Por María Mercedes Di Virgilio y María Carla Rodríguez
El sueño de la casa propia se transformó en un deseo difícil de concretar en la Argentina democrática. La política habitacional del gobierno cívico-militar, entre 1976 y 1983 (con medidas como la reducción del crédito hipotecario, la desregulación de alquileres, la expulsión coercitiva de las villas, entre otras) tuvo efectos concentradores y excluyentes. En 40 años, los sucesivos gobiernos elegidos en las urnas desplegaron soluciones que no pudieron revertir el déficit habitacional, que se consolidó como un fenómeno estructural. Mercedes Di Virgilio y María Carla Rodríguez, doctoras en Sociología, revisan los programas, orientaciones políticas y condiciones contextuales de coyuntura que llevaron a que la casa propia sea un proyecto imposible de concretar para las mayorías, que hoy sueñan con poder pagar un alquiler.
En el año 2023 Argentina cumplirá 40 años de democracia ininterrumpida. Sin dudas, se trata de un gran logro social, político e institucional. A pesar de ello, en materia de políticas públicas la democracia argentina parece tener aún algunas deudas pendientes. La cuestión de la vivienda y el derecho a la ciudad forman parte de los adeudos de nuestra democracia. A pesar de los nuevos vientos que soplaron a fines de 1983, el advenimiento de la democracia se produjo en paralelo a la reducción de la producción de viviendas y del financiamiento en políticas sectoriales por parte del Estado.
Las iniciativas en materia habitacional estuvieron fuertemente signadas por la crisis económica y por las consecuencias de las acciones (ya sea por acción u omisión) que en la materia implementó el gobierno militar. Las iniciativas del gobierno de la última dictadura cívico-militar (1976-1983), enmarcadas en un plan político y económico de corte neoliberal y autoritario, tuvieron efectos redistributivos concentradores y profundamente excluyentes[1]. Durante ese período, la política se orientó a la producción de vivienda pública llave en mano a cargo de agentes privados. El Estado se transformó en un estimulador de acciones privadas[2] que acompañó con políticas de expulsión coercitiva –en particular de las villas en la ciudad de Buenos Aires– y coactiva a partir del incremento de la presión tributaria y de la implementación de la Ley N.° 21342/1976, que promovió el descongelamiento y la desregulación del mercado de alquileres. Las iniciativas estuvieron lejos de dar respuesta a los requerimientos de vivienda de la población.
Por un lado, la política de créditos hipotecarios implementada por el Banco Hipotecario Nacional (BHN) se vio notoriamente reducida. La eliminación del mecanismo de redescuentos del Banco Central impactó fuertemente en las actividades de la entidad financiera, a partir de lo cual se redujo notoriamente la cantidad de operatorias registradas desde 1978, en alrededor de ocho mil créditos por año. Por el otro, si bien el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) se mantuvo, focalizó sus acciones en la población de recursos insuficientes. La reforma del FONAVI, en el año 1977 –mediante la Ley N.° 21581– supuso la desconcentración de la ejecución de la política habitacional. La implementación del fondo quedó bajo la órbita de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. La entidad nacional financiaba, y los institutos provinciales de Vivienda ejecutaban las funciones operativas (planificación territorial, elección de tipologías, licitación y adjudicación). Los recursos eran distribuidos según el déficit habitacional relativo y la disponibilidad de recursos propios de cada jurisdicción. De este modo, entre 1976 y 1983 se ejecutaron 23.320 unidades anuales. Asimismo, en respuesta al descongelamiento de los alquileres, entre 1978 y 1979 se lanzaron diversas líneas de crédito para responder a las necesidades de los inquilinos, que tuvieron un alcance acotado. En este marco de reducción de las intervenciones en materia habitacional, la inversión pública en vivienda es paradigmática de este proceso: se redujo al 26 % en promedio durante el periodo 1976-1979[3]. Al mismo tiempo, como consecuencia de la desaparición de las condiciones macroeconómicas que posibilitaban el acceso formal al suelo mediante la compra de lotes en cuotas a largo plazo, sumadas a nuevas exigencias de provisión de infraestructura determinadas por la sanción de la ley 8912 se produjeron dos nuevos fenómenos asociados al hábitat en el Área Metropolitana de Buenos Aires -el aglomerado urbano más grande del país- y otras áreas metropolitanas: los asentamientos en tierras periféricas vacantes y la toma de inmuebles en desuso en áreas centrales.
Con la recuperación democrática en 1983, el radicalismo asumió el gobierno nacional –con el Dr. Raúl Alfonsín como presidente electo– y, como consecuencia, el de la Municipalidad de Buenos Aires. El mismo partido obtuvo la gobernación de la Provincia de Buenos Aires hasta el año 1987, a cargo del gobernador electo Dr. Armendáriz. En la nueva gestión, la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental y el Banco Hipotecario Nacional se constituyeron formalmente en las autoridades del sector. Aunque la intención era continuar con la implementación de operatorias discriminadas según sectores sociales, estas se superpusieron, e implicaron la desfinanciación de aquellas orientadas a los sectores de menores ingresos. El Banco Hipotecario creció en participación durante este período: se reabrió con modificaciones operatorias anteriores y se implementaron líneas experimentales (que, por sus características, estaban dirigidas a la población que debía ser atendida por el FONAVI). A pesar de ello, si bien el BHN incrementó su participación dentro del mercado inmobiliario, la crisis inflacionaria y económica limitó fuertemente la dinamización de las iniciativas. Asimismo, los aumentos de los alquileres y las deudas hipotecarias impactaron negativamente en el acceso a la vivienda. Como resultado del desbalance entre activos y pasivos en las cuentas de la entidad, en 1987, se produjo su intervención, que finalmente derivó en la suspensión de sus actividades como banco minorista en 1990.
La Secretaría de Vivienda, a cargo de administrar los recursos del FONAVI, no produjo cambios sustantivos en sus formas de operar, con lo cual arrastró problemas como la baja recuperación de los fondos otorgados, así como los sobrecostos y distorsiones causadas por la dinámica inflacionaria. El crédito recibido por el país en 1988 por parte del Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento estableció como contraprestación la reformulación del sistema FONAVI. Si bien formalmente el proceso de reformulación fracasó y el préstamo fue cancelado en 1992, las resoluciones continuaron vigentes, y modelaron el proceso de descentralización y focalización de las operatorias del fondo, y de este modo fueron abandonados los criterios universalistas[4].
Si bien, el Gobierno radical no impulsó una política global de tierras, durante este período se consolidaron dos maneras de encarar la regularización: una individual, aplicando la posesión veinteañal, y la Ley-Caso (colectiva), de acuerdo con la cual, mediante la combinación de mecanismos de expropiación y/o cesión, se intentaba resolver la regularización de algunos barrios (asentamientos, falsos loteos y villas)[5].
Evolución del déficit habitacional y consolidación estructural del problema (1990-2010)
Si bien, la cuestión habitacional tiene una larga y controversial historia, su consolidación como un problema estructural es un fenómeno perteneciente a las últimas décadas. En este período se reconocen dos tendencias complementarias: por un lado, los requerimientos de vivienda han crecido en magnitud; por el otro, se han concentrado territorialmente, lo cual refuerza procesos de segregación urbana. A comienzos de la década de 1990, un 37,4 % (3.340.021) de los hogares en Argentina padecían alguna situación deficitaria en materia de vivienda. En el Área Metropolitana de Buenos Aires, estas situaciones alcanzaban al 30,2 % de los hogares. Sin embargo, este valor sintetizaba una situación muy dispar entre la ciudad capital (14,2 %) y su conurbación (37,7 %). Si se comparan los valores alcanzados entre los censos de 1991 y 2001 para el total del país, puede observarse que el porcentaje de hogares que padecían alguna condición habitacional deficitaria experimentó cierta disminución en el periodo (del 37,4 % al 30,7 %). La situación en el aglomerado urbano más grande del país siguió esa misma tendencia, pero con un énfasis menor (30,2 % a 26,1 %). En tanto, el decrecimiento relativo del déficit en la Ciudad de Buenos Aires (-12,7 % vs -7,0 %) fue más significativo que en los partidos del Gran Buenos Aires. Entre los censos de 2001 y 2010, la magnitud relativa de los hogares en situaciones habitacionales deficitarias apenas experimentó una ligera disminución (de entre 1 y 2 puntos porcentuales), tanto en el total del país como en el Área Metropolitana de Buenos Aires. A pesar de ello, el déficit en términos absolutos aumentó en ambas jurisdicciones.
Estos datos condensan procesos históricos y reflejan cuestiones demográficas y políticas. Entre las primeras, quizá la más significativa es que mientras en 2010 –para el total país– se registró un crecimiento poblacional del 10,6 %, el número de hogares creció un 20,8 %. Asimismo, entre 2001 y 2010, los hogares crecieron a un ritmo de 209.805 por año; en tanto que las viviendas particulares ocupadas lo hicieron a razón de 160.484. Ambas cuestiones ponen en evidencia nuevas y crecientes necesidades de vivienda a nivel de los hogares.
Nuevos interlocutores en la mesa: descentralización y focalización de las políticas habitacionales.
En el contexto de la reforma del Estado, se intensifica la secuencia de reformas descentralizadoras que se inicia en Argentina a fines de la década de 1970. La descentralización representó la estrategia predominante en materia de cambios en las políticas sociales que operó con fuerza en el sector vivienda[6]. El puntapié inicial lo marcó la descentralización del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI), en agosto de 1992. Este proceso modificó la dinámica intraburocrática de los organismos, contribuyendo a definir una nueva institucionalidad[7] . Hacia fines de la década de 1990, la composición de la inversión en las diferentes jurisdicciones mostraba estrategias diversificadas de asignación del recurso FONAVI. De este modo, el modelo de política habitacional que se instituyó en los años noventa, aunque apoyado en el predominio de la construcción de vivienda nueva, comenzó a experimentar cierto nivel de diversificación con experiencias puntuales destinadas al mejoramiento del parque habitacional existente y la regularización dominial.
Entre las políticas de regularización dominial, en cuanto a las iniciativas nacionales del período, se destacó el programa Arraigo. Una de las acciones iniciales del primer Gobierno del Dr. Carlos Menem (1989-1995), en el marco de la Ley Nacional de Tierras N.° 23967/1989, fue la sanción de los decretos de las leyes N.° 1001/1990 y N.° 2441/1990, que autorizaban la venta y transferencia de tierras fiscales nacionales a sus ocupantes[8]. El Decreto de Ley N.° 2441/1990 permitió, en concreto, la creación de la Comisión de Tierras Fiscales Nacionales y el programa Arraigo, que emprendió “la regeneración urbana a través de la implementación de proyectos que atiendan la instrumentación de servicios básicos de infraestructura”[9]. El programa Arraigo se implementó a partir de la venta colectiva de tierra a organizaciones sociales de sus habitantes, mediante la cual se intentaron obviar requisitos como las subdivisiones, los arreglos normativos y los proyectos urbanos propios de las transferencias individuales[10]. Se planteaba que, una vez realizada la subdivisión y la urbanización a cargo de la organización social, esta transferiría las tierras a cada una de las familias.
La descentralización de los años noventa tuvo, también, como otro de sus correlatos la introducción de la dimensión participativa en el diseño de las políticas de hábitat como un efecto de la ampliación de interlocutores, que coadyuvó a la diversificación de propuestas de producción y gestión del hábitat. Por último, durante la década de 1990, con los sectores medios como principales beneficiarios, estas actuaciones urbanas se completaron con la construcción de edificios en altura ubicados en zonas centrales de las ciudades como resultado de la aplicación de créditos hipotecarios del Banco Hipotecario Nacional o de la banca privada. Entre 1991 y 2001 el crédito hipotecario creció 136 % en términos reales y los plazos se extendieron, pero esta mejora se dio a la par de la casi plena dolarización de las operaciones, que alcanzó un 96,4% del total hacia 2001. Los beneficiarios de este tipo de crédito fueron las clases medias y altas, respaldadas por empleos formales. Esta dinámica mostraba un riesgo a mediano plazo tanto para las entidades bancarias como para los deudores. En el primer caso, debido a que los depósitos eran percibidos en pesos, y los créditos, otorgados en dólares. Y en el segundo caso, porque existía un descalce entre la moneda en que se percibían los salarios y la que se utilizaba para honrar las cuotas. Si bien el BHN fue privatizado, en teoría mantenía su objetivo de desarrollar actividades de promoción social en el área habitacional. Sin embargo, en la práctica cambió sus metas focalizándose en el segmento de ingresos medios. A partir de dicha transformación, la banca estatal pierde participación en el sector de créditos hipotecarios.
La bonanza se vio interrumpida con el nacimiento de la nueva centuria y el estallido en el año 2001 de una de las crisis sociales, económicas e institucionales más profundas que atravesó la Argentina en el siglo XX. En el período, se reconocen dos tendencias complementarias: por un lado, los requerimientos de vivienda crecen en magnitud. Por el otro, se concentran territorialmente, reforzando los procesos de segregación urbana. De este modo, a partir de mediados de la década de 1970, el “proceso de Reforma del Estado, sumado a los cambios ocurridos en el mercado de trabajo y en la regresiva estructura de distribución del ingreso produjeron importantes modificaciones en las formas a través de las cuales los sectores de menores ingresos acceden al hábitat”[11]. Como resultado, se configura un conjunto de necesidades habitacionales que hasta el día de hoy permanecen desatendidas, consolidando el escenario de crisis habitacional estructural.
Nuevo giro recentralizador: políticas habitacionales en la posconvertibilidad. (2003-2015)
El ocaso de la década de 1990 y sus políticas se oculta tras el telón de la profunda crisis económica, social y política que azotó a la Argentina entre 2001 y 2002. Por entonces, ya era evidente que la liberalización de los mercados y el crecimiento económico que acompañó a la década de 1990 no se expresaban en una mejor distribución de la riqueza ni en una disminución de los índices de pobreza[12]. La economía declinaba profundamente. Con una marcada depreciación del peso desde su flotación y una política monetaria poco definida, Argentina experimentó una significativa inflación por primera vez desde 1991. El derrumbe del Plan de Convertibilidad, la inmovilidad de los depósitos bancarios, el default en la deuda externa, altas tasas de inflación, la contracción de la actividad económica y la devaluación del tipo de cambio acarreaban severas consecuencias para los sectores medios y los de menores ingresos.
En ese complejo marco, organismos diversos, como la Cámara Argentina de la Construcción y la Unión de Trabajadores de la Construcción, sectores gremiales y sociales coordinados con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Redes de ONG, entre otros, concurrieron en precisar la importancia del sector habitacional en la reactivación económica, la integración social y la gobernabilidad. Asimismo, se intentó priorizar el fortalecimiento de programas sociales dirigidos a la emergencia habitacional y la finalización de viviendas en ejecución avanzada del sistema FONAVI, como medio de reactivación del empleo y trabajo en la construcción y como satisfactores sociales inmediatos en la crisis. Como respuesta, el Gobierno del presidente Néstor Kirchner implementó un giro recentralizador en la política habitacional. Los programas habitacionales y de infraestructura urbana y territorial se concentraron en un área clave con nivel ministerial, con el sostén de las inversiones como motor de las políticas de empleo y contención social impulsadas para paliar la crisis, otorgándole nuevamente un rol central a la obra pública. La producción de vivienda fue concebida, nuevamente, como un eslabón de esa cadena.
En un marco en el cual las intervenciones del FONAVI se vuelven cada vez más inespecíficas y residuales, el Gobierno nacional definió dos orientaciones –desigualmente priorizadas– en la política habitacional, ambas financiadas con recursos del superávit fiscal. Por un lado, el Programa Federal de Construcción y Vivienda (PFCV), pieza clave de un esquema general de dinamización económica. Por otro, el Programa Federal para la Emergencia Habitacional PFEH (Techo y Trabajo), que integró el stock de herramientas producidas en el marco de la relación política con movimientos sociales de base territorial –en especial, el movimiento piquetero– y con los municipios, para el abordaje territorializado de la pobreza. Bajo las pautas e intervenciones del PFCV, después de décadas de una notoria ausencia de lineamientos, la política federal de vivienda marcó un punto de inflexión en la visibilidad y relevancia en la agenda pública. A pesar del aumento en la producción, las iniciativas no pudieron dar respuesta a todos los requerimientos habitacionales que hubiera exigido cuadruplicar el volumen de la intervención.
Financiarización y crisis de la política habitacional nacional (2015-2019)
El Gobierno nacional de Cambiemos (2015-2019) detuvo la ejecución de los PFCV planes federales de vivienda e impulsó una profunda reorientación de la política sectorial. Si los años de los gobiernos kirchneristas habían devuelto la cuestión habitacional al centro de la escena pública y al Estado como un actor clave en la promoción de soluciones, el macrismo reorientó las acciones hacia la promoción de instrumentos financieros que facilitaran el acceso de la vivienda. En 2012, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner inauguró el Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar.). Al tiempo que la política de los PFCV se desaceleraba, el Pro.Cre.Ar. reabrió una línea de acción sectorial apoyada en el crédito hipotecario, apalancado en el subsidio público a la demanda. Con la llegada de Cambiemos al Gobierno nacional, el Pro.Cre.Ar. tuvo un golpe de timón que marcó el derrotero de una nueva política crediticia. Durante la administración de Cristina Fernández este programa había significado para los sectores medios y medio-bajos la posibilidad de regresar al mercado del crédito (con un alto componente de subsidio), aun cuando continuara desatendiendo la cuestión del suelo. La nueva administración, en cambio, reorientó la herramienta del crédito con base en una fuerte articulación con el sector financiero.
El Gobierno de Mauricio Macri impulsó una fórmula que combinaba ahorro y préstamo en las denominadas Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), unidad de medida creada por el Banco Central de la Nación para promover el crédito hipotecario. De este modo, la deuda quedaba fijada en UVA y atada al Coeficiente de Estabilidad de Referencia (CER) con base en la evolución de la inflación. La política tuvo una promoción masiva por parte de la administración del expresidente Macri y también por la banca pública y privada. Sus alcances parecían prometedores: en un contexto de inflación contenido, la cuota a pagar experimentaría un significativo descenso, y los plazos, una extensión de veinte a treinta años. Sin embargo, el optimismo del nuevo gobierno no tardó en desmoronarse. La fuerte depreciación de la moneda nacional y la aceleración de la inflación puso una vez más en claro que la vivienda propia era, sin lugar a duda, una ilusión efímera. Para los y las titulares de los créditos, pagar la cuota “se volvió una pesadilla”, “significa todo el sueldo” o implica “dejar de pagar los impuestos para hacerle frente”. La herramienta mostró rápidamente sus límites técnicos, así como sus límites sociales.
Finalmente, Cambiemos intensificó los vínculos con los organismos multilaterales de crédito en la implementación de la política sectorial. A pesar de ello, es posible resaltar la continuidad del Programa de Mejoramiento de Barrios (Promeba), que se implementa en nuestro país desde 1995. Se abrieron así nuevas iniciativas de gestión multilateral: el Programa Integral de Hábitat y Subsidio a la Vivienda, financiado por el Banco Mundial con contraparte del Tesoro Nacional, cuyos objetivos fueron incrementar el acceso a la infraestructura y los servicios básicos en asentamientos urbanos precarios y el acceso a la vivienda para los hogares de menores ingresos. La iniciativa se articuló con la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y la sanción del Régimen de Integración Urbana y Regularización Dominial (Ley N.° 27453/18).
Fragmentación y debilidad de la acción pública frente a la persistencia estructural de la cuestión habitacional
En el período que indaga el trabajo, desde los primeros años de la recuperación democrática hasta 2019, hemos visto cómo la política habitacional en Argentina ha experimentado periódicas transformaciones y momentos de crisis relacionados con la dinámica macroeconómica y los vaivenes que responden a los cambios de orientación política de los gobiernos. En este contexto, con la reforma del Estado –descentralización mediante–, y a pesar de la creación del sistema federal de vivienda en los años noventa, la política habitacional se ha venido fragmentando y debilitando. Asimismo, han surgido organismos, programas y acciones en los distintos niveles de gobierno, que complejizan y mellan una organización administrativa consistente.
Retomando el periodo en forma global, cabe señalar que el derrotero transitado no convirtió a la cuestión del alquiler –una forma de resolución del acceso a la vivienda crecientemente extendida– en objeto de políticas públicas. En este sentido, nunca se produjeron formas de financiamiento y producción de parque público destinadas al alquiler social. De hecho, hubo que esperar a la asunción del nuevo Gobierno nacional (en el año 2019) para que se sancionara una Ley de Alquileres que, con gran controversia, regula algunos aspectos puntuales de la dinámica mercantil del alquiler formal.
El crédito hipotecario público de escala y sostenido también constituye otra gran ausencia del período, sin duda, constreñido por las sucesivas definiciones de la micropolítica económica, las crisis cíclicas y la debilidad creciente de la moneda nacional.
Finalmente, la participación en el diseño, implementación y evaluación de políticas y programas junto con la diversificación de modelos productivos del hábitat fueron una característica que marcó un cambio cualitativo asociado con la territorialización de la implementación de las políticas, con experiencias significativas como la ley 341 y su programa de autogestión de la vivienda en ciudad de Buenos Aires[13], y que llegó para poner en debate y desafiar el perfeccionamiento de las instituciones democráticas.
En síntesis, las distintas soluciones desplegadas se han vinculado más con el sostén de la gobernabilidad, que fue variando de acuerdo con los programas, orientaciones políticas y condiciones contextuales de coyuntura, sin tocar las condiciones estructurales. El déficit habitacional, en términos absolutos, continúa con mínimas variaciones desde hace cuatro décadas.
María Mercedes Di Virgilio es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales (UBA). Es profesora titular regular de Metodología de la Investigación Social en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), investigadora principal del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). En 2019 ganó la plaza de profesora invitada del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del MIGRINTER de la Universidad de Poitiers, Francia.
María Carla Rodríguez es licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales (UBA), profesora titular de la materia Procesos Sociales y Urbanos (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Es investigadora independiente del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). Desde 1991, impulsora del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI). Desde 2020 es integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).
[1] Yujnovsky, O (1984). Claves políticas del problema habitacional argentino, 1955-1981, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano.
[2] García, M.G y Fernández, D (2015) “Políticas de vivienda en Argentina desde una perspectiva histórica”, Nota técnica de la Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo, N.° 102
[3] Ballent, A y Liernur, J.F (2014) La casa y la multitud: vivienda, política y cultura en la Argentina moderna, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
[4] Gargantini, D (2013) Revisión histórica de las políticas de vivienda argentinas implementadas como respuestas a la problemática socio habitacional, recuperado de, https://blog.ucc.edu.ar/ssh/files/2012/03/Revisi %C3 %B3n-hist %C3 %B3rica-de-pol %C3 %ADticas-habitacionales_Gargantini.pdf
[5] Lascano, C: La problemática de la tierra en el Conurbano Bonaerense, Documento de Trabajo de la Fundación Vivienda y Comunidad, N.º 1, 1988, Ciudadela.
Pucci, L: “Regularización dominial y urbanística de asentamientos ilegales y gestión municipal en el Conurbano de Buenos Aires”, Seminario sobre la problemática de regularización dominial en América Latina organizado por FEDEVIVIENDA, 1994, Bogotá, Mimeo.
[6] Repetto, F y Alonso,G: La economía política de la política social argentina: una mirada desde la desregulación y la descentralización. CEPAL, División de Desarrollo Social, 2004, Serie Políticas Sociales N.° 97, https://repositorio.cepal.org/handle/11362/6088
[7] Catenazzi, A y Di Virgilio, M.M y colab. de Saudino, M (2006): “La ciudad como objeto de la política social”, en Luciano Andrenacci (comp.), Problemas de política social en la Argentina contemporánea, Buenos Aires, Universidad Nacional de General Sarmiento-Prometeo, (pp. 365-451)
[8] Herzer, H; Di Virgilio, M.M Lago Martínez, S; Lanzetta, M; Redondo, A y Rodríguez, M.C (1998). “Hábitat popular, organizaciones territoriales y gobierno local en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Análisis comparativo de dos estudios de caso”, Informe final del Proyecto UBACyT CS032 del Área de Estudios Urbanos del Instituto de investigación Gino Germani, programación 1995-1997.
[9] Clichevsky, N (2003). Pobreza y acceso al suelo urbano. Algunas interrogantes sobre las políticas de regularización en América Latina. CEPAL. Serie Medio Ambiente y Desarrollo N.° 75. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/5780-pobreza-acceso-al-suelo-urbano-algunas-interrogantes-politicas-regularizacion
[10] Clichevsky, N (1999). Políticas de regularización en Argentina: entre la euforia y la frustración, Buenos Aires, CONICET-Universidad de Buenos Aires-Mimeo.
[11] Di Virgilio, M.M y Rodríguez, M.C (2009). “Idas y vueltas: el derrotero de las políticas descentralizadas de producción de vivienda social en las principales áreas metropolitanas de Argentina”, Ecuador Debate. La cuestión de la vivienda hoy, N.° 76 (pp. 75-92)
[12] Clichevsky, N (2002).Tierra vacante en ciudades latinoamericanas, Canadá, Lincoln Institute of Land Policy,
[13] Rodríguez, M.C y Zapata, M.C (2020): “Organizaciones sociales y autogestión del hábitat en contextos urbanos neoliberales. Íconos”. Revista de Ciencias Sociales, (67), (pp.195-216) https://doi.org/10.17141/iconos.67.2020.3964