Por Cristian Acosta Olaya y Sebastián Ronderos
El próximo viernes 21 de junio será la segunda vuelta electoral en Colombia, luego de una campaña muy intensa. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentan en una contienda que pone “en juego dos modelos de país radicalmente distintos”, señalan Cristian Acosta Olaya y Sebastián Ronderos. En este sentido, los autores explican que están, “por un lado, las promesas enarboladas por las víctimas de la violencia política y los promotores de la justicia social, que buscan dar continuidad a los esfuerzos de paz, un camino lleno de tropiezos y de opositores.” Por el otro lado, observan los autores, se encuentra “la reivindicación de un programa que suena a un pasado no tan distante, centrado en el orden y la seguridad, dos ingredientes que durante décadas arrojaron resultados efectistas: numerosas ‘bajas en combate’ a cambio de un costo que, por ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz ha cuantificado en más de 7.000 ‘falsos positivos’.”
I
En 1994, el senador Manuel Cepeda Vargas fue asesinado en Bogotá mientras se dirigía al Congreso colombiano. Era uno de los últimos líderes sobrevivientes de la Unión Patriótica (UP), un partido de izquierda nacido de uno de los tantos procesos de paz sostenidos entre el gobierno y las extintas FARC-EP. Por el exterminio de sus militantes, Colombia fue condenada en 2022 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó, entre otras cosas, que la narrativa del “enemigo interno” fue uno de los articuladores discursivos que durante años alimentaron el ciclo de violencia simbólica y física ejercida, con la complacencia del Estado, contra más de 6.000 miembros de la UP.
Treinta y dos años después, el hijo de Cepeda Vargas, el senador Iván Cepeda, con más de una década de experiencia en el cargo y una trayectoria política que reivindica las promesas de justicia social y de paz, se enfrentará el próximo 21 de junio, en una segunda vuelta presidencial, al candidato autodenominado outsider Abelardo de la Espriella.
De la Espriella es un abogado que ha construido su fama, su riqueza y su prestigio defendiendo a personajes polémicos. Jefes paramilitares, el testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, el creador del mayor esquema Ponzi de la historia de Colombia, David Murcia, e incluso el ex presidente Álvaro Uribe Vélez figuran en su lista de clientes. Su campaña se distingue por ser un espectáculo de fuegos artificiales, saludos marciales y apropiación de símbolos nacionales (como la camiseta de la selección de fútbol) que, con el uso repetido del eslogan “defender la patria”, insiste en promesas como achicar el Estado, implantar una “mano de hierro” y, más inquietante a la luz del pasado reciente, “destripar a la izquierda”.
Con estas promesas obtuvo, el pasado 31 de mayo, el 43,7% de los votos, mientras que Cepeda quedó segundo con el 40,9%. Fue una sorpresa para quienes habían pronosticado el escenario opuesto y, además, una diferencia más holgada en favor del candidato de izquierda. Entre tanto, la candidata oficial del uribismo, Paloma Valencia, y los candidatos de centro, Sergio Fajardo y Claudia López, apenas sumaron, en conjunto, diez puntos porcentuales. En la primera vuelta, al menos 17,5 millones de personas (el 42,12% del padrón electoral) se abstuvieron de acudir a las urnas, en un país donde el voto no es obligatorio; una cifra que, aunque elevada, es de las más bajas registradas en los últimos años.
Más que una segunda vuelta, las elecciones colombianas ponen en juego dos modelos de país radicalmente distintos. Por un lado, las promesas enarboladas por las víctimas de la violencia política y los promotores de la justicia social, que buscan dar continuidad a los esfuerzos de paz, un camino lleno de tropiezos y de opositores. Por el otro, la reivindicación de un programa que suena a un pasado no tan distante, centrado en el orden y la seguridad, dos ingredientes que durante décadas arrojaron resultados efectistas: numerosas “bajas en combate” a cambio de un costo que, por ahora, la Jurisdicción Especial para la Paz ha cuantificado en más de 7.000 “falsos positivos”.
Abelardo de la Espriella es el representante local de una retórica que no deja de cobrar fuerza en América Latina y en el mundo. Su éxito electoral refleja el arraigo que la narrativa del orden y la seguridad conserva todavía hoy en la población colombiana, que enfrenta, al igual que los países vecinos, el asedio de grupos criminales transnacionales que han sofisticado su accionar y sus modelos de negocio. Es un candidato que, en cuestión de meses, ha pasado de ser una figura pública provocadora y con resonancia mediática al calor de los escándalos judiciales a convertirse en el más votado de las elecciones recientes, con posibilidades de ser el próximo presidente de Colombia.
Su éxito, sin embargo, no se ha construido en el vacío. Por un lado, ha seguido el libreto de la nueva derecha internacional: adopta la estética aspiracional de Nayib Bukele, la bravuconería bestiaria de Javier Milei (de ahí que se autodenomine “el Tigre”) y la retórica trumpista de la obscenidad transgresora. Un posicionamiento que ha conseguido gracias a la cuidadosa estrategia de la industria de la influencia que asesora su campaña y promueve su figura en las redes sociales, aprovechando además el discurso inflamatorio que privilegian los algoritmos. Las promesas de encarcelar y aniquilar a sus oponentes, o la destilación de aporofobia, machismo y misoginia en forma de espectáculo, son solo algunos de los recursos con los que ha labrado su presencia mediática, dentro y fuera de la red.
II
La respuesta a por qué triunfa Abelardo de la Espriella tiene que ver con algo más que su desempeño en las redes sociales.
Si bien muchos de los rasgos extravagantes de su campaña son visiblemente foráneos (una fórmula, en todo caso, por ahora eficaz), su figura se sostiene también gracias a elementos predominantes de lo nacional-popular, muy propios de Colombia. La larga historia de violencia política del país, que configuró un escenario bélico prolongado y dominado por actores armados, desembocó, en los albores del siglo XXI, en la presidencia de Álvaro Uribe Vélez. Durante su mandato, entre 2002 y 2010, Uribe cristalizó un sentido común “contrainsurgente” en el que hasta las diferencias manifestadas democráticamente se volvieron sospechosas y merecedoras del estigma automático de “terroristas”.
Fue un hito político que, a su vez, sostuvo un modelo económico que situó al país entre los más desiguales del mundo, y que respondió a cualquier impugnación democrática de ese orden, ya viniera de estudiantes, periodistas, opositores políticos o defensores de derechos humanos, con persecución, vigilancia, cárcel, autoexilio y hasta la muerte. La figura del “enemigo interno” no es nueva, pero ha dejado secuelas profundas: la fórmula de la “seguridad democrática” consolidó, en tiempos de Uribe, sentimientos reaccionarios que situaron la diferencia política como una amenaza.
Son sentimientos que todavía tienen arraigo en la población colombiana y que hoy ponen en vilo la continuidad en el poder de una izquierda que apenas hace cuatro años llegó por primera vez a la presidencia.
Es cierto que la firma de los Acuerdos de Paz de 2016, entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP, horadó esos sentidos comunes heredados de la época más cruel de la mano dura, aunque se tratara también de un proceso con marcadas resistencias. El plebiscito por la paz, que buscó refrendar en las urnas el resultado de las negociaciones, obtuvo en octubre de ese año un resultado negativo. Más tarde, desde 2018, un nuevo gobierno uribista se encargó de erosionar los escasos logros del Acuerdo que había desmovilizado a una de las guerrillas más longevas del hemisferio occidental. Pese a esos reveses, el escenario político de 2022 explica, en parte, la llegada del primer gobierno progresista de la historia de Colombia. Gustavo Petro llegó, en efecto, a la Casa de Nariño con la promesa del “Gobierno del Cambio”: la reducción real de la desigualdad, la búsqueda de la paz y el respeto a la vida pública de sujetos históricamente excluidos, movimientos sociales, víctimas de la violencia política, poblaciones marginalizadas, todos ellos portadores de demandas legítimas.
Quizá uno de los grandes problemas de su gobierno, que finaliza el próximo 7 de agosto, haya sido precisamente no saber modular la aversión a la diferencia política de quienes percibieron en él un descuido sistemático de la seguridad en los territorios golpeados por la criminalidad organizada. De ahí la facilidad con que reemergió la imaginería del “enemigo interno” y las voces que vuelven a apostar por el viejo legado de la mano dura, cuya eficacia es hoy dudosa por dos razones. Por un lado, la compleja atomización de grupos armados que han diversificado sus modelos de negocio más allá del narcotráfico; por el otro, la sofisticación de sus formas de operar a escala nacional e internacional, como auténticas empresas transnacionales del crimen, sostenidas y articuladas por el uso de tecnologías de avanzada.
La política de Paz Total del gobierno de Petro buscó desmontar esa herencia del combate armado implacable a toda costa, legado del uribismo, mediante la apertura de mesas de negociación con todos los actores armados y criminales, de cualquier signo y vertiente. Y aunque el objetivo fuera loable, su ejecución problemática y fallida produjo el efecto contrario: la reivindicación del viejo securitismo, centrado en “dar plomo” y desplegar a las fuerzas militares en las zonas más vulnerables del país para recuperar el orden, “por la razón o por la fuerza”, como arenga de la Espriella.
En efecto, la permanencia del crimen organizado, del narcotráfico y de agrupaciones que aún hoy se consideran herederas del legado insurgente del siglo pasado permite constatar una rápida recomposición simbólica de un “enemigo” antinacional, al que se suma la figura del “presidente guerrillero”, como la oposición tildó una y otra vez a Petro en estos cuatro años, y que estigmatiza incluso al candidato Iván Cepeda como guerrillero, por el solo hecho de provenir de un partido progresista y ser hijo de un militante de la UP.
Conviene tener en cuenta que el discurso securitista tiende a eclipsar otros elementos más complejos de la realidad colombiana contemporánea. La reivindicación de lo público, la educación universal y gratuita, la salud gestionada desde el Estado, las pensiones dignas y los subsidios sociales a los más necesitados, todas estas medidas prometidas por el gobierno de Petro, no fueron interpretadas por una parte considerable de la población y de la clase política como un camino a seguir. Al contrario, se las leyó como una mera apología de la corrupción y el clientelismo, y en ello el ecosistema mediático cumplió un papel decisivo al amplificar las narrativas que tachaban de insuficientes incluso a los logros más modestos. Y es que, con la férrea implementación de las recetas neoliberales desde comienzos de los años noventa, la sociedad colombiana terminó por articularse en torno a una concepción profundamente ajena a lo común y lo público, convencida sin más de la eficiencia de la gestión privada.
En este sentido, los reveses del gobierno, sobre todo en relación con las reformas tributaria y de salud, no fueron solo producto de un Poder Legislativo hostil a sus medidas. Esos fracasos son también fruto de una retórica cristalizada en la sociedad colombiana que desestima la cosa pública y reivindica, en contraste, la administración supuestamente aséptica de los recursos. De ahí que haya calado tanto el diagnóstico de que, pese a los buenos números macroeconómicos con que se irá el gobierno de Petro, el país está en una “crisis terminal”, y de que, por lo tanto, de la Espriella encarne la figura de un “cirujano” que vendría a salvarlo de la debacle provocada por la “irresponsabilidad fiscal” del Gobierno del Cambio.
III
De tal manera, los elementos discursivos que de la Espriella moviliza reactivan sentidos comunes sedimentados en la sociedad colombiana, elementos que, por desgracia, no lograron transformarse en el último cuatrienio. Ahora bien, si el gobierno de Gustavo Petro puede entenderse efectivamente como el inicio de una transformación que exige una labor política, cultural e intelectual más honda y de más largo aliento, quedan por pensar los desafíos que enfrenta un proyecto progresista en Colombia, desafíos que conviene discutir a la luz del riesgo que el triunfo de Abelardo de la Espriella supone para la democracia del país. A partir de lo expuesto, proponemos pensar aquí solo tres:
1) ¿Cómo incorporar al discurso de las izquierdas colombianas la cuestión de la seguridad, disputando ese significante con argumentos y con hechos? Dicho de otro modo: ¿de qué manera dejar de ceder el monopolio del tópico securitario a los sectores más recalcitrantes del poder político colombiano? (Una pregunta que, creemos, vale también para otras experiencias políticas latinoamericanas.)
2) ¿Cómo reconstruir una percepción de lo público en Colombia que no desestime las demandas de transparencia, celeridad y eficiencia? ¿Qué tipo de estatalidad puede configurarse en una sociedad que, desde lugares muy distintos del espectro político y con motivaciones de lo más variadas, es tan reacia a la gestión centralizada de los recursos?
3) Por último, nos preguntamos: ¿qué régimen afectivo debe poner en juego la izquierda democrática colombiana para desarticular la equiparación entre la justicia social, por un lado, y la “crisis económica” o epítetos como “castrochavismo”, “narcoterrorismo” o, sin más, “comunismo”, por el otro?
Estos desafíos, y las limitaciones a la hora de transformar los sentidos comunes sedimentados, con las desilusiones que todo lo anterior apareja, han facilitado la emergencia de un candidato como de la Espriella. Con todo, tampoco es soslayable el buen resultado electoral de Iván Cepeda, pese al limitado alcance de su campaña en la primera vuelta. En todo caso, sea el 7 de agosto, dentro de cuatro u ocho años, el desafío de construir una hegemonía distinta en el país tendrá que encararse de una vez por todas.
No se trata simplemente de apelar a la razonabilidad de la población colombiana. Se trata, en última instancia, de configurar un nuevo régimen afectivo, uno que no desconozca los elementos más retardatarios y reaccionarios del país y que, en cambio, se proponga construir una nueva hegemonía capaz de hacer algo nuevo con aquello que la colombianidad, en cuanto tal, le ofrece.
Cristian Acosta Olaya es docente de teoría política e investigador asistente del CONICET con lugar de trabajo en la Universidad Nacional del Chaco Austral, Argentina.
Sebastián Ronderos es Profesor e investigador de ciencia política y filosofía en la Universidad de Namur, Bélgica.
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