Por Carolina Rosas (CONICET/IIGG-UBA/UNLaM)    

La (des)valorización de las trabajadoras del hogar remuneradas en tiempos de pandemia

Debido a las consecuencias de la expansión del Covid-19 y como reacción a las administraciones neoliberales que desguazaron los sistemas públicos, en particular el de salud, en el primer tramo de la pandemia asistimos al levantamiento de voces que auguran con optimismo el fortalecimiento de distintos tipos de colectivos. Sugieren, entre otras cosas, que en el futuro las sociedades otorgarán un mayor reconocimiento a la inexorabilidad de la dependencia y, consecuentemente, más relevancia a la protección mutua y a los cuidados. Las páginas siguientes, sin embargo, ponen un manto de duda sobre estos pronósticos.  

Mi propósito es contribuir a la difusión de algunas de las principales dificultades que, desde el comienzo de la pandemia y las medidas de aislamiento, enfrentan las trabajadoras del hogar remuneradas en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay. Para ello retomaré las denuncias realizadas por las referentes de sindicatos y organizaciones en el marco de la reunión virtual titulada “Realidad de las trabajadoras del hogar en medio del Covid-19”, organizada por la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y Refugiadas en Argentina (AMUMRA) el 30 de abril del año 2020. Asimismo, iniciaré con una breve reflexión sobre la vinculación entre el trabajo del hogar y el campo de los estudios del cuidado, además de una descripción del contexto legislativo y la precarización que pesa sobre este sector en la región.  

Desde hace décadas, los estudios sobre el cuidado demandan su valorización al reconocerlo como piedra angular de la sociedad y la economía, de lo que se deriva su carácter esencial para la vida y el bienestar. Los distintos aportes han contribuido a desnaturalizar la concepción del cuidado como algo propio de las mujeres, y a desplazarlo hacia el debate público y político; comprendiendo que se trata, en palabras de Valeria Esquivel, de “un concepto que entrelaza lo económico –la forma en que las economías se benefician del trabajo de cuidados que no es reconocido ni remunerado–, lo social –las relaciones de clase y género– y lo político –los distintos actores que demandan, sostienen o implementan políticas públicas que directa o indirectamente moldean la prestación y recepción de cuidados”.¹ 

La desigual distribución de los cuidados al interior de los hogares se ha visto profundizada en el contexto de la pandemia. Ante la ausencia de cuidadoras remuneradas, el cuidado de los hogares, de niños y niñas, de personas enfermas y con discapacidad, de ancianas y ancianos, etc., ha recaído en mayor medida en las mujeres de cada familia. Por un lado, se han multiplicado los foros en los que se deja constancia de esa sobrecarga de trabajo, aumentada por el teletrabajo y la inasistencia de hijas e hijos a las escuelas. Por otro lado, las autoridades nacionales, organizaciones sociales y organismos internacionales han reaccionado con exhortaciones hacia una distribución más equitativa de esas labores.  

Hasta el momento, esa discusión ha girado principalmente alrededor de la división sexual del trabajo de cuidado que se lleva a cabo en los hogares de forma no remunerada, es decir, ha privilegiado la clave de género. En cambio, menos se ha dicho acerca de las jerarquizaciones y divisiones configuradas por la clase social, las asignaciones étnico-nacionales y las construcciones raciales, entre otras, además del género. Ello conlleva el riesgo de minimizar las dificultades que atraviesan las trabajadoras del cuidado más subalternizadas, muchas de ellas migrantes internas o internacionales.  

En esa gama de jerarquizaciones y divisiones, el trabajo remunerado del hogar (también conocido como trabajo en casas particulares, trabajo doméstico, etc., dependiendo del país) es el que menor valoración recibe, como han argumentado Luz Gabriela Arango,² Débora Gorban y Ania Tizziani,³ entre otras. Al trasladar los análisis de Catherine Walsh⁴ al terreno que nos ocupa, puede decirse que esas trabajadoras constituyen las últimas–otras del cuidado, inmersas en un sistema jerárquico de clasificación, configurado por condiciones históricas, políticas, culturales y sociales, constitutivo de la colonialidad, cuyos patrones de poder están vigentes. 

Es más, en ocasiones ese trabajo no es reconocido como parte del mundo de los cuidados, argumentándose que esas trabajadoras no se encargan de las personas, sino de su entorno. Por supuesto, tal diferenciación ha sido cuestionada y refutada.⁵ Al respecto, es importante recordar que la concepción del cuidado establecida por Joan Tronto,⁶ una de las autoras centrales del campo, incluye todas las actividades dirigidas a conservar, continuar o reparar nuestro mundo, para que podamos vivir en él lo mejor posible; considerando que ese mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades y nuestro entorno. Pascale Molinier⁷ agrega que la exclusión del trabajo doméstico del conjunto de trabajos de cuidado contribuiría a continuar ocultando la inteligencia, la conciencia profesional, la atención y las competencias psicológicas que este requiere. En su opinión, no integrar ese trabajo en el conjunto de las tareas que aumentan nuestras capacidades como seres humanos implicaría prolongar una forma de violencia epistémica al interior de la teoría feminista. 

La menor valorización que se otorga al trabajo remunerado del hogar se ha corporizado en un tardío y poco extendido tratamiento legislativo. A nivel internacional, recién en el año 2011 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio N° 189 que exhorta a implementar el trabajo decente para las personas que se desempeñan como trabajadoras domésticas y promueve la equiparación de los derechos de este sector con los del resto de las/los trabajadoras/es. A la fecha, este convenio fue ratificado solamente por dieciséis países latinoamericanos y caribeños, donde su aplicación está lejos de ser garantizada. 

En América Latina, hace menos de una década se asistió a una gran discusión acerca de las condiciones de trabajo y los derechos de las trabajadoras del hogar remuneradas. No obstante, solo en algunos países las condiciones de trabajo y los derechos de estas trabajadoras alcanzaron estado parlamentario y fueron reglamentados en normas jurídicas; tal es el caso de los países abordados en este texto. Si bien ese proceso constituyó un avance respecto de la situación previa, debe recordarse que varios de esos diseños normativos recurrieron a la idea de “especialidad” (de la labor, de la trabajadora, del/a empleador/a, del ámbito de trabajo) para no igualar los derechos de estas mujeres con los del resto de trabajadores/as, como ha documentado Verónica Jaramillo Fonnegra.⁸ De esa manera, se institucionalizó una desigualdad que, sumada al conjunto de países que no ha legislado al respecto, conforman el telón de fondo de la falta de registro que afecta esta labor, lo que en el contexto de la pandemia ha tenido una relevancia crucial y lamentable, como veremos más adelante.  

En el caso de las migrantes internacionales, se suman los efectos de políticas migratorias restrictivas o de voluntades políticas que obstaculizan el derecho a la regularización a pesar de contar con una ley que lo protege, como fue el caso de Argentina durante el gobierno de la Alianza Cambiemos. Es decir, en la mayoría de los países, las trabajadoras del hogar migrantes internacionales se ven afectadas por dos marcos de políticas públicas que las ubican en una situación muy desventajosa en cuanto a la posibilidad de hacer valer sus derechos, como documentaron Rosas y otros (2015).⁹  

Todo lo dicho se traduce en cifras impactantes. Antes de que se desencadenara la pandemia del Covid-19, en América Latina se contaban alrededor de 18 millones de personas que trabajaban de forma remunerada en los hogares.¹⁰ De ellas, un 80% no estaba registrada, no tenía acceso a la seguridad social, recibía salarios muy bajos y laboraba jornadas extenuantes. Estas condiciones afectaban especialmente a las mujeres, quienes representaban un 93% de las personas que participaban en el sector, es decir alrededor de 16,5 millones en términos absolutos. Cuántas mujeres permanecieron en dicho sector en la coyuntura de la pandemia y en qué condiciones lo hicieron, son preguntas que deberán responderse en el futuro próximo. No obstante, el panorama que se describe a continuación alerta sobre la pérdida de cientos de miles de puestos y el empeoramiento de sus (previamente pésimas) condiciones laborales. 

Como indiqué al comienzo, el fin de este texto es contribuir a divulgar las problemáticas que se expresaron el día 30 de abril del año 2020 en una reunión virtual a la que fui invitada, y de la que participaron mujeres referentes de distintos sindicatos y asociaciones sudamericanas. En concreto, las oradoras principales fueron las representantes de SINDUCAP (Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de Casa Particular, Chile), SINTRASEDOM (Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico, Colombia), AMUNETRAP (Asociación de Mujeres Negras Trabajadoras del Perú), SINTRAHOGARP (Sindicato Nacional De Trabajadoras Del Hogar del Perú), SUTD (Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, Uruguay) y AMUMRA de Argentina. No pretendo hacer un resumen exhaustivo de la reunión, dado que el video es público y puede verse en el sitio de AMUMRA.¹¹  

Despidos, encierros y migraciones de retorno. Corolarios del trabajo del hogar no registrado   

En los últimos meses los países sudamericanos han tomado distintas medidas, pero en todos se ha visto afectado el movimiento de las trabajadoras, sus condiciones laborales y el mismo acceso al trabajo. Arbitrariamente, miles de trabajadoras de la región han sido despedidas o se les ha disminuido el salario, mientras que otras fueron condicionadas a asistir a sus puestos a pesar de los riesgos y de las normativas en contrario, o se les exigió permanecer indefinidamente en el lugar de trabajo, etc. 

De acuerdo con lo expresado por las participantes en la reunión del día 30 de abril, si bien la incidencia puede ser distinta en cada país, en todos se ha observado que una buena parte de las trabajadoras del hogar quedó sin ingresos, sin sustento para ellas y sus familias.¹² Los efectos se evidenciaron de forma inmediata, es decir, desde el comienzo de las medidas de aislamiento, ya sea voluntario u obligatorio según el país. Una de las representantes del sindicato uruguayo explicó que el primer día fue “tenebroso”, dado que empezaron a recibir a “más de 20 o 30 trabajadoras por día pidiendo auxilio”. En el mismo sentido, una de las referentes peruanas comentó que, de repente, a muchas trabajadoras las/los empleadores les impidieron ingresar a sus lugares de trabajo: “acá el problema fue que las despidieron a las compañeras, pero sin el pago”. Por su parte, la referente de AMUMRA informó que en la Zona Metropolitana de Buenos Aires “la alta incidencia de la informalidad en el sector impide que la mayoría de las trabajadoras cuenten con un seguro e indemnización por desempleo, coberturas o riesgos en el trabajo, licencias por enfermedad u obra social que les permita estar cubiertas ante todas estas contingencias”. Las participantes coincidieron en que los despidos recayeron en mayor medida en las trabajadoras que se empleaban como externas a tiempo parcial (“por horas”), quienes siempre han constituido el grupo más precarizado dentro del sector.   

La falta de ingresos y de ahorros ha colocado a estas trabajadoras y sus familias en una situación muy delicada, máxime en un contexto donde los precios de los bienes de primera necesidad han aumentado de forma considerable. Aun quienes mantienen sus empleos y salarios tienen grandes dificultades para sostener a sus familias. Lo mismo puede decirse de aquellas mujeres que lograron acceder a las ayudas económicas que brindan los gobiernos o a las canastas de alimentos, dado que estas son limitadas para sostener un grupo familiar.  

Es por esto que se multiplicaron los espacios colectivos de alimentación. En Argentina eso es especialmente visible en las barriadas autoconstruidas, asentamientos donde habita una buena parte de las trabajadoras del hogar. En Uruguay, muchas de ellas se alimentan en ollas populares que se han multiplicado rápidamente: “para hacerles una idea, en un municipio hay 34 ollas populares, donde la gente retira su comida, para sus hijos, su familia, a diario”, apuntó una de las referentes. Por otro lado, en Perú hay trabajadoras que han caído en la indigencia: “se quedaron sin un techo donde vivir, entonces están alojadas también en el Iprofoth, que es el Instituto de Promoción y Formación de Trabajadoras del Hogar (…) Y otro grupo de trabajadoras del hogar están deambulando por las calles”. Solo algunas han logrado ingresar a un refugio para indigentes que la alcaldía de Lima ha organizado en la Plaza de Toros de Acho.  

La representante del sindicato colombiano acotó que, además de las dificultades asociadas con la alimentación y la vivienda, muchas trabajadoras, sus hijos e hijas, sufren enfermedades, pero el costo de las medicinas y los tratamientos es difícil de enfrentar. Hay enfermedades asociadas con su profesión, hay otras crónicas, así como nuevas que han aparecido a raíz de la pandemia. “Sufren de diabetes, sufren del colon, artritis; porque ustedes saben que los trabajos que hacemos terminan dañándonos todo nuestro sistema, entonces hay que conseguir muchas drogas. Y los hijos de las empleadas, hemos tenido casos de siete niños que hemos tenido que buscar cómo conseguirles pastillas por el estrés.” Las referentes también hicieron hincapié en los casos de trabajadoras contagiadas y fallecidas por coronavirus.  

Las trabajadoras de más edad son objeto de gran preocupación. Al respecto, la referente colombiana apuntó que en su país “las mujeres de la tercera edad que trabajan en casa de familia en este momento están muy afectadas porque, imagínate, aparte de estar enfermas se quedaron sin dinero y sin trabajo. Pagan arriendo. Es una locura”. En el caso de Uruguay, las que tienen diabetes, enfermedades coronarias, problemas respiratorios, enfermedades oncológicas, pueden acudir al seguro por enfermedad, pero esa ayuda representa solo dos tercios del salario. Sucede que, a nivel regional, son una minoría las trabajadoras del hogar que acceden a la jubilación, de modo que la mayoría se ve obligada a trabajar hasta una edad muy avanzada. Además, buena parte de quienes logran la jubilación debe seguir trabajando, ya que los montos del haber jubilatorio son bajos.  

Así como muchas perdieron sus trabajos o les redujeron arbitrariamente el salario, otras trabajadoras fueron condicionadas a permanecer en los hogares de sus empleadores, bajo amenaza de ser despedidas. “A muchas las obligaron a quedarse en su trabajo”, mencionó la referente peruana, quienes “tienen muchas horas de trabajo, o sea hay más carga laboral”. Desde Chile se indicó que hay casos de “compañeras que las tienen durmiendo en bodegas (…) otras que han tenido que estar en encierro trabajando sin poder salir, porque los empleadores tienen miedo de que se contagien y entonces la trabajadora queda totalmente desamparada”.  

En efecto, no son pocas las que siguen trabajando, ya sea porque forman parte de las trabajadoras esenciales del cuidado, o porque se ven obligadas. Al respecto, la referente de AMUMRA señaló que en Argentina muchas “se ven obligadas a violar el decreto del aislamiento para poder ir a trabajar, de lo contrario no cobran; exponiéndose a procesos penales”. En este país también se ha observado que algunos empleadores pretenden tergiversar a su favor las disposiciones nacionales; por ejemplo, comunican a sus trabajadoras que los subsidios estatales suplantan el salario, que la cuarentena debe considerarse periodo de vacaciones o modifican su categoría para permitirles la movilidad.¹³ 

Por otro lado, si bien las problemáticas mencionadas son comunes a todas las trabajadoras del hogar, se destacan las especiales dificultades que experimentan las migrantes, tanto internas como internacionales. Una de las referentes peruanas explicó que muchas de las trabajadoras despedidas en su país son migrantes internas que tienen el hambre “en carne viva” y, por eso, se han sumado a “los caminantes”. Ellas “tomaron la decisión de sumarse junto con la clase trabajadora explotada”, acota. Desde Lima, caminando por carreteras y rieles de tren debido al cierre de los medios de transporte, miles de personas decidieron emprender el retorno a sus pueblos para llegar a protegerse con sus familias.  

La referente chilena compartió que “las hermanas migrantes lo están pasando súper difícil con este tema. Y más difícil ellas porque como no están en su casa, no tienen red de apoyo, entonces se produce un sistema muy desigual”. En Colombia, la situación de las trabajadoras de origen venezolano es crítica: “las compañeras migrantes trabajadoras del hogar venezolanas también han sufrido esto. Las que no tienen familia, las que no tienen a dónde ir aquí en Colombia, se quedaron internas en las casas. Por supuesto llevan 40 días sin poder salir a ninguna parte, y trabajan de sol a sol porque los patrones no duermen porque ya están estresados; y la empleada tiene que estar despierta para atender a los patrones. (…) Entonces estoy muy preocupada por las trabajadoras migrantes realmente; las niñas venezolanas están pasando momentos horribles”. Estas experiencias llevan a varias referentes a vaticinar la proliferación de casos de esclavitud moderna en la región. 

En Argentina, aquellas trabajadoras migrantes internacionales que son forzadas a violar el decreto del aislamiento obligatorio se exponen a los abusos policiales y a ser legalmente sancionadas, señalaron desde AMUMRA. Esto último es especialmente problemático porque podría iniciárseles un proceso de expulsión debido a esa falta administrativa. Otra problemática particular que afecta a las migrantes, tanto internas como internacionales, es que debieron descontinuar el envío de remesas, ya sea porque dejaron de percibir salarios o porque no encuentran modo de enviarlo, dejando a sus familias sin esos ingresos. 

Las referentes no dudan en que la facilidad con muchos/as empleadores/as se desentendieron de sus obligaciones es el corolario de la histórica falta de registro que afecta al sector, permitida por la inacción o acciones limitadas por parte de los Estados.  

Las limitadas políticas estatales de emergencia 

Todas las participantes esgrimieron críticas hacia las políticas de asistencia ante la pandemia. No obstante, se aprecian diferencias, ya que en algunos casos se enfatizaron las fallas en la implementación de las políticas, mientras que en otros se denunciaron exclusiones directas de las trabajadoras del hogar. Dado que no es posible sintetizar en estas páginas las diversas políticas que pusieron en marcha los gobiernos regionales, en este apartado sólo apuntaré aquellas que fueron puestas en cuestión por las participantes, agregando información proveniente de los organismos de gobierno de cada país.   

En el caso de Argentina, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementó una prestación monetaria no contributiva de tipo excepcional, denominada Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), para trabajadores/as desocupados/as y algunos segmentos de ocupados/as (Decreto N° 310/2020). Si bien las trabajadoras del hogar, tanto registradas como no registradas, fueron incluidas en esa prestación, se evidenciaron dificultades en su implementación. Al respecto, la referente de AMUMRA expresó que muchas trabajadoras del hogar no están informadas, además de que la terminología utilizada en las difusiones es compleja, carecen de conectividad o de conocimiento tecnológico para realizar su inscripción, o no pueden comunicarse vía telefónica para informarse. Dificultades adicionales se han presentado a las trabajadoras migrantes ya que, al menos hasta el día de la reunión (30 de abril), el IFE les ha sido denegado a una gran proporción, aun cuando cumplen con los requisitos. Al interior de las migrantes, el grupo más afectado es el que no cumple el requisito de tener una residencia legal no inferior a dos años. Esto excluye del IFE a las migrantes que llegaron en ese lapso o que, habiendo arribado antes, no pueden demostrarlo.¹⁴ Cabe mencionar que durante el gobierno anterior se impusieron múltiples trabas para la regularización migratoria, de modo que las migrantes recientes se ven especialmente afectadas.   

En Colombia se implementó una prestación denominada Ingreso Solidario (Decreto N° 518/2020). El acceso a la misma depende de la puntuación obtenida en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), una entidad del Departamento Nacional de Planeación de Colombia que clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. No obstante, ha habido denuncias por numerosas adjudicaciones irregulares, mientras que muchas trabajadoras en condiciones de vulnerabilidad no la han recibido. Por otro lado, con anterioridad a la pandemia las trabajadoras registradas no puntuaban en el SISBEN, sino que estaban afiliadas a Entidades Promotoras de Salud (EPS) donde eran atendidas. Sin embargo, en las últimas semanas muchas fueron despedidas y sus empleadores no les entregaron la nota de despido. Por esa razón se encuentran inhabilitadas de anotarse en el SISBEN para luego solicitar el Ingreso Solidario. En palabras de la referente colombiana: “las patronas nos dijeron ´no más trabajo´ pero no han pasado la carta de liquidación donde nos dicen ´se quedan sin trabajo´ o ´están despedidas´ para poder llegar al SISBEN (…) no podemos recibir la ayuda del Estado porque tenemos que tener esa carta de despido”.  

Por otro lado, en el marco de la pandemia en Chile se aprobó la Ley de Protección del Empleo (N° 21.227/2020) que permite acceder a las prestaciones y complementos del Seguro de Cesantía a aquellos trabajadores que ven finalizado o reducido su contrato de trabajo. Sin embargo, las trabajadoras del hogar han sido excluidas por no estar previamente afectas por la Ley 19.728/2001 de Seguro de Desempleo. Ante esta situación, el gobierno chileno alienta a las trabajadoras a retirar su indemnización a todo evento de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Ahora bien, esos fondos solo pueden ser retirados cuando se suscribe un finiquito por escrito. Hacerlo implica finalizar la relación laboral, sin ninguna seguridad de que en el futuro la/el empleador/a aceptará retomar la relación, como señaló la referente: “con esa declaración jurada, nadie le da la seguridad de que después el patrón la va a seguir manteniendo en el trabajo”. Claro está, las trabajadoras que cuentan con estos fondos son las pocas que están registradas. Aun así, si los retiraran, no tendrían en el futuro dinero para enfrentar una situación de desempleo. Además, si la trabajadora “saca esa plata, es la plata de ella. El Estado no ha colocado nada para las trabajadoras de casa particular”, como sí ha hecho con otros sectores. Por otro lado, las trabajadoras no registradas, entre las que se concentran las migrantes internacionales, quedan excluidas de este tipo de medidas.   

La discusión entre los sindicatos y el gobierno chileno tuvo un momento álgido a fines del mes de marzo del año 2020, cuando la Ministra de Trabajo y Previsión Social trató de explicar por qué las trabajadoras del hogar no registradas quedaban por fuera del proyecto de ley de protección al empleo, diciendo: “muchas mujeres que son trabajadoras de casa particular no tienen cotizaciones previsionales porque no quieren perder el beneficio de ser carga de sus maridos o tener beneficios que les entregan [las municipalidades] por ser carentes de recursos (…) personas [que] prefieren estar en la desprotección porque reciben otro tipo de beneficio”.¹⁵ De esa manera, la ministra chilena culpabilizaba a las trabajadoras, omitiendo que la responsabilidad del contrato es del/a empleador/a y desconociendo el papel del Estado y del mercado en la perpetuación de las condiciones de vulnerabilidad que signa la vida de las trabajadoras del hogar en Chile y la región toda.   

En cuanto a la situación en Perú, las referentes de los sindicatos han realizado diversas gestiones con el fin de que estas trabajadoras sean consideradas en las políticas de emergencia. Hasta el momento de la reunión (30 de abril) el gobierno peruano “ha dado bonos para las personas vulnerables, ha dado bonos para los trabajadores independientes, y ahora último ha sacado otro bono para los trabajadores universales. Pero no nos han incluido a las trabajadoras del hogar”. De forma similar a lo estipulado por el gobierno chileno, también el peruano alentó a las trabajadoras registradas a retirar la compensación por tiempo de servicios (CTS) para, de esa manera, subsanar la falta de ingresos. No obstante, a diferencia de Chile, no se exigió la finalización de la relación laboral. Las referentes interpretan que las medidas tomadas en Perú han privilegiado al “sector de los trabajadores que están en planilla (…) [Por] no por estar figurando en el seguro social, [una] no tiene derecho a un incentivo económico (…) Eso está dirigido para la clase trabajadora de clase media y media acomodada; que trabaja en industria, que son ingenieros, médicos.” Apuntan que el Estado invirtió en ayudas a empresas y ciertos segmentos de trabajadores, pero no en los más vulnerados.   

La acción colectiva de las cuidadoras. ¿Un lugar para depositar el optimismo? 

Las intervenciones de las mujeres referentes de sindicatos y asociaciones de países sudamericanos –donde se puso de relieve la escasa valoración que los Estados, el mercado y gran parte de las/los empleadoras/es confieren a las trabajadoras del hogar– generan pesar de cara al futuro. Y, como se dijo, nada de esto es coyuntural. Aunque las situaciones que se han descripto puedan parecer novedosas, lo cierto es que son la consecuencia, más o menos esperable, de desigualdades –económicas, socioculturales y legales– de larga data.  

Como antes, ahora también los sindicatos y asociaciones cumplen un papel fundamental, asesorando y asistiendo a las trabajadoras en la medida de sus posibilidades, reuniéndose con autoridades en cada país para demandar medidas políticas que contemplen e incluyan las problemáticas del sector. También han acudido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para solicitar su apoyo en cuanto a la aplicación del Convenio 189. Al mismo tiempo que admiten que los recursos de sus sindicatos y asociaciones han sido afectados por esta coyuntura, afirman que buscarán las maneras para seguir pugnando por ampliar los espacios de organización e incidencia en los ámbitos nacionales e internacionales, así como por posicionarse en las agendas políticas.  

Las mujeres referentes de las trabajadoras del hogar se asumen “en pie de lucha”. En una lucha que traspase las fronteras, que se ocupe del presente y que se proyecte hacia el horizonte futuro en la región. No es difícil pronosticar una gran y perdurable desocupación en la región, así como un retroceso en materia de derechos. Se aproximan tiempos en que se deberá luchar por la defensa de derechos adquiridos. Es, quizás, en la acción colectiva de las trabajadoras donde queda un resquicio para situar el optimismo.  

 

 

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¹ Esquivel, V. (2015). El cuidado: de concepto analítico a agenda política. Nueva Sociedad, (256), p. 64. Recuperado de https://nuso.org/articulo/el-cuidado-de-concepto-analitico-a-agenda-politica/ 

² Arango, L. (2011). El trabajo de cuidado ¿servidumbre, profesión o ingeniería emocional? En L. G. Arango y P. Molinier (Comps.), El trabajo y la ética del cuidado (pp. 91-109). Medellín: La Carreta Social.    

³ Gorban, D. y Tizziani, A. (2018). ¿Cada una en su lugar? Trabajo, género y clase en el servicio doméstico. Buenos Aires: Editorial Biblos. 

⁴ Walsh, C. (2009). Interculturalidad, Estado, Sociedad: Luchas (de)coloniales de nuestra época. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar/Abya Yala. 

⁵ Para mayor desarrollo véase Arango L. G. y Molinier P. (Comps.), El trabajo y la ética del cuidado (pp. 91-109). Medellín: La Carreta Social. 

⁶ Tronto, J. (1994). Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York: Routledge. 

⁷ Molinier, P. (2012) El trabajo de cuidado y la subalternidad. Cátedra Inaugural-Posgrados en Estudios de Género, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. hal-01075702 

⁸ Jaramillo Fonnegra, V. (2017). Entre leyes y experiencias. El acceso a la justicia de las trabajadoras domésticas migrantes a comienzos del siglo XXI en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tesis de Doctorado. FCS UBA.  

⁹ Rosas, C; Jaramillo, V. y Vergara, A. (2015). Trabajo doméstico y migraciones latinoamericanas. Desde Argentina, hallazgos y reflexiones frente a los destinos extraregionales. En Revista Estudios Demográficos y Urbanos, Nº 30(2), 253.290. 

¹⁰ Lexartza, L., Chaves, M. J. y Carcedo, A. (2016). Políticas de formalización del trabajo doméstico remunerado en América Latina y el Caribe. Lima: OIT, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, FORLAC. 

¹¹ https://www.facebook.com/mujeres.migrantas/videos/2553687091513724/ 

¹² En el contexto de la pandemia, el aumento de los despidos en la región está asociado con el hecho de que la mayoría de las normativas estatales de emergencia tendientes a proteger los puestos de trabajo no son más que exhortaciones dirigidas a los empleadores, mediante las cuales se sugieren y habilitan distintas instancias para minimizar los despidos (teletrabajo, acortamiento de la jornada laboral y el salario, adelanto de vacaciones, etc.), casi todas con repercusiones negativas para las/los trabajadores. En ese marco, Argentina se encuentra entre los países que impusieron más rígidas prohibiciones a los empleadores que incurrieran en despidos (Decreto de Necesidad y Urgencia N° 329/2020).  

¹³ Un panorama similar fue retratado por un estudio llevado adelante por el Programa Salud, Subjetividad y Trabajo de la UNLa y el Centro de Estudios e investigaciones laborales (CEIL) del CONICET: https://drive.google.com/file/d/1p5def7udT41Fx_Tgle_U_8mztjOELiNX/view?fbclid=IwAR2xQhenyGSxVONhQUWokksTMIJezgVFJ2zACyZSUt9br7MeAMk-QUXWdag 

¹⁴ Estas problemáticas también fueron evidenciadas por la encuesta realizada por Agenda Migrante 2020: https://drive.google.com/file/d/1bsBrQBf3yZ-PcWIz_LOQ4UUw6NUZSlfj/view 

¹⁵ https://twitter.com/LyaGonzalez1/status/1245119050340093953?s=20