco guardan vínculos necesarios entre ellos. Si pudiésemos unir diversos acontecimientos como parte de un mismo fenómeno y si esas líneas entre diversos puntos tuvieran una morfología, indudablemente, la de nuestro presente sería la de la Violencia.
Una doble advertencia. En primer lugar, cuando comenzamos la escritura de este ensayo, nos propusimos mencionar y articular los hechos de Violencia Institucional que hayan acontecido en el último tiempo en nuestro país. Ocurre que, debido a la brutalidad que muestra a diario el actual gobierno nacional, no hay manera de seguir la gimnasia represiva del mismo. Optamos por mencionar sólo algunos, dejando una extensa cantidad de acontecimientos de lado. Esto, lamentablemente, no evidencia un problema metodológico propio, sino el aumento constante y permanente en la escala represiva del gobierno. Contrariamente a lo que podría suponerse, en pleno año electoral, a fines del mes de junio y principios de julio de 2017 la represión a las diversas manifestaciones sociales se han incrementado notablemente, conforme se incrementan los despidos y el conflicto social general.
En segundo lugar, si bien aquí nos concentramos en los acontecimientos ocurridos desde la asunción del gobierno de la Alianza Cambiemos, desde luego, es posible reconocer varios otros ocurridos desde la recuperación de la democracia. Por nombrar sólo algunos: la masacre de Ingeniero Budge el 8 de mayo de 1987, donde la policía bonaerense remató a 3 jóvenes del conurbano bonaerense. Hecho este que ocasionó que comenzase a conmemorarse cada 8 de mayo el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional. El asesinato de Walter Bulacio en manos de la policía Federal; los asesinatos de Kosteki y Santillán en Puente Pueyrredón, la desaparición y asesinato de Luciano Arruga por la policía bonaerense; el desalojo, represión y asesinatos en Parque Indoamericano en el año 2010, llevado adelante conjuntamente por la Policía Metropolitana y la Policía Federal y un largo etc.
Dicho esto y frente a la evidente pérdida de soberanía del Estado nacional en aspectos claves -reflejada por un lado, en un feroz endeudamiento externo en dólares y por el otro, por la avalancha de productos importados que compiten y desplazan a los productos nacionales al ritmo escandaloso del cierre de pequeñas y medianas industrias y del aumento de las personas desempleadas- el fortalecimiento de las agencias del sistema penal deviene una estrategia imprescindible para mostrar autoridad frente a la debilidad que adquiere para decidir sobre cuestiones nodales de la vida del país y para “contener” la creciente protesta social que se incrementa al ritmo de la desocupación y de la pauperización general de la vida.
Puede notarse un contundente cambio en la correlación de fuerzas. La alianza que tejen las autoridades gubernamentales con las “fuerzas de seguridad” es contundente. Este marco de alianza férrea entre los gobiernos nacional y algunos gobiernos provinciales y las agencias del sistema penal, apunta a fortalecer su accionar dotándolas de poder, recursos e impunidad.
En los primeros meses del año 2016, a pocos días de asumir el nuevo gobierno de la Alianza Cambiemos entre el Pro y la Unión Cívica Radical, la gendarmería atacó con balas de goma, sorpresiva e inexplicablemente, a los integrantes de una murga que estaba ensayando para participar del carnaval, en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores de CABA. “Pasadas las nueve de la noche, estábamos con los pibes y las pibas de la murga ensayando sobre la calle Bonorino, en la Villa 1-11-14 del Bajo Flores, cuando vimos que venía hacia nosotros un patrullero de Gendarmería, por la calle Charrúa. Al llegar hasta donde estábamos, les pedimos por favor que esperara un ratito y, luego, si podía salir hacia atrás, porque no se podía pasar por ahí, ya que había muchos chicos y chicas bailando. Pero no alcanzó con decirles por favor… Avanzaron, sin importarles que hubiera menores. Y así fue como lastimaron a los dos primeros nenes, rozándolos con el coche, mientras pasaban de prepo por el medio”, explicó Gustavo “Marola” González, director de la Murga “Los Auténticos Reyes del Ritmo” (En Orsai, Andrés Brown redacción, 02/02/2016).
Al día siguiente, la Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich, no sólo no pidió disculpas ni repudió el accionar de gendarmería sino que, en un gesto de notoria generosidad empática, visitó a dos gendarmes en el Sanatorio Churruca que, según la versión oficial, habían resultado heridos en ese operativo, en el cual, supuestamente estaban buscando cuatro autos robados. Este hecho fue retomado por los medios de comunicación quienes ilustraron esa nota con fotos de la visita. Bullrich declaró: “Gabriel y Ezequiel, dos magníficos gendarmes, fueron atacados en la Villa 1-11-14, mientras cumplían su deber en el Operativo Cinturón Sur”, avalando la versión de la gendarmería.
Los gestos son claros, las fotos nítidas, el apoyo desbalanceado hacia las policías, la solidaridad reconfigurada, la brutalidad del accionar de gendarmería enaltecida, la justicia dañada, los/as pibas de la Villa reprimidos/as y los gendarmes cuidados y avalados por la investidura del Estado nacional.
Durante los primeros meses del año 2016, también sucedió la represión a los/as trabajadores/as de la empresa Cresta Roja y a los/as trabajadores/as del municipio de La Plata.
En octubre de 2016 se llevó adelante el Encuentro Nacional de Mujeres, en la ciudad de Rosario. El último día, como es habitual, se lleva adelante una marcha por las principales avenidas de la ciudad donde se realiza el encuentro. Frente a la Catedral de Rosario, la policía reprimió con balas de goma y gases lacrimógenos a un grupo que estaba marchando.
En marzo de 2017, en el barrio de Lanús en el merendero llamado “cartoneritos” perteneciente al Movimiento de Trabajadores Excluidos donde estaban por comer 70 niños/as y unos 100 adultos/as esperaban por su ración de comida, irrumpieron ilegalmente agentes de la policía local. Se llevaron secuestrados a cuatro personas de las cuales dos de ellas eran niños/as. Atacaron con bastones, balas de goma, también encontraron perdigones de balas de plomo y gas pimienta. Diego Kravetz, el Secretario de Seguridad de Lanús, gobernado por Néstor Grindetti, importante hombre del PRO a nivel nacional, remarcó la necesidad de respetar a la policía. La cocinera del merendero, Laura Zaracho, que se encontraba embarazada en el momento de la irrupción ilegal, perdió su embarazo días después por el momento de extrema tensión que se vivió.
En abril de 2017, la policía de Jujuy irrumpe ilegalmente –debido a la autonomía universitaria- con disparos al aire en la Facultad de Ciencias Agrarias y se lleva detenido al presidente del Centro de Estudiantes y a otro estudiante que, estaban presentes allí a raíz de una cena por el ingreso a la carrera.
En el mismo mes, policías de CABA ingresaron armados al Colegio Mariano Acosta, luego de llevarse adelante en la institución una clase pública. Según la denuncia de la Directora Raquel Papalardo, se trató de un claro gesto de amedrentamiento porque no había razón alguna para el ingreso. La directora durante los primeros días del mes de julio de 2017 fue despedida de su cargo por el Gobierno de la ciudad.
También en el mes de abril, en el marco de la lucha docente, la policía de CABA se hace presente violentamente en la instalación de la Escuela itinerante en la Plaza de los Dos Congresos, intentando impedir el armado, reprimiendo con gas pimienta. Se llevaron detenidos a 4 manifestantes.
En mayo de 2017, 5 policías bonaerenses ingresaron con armas a la Escuela Normal Antonio Mentruyt de Banfield. La comunidad de la escuela denunció que los policías ingresaron sin autorización y sin identificación, tratando de llevarse detenidos a dos jóvenes que estaban persiguiendo desde fuera de la institución. Según el relato de los jóvenes, la policía comenzó a perseguirlos y disparar de la nada, sin motivo alguno, construyendo evidentemente, las condiciones de posibilidad para ingresar a la Institución educativa.
En junio de 2017, agentes de la prefectura naval argentina ingresaron a la Plaza de la Memoria del complejo de la Universidad Nacional de Mar del Plata con el pretexto de saber si estaba todo en “orden”.
A las 7 de la mañana del día 2 de abril de 2017, en el Distrito Oeste de Rosario, en el llamado “Barrio Toba”, la represión se hizo presente con un brutal operativo policial a través del Comando Radioeléctrico, que tuvo como blanco a integrantes de la Comunidad Qom de esta ciudad. “Catorce personas –diez hombres, dos mujeres y dos menores– terminaron en la comisaría 19ª, algunas visiblemente golpeadas, e incluso una joven terminó internada, por múltiples fracturas en el cuerpo. Nada de eso quedó asentado en las 14 constancias que hizo ayer el médico policial, lo que movilizó a legisladores a denunciar apremios” (El ciudadano, 2 de abril de 2017).
El 8 de mayo de 2017, en Rosario, en el marco del Día Nacional de lucha contra la Violencia Institucional, la policía ingresa al Museo de la Memoria, por la denuncia de vecinos que, temerosos de la presencia en el barrio céntrico de jóvenes varones y pobres, acudieron a ella. Estos jóvenes, familiares de Jonathan Herrera, víctima de Violencia Institucional, estaban representando una obra de teatro en el patio del Museo que da a la calle. Cargado de un fuerte mensaje simbólico e intimidante, los agentes de la Policía de Acción Táctica y del Comando radioeléctrico se hicieron protagonistas ese día, tan caro para quienes luchamos contra la Violencia Institucional.
Estos acontecimientos que irrumpen violentamente nuestro presente contribuyen a ampliar los umbrales de sensibilidad frente a lo que es posible tolerar de cara a una contundente presencia armada del Estado. Uno de los efectos, creemos, más buscados de la repetición de estos hechos reside en generar acostumbramiento de estas prácticas. La aceptación de estos hechos se vuelve efectiva a través de la regulación que habilita la ininterrumpida ocurrencia de ellos.
Efectivizar la presencia sistemática, espectacular y grandilocuente en la vía pública y en barrios céntricos de las principales ciudades, en espacios cotidianos donde antes no solían estar, es otra de las instalaciones a la que quieren acostumbrarnos. Parar jóvenes que, en general, son varones y pobres, haciendo gala de su poder y de toda la simbología que esto conlleva, no hace más que advertirnos de la cercanía asfixiante de su accionar.
Mientras tanto, Milagro Sala, sigue presa y eso también es Violencia Institucional.
Cualquiera que haya viajado en el último año por las ciudades del país pudo advertir que, sin el DNI, incluso se metería en problemas. Se trata de espectacularizar la presencia, de hacernos cómplices de sus acciones y de los enemigos que inventa, de jugar con nuestra tolerancia y con nuestros umbrales de sensibilidad, de pedagogizar un modo de vivir basado en la sospecha, en la fuerza, en el temor. La moral policial es la moral hegemónica, es la moral de la “gente de bien”. Pero no hay hegemonía si no hay práctica cotidiana, incesante repiqueteo de ideas, un profundo emprededurismo moral que se basa en evangelizar y en ejercitar microfísicamente la eliminación del otro/a.
Somos testigos de un momento histórico signado por una formidable arremetida por rejerarquizar y fortalecer el aparato represivo del Estado y por apañar e intensificar prácticas violatorias de los Derechos Humanos bajo el ala del mismo Estado que las ampara que, digámoslo una vez más, es el único que puede violarlos.
La presencia de la represión a la protesta social, del ajuste brutal a los trabajadores/as, de presas/os políticos, de torturas, de persecución y vigilancia a militantes sociales, políticos y gremiales, a los pueblos originarios, a las mujeres y a los jóvenes pobres indica que el orden político se encuentra atravesado por un proyecto visceralmente antidemocrático, aunque ese gobierno haya logrado el poder a través de las urnas.
La represión con balas de goma y gases lacrimógenos, junto al desalojo de los/as trabajores/as de la fábrica Pepsico en Vicente Lopez, el 13 de julio de 2017, por parte de la policía bonaerense, fue ordenada por la jueza Andrea Rodriguez Mentasty fuertemente vinculada al PRO de la provincia de Buenos Aires. El gerente, Marcelo Eduardo Bombau, quien también forma parte del directorio de la empresa francesa Milkaut (altamente beneficiada con licitaciones millonarias de parte del Ministerio de Desarrollo Social de Carolina Stanley), es parte del directorio de Torneos y Competencias, una de las grandes empresas pertenecientes al Grupo Clarín.
691 Trabajadores/as quedan en la calle. La función que desempeña el Poder Judicial hoy, es habilitar y facilitar la concreción material del neoliberalismo. La creación de democracias liberales requiere de acciones violentas, las sociedades libres, por paradójico que parezca, se producen desgarrando cuerpos, cercenado derechos y rompiendo todo lazo de filiación con las luchas del pasado.
Estos son los rostros del neoliberalismo que mostrará de manera descarnada, los rasgos que lo acompañarán y lo constituirán en una particular manera de gobernar a nivel global: borrar vidas a través de los asesinatos y desapariciones, borrar derechos adquiridos a través de los planes de estabilización económica y del ajuste, borrar memoria a través de la proscripción y la persecución ideológica. Se trata de rasgos que deshacen los cuerpos a través de esas formas de eliminación que, al mismo tiempo, tienen como correlato modos de producción de nuevas subjetividades individuales, libres y democráticas.
Ahora bien, si esto es posible en nuestro día a día, es porque hay un sólido cerco de legitimidad social que avala, que aplaude, que mira y no ve, que cree estar protegida por las vallas de la clase social. Históricamente las escaladas de violencia rebalsan los blancos de siempre, exceden fronteras y envuelven fatídicamente destinos inimaginables de barrios distintos. ¿Existe, acaso, algo peor que gritar y no ser escuchados/as? Decimos que sí, lo peor es que esos gritos se escuchen y que sus ecos no logren articular preocupación pública ni puedan ser reconfigurados masivamente como problema político.
Sin embargo, decenas de organizaciones, mayoritariamente formadas por jóvenes, se han puesto al hombro la lucha por visibilizar las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. Estas luchas actuales también encuentran su filiación genética con las luchas de Las Madres y Las abuelas de Plaza de Mayo, emergidas durante el terrorismo de Estado y vigentes hasta hoy. Nunca la malla de poder es lo suficientemente sólida para evitar su fisura. Sabemos, pues, que la lucha es para siempre.