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Memoria, verdad y justicia
Son 30.000 y fue genocidio

Por Daniel Feierstein (CEG-UNTREF/UBA/CONICET)

El desafío de recuperar la potencia plural en la lucha contra la impunidad*

Una de las pérdidas más dolorosas en la disputa por el sentido del pasado genocida en el presente ha sido cierto abandono del carácter plural en la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Plural no significa apolítico ni tampoco apartidario. Al contrario. Cuando se observa a la lucha por los derechos humanos como un campo que fue “plural”, ello da cuenta de que el acompañamiento a dichas luchas atravesó casi al conjunto de la estructura política argentina (radicalismo, peronismo, democracia cristiana, la mayoría de los partidos y movimientos de izquierda e incluso algunos sectores más democráticos de los partidos de derecha, tanto conservadores como liberales).

Este carácter plural no implicaba que no hubiera fuertes debates al interior del movimiento, como ocurrió muy en particular en el seno de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos con respecto al posicionamiento frente a las iniciativas del gobierno alfonsinista (porque algunas de las figuras notorias de la APDH provenían del radicalismo o tenían fuertes vínculos y simpatías con el gobierno de Alfonsín) o, más específicamente, con respecto a la creación de la CONADEP y la conveniencia o no de participar de la misma. También hubo fuertes debates en relación a la postura a adoptar frente a las políticas de reparación económica implementadas por el gobierno de Carlos Saúl Menem o a cierto acercamiento al menemismo producido por las Abuelas de Playa de Mayo y que tuvo como resultado la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos o la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, entre otras cuestiones que generaron discusión. Incluso la decisión de abrir causas en el exterior (y muy especialmente ante la justicia española) fue motivo de debate y no todos los miembros de cada organismo, sobrevivientes o familiares adhirieron a la iniciativa, aunque en algunos casos se sumaron con posterioridad.

Sin embargo, todas las discusiones que atravesaron la historia del movimiento de derechos humanos hasta el año 2004 no seguían una línea de identificación partidaria y, más allá de la existencia de organismos de derechos humanos que surgieron como iniciativas de partidos políticos específicos, la participación en los reclamos contra la impunidad de los genocidas logró que por lo general se priorizaran los objetivos comunes por sobre las líneas coyunturales de cada partido.

Ello no implica subestimar la importancia de los partidos políticos en las luchas del período – también las vinculadas a la defensa de los derechos humanos – sino, muy por el contrario, tan sólo señalar que uno de los elementos fundamentales de la potencia del movimiento de derechos humanos fue su carácter plural, la posibilidad de convivencia en la mayoría de los organismos de identidades partidarias explícitas que asumían sus posicionamientos pero, a la vez, hacían un esfuerzo de coordinación con otras fuerzas para llegar a consensos en lo que refería a la lucha contra la impunidad y a otros objetivos comunes.

Este pluralismo sufrió una profunda transformación a partir de la emergencia de un gobierno que, asumiendo muchas de las consignas históricas del movimiento de derechos humanos (fundamentalmente la reapertura de los juicios a los genocidas sin limitaciones y la disputa con la versión original de la teoría de los dos demonios), generó acercamientos no sólo políticos sino afectivos con muchos de los participantes históricos de estas luchas o le dio espacio a nuevos actores, como algunos de los hijos apropiados que se reencontraron con sus familias en el contexto de los gobiernos kirchneristas.

El hecho de que Néstor Kirchner se reivindicara “hijo de las Madres de Plaza de Mayo” y por primera vez tratara con respeto y diera un espacio legítimo a la escucha a los familiares de las víctimas así como la decisión de invitar a los sobrevivientes a reingresar a la ESMA junto al Presidente de la Nación en el momento de la “recuperación” del predio de manos de la Marina o la orden a los jefes militares para descolgar en su presencia los cuadros de los genocidas Videla y Bignone del Colegio Militar de la Nación, no podían menos que producir modificaciones en organizaciones que habían sido raleadas y maltratadas por los distintos gobiernos, no sólo durante la dictadura sino también durante las dos largas décadas de gobiernos democráticos, apenas matizadas por una primera reunión con Raúl Alfonsín en su primera semana como presidente y con la recepción de las Madres de la Plaza de Mayo en la Casa Rosada durante la corta semana de la presidencia de Adolfo Rodríguez Saa, a fines del 2001.

Este innegable cambio del posicionamiento oficial generó un conjunto de identificaciones en algunos de los miembros más notorios del movimiento de derechos humanos (muy en especial en las figuras de Hebe de Bonafini, Estela de Carlotto y algunas de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) que llevaron a acciones cada vez más partidarias – de corte gubernamental – como la participación en actos de lanzamiento de campañas políticas, la decisión de algunas Madres de retirarse de la organización de la “Marcha de la Resistencia” a partir del año 2006 (“porque hemos logrado nuestros objetivos”) o la dificultad para incorporar críticas a medidas del gobierno kirchnerista en los actos de conmemoración del 24 de marzo. Esta tensión, creciente en los años 2004 y 2005, hizo eclosión en la manifestación por el trigésimo aniversario del golpe, el 24 de marzo de 2006, llevó a un grave conflicto en el propio momento del acto y, como consecuencia de las confrontaciones y sus derivas mediáticas, al quiebre del espacio unitario de trabajo de los organismos de derechos humanos: el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia.

La situación se fue radicalizando cada vez más, produciendo escisiones, deserciones o disputas abiertas en muchas de las organizaciones, obligándolas a tomar postura en la disputa política entre ambos espacios y resultando en la mayoría de los casos más importante el posicionamiento coyuntural frente a las medidas del gobierno kirchnerista que los reclamos que los habían unido en varias décadas de lucha.

La situación se volvió difícil para las personas y organizaciones que pretendían continuar sosteniendo el pluralismo en el reclamo común o que eran menos maniqueas en su evaluación del kirchnerismo, ya que no se sentían interpeladas por la necesidad de reivindicar todas las medidas de gobierno o criticarlas todas en bloque, sin posibilidad de encontrar medidas que era necesario reivindicar y otras que podían ser cuestionadas.

Las manifestaciones realizadas los 24 de marzo comenzaron a asumir cada vez más un tono partidario excluyente, con la profusión de consignas peronistas, agradecimientos a Néstor y Cristina Kirchner y participación de funcionarios de gobierno en uno de los actos y con un tono cada vez más opositor y antigubernamental en el otro. En ambos casos, la situación involucró acusaciones de tono casi personal, descalificaciones y chicanas que hacían cada vez más y más difícil la articulación de un espacio plural.

En la nueva década esta situación se radicalizó, llegando incluso a la agresión personal y directa con la realización a fines del año 2012 de un asado en la ESMA que reunió a funcionarios del Ministerio de Justicia y la displicencia y falta de respeto con la que se respondió desde el gobierno y desde algunos organismos de derechos humanos cercanos al mismo a los cuestionamientos realizados por sobrevivientes, que destacaban la movilización psíquica y política que implicaba para ellos que se quemara carne en el predio en el que se había quemado a muchos de sus compañeros.

Las marchas opositoras centraban sus consignas en el cuestionamiento a la sanción de la ley antiterrorista o a la creación de un proyecto de espionaje a organizaciones populares implementado por la Gendarmería (el proyecto X) y planteaba una lucha que proponía enfrentar “la impunidad de ayer y de hoy”, sin establecer matiz alguno entre un contexto de impunidad y otro de juzgamiento. Año a año, los documentos leídos en la misma dedicaban mayor espacio a las críticas a las decisiones del gobierno kirchnerista que a cualquier otro elemento de la lucha e ignoraban o minimizaban las conquistas conseguidas en el proceso de juzgamiento, que acumulaba centenares de represores condenados a cadena perpetua o a penas muy altas, convirtiéndose en un caso emblemático a nivel internacional, cuanto menos en comparación con otros procesos genocidas.

El discurso oficial, por su lado, estigmatizaba a los opositores rozando en el macartismo, como cuando en 2013 la presidenta Cristina Kirchner declaraba en twitter “24 de marzo en la Plaza. Gente uniformemente vestida de rojo, autotitulada de izquierda. Amenazantes, con garrotes en sus manos”, imagen a la que oponía, a continuación, “del otro lado, jóvenes vestidos de azul, celeste, o blanco, con banderas argentinas, brazos y manos entrelazados, haciendo un cordón humano para separar y evitar la agresión y la pelea”.

El motivo de las banderas argentinas representando a la patria y enfrentando a las banderas rojas de la violencia (acompañadas de los “garrotes”) implicaban un motivo muy poco feliz para cualquier posicionamiento progresista y más bien conectaba con las estigmatizaciones generadas por el conservadurismo de comienzos del siglo XX ante la “invasión roja de los inmigrantes” o los lugares comunes de la derecha nacionalista y su defensa de la “argentinidad” frente a las “banderas rojas” que querían reemplazar a “nuestra insignia celeste y blanca”.

El kirchnerismo fue, sin dudas, un gobierno complejo, signado por la asunción y realización de muchas de las que habían sido las consignas históricas de la lucha por los derechos humanos pero que, a su vez, también producía hechos que requerían ser confrontados, como la ya mencionada aprobación de la ley antiterrorista, la promoción y defensa del General César Milani o las violaciones de derechos humanos implementadas en la represión a conflictos territoriales con los pueblos originarios (en provincias como Formosa) o de trabajadores en conflicto (como los de Terrabusi, la línea 60 o Lear, entre otros), represión que en verdad es parte del bagaje de cualquier gobierno.

Pero la dificultad para lidiar con esta complejidad fracturó al movimiento de derechos humanos, arrasó con su pluralidad y permitió que las lógicas sectarias y simplistas primaran en la lectura política, encegueciendo a unos y otros, impidiendo a unos observar las conquistas y a los otros identificar los problemas.

Si bien no todos los actores del período se dejaron llevar por la lógica de la simplificación y la fractura, la asociación partidaria tuvo más pregnancia en el espacio mediático, en el que las figuras más emblemáticas de la lucha por los derechos humanos (principalmente Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto, poco a poco también algunos de los hijos que habían recuperado su identidad como Juan Cabandié o Victoria Montenegro) tendieron a ser asociados de modo directo y sin mediaciones con el gobierno kirchnerista. Y, siendo que eran algunas de las caras más visibles del movimiento de derechos humanos, la asociación de dicho movimiento como una rama del gobierno kirchnerista fue tomando más y más fuerza en la percepción colectiva.

El consenso construido con respecto a considerar la reapertura de los juicios una política de Estado comenzó a ser minado por su atravesamiento partidario. Si las políticas de derechos humanos eran una iniciativa kirchnerista, todo antikirchnerismo debía cuestionarlas. La identificación partidaria terminó funcionando como una trampa y sectores del arco político que hasta avanzada la primera década del siglo XXI asumían explícitamente su apoyo a estas medidas comenzaron a explorar discursos de reconciliación, notoriamente expresados por figuras como Elisa Carrió y su “descubrimiento” del “modelo sudafricano”, pero también por numerosos cuadros políticos del radicalismo y del macrismo o por periodistas otrora progresistas y cercanos al movimiento de derechos humanos, como el notorio caso de Jorge Lanata, quien se manifestó “harto” de los juicios y la discusión sobre la violencia genocida.

La versión recargada de los dos demonios sirvió como articulador de estas necesidades políticas. El llamado “curro de los derechos humanos” sirvió como articulador de la condena social al movimiento de derechos humanos como “cooptado por el kirchnerismo”. Si las denuncias por corrupción fueron el caballo de batalla central en la conformación de un relato antikirchnerista que cobra fuerza a partir de 2011 o 2012, el “curro de los derechos humanos” proyectaba la deslegitimación del kirchnerismo también a las políticas de derechos humanos. Aprovechando la escandalosa denuncia por el uso de los fondos de “Sueños compartidos” por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, la lógica del “curro” se transformó en paradigma de lectura de la identificación partidaria de muchos referentes históricos de esa lucha, sin necesidad de probar ninguna denuncia.

Los sectores del movimiento de derechos humanos que eran críticos de estas identificaciones partidarias no pudieron evaluar la gravedad del proceso de estigmatización y, habiendo sufrido exclusiones, maltratos o atisbos de macartismo durante una década, se sumaron en algunos casos a las denuncias, sin observar el objetivo estratégico de las mismas, en tanto herramienta de desacreditación del conjunto del movimiento de derechos humanos. Un ariete más de la ofensiva antikirchnerista pero, simultáneamente, la posibilidad de abrir las puertas a la versión recargada de los dos demonios.

Para coronar el retroceso, sectores del kirchnerismo buscaron utilizar electoralmente la reapertura del proceso de juzgamiento como “amenaza” para llamar a votar al candidato Daniel Scioli en las elecciones del 2015, pese a que ninguna fuerza política proponía explícitamente el fin de los juicios y, por el contrario, muchas fuerzas opositoras habían coincidido y seguían coincidiendo en el apoyo al proceso de juzgamiento. En lugar de convocar al conjunto de fuerzas políticas a comprometerse en la continuidad de una política de Estado, algunos organismos prefirieron asumir esta lectura en clave partidaria, pese a que el candidato Scioli no se sentía especialmente identificado con las políticas de derechos humanos y nunca mencionó el tema en ninguna de sus intervenciones mediáticas o políticas hasta el último debate con Mauricio Macri, ya a días del ballotage. De este modo, se transformaba una conquista histórica del movimiento popular concebida como política de Estado, en una decisión coyuntural de un gobierno que podía revertirse con un traspié electoral.

La partidización terminó hiriendo al movimiento de derechos humanos por varios costados a la vez. Por una parte, la identificación partidaria con el kirchnerismo de algunos de sus referentes escindió a los crecientes sectores antikirchneristas tanto de la participación como de la defensa de muchas de las conquistas. De otra, la falta de matices de las críticas por izquierda a las políticas kirchneristas y su utilización también en clave partidaria impidieron asumir la defensa de aquellos logros obtenidos durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner y no fueron capaces de detectar ni confrontar con aquellos que, en la ofensiva antikirchnerista, incluían propuestas que implicaban importantes retrocesos en los logros de la lucha contra la impunidad.

Fracturadas en oficialistas y opositoras, las organizaciones de derechos humanos perdieron una de sus características más potentes (su pluralismo, la transversalidad desde la que interpelaban a la sociedad) y se transformaron en apenas un escenario más de la disputa político partidaria. Esto fue capitalizado por el antikirchnerismo – tanto político como mediático – que intentó forzar más y más la identificación entre lucha por los derechos humanos, corrupción y kirchnerismo, apelando a la simplificación, a la mentira y a la banalización.

A partir de ir consolidando la asociación de términos (derechos humanos -corrupción – kirchnerismo) la campaña propagandística del macrismo comenzó a apropiarse de conceptos como pluralismo, diálogo o consenso, que constituyeron el arsenal básico de su estrategia mediática. Si el kirchnerismo era “confrontación”, el “cambio” de la nueva propuesta electoral venía a ofrecer “diálogo” o “pluralismo”. Fue un gran acierto de la estrategia política del macrismo que, representando a los sectores más concentrados del capital y contando entre sus cuadros políticos con muchas figuras vinculadas al genocidio, se pudiera presentar ante la sociedad como un árbitro neutral ante la “apropiación partidaria” de la lucha por los derechos humanos o la denuncia de un uso electoral de los mismos. Con la consigna “los derechos humanos son de todos” buscó capitalizar cierto enojo o distancia social generada por la partidización.

Ello fue otro elemento central para comprender cómo la versión recargada de los dos demonios encontró un público dispuesto a revisar las verdades colectivas construidas en más de tres décadas de lucha. La serpiente había encontrado las condiciones para abandonar su huevo y salir a disputar la posibilidad de conquistar el sentido común.

La agresión permanente de la alianza Cambiemos a todos y cada uno de los símbolos de la lucha contra la impunidad, el agravamiento de la situación represiva, la liberación de decenas de genocidas por la profusión de absoluciones, prisiones domiciliarias, caída de prisiones preventivas, implementación de cumplimientos anticipados de condena, simulación de problemas de salud entre otros procedimientos, ha generado durante todo 2017 la necesidad de acercamiento entre distintos sectores políticos críticos al gobierno y condiciones que pueden generar nuevas posibilidades de recomponer el tramado plural, más bien unidos por el espanto.

En esta capacidad de recomponer la potencia de la articulación política de tradiciones y posturas muy diferentes – junto a la necesidad de revisar la potencia política de cada uno de los planteos con los que se interpela a la sociedad – radica una de las mayores posibilidad de dar la disputa por el sentido común frente a la versión recargada de los dos demonios.

En el 2017, ambos grupos movilizados para la conmemoración del 24 de marzo compartieron sus consignas centrales, en un llamado a confrontar con el negacionismo bajo el llamado “Son 30.000 y fue genocidio”. Otra consigna pudo subsistir desde el fin de la dictadura en el conjunto de movilizaciones realizadas año a año, fuera cual fuere el alineamiento de las mismas frente a los distintos gobiernos: “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar”. El inicio y el presente de este ciclo de cuarenta años de lucha indica un camino que, desde las consignas, puede iluminar los ejes de disputa con la versión recargada de los dos demonios: “Como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar… porque son 30.000 y fue genocidio”.

La articulación de estas consignas puede quizás conectar con una memoria capaz de asumir la lucha contra la impunidad como prioritaria por sobre cualquier legítimo posicionamiento partidario, en tanto llave para abrir un necesario camino de reinvención de un movimiento de derechos humanos que supo ser – y sigue siendo – el faro moral de la sociedad argentina. Un faro cada vez más necesario en tiempos en los que amenaza volver la oscuridad.

 

* Este texto es un adelanto del libro Los dos demonios (recargados), que será publicado próximamente por la Editorial Marea

 

Foto de portada: Eitan Abramovich – AFP

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