Por Paula Zubillaga
Exigir siempre más. Correr los límites de lo posible. Con estas máximas caracteriza la historiadora Paula Zubillaga el legado de las Madres de Plaza de Mayo. Frente al Juicio a las Juntas, las Madres intentaron correr los límites de lo posible: exigieron ampliar el universo de casos y responsables a investigar, reclamaron por el trato a las y los testigos, y luego repudiaron las leyes de impunidad y los indultos. La exigencia de las Madres siempre fue profunda, tanto como el daño generado por la última dictadura.
Las Madres de Plaza de Mayo frente al juicio a las juntas
“Nosotras no queremos sólo juicios para los comandantes
sino para todos los que fueron ejecutores de tanta barbarie.
Porque el crimen no puede quedar impune”
Asociación Madres de Plaza de Mayo, 12/1984
En septiembre de 1984, mientras la CONADEP entregaba su informe al Presidente de la Nación, al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas se le agotaban todos los plazos para dictar sentencia. Hasta el momento, sólo había tomado declaraciones indagatorias y dictado alguna prisión preventiva, mientras sostenía que sólo poseía “afirmaciones generales” que carecían de valor probatorio. Con su provocador dictamen, la situación se hizo insostenible y dejó en evidencia la falta de voluntad de condenar los crímenes por parte de la justicia castrense y, por eso mismo, el fracaso del intento de autodepuración militar que había alentado el gobierno de Raúl Alfonsín.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, ahora encargada del juicio, se limitaría a lo establecido por el decreto presidencial 158/1983, es decir, sólo juzgaría a los integrantes de las tres primeras juntas militares que gobernaron de facto el país, desde el golpe de Estado de 1976 hasta la guerra de Malvinas en 1982. A la vez, sólo lo haría por los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad y aplicación de tormentos.
La postura de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, liderada por Hebe Pastor de Bonafini, fue clara e intransigente desde el inicio. Las Madres sostuvieron públicamente e innumerables veces, por un lado, que no querían un juicio que se ocupara de investigar y condenar la conducta de los comandantes, sino de “todos” los responsables de los crímenes cometidos, calificados indistintamente por estas mujeres como “barbarie”, “exterminio” y “genocidio”. Por otro lado, y razonablemente, que era necesario que sean juzgados por civiles.
A diferencia de la propuesta gubernamental, la idea de justicia transicional de Madres de Plaza de Mayo era ilimitada, e incluía el desmantelamiento del aparato represivo, una comisión investigadora bicameral en el ámbito del Congreso de la Nación y el desplazamiento de los jueces que actuaron en dictadura, entre otras medidas. Así, en diciembre de 1984, a un año de gestión del gobierno elegido democráticamente, la Asociación (constituida legalmente como tal en 1979), llevaba adelante una estrategia de denuncia, visibilización y posicionamiento político respecto a lo que entendía como un verdadero proceso de justicia, a través de diversas vías. No sólo en los medios de comunicación privados, sino fundamentalmente en las notas en su propio Periódico, en sus discursos, megáfono en mano, en Plaza de Mayo cada semana o en acciones concretas, como en ocasión de la cuarta Marcha de la Resistencia a finales de ese año.
Para garantizar la celeridad del juicio, el fiscal Strassera resolvió hacer un recorte de 709 casos bien documentados. Se seleccionaron algunos “paradigmáticos”, de los más “conocidos” por la opinión pública y con una mayor cantidad de pruebas. La estrategia consistía, con esta selección, en abarcar la mayor cantidad de provincias, de jurisdicciones y de centros clandestinos de detención y tortura, para poder mostrar la participación de las tres armas a lo largo del período de gobierno de facto de las tres primeras juntas. De esta forma, se buscaba demostrar que se había tratado de crímenes planificados, ejecutados de forma sistemática.
Por ejemplo, los casos 123, 124, 126, 127 y 128 del Juicio a las Juntas, referían a hechos ocurridos en la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires. El encargado de trabajar con esa información fue Lucas Palacios, uno de los asistentes de Strassera. El rol asignado a Mar del Plata en la estrategia del Juicio era sumar pruebas contra la Fuerza Aérea. Para ello, eran claves los casos vinculados a la Base Aérea de la ciudad, “La Cueva”. Para tal fin, se sirvieron de los legajos de la delegación local de la CONADEP, que funcionó en la ciudad en 1984, en especial los vinculados al secuestro en el año 1977 de un grupo de abogados laboralistas -entre ellos Centeno y Candeloro- conocido hasta la actualidad como “La Noche de las corbatas”. Otro caso emblemático utilizado, por ejemplo, fue el de Rosa Ana Frigerio, militante de la JUP detenida-desaparecida en Mar del Plata en 1976. Se trata de una joven de 20 años, estudiante de agronomía que, al momento de su secuestro, se encontraba enyesada casi en la totalidad del cuerpo, dado que se estaba recuperando de un accidente de tránsito. Luego de estar secuestrada en la Base Naval, apareció muerta en un barrio periférico de la ciudad, en ocasión de un supuesto enfrentamiento. Su caso es excepcional en materia de pruebas porque, ante la presentación de un habeas corpus, el comandante de la Base Naval reconoció que se encontraba allí a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Su secuestro fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (Caso 3358; Resolución 12/80), se incluyó en el Informe Final de la delegación de la CONADEP en 1984 y en el libro Nunca Más, fue tratado en el Juicio a las Juntas en el año 1985 y sirvió para condenar a Emilio Massera por homicidio. Luego siguió siendo muy utilizado en las luchas memoriales, como emblema de las “víctimas inocentes”, por considerarse uno de los casos “emblemáticos”, “ejemplares”, “de gran impacto”, que “condensan lo ocurrido” y generan “empatía”.
Madres de Plaza de Mayo claramente cuestionaba la estrategia de tomar tan sólo un poco más que 700 casos, cuando la cifra de 30.000 personas detenidas-desaparecidas ya se había vuelto hegemónica en el universo de denunciantes y disputaba con otros números que circulaban desde la dictadura. Además, debe tenerse presente que hacia 1984-1985, en el contexto de la difusión del informe de la CONADEP y durante el desarrollo del juicio a las tres primeras juntas militares, la Asociación sostenía, en especial a través de su Boletín Informativo, su Diario, y los documentos acordados en sus Encuentros Nacionales, que los detenidos-desaparecidos eran “opositores políticos a la dictadura”, “disidentes políticos” o “militantes opositores” que luchaban por “la justicia y la libertad”. Es decir, se empezaban a diferenciar de la narrativa que los presentaba como “víctimas inocentes”, como se hacía con el mencionado caso de Frigerio. Al tiempo que, indudablemente, buscaban separar a las personas detenidas-desaparecidas de la acusación de “terroristas” o “subversivas”.
Finalmente, en abril de 1985 iniciaron las audiencias testimoniales del tan esperado juicio. En los meses siguientes, a lo largo de 900 horas de audiencia pública, declararon más de 800 personas, entre ellas, sobrevivientes de los centros clandestinos de detención y tortura, familiares de víctimas de la represión e integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad.
Además de las limitaciones mencionadas, Madres de Plaza de Mayo cuestionó el trato que recibían los testigos, tanto dentro como fuera del estrado judicial. Señalaron especialmente el tiempo de espera en un ambiente “hostil” y “opresivo” dentro de Tribunales, así como las amenazas y presiones que recibían los testigos e integrantes del movimiento de derechos humanos. Recordemos que en la postdictadura, activistas de distintas organizaciones y geografías (pero fundamentalmente en la Capital Federal, el Gran Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza, Rosario, Resistencia y Mar del Plata) sufrieron una serie de amenazas, atentados, intimidaciones y robos de documentación, vinculados al accionar de agentes locales ligados a la represión durante la última dictadura. Esto explica en parte la desilusión de parte del movimiento de derechos humanos, que había depositado sus expectativas en el gobierno elegido democráticamente y que veía en la persistencia de las amenazas un contexto aún de impunidad, incertidumbre e inseguridad, por lo que demandaban, como parte de la solución, el desmantelamiento del aparato represivo y el abandono de la Doctrina de Seguridad Nacional.
A esto debe sumarse la tensa relación que durante los años ochenta tuvo la Asociación con quienes lograron sobrevivir al sistema concentracionario y sobre los que aún pesaba la acusación y la estigma de “traidores”, pero que en el contexto del juicio resultaban indispensables para condenar a los acusados. Ciertamente, Madres de Plaza de Mayo mantuvo una de las posturas más radicales al rechazar políticamente dar por muertos a los desaparecidos -más allá de cierta esperanza que se mantuvo hasta 1984-, y al arrojar un manto de sospecha sobre los sobrevivientes que señalaban la muerte como el destino final de los mismos. La “aparición” de estas personas y el trato que les dieron, en un punto hacía entrar en contradicción la consigna ética y política que las terminó de diferenciar de las otras organizaciones: “Aparición con vida”. Consideraban que con la misma exigían que se explicara y expusiera la cadena de hechos y responsables que habían llevado a la desaparición de sus familiares. No sostenerla, significaba para ellas aceptar una muerte abstracta sin responsables. Buscaban que se les explique quiénes, cómo y por qué. Si no estaban con vida, entonces había responsables, y si había responsables, entonces debía actuar la justicia.
Como la actuación del poder judicial no les convencía, y fieles al estilo que ya las caracterizaba, las mujeres que integraban la Asociación de Madres, a lo largo de los meses que duró el juicio, ocuparon el espacio público con distintas propuestas. Por un lado, cada jueves, al término de la marcha, leían la lista de los 1.351 represores, entre civiles y militares, denunciados hasta ese momento, es decir, aquella que había quedado afuera de la publicación del Nunca Más y que había sido un punto de conflicto con el gobierno nacional. Por otro lado, las convocatorias mensuales, que intentaban ser más masivas. Previamente, en marzo, habían realizado la famosa Marcha de las Manos, en el marco de la campaña que habían lanzado en el año internacional de la juventud: “Déle una mano a los desaparecidos”. Con el Juicio recién iniciado, en abril, realizaron otra emblemática y multitudinaria, desde Plaza de Mayo hasta el Palacio de Tribunales, la Marcha de las Máscaras blancas, que intentaban representar visualmente a los detenidos-desaparecidos. En mayo, marcharon alrededor de Tribunales con una bandera que contenía fotos de represores y en la que se leía “Buscados por asesinos”, al tiempo que en su Periódico señalaban insistentemente que “con nueve no basta”. En junio, habían intentado reunirse con el presidente en la Casa Rosada y, como no fueron atendidas, pasaron la noche manteniendo una vigilia en el pasillo. En julio, acudieron al desfile militar en Plaza de Mayo con su cartel de “Juicio y castigo a los culpables”. Por último, en diciembre, el día de la sentencia de la causa 13/84, marcharon para reclamar por la injusticia de las condenas y para evitar amnistías o garantías de impunidad (sospechas que habían impulsado las distintas acciones a lo largo de esos meses).
Ciertamente, el juicio constituyó un hecho que distinguió a la Argentina del resto de los países latinoamericanos, en relación con el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad. Además de suponer una decisión excepcional en el tratamiento de la violencia estatal en nuestro país, a nivel internacional desencadenó la implementación en “cascada” de la justicia penal como herramienta de la justicia transicional. La sentencia de diciembre, sin embargo, solo condenó a cinco de los nueve comandantes sometidos a juicio. Como es sabido, Videla y Massera fueron los únicos sentenciados a prisión perpetua. Viola recibió una condena de diecisiete años de cárcel; Lambruschini, de ocho años; y Agosti de solo cuatro años y seis meses. Mientras que Graffigna, Lami Dozo, Galtieri y Anaya, fueron absueltos.
Las Madres consideraron que las penas y absoluciones se debieron a razones políticas. De esta forma, consideraban que, con la sentencia, los jueces habían servido al propósito del gobierno de “hacer las paces” con las Fuerzas Armadas. Las Madres de Plaza de Mayo afirmaron que el gobierno de Alfonsín hizo todo lo posible para limitar la persecución penal a un número insignificante de responsables, considerando por lo contrario que debió juzgarse y condenarse a un amplio sector de la ciudadanía que fue cómplice y participe: sacerdotes, abogados, médicos, jueces y empresarios. Ciertamente, Alfonsín y sus asesores Carlos Nino y Jaime Malamud Goti, tenían una voluntad de justicia limitada, es decir, juzgar y condenar a unos pocos, de forma ejemplar, puesto que consideraban que sería imposible perseguir eficazmente a todos los que cometieron delitos: “Nuestro objetivo no podía ser el juicio y la condena a todos los que de una u otra manera habían vulnerado los derechos humanos, porque esto era irrealizable, sino alcanzar un castigo ejemplificador que previniera la reiteración de hechos similares”.[1]
La postura del presidente y sus asesores fue acompañada por otros integrantes del movimiento de derechos humanos. No era la primera ni sería la última vez que, mientras ciertas instancias de búsqueda de verdad y justicia eran vistas por algunas organizaciones como avances, durante el primer gobierno posdictatorial, Madres de Plaza de Mayo las consideraba insuficientes o las interpretó como los límites y debilidades de la democracia y sus posibilidades de hacer justicia. Es decir, el “posibilismo” fue tachado de tibieza, cobardía, traición o retroceso.
De hecho, las tensiones posdictatoriales entre justicia y política, entre reparación ética y realismo político, se manifestaron incluso al interior de las Madres. Así, divergencias en torno a la CONADEP, el Juicio a las Juntas, las exhumaciones de NN, las reparaciones económicas para cónyuges e hijos, entre otras, derivaron en la división del grupo de mujeres en el verano de 1986.
Es conocido el episodio (retratado incluso en el cine) en que, al momento de la lectura, los fiscales Strassera y Moreno Ocampo, su adjunto, y en línea con lo que dispuso el presidente del Tribunal, Arslanian, ordenaron a Hebe Pastor que se quite el pañuelo blanco de su cabeza, porque representaba “un símbolo político”. Cuando se leyó la primera absolución, la presidenta de la Asociación decidió colocárselo y retirarse de la sala, señalando duramente que quedaba demostrado que la única condena en el juicio era el pañuelo blanco.
No hay dudas en que la sentencia fuera cuestionada ampliamente por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que esperaba que no fuera absuelto ninguno de los acusados. De esta forma, denunciaron la insuficiencia del veredicto y, tanto en su Periódico como en la 5ta Marcha de la Resistencia del 11 y 12 de diciembre de 1985, señalaron que la sentencia abría el camino para la amnistía, la impunidad y “futuros genocidios”. De hecho, las consignas de dicha Marcha fueron “No al Punto Final” y “Cárcel a los genocidas”, al tiempo que se propuso a los asistentes pintar 30.000 puntos en las baldosas de la Plaza de Mayo para generar impacto visual. Asimismo, el discurso de cierre incorporó la idea del escrache (popularizado luego en los años noventa con la agrupación H.I.J.O.S) al sostener que “si no conseguimos justicia, pintaremos sus casas, los perseguiremos, nos pondremos en la esquina de sus casas y vigilaremos”[2]
Para las Madres, el Juicio de 1985, en todo caso, debía ser la “primera etapa” de un proceso que debía alcanzar “hasta el último de los torturadores”. Ciertamente, debe decirse que, como resultado del Juicio a las Juntas, se ordenó la instrucción de nuevas causas en distintas ciudades, las cuales comenzaron a ser tramitadas en los tribunales locales a partir de 1986. Sin embargo, también es cierto, como anticipaba Madres de Plaza de Mayo, que el proceso de justicia fue interrumpido por las leyes conocidas como de Punto Final y Obediencia Debida (y luego por los indultos presidenciales de 1989 y 1990).
Indudablemente fue inmensa la desilusión. Sabían que existían pruebas suficientes para seguir investigando y condenando a responsables, no sólo a las cúpulas, y que, sin embargo, había una decisión política de no hacerlo. Así, la ley N° 23.492 sancionada en 1986 y la ley N° 23.521 sancionada en 1987, evidenciaron la distancia prácticamente insalvable entre las estrategias del gobierno nacional radical y las demandas de Madres de Plaza de Mayo, en particular de la línea que se mantuvo bajo la conducción de Hebe Pastor.
Esta postura divergente respecto a lo que significaba “hacer justicia”, en parte explica la posterior adhesión de la Asociación al gobierno nacional de Néstor Kirchner, por la posibilidad de juzgamiento y condena a los responsables de los crímenes, tras la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos presidenciales, lo que posibilitó la reapertura de los juicios.
A septiembre de 2025, han sido condenadas 1.233 personas en juicios por delitos de lesa humanidad, hay 354 juicios con sentencia y 14 juicios orales abiertos por los crímenes cometidos durante la última dictadura argentina. A 40 años de un juicio que representa un hito en nuestra historia nacional, que tuvo trascendencia internacional y generó repercusiones especialmente a nivel regional, los números parecen insignificantes comparados con la “catástrofe” que deberían representar y lleva a preguntarnos ¿por qué se discute incansablemente la cifra exacta de las víctimas y, en cambio, nunca se discute públicamente la cifra de los perpetradores? ¿qué estrategias utilizaremos cuando, por cuestiones biológicas, se acabe el “tiempo judicial” en el que estamos? ¿llegaremos alguna vez a juzgar a “todos” como exigían las Madres de Plaza de Mayo? ¿podrá volver a eludirse la demanda social de juzgamiento a los responsables?
Ciertamente, uno de los legados más importantes de la lucha de Madres de Plaza de Mayo ha sido la incansable búsqueda de correr los límites de lo posible. Exigir siempre más, lo que corresponde, lo que se debe, lo imposible. Porque la profundidad de la exigencia, tiene la medida del daño. Y la respuesta política, debe ser acorde a la magnitud del problema.
Paula Zubillaga
Doctora en Historia (UNLP), Magíster en Historia y Memoria (UNLP), Licenciada en Historia (UNMDP) y Profesora en Historia (UNMDP). Becaria interna posdoctoral del CONICET con sede de trabajo en el IDH-UNGS. Docente-investigadora de la UNPAZ y de la UNGS. Integra el Programa de Historia Contemporánea del IDH de la UNGS, el comité editorial de la revista Aletheia, HUELLAS de la Memoria y la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos del CIN. Integra, codirige y dirige distintos proyectos de extensión y de investigación vinculados al pasado reciente argentino en UNGS y UNPAZ.
[1] Alfonsín, R. (2004). Memoria política. Transición a la democracia y derechos humanos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. p. 45. Para un análisis de los problemas políticos, jurídicos y morales que se presentan frente a la justicia retroactiva véase Nino, C. (1997). Juicio al mal absoluto. Buenos Aires: EMECE.
[2] Vázquez, Gorini, Nielsen, Epstein, Rodriguez y Gallegos (2007). Luchar siempre. Las Marchas de la Resistencia: 1981-2006. Buenos Aires: Ediciones Madres de Plaza de Mayo. p.38