Por Gianfranco Yair Lucero Noe
El diseño y la implementación de políticas públicas representan importantes desafíos, que se incrementan cuando se trata de políticas que atienden conflictos judicializados en sede penal, y que se gestionan con un horizonte de castigo. Gianfranco Yair Lucero Noe revisa los Aportes para una política criminal integral, un mosaico de distintos trabajos que “nos invitan a imaginar un sistema penal y una política criminal que no solo castigue, sino que promueva el diálogo, la prevención ciudadana, la reconciliación y la paz social.”
Reseña de Aportes para una política criminal integral
Al leer el título de esta obra colectiva y su énfasis en la política criminal, podría suponerse que la portada reflejaría algún escenario vinculado a las más altas esferas del poder público. Sin embargo, el libro desafía esta expectativa simplista con un enfoque que refleja un estilo distintivo. Fiel a la perspectiva “anascópica” del director, Leandro Costanzo, la construcción de los argumentos desde “abajo”, coloca en el centro a aquellos que, habitualmente, son invisibilizados en los debates sobre las decisiones en el ámbito de la criminalidad: las personas vulnerabilizadas.
Por este motivo, resulta fundamental detenerse en el análisis de la imagen que ilustra la portada. Este primer contacto visual no solo rompe con lo esperado, sino que también adelanta el enfoque crítico y humanista que atraviesan los distintos capítulos de la obra. En este sentido, la portada se convierte en una puerta de entrada clave para comprender la profundidad y la originalidad del enfoque que el libro propone.
Sintetizando brevemente, se puede pensar que el barro, con su textura cruda y desordenada, simboliza las condiciones adversas en las que muchas personas viven diariamente. Es la representación de lo difícil, lo inestable, lo que ensucia, pero también de lo que puede ser transformado. En este escenario, el barro se convierte en un terreno de posibilidades, un espacio donde la creatividad en la adversidad, y la resiliencia humana, encuentran formas de florecer.
La pelota, simple en su forma, es mucho más que un objeto de divertimento. Es un símbolo universal de alegría y comunidad. Para quienes crecen en contextos de pobreza es un catalizador para la imaginación y la esperanza de un futuro mejor. Asimismo, trasciende su simple materialidad para convertirse en un puente que une a las personas: incluso en medio de las más profundas diferencias políticas, religiosas o ideológicas, genera momentos de felicidad, unión y sentido de pertenencia compartido. En otras palabras, el “fulbito” crea comunidad –teje redes– y ello es vital para la construcción de la política criminal integral aquí propuesta.
El sol, por su parte, ilumina el paisaje, aportando un simbolismo de esperanza –no en vano el lugar de la portada se llama Rayo de Sol, en Longchamps, Provincia de Buenos Aires–. Aun en contextos muy difíciles donde el Estado Nacional se retrae, hay actores sociales que, a través de su trabajo incansable, generan esperanzas de que la realidad cambie y que, si bien, cada día trae consigo nuevos desafíos, hay un horizonte por el que luchar[1].
Todo lo señalado de la portada simboliza lo que podemos conocer en la actualidad como una “villa” o un “barrio popular” –por más reticente que sea en utilizar dichos términos pues suelen usarse en tono peyorativo– y es ahí donde debería comenzar la construcción de una política criminal verdaderamente efectiva, basada en un enfoque interdisciplinario que aborde las problemáticas sociales desde su raíz. Esta reflexión inicial resulta fundamental para comprender el mensaje central del libro, que propone un cambio profundo en la manera de analizar y abordar la política criminal desde múltiples perspectivas: la reflexión personal, la historia, la relación víctima/victimario/comunidad, el rol de los sectores de poder y la capacitación de los operadores/as judiciales.
El libro es el resultado de un período del Seminario Permanente de Investigación en Política Criminal en la Universidad del Salvador (USAL), en el que se llevaron a cabo diversas charlas que, aunque se realizaron en un momento histórico determinado, abordan discusiones que son de mucha actualidad. Esto se debe a que las reflexiones que se presentaron en ese entonces resuenan en un escenario político posterior, donde las políticas neoliberales se consolidaron en las urnas, acompañadas de un discurso de mano dura que profundizó las tensiones sociales. A través de las contribuciones de destacados académicos, se ofrece una visión integral sobre la relación entre la política criminal, el derecho penal, la justicia restaurativa y los derechos humanos, proponiendo un cambio de paradigma para enfrentar los desafíos contemporáneos en la gestión de la violencia y de los conflictos sociales.
María Laura Böhm, una de las autoras más destacadas en el ámbito de la política criminal, supera una vez más las altas expectativas que suscita cada obra en donde expresa sus ideas, ofreciendo un análisis profundo e innovador. En el primer capítulo ya se señala la idea de superar el punitivismo tradicional mediante políticas centradas en la prevención, la sanación y la reintegración, destacando el papel que tiene la educación holística en este proceso.
Sin embargo, su aplicación enfrenta numerosos desafíos en un mundo capitalista donde el consumismo y el individualismo prevalecen. Esto lleva a reflexionar si, en algunos casos, la propuesta de la autora puede resultar contraproducente para los sectores más vulnerables, al perpetuar el statu quo debido a una “conciencia limitada”, que dificulta imaginar un progreso tangible y cercano. Lo que implica que, si se pusiera en práctica la educación holística de manera superflua e individual, se corre el riesgo de caer en las garras de un sistema voraz e impiadoso, quedando atrapado en un ciclo de desesperanza y falta de oportunidades.
El desafío central, entonces, radicaría en cómo implementarlo en contextos de profunda desigualdad social –en forma coloquial, diría “cuando se tiene hambre” y no limitándome a la necesidad de tener un plato de comida en la mesa sino en cuanto a las posibilidades de crecimiento y desarrollo personal–. De cualquier manera, nos llama a profundizar nuestra mirada y a discutir nuevos caminos.
La propuesta de la autora resulta sumamente interesante y debería ser objeto de debate y estudio, tal como ella lo señala, en el ámbito de la criminología, ya que la disciplina viene fracasando en el análisis –y lo más importante, en el resultado– a lo largo del tiempo de las distintas escuelas criminológicas. De esa discusión y sus posibilidades reales, a la aplicación efectiva en contextos vulnerables hay un largo trayecto, pero el camino de cambio, sin lugar a duda, lo debemos comenzar a transitar.
Eugenio Sarrabayrouse explora en su artículo el papel del derecho penal durante un periodo crítico de la historia argentina, marcado por las tensiones entre el primer peronismo y la llamada “Revolución Libertadora” o “Revolución Fusiladora”. A través de su análisis, aborda cómo el derecho penal se utilizó como herramienta en las disputas de modelos económicos y cómo repercutía en la escalada de violencia en la sociedad, proporcionando claves para comprender las raíces históricas de conflictos aún vigentes, en los que se buscan proscribir a ciertos políticos a través de proyectos legislativos cuestionables. Nos muestra que no es innovador utilizar el derecho penal para consolidar el poder de una forma “democrática” en la apariencia, pero que en la práctica interna refleja las peores prácticas dictatoriales. ¿No es curioso cómo, actualmente, ciertas iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo parecen recuperar, con total naturalidad, la estrategia de proscripción política de otros tiempos? ¿Es realmente tan diferente el proyecto de “ficha limpia” de estos antiguos proyectos que utilizaban leyes penales irracionales como un instrumento de exclusión bajo la apariencia de justicia?
Hoy en día, la posibilidad de dictar “bandos” de ley marcial ya no se manifiesta de la forma histórica que conocemos (se podría afirmar que no representa la forma más efectiva), sino que el control se despliega principalmente a través de discursos mediáticos y el control de las redes sociales mediante trolls, con el objetivo de influir en la opinión pública sobre temas que son altamente sensibles en los sentimientos; y que son constitutivos de “grietas” en la sociedad. Es fundamental entender el pasado para adaptarlo al presente y comprender cómo el nivel de la violencia institucional sigue siendo el mismo, aunque se ejerza por distintos medios.
En su artículo Criminalidad de los poderosos y violación de los Derechos Humanos, Pablo Galain Palermo analiza la falta de responsabilidad penal de las grandes empresas frente a las violaciones de los derechos humanos, a partir de algunos casos internaciones de gran impacto en la materia y de estudios que había realizado previamente. Critica la ineficacia de los sistemas jurídicos convencionales para prevenir y sancionar estos abusos, poniendo de manifiesto el trato privilegiado que reciben algunas corporaciones y multinacionales.
Es particularmente interesante que, al examinar la ineficacia del sistema punitivo tradicional con las personas jurídicas, el Estado como órgano sancionatorio suele ignorar estas violaciones por diversas razones –principalmente la corrupción– pero el perjuicio no solo llega por una omisión intencional sino también por su aplicación irracional. En este sentido, los principales afectados serían las propias víctimas, ya que suelen vivir en regiones donde la empresa sancionada es el principal motor económico y laboral. Al aplicar una sanción que lleva al cierre de la empresa o a la reducción de personal en estas áreas vulnerables, se perpetúa la violencia estructural. Para ello, se propone una transformación en el enfoque del derecho penal, sugiriendo un concepto amplio de castigo que priorice la reparación de los daños causados y la garantía de no repetición de futuras violaciones, integrando modelos restaurativos y herramientas para el control preventivo.
Cuando sostengo que el libro tiene un gran impacto en la actualidad, el capítulo de Mauro Benente es un claro ejemplo de ello. En su análisis sobre cómo la concepción de la democracia influye en la gestión y percepción de las manifestaciones sociales, el autor inicia con un breve repaso de la evolución de las distintas formas de protesta a lo largo del tiempo. A partir de ahí, se concentra en la importancia de la conceptualización del término “democracia”, destacando cómo influye en la respuesta que proporciona el poder público.
Frente a las posturas conservadoras que intentan criminalizar la protesta bajo el pretexto de proteger la democracia, el autor propone una visión alternativa de la misma. Según su perspectiva, no solo debe valorarse la capacidad expresiva de la protesta sino también su impacto como mecanismo de presión. Así, la protesta no se reduce a un derecho inalienable, según plantea la teoría deliberativa, sino que representa una herramienta fundamental para impulsar transformaciones sociales profundas. La mirada es esencial pues, en nuestra actualidad política, se desarrollan esquemas autoritarios que contrastan con esta visión, como la implementación del Protocolo antipiquetes en Argentina de 2023 y las constantes persecuciones a través del sistema penal. Estas apuntan a nuevas formas de expresarse de forma comunitaria (ej. el llamamiento a twittear bajo algún hashtag) y representan un intento de restringir este derecho, justificándose en la necesidad de “garantizar el orden y la paz social”, volviendo así a una versión conservadora de la democracia.
Por eso, las reflexiones de Mauro Benente son indispensables para ubicarnos en un mapa complejo, trabajando claros objetivos para reconceptualizar el término “democracia”, en un contexto donde se imponen restricciones a los derechos y se deslegitiman las formas de protesta.
Un libro que tiene como objetivo dar una visión alternativa sobre el abordaje de los conflictos, haciendo énfasis en la pacificación sin caer en promesas vacías, no estaría completo sin la reflexión y el enfoque profundamente humano que aporta Diana Márquez. La autora propone una perspectiva que deja de lado la visión punitiva predominante y se enfoca en restaurar los vínculos dañados por el conflicto, tanto en el plano individual como en el colectivo. Para ella, la clave es la recuperación y fortalecimiento del tejido social, otorgando un papel protagónico a las víctimas en este proceso. A ese fin, introduce conceptos poco habituales en el ámbito penal, como el amor y la empatía hacia el/la otro/a que se consideraría incompatible desde una mirada superficial e irreflexiva –generalmente la única mirada que solemos tener en la cotidianeidad–. Desde esta óptica, la justicia restaurativa se concibe no solo como un mecanismo para abordar el conflicto en cualquier momento del proceso, sino como un instrumento de pacificación capaz de transformar a la sociedad en su conjunto desde la óptica del abordaje víctima-victimario.
Finalmente, Leandro Costanzo aborda, desde la normativa vigente, los datos de múltiples investigaciones y su experiencia territorial, los distintos tipos de daños –directos o transgeneracionales– como una pena accesoria al frío número que se impone en una resolución judicial. En la mayoría de los casos, ni siquiera se considera cómo el encierro carcelario transformará la vida de la persona condenada, de su entorno familiar y de la comunidad; especialmente cuando se trata de colectivos vulnerabilizados que, debido a la selectividad penal, son la principal víctima del sistema. En este sentido, el impacto del encierro se extiende más allá de la persona privada de libertad, afectando de manera concreta a familiares que no han cometido ningún delito, pero que igualmente sufren sus consecuencias. De esa misma forma, también analiza cómo impacta en el resto de la sociedad, especialmente en quienes se perciben como distantes o ajenos a estos conflictos y a las penas impuestas, pero que serán parte de la comunidad que reciba a quienes regresan del sistema penitenciario y sus efectos.
El capítulo no solo describe y clasifica en detalle los daños accesorios del encierro –de naturaleza física, económica y psicológica-psiquiátrica–, sino que también muestra, a partir de diversas investigaciones internacionales, su impacto en la calidad de vida de las personas privadas de libertad y sus familias. Además, aborda este fenómeno desde la perspectiva innovadora de la epigenética, explorando las huellas y estigmas que el sufrimiento carcelario deja incluso en generaciones posteriores.
En este marco, el autor no se limita a identificar las deficiencias estructurales del sistema penal en el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado, sino que propone, sin recurrir a ideas y soluciones impracticables, la aplicación de herramientas propias de la justicia restaurativa como una vía para mitigar estos efectos y repensar el abordaje del castigo penal desde una mirada pacificadora y comunitaria.
En conclusión, analizado de manera completa, el libro se presenta como una obra imprescindible para quienes buscan repensar las políticas criminales desde el conocimiento del territorio –el barro– a través del abordaje interdisciplinario, teniendo en cuenta a la comunidad como un actor principal y esencial en la búsqueda de la pacificación –la pelota– y propone soluciones concretas, respaldadas por evidencia, demostrando a través de argumentos fácticos y el análisis de las buenas prácticas, que es posible generar resultados positivos incluso en contextos marcados por la violencia discursiva –esa esperanza, que brilla como la luz solar–.
Las reflexiones aquí reunidas nos invitan a imaginar un sistema penal y una política criminal que no solo castigue, sino que promueva el diálogo, la prevención ciudadana, la reconciliación y la paz social, en sintonía con los valores de una democracia más justa e igualitaria –que cada vez parece más lejana y utópica–. Espero que esta obra colectiva tenga una amplia recepción, en la sociedad en su conjunto, donde el debate de ideas se vuelve cada vez más difícil, sofocado por falacias que son consumidas diariamente y amplificadas, de manera persistente –y no inocente–, por diversos actores políticos y medios de comunicación.
Gianfranco Yair Lucero Noe es Abogado (UBA). Docente auxiliar de la materia “Política Criminal de la Libertad” (UBA). Coordinador del Semillero de investigación “El Caleidoscopio” (Blog Semillero Caleidoscopio) – Dirección Leandro Costanzo. Instagram: @gianfranco.lucero / @semileroelcaleidoscopio / @leandroecostanzo.
[1] En muchos gobiernos locales, como en Almirante Brown, donde fue tomada la foto, hay una preocupación por la realidad social. En el ámbito provincial, se advierte que el Estado está presente, pero debido al vasto territorio y a diversas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional –como la falta de distribución de toneladas de alimentos o la reducción discrecional de la coparticipación correspondiente a la Provincia de Buenos Aires, entre otras–, todo se dificulta muchísimo. En este contexto, las organizaciones sociales desempeñan un papel fundamental.