Por María Laura Bagnato
La violencia desatada sobre tres jóvenes mujeres en el triple femicidio ocurrido hace unos días en la Argentina provocó múltiples reacciones, lecturas y debates. En esta nota, María Laura Bagnato reflexiona sobre la violencia material y mediática alrededor de este hecho, que revela cómo ciertas vidas se configuran como “desechables”, valoradas de manera desigual en la sociedad. Frente a lo anterior, Bagnato indaga sobre los modos a través de los cuales transformar “la indignación frente a los femicidios en acciones concretas que reconfiguren nuestras comunidades”.
Aportes desde los feminismos populares, los afectos y los cuidados
El triple femicidio de Lara (15), Morena (20) y Brenda (20), ocurrido el pasado 19 de septiembre, nos conmocionó por su brutalidad y porque evidenció, una vez más, las estructuras de las violencias sexistas y las desigualdades que atraviesan nuestros barrios. Este hecho no puede interpretarse como un evento aislado: forma parte de un entramado de abandono estatal, ausencia de políticas públicas integrales para abordar las violencias de género, relatos mediáticos estigmatizantes y dinámicas sociales que naturalizan la deshumanización y el descarte de ciertas vidas.
Desde el primer momento, los medios centraron su atención en aspectos de la vida privada de las víctimas: a qué se dedicaban, cómo se comportaban, si consumían drogas y qué decisiones supuestamente habían tomado. Esta focalización no solo revictimiza a las pibas, sino que las presenta como responsables de su propia muerte. Georgina Orellano e Ileana Arduino reflexionan sobre cómo los medios construyeron relatos en los que la espectacularización de las vidas de mujeres pobres y trabajadoras sexuales se convirtió en excusa para el escarnio social. Una sociedad que, desde una supuesta superioridad moral, colabora reproduciendo sentidos crueles y deshumanizantes o se desentiende de la problemática.[1]
El tratamiento mediático de los medios hegemónicos de estos femicidios evidencia, una vez más, la habilitación de discursos de desprecio hacia mujeres, disidencias y trabajadoras sexuales. Todas pobres. Amplificados por redes sociales y ciertos sectores mediáticos, estos relatos producen un goce colectivo a través de la repetición de imágenes, rumores morbosos y juicios morales implícitos sobre la vida de las víctimas. La circulación de esta crueldad no solo expone y revictimiza a quienes vivencian estas violencias, sino que también naturaliza la violencia mediática y material.
En muchos sentidos, nuestra sociedad rota (parafraseando a Orellano) parece experimentar un perverso alivio al constatar que las víctimas eran pobres y trabajadoras sexuales. Sus cuerpos, percibidos como “otrxs” y marginales, se sienten distantes, desechables, ajenos a la esfera de la vida que merece cuidado. Esta distancia afectiva combina indiferencia, crueldad y fascinación, revelando la dimensión colectiva del morbo y la fascinación por la vulnerabilidad ajena.
Lara, Morena y Brenda, como tantas otras mujeres y pibas de los barrios populares, se convierten en cuerpos que ilustran cómo el valor de la vida se distribuye de manera desigual y cómo la exposición al peligro es estructural. Estas vidas “desechables” muestran cómo ciertos sectores son dejados morir, mientras se construyen jerarquías sociales que deciden quién merece protección y quién puede ser ignorado o castigado. La fascinación por la crueldad, el morbo mediático y los discursos de desprecio no son fenómenos individuales, sino afectos compartidos que atraviesan medios, redes y percepciones sociales, configurando un entramado de deshumanización estructural que legitima desigualdades y reproduce vulnerabilidades.
En el ámbito institucional, el actual gobierno nacional no solo ha desmantelado políticas específicas para abordar las violencias de género, sino que también niega su existencia. Cada 32 horas muere una mujer a manos de un femicida, pero esta violencia no se reconoce como tal. Desde el inicio del mandato, se han cerrado y desfinanciado áreas clave para la prevención e intervención, deslegitimando el trabajo acumulado por los feminismos. Este abandono institucional, político y económico se combina con un clima social y cultural permeado por discursos de odio y desprecio hacia los feminismos, las diversidades sexo-genéricas y sus conquistas. Incluso sectores que se consideran progresistas sostienen que la agenda feminista y de diversidades está pasada de moda o no pertenece al orden de lo urgente.
El triple femicidio no puede comprenderse sin considerar la precarización estructural de la vida de ciertos sectores, especialmente de mujeres y diversidades de barrios pobres. La intersección entre violencias de género, pobreza, precariedad laboral y limitaciones en el acceso a derechos fundamentales: salud, educación, trabajo, vivienda, alimentación y cuidados, sitúa a estas personas en un riesgo desproporcionado frente a las violencias. En este contexto, los cuidados no son un agregado opcional, sino un derecho humano universal e ineludible: abarca el derecho a ser cuidado, a cuidar y a auto-cuidarse.
Comprendidos políticamente, los cuidados trascienden la esfera doméstica y la asistencia individual. Garantizar vidas dignas y libres de violencias es una responsabilidad colectiva del Estado y la sociedad. En este sentido, los cuidados se constituyen en prácticas políticas, sociales, comunitarias y afectivas que distribuyen responsabilidades equitativamente, de modo que nadie cargue solo con las consecuencias de las violencias sexistas o las desigualdades. Además, transforman emociones en acción. La indignación, el dolor y el miedo frente a las violencias de género no permanecen en el plano afectivo de la intimidad: se canalizan en acciones colectivas y políticas que reclaman un Estado presente y comprometido con la vida de todas las personas.
Desde los feminismos populares, los cuidados se articulan con la justicia social, la redistribución de la riqueza, el acceso a derechos sociales, políticos y económicos, la prevención de las violencias sexistas y la construcción de vínculos de acompañamiento y protección. Se convierten, entonces, en herramientas para disputar jerarquías de valor de las vidas y reducir la exposición desigual a riesgos y desigualdades estructurales. Garantizar cuidados no significa solo asistir a quienes sufren, sino intervenir políticamente sobre las condiciones que generan vulnerabilidades y desigualdades. Promover sociedades donde la protección, la solidaridad y la vida digna sean derechos exige medidas institucionales de corresponsabilidad, integradas en políticas públicas, prácticas comunitarias y acciones colectivas. Los cuidados se presentan, así, como eje fundamental de justicia social y transformación estructural.
El triple femicidio también revela cómo ciertas vidas son socialmente valoradas de manera desigual. No todas las muertes provocan igual indignación ni generan los mismos reclamos de justicia; no todos los cuerpos reciben igual visibilidad ni acceso a protección estatal. La noción de “vidas desechables” permite comprender cómo las políticas de ajuste y recorte deciden quién puede vivir y quién puede ser dejado morir. En este marco, las vidas de mujeres jóvenes, pobres y disidentes se encuentran en la intersección de múltiples factores de vulnerabilidad. En el caso de Lara, Morena y Brenda, estas vulnerabilidades se combinaron en un contexto donde la presencia estatal se limita a la represión o la indiferencia. Las notas de Anfibia o LatFem[2] destacan cómo la cobertura mediática reforzó la idea de que estas vidas eran “menos valiosas”, a través de imágenes estigmatizantes y el enfoque en su supuesta marginalidad, en lugar de priorizar políticas de prevención y cuidado.
No hay buenas o malas víctimas, solo femicidios. La construcción de la “mala víctima” funciona como un dispositivo disciplinador y deslegitimador social: al situar a las mujeres asesinadas en una posición de culpabilidad moral, se naturaliza la violencia y se normaliza la crueldad social. Esta crueldad tiene un componente afectivo que no puede ignorarse: existe un goce implícito en la reproducción de estereotipos que generan indignación selectiva. Estos afectos circulan, se contagian y producen adhesiones colectivas; comprenderlos es clave para entender cómo se construyen y funcionan las jerarquías de valor de las vidas humanas.
Los feminismos populares han desarrollado herramientas críticas para interrogar estas jerarquías y denunciar la naturalización de las violencias contra cuerpos feminizados, pobres y racializados. Desde la perspectiva de los cuidados y la justicia social, se enfatiza que las violencias no son hechos aislados, sino parte de un entramado estructural que atraviesa todas las dimensiones de la vida de quienes históricamente son vulnerabilizadas.
Tal como afirma la Opinión Consultiva 31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la protección de la vida y la garantía del cuidado son derechos fundamentales, y las desigualdades en su distribución generan inequidades de riesgo y exposición a la violencia. Comprender los cuidados como derecho universal permite interpretar la exposición diferencial de mujeres y diversidades de barrios populares como un déficit en la provisión del cuidado social. Este enfoque sitúa la responsabilidad más allá de la moralización de las víctimas, desplazándola hacia el Estado como garante de derechos fundamentales que hacen posible una vida digna. En este marco, la noción de cuidado transversal, reconocida por la Corte Interamericana, establece un estándar ético y normativo: todas las vidas deberían recibir protección efectiva, ser valoradas y apoyadas, y ninguna vida debería considerarse desechable.
La dimensión afectiva es clave para entender por qué los feminismos populares insisten en estos debates. Dolor, indignación, rabia y goce colectivo de la crueldad se entrelazan: estos afectos circulan en medios y redes, moldeando percepciones sobre quién merece atención y quién puede ser descartado socialmente. Afectos de repulsión, desprecio y fascinación frente al dolor ajeno generan un consumo social de la crueldad. Esta perspectiva explica por qué es indispensable retomar los debates con enfoque crítico, no moralizante, pero profundamente político y afectivo. Desde los feminismos populares se enfatiza la articulación entre análisis de riesgos, políticas de cuidado y estrategias comunitarias de protección. Identificar “vidas desechables” no es solo describir un fenómeno, sino utilizarlo como herramienta política para exigir cambios estructurales en educación, salud, vivienda, empleo y acceso a la justicia.
La perspectiva de cuidado tiene valor normativo y analítico: permite explicar por qué ciertas vidas están más expuestas a la crueldad y cómo la acción colectiva puede transformar estas condiciones. La articulación entre activismo y cuidado también implica formación política afectiva: enseñar a reconocer vulnerabilidades, intervenir sin revictimizar y distribuir responsabilidades equitativamente. Esta pedagogía de cuidado permite que comunidades afectadas desarrollen herramientas de prevención y respuesta frente a la violencia estructural. Constituye un espacio de resistencia frente a la ausencia estatal: afirmar que todas las vidas importan, que todas merecen protección y posibilidades, y que ninguna puede considerarse desechable.
En medios y redes, los feminismos populares disputan los sentidos impuestos por discursos de odio y fascinación por la crueldad. Transformar la indignación selectiva en acción colectiva requiere visibilizar la vida de quienes sistemáticamente son ignoradas. Esta disputa simbólica forma parte integral de la acción política: cuestionar quién merece ser llorada, protegida o recordada pone en tensión la jerarquización social de las vidas. La acción feminista se convierte así en estrategia de justicia afectiva y material, interpelando instituciones estatales y la opinión pública. A su vez, esta acción política se articula con la producción de conocimiento: investigaciones situadas en barrios, escuelas, universidades y espacios de trabajo permiten mapear desigualdades de riesgo, identificar necesidades y proponer políticas integrales de cuidado. La investigación feminista no es neutral: es acción política, con el objetivo de transformar condiciones de vida y garantizar derechos, más allá de los discursos oficiales que invisibilizan problemas de violencia y precariedad.
El activismo feminista popular también tiene efecto pedagógico sobre la sociedad: demuestra que la violencia estructural no es destino inevitable, sino problema político y social que puede interrumpirse mediante políticas de cuidado, solidaridad y corresponsabilidad. En ese sentido, despliegan estrategias de visibilización y acompañamiento que evidencian cómo la desigualdad de acceso a cuidados y protección es la base de la exposición diferencial a violencia y crueldad.
De este modo, se establece un vínculo entre teoría feminista, acción política y vida cotidiana, donde la producción de afectos colectivos se convierte en instrumento de transformación social. Finalmente, el enfoque de cuidados recuerda que proteger no es tan solo un acto policial ni una sentencia: es un entramado de relaciones, políticas y afectos que sostiene la vida desde la raíz.
Garantizar vidas dignas implica considerar educación, salud, trabajo, vivienda y seguridad como derechos universales, inseparables del derecho a ser cuidado y a cuidar. Reconocer el cuidado como derecho humano y transversalizarlo en la acción feminista permite transformar la indignación frente a los femicidios en acciones concretas que reconfiguren nuestras comunidades: más justas, solidarias y capaces de sostener la vida de todas. Proteger no significa castigar, sino luchar por construir condiciones para que ninguna vida pueda ser considerada desechable.
María Laura Bagnato es politóloga (UBA). Docente e investigadora en la UNAJ, UNPAZ, UBA. Integrante del Programa de Estudios de Género de la UNAJ. Directora del proyecto de investigación (UNAJ investiga 2023): Cuidados y Universidad: debates, estrategias, y perspectivas desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
[1] Orellano, G. y Arduino, I. (2025). Brenda, Morena y Lara: las preguntas que faltan. Recuperado de https://www.revistaanfibia.com/triple-femicidio-brenda-morena-y-lara-las-preguntas-que-faltan/
[2] Ibidem. Y Orellano, G. (2025). Putas, pobres y chorras: las malas víctimas. Recuperado de https://latfem.org/putas-pobres-y-chorras-las-malas-victimas/