Por Daiana Andrea Capdevila e Iván Gabriel Dalmau
Sin dudas, para el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo la química resulta una disciplina científica especialmente relevante. ¿Pero acaso las ciencias sociales y humanas no explican los motivos por los cuales las empresas vierten sus desechos en la cuenca y los gobiernos lo permiten? ¿No nos permiten vislumbrar que muy posiblemente los desechos no se volcarían del mismo modo si los propios empresarios vivieran sobre la cuenca? A la luz de estos interrogantes, Iván Dalmau y Daiana Capdevila exponen que para que seamos nosotros, y no otros, quienes pensemos nuestros problemas, debemos desarrollar una política científica integral.
“El desarrollo tecnológico y la investigación en asuntos estratégicos es la prioridad de la inversión en ciencia de este Gobierno, mientras se eficientizan los recursos a partir de la eliminación de gastos innecesarios en áreas sociales o politológicas”[1]
Javier Milei (Comunicado Oficial, Oficina del Presidente de la República Argentina, enero de 2026)
Es indudable que la situación en la que se encuentra la Cuenca Matanza-Riachuelo constituye un problema que requiere una resolución urgente; no solo por nivel de contaminación del agua, sino además por la cantidad de población que se encuentra afectada[2]. Sobre este punto, el “lugar común” según el cual la inseguridad hídrica es un problema que atañe pura y exclusivamente a la expertise y el conocimiento producido por profesionales del campo de las denominadas ciencias naturales, parece darse la mano con la distinción presente en la cita del presidente de la República que hemos colocado como epígrafe. Puesto que, al sector de la ciencia en la que “vale la pena invertir” se le contrapone el “gasto innecesario” destinado a las ciencias sociales. Sin embargo, cabe destacar que el actual ajuste sobre el sistema científico-tecnológico aqueja a todas las disciplinas y tiene, de hecho, como caso más resonante la política de desmantelamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Resulta ostensible que el avanzado proyecto de elaboración del reactor CAREM se acercaba más a, valga la redundancia, “el desarrollo tecnológico” que a “investigaciones de dudosa utilidad”[3] del campo de las humanidades, parafraseando las afirmaciones del por entonces vocero presidencial Manuel Adorni mediante las que buscaba legitimar la política de recorte presupuestario al inicio del mandato de Javier Milei.[4]
Ahora bien, en sentido estricto no es nuestro objetivo señalar las contradicciones entre el discurso presidencial y las políticas implementadas, ni mucho menos reproducir alegremente la contraposición entre ciencias naturales y ciencias sociales. ¿La fragmentación de la fuerza de trabajo y la ubicación de los clivajes políticos al interior de los sectores populares no constituye, acaso, una de las tácticas fundamentales mediante las que se articula el programa de sociedad al que apunta la racionalidad neoliberal? ¿No se trata de eso, en cierto modo, la crítica al “modelo de la casta”? Por el contrario, nos proponemos mostrar el carácter multidisciplinario de los saberes requerido para el desarrollo de las políticas públicas.
En primer lugar, resulta insoslayable que si del análisis y la detección de los niveles de contaminación del agua se trata, nadie pondría en duda la relevancia del conocimiento producido por las ciencias químicas y del generado por lo que –en sentido amplio– se engloba bajo la rúbrica de “saberes biomédicos”. Ya que, de un modo un tanto esquemático podría decirse lo siguiente: es el estudio de nuestro organismo –en tanto seres vivos– el que permite establecer el carácter pernicioso para la salud de la ingesta de determinadas sustancias, mientras que es la química la disciplina que se ocupa del estudio de las características de estas sustancias “en sí mismas” (más allá de su efecto en nuestro organismo) y puede, entonces, desarrollar herramientas para la detección de su presencia y concentración en el agua u otro fluido. Pero, por otro lado, consideramos que si el tratamiento dado al problema de la inseguridad hídrica se reduce a su dimensión químico-biológica se ocasionaría la siguiente situación: si bien echaríamos luz sobre la presencia de sustancias químicas como causa de la contaminación del agua, dejaríamos en un cono de sombras el entramado social, económico, jurídico y político, que posibilitó que dichas sustancias fueran vertidas en la Cuenca. Por lo tanto, de proseguir por esa vía, daríamos lugar a un diagnóstico limitado que peligrosamente invisibilizaría la trama histórica y la dinámica de las relaciones de poder que se encuentran a la base del problema. Al confundir “lo necesario” con “lo suficiente”, forjaríamos un diagnóstico de la situación en que resultarían invisibilizadas “las causas” (sociales) de “la causa” (química) del problema (la contaminación del agua).
Por el contrario, al indagar “las causas de la causa”, disciplinas como la sociología y la historia económica, podrán dar cuenta de las actividades productivas que se han desarrollado en las zonas linderas a la Cuenca y, en dicho contexto, dar el marco para llevar a cabo el análisis específico respecto de cuáles son las empresas que actualmente vierten irresponsablemente residuos químicos al agua. Si bien, claro está, se trata de un problema de larga duración que se remonta –al menos– a las actividades de los saladeros de principios del siglo XIX. Pero, además, el conocimiento producido por dichas disciplinas permitiría ubicar esta práctica en el escenario actual dentro de un entramado de relaciones asimétricas de poder, configurado por las empresas que abaratan costos mediante la eliminación irresponsable de residuos, las y los vecinos de la zona que padecen de manera directa la inseguridad hídrica, y los distintos niveles y poderes del Estado que no han logrado dar una respuesta definitiva a la cuestión. Asimismo, si tenemos en cuenta que la contaminación no se debe solo al vertido de sustancias químicas de origen industrial, sino que además se liga a la presencia de desechos orgánicos vinculados a la falta de un tendido de la red cloacal adecuado a la densidad poblacional que habita la zona, cobra relevancia la responsabilidad del Estado y de las empresas de servicios públicos.
Dada la antigüedad del problema, se tornan relevantes los aportes de una disciplina como la historia política para dar cuenta de dos cuestiones: por un lado, a partir de qué momento cobró estatuto público la contaminación del Riachuelo y, a su vez, cómo fue problematizada a lo largo de la historia. Puesto que, justamente, dichas formas de problematización no han dado lugar a la implementación de políticas públicas que dieran solución a la cuestión. En este contexto, se torna insoslayable que disciplinas “alejadísimas” de la inmediatez de la vida cotidiana y el abordaje “útil de asuntos estratégicos” como la historia sociocultural de la salud y la historia intelectual podrían contribuir a dar respuesta al reconstruir un hito fundamental como lo fueron las epidemias de cólera y de fiebre amarilla que tuvieron lugar a comienzos del último tercio del siglo XIX. Particularmente, estas áreas del saber permiten reponer la problematización del Riachuelo como “foco de contagio” y ubicar esa caracterización dentro del marco higienista y positivista que impregnó el proceso de formación y consolidación del Estado argentino moderno. En torno a lo cual, resulta ineludible que es en relación con el acontecimiento de la epidemia de fiebre amarilla de 1871 que se producirá un cambio demográfico que marcará a fuego la fisionomía de la ciudad de Buenos Aires, ya que es en ese momento que los sectores acomodados de la sociedad abandonan sus casonas del sur de la ciudad y se trasladan hacia su centro y norte para escapar del brote epidémico.
Quizás, por la manera en que marcó el perfil demográfico de la ciudad –que, con matices, continúa vigente– la citada epidemia que tuvo lugar hace 155 años posea una gran relevancia para dar con las razones por las cuales los modos de problematización de la contaminación del Riachuelo no han derivado en políticas que resuelvan la cuestión de fondo. ¿Acaso la falta del tendido cloacal, que afecta a los barrios populares del sur de la ciudad, no persiste como una de las causas de la contaminación de la Cuenca? ¿Persistiría esa precariedad de la infraestructura urbana si no se hubiera consolidado hace poco más de un siglo y medio una desigualdad estructural entre el norte y el sur de la ciudad? ¿Los empresarios verterían impunemente desechos en el agua si continuaran habitando en las zonas linderas a la Cuenca?
Ahora bien, si a la hora de diagnosticar el problema resulta peligrosa la confusión entre “lo necesario” y “lo suficiente”, consideramos que no menos peligrosas resultan las implicancias políticas de dicho reduccionismo epistemológico cuando se busca aportar soluciones. Tomemos, por ejemplo, un desarrollo tecnológico como el de los biosensores para evaluar la calidad del agua y la presencia de contaminantes. El objetivo de estos desarrollos pensados desde la dimensión “químico-biológica” es facilitar el acceso a la información de la calidad del agua, estableciendo alternativas más económicas y sencillas que los laboratorios centralizados que típicamente realizan estas mediciones en forma limitada con tiempos y costos altos. Debido a que las determinaciones mediante la utilización de biosensores pueden realizarse de forma muy simple, se postula que los usuarios mismos podrían ser capaces de obtener la información sobre la calidad del agua por su cuenta. Resulta palpable que la consideración de que el desarrollo de biosensores constituye “la solución” al problema, presupone a nivel epistemológico la reducción del fenómeno a su dimensión “químico-biológica”. Por ende, aporta una solución que se limita a facilitar el acceso a la información sobre la contaminación del agua, en lugar de promover una política integral que incluya la atención hacia las causas de la contaminación.
Una de las implicancias políticas del reduccionismo epistemológico señalado, lo constituye ni más ni menos que la lógica del “aseguramiento individual” –propia de la racionalidad neoliberal– que es replicada por la consideración de que una herramienta necesaria –los biosensores– es suficiente. Puesto que, en lugar de ser el Estado el que garantiza el acceso al agua potable, traslada esa responsabilidad hacia los particulares. Aun cuando el biosensor sea otorgado de manera gratuita, procurarse el agua potable cuando dicho instrumento indique que “la de la canilla” no es apta para consumo, implica que “cada cual” debe “hacerse cargo” de afrontar a título individual/familiar la situación. Lo que quiere decir que “la solución” al problema de salud pública recae sobre el accionar de quienes padecen la situación. De este modo, se consumaría una suerte de privatización de la salud pública, ya que una cuestión fundamental como el acceso al agua potable se convertiría en fruto de la libre decisión individual. Decisión que, en tanto libre, es incuestionable –en la medida en que “no violente el plan de vida de otro”– y que tiene como correlato la absoluta responsabilización de quien la ha tomado. Ya que, así como ante nadie debe justificarse por lo que hace o deja de hacer, ante nadie conserva el derecho a reclamar acerca de los efectos (por acción u omisión) de sus propias decisiones.
Por lo tanto, como contracara de la puesta entre paréntesis de los aspectos sociohistóricos del problema, se propondría como solución un dispositivo que se inscribe en la racionalidad política hegemónica. Esto es, la racionalidad neoliberal que promueve un programa de sociedad basado en la empresarialización de las relaciones sociales, anclado en la lógica del aseguramiento individual frente a los riesgos. En ese sentido, sostenemos que pretender dar solución al problema de la inseguridad hídrica exclusivamente mediante el desarrollo de biosensores conlleva el peligro de reproducir acríticamente dicha forma de racionalizar los vínculos entre el Estado, la sociedad y la economía. Prisma de reflexión política que permea el discurso del oficialismo nacional y que posee como cristalización a nivel institucional la formación del Ministerio de Capital Humano.
En torno a lo cual, querríamos enfatizar que, habida cuenta de las múltiples dimensiones que poseen los problemas, consideramos que las soluciones no pueden ser brindadas por una única área del saber, ni tampoco mediante una política científica integral, que promoviera la interacción entre las distintas disciplinas para la elaboración de diagnósticos que funcionen como herramientas de cara a la formulación de las políticas públicas. Se torna indispensable, además, cuestionar la grilla de inteligibilidad mediante la que se problematizan las políticas públicas y el programa de sociedad al que se apunta a través de ellas. Es decir que, resulta fundamental el aporte de disciplinas que se encuentran alejadas de la investigación empírica, como la filosofía, la historia conceptual y la teoría política. Por ende, en tanto consideramos que las ciencias pueden aportar herramientas potentes para la solución de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, pero que el abordaje de estos se inscribe siempre en una determinada forma de problematización (con sus supuestos epistemológicos e implicancias políticas); sostenemos que, más que el despliegue de una “política científica integral”, resulta fundamental la constitución de una “política (científica) integral”. Solo así podremos recuperar plenamente nuestra soberanía epistémica, en lugar de que sean otros –los think tanks alienados al establishment– los que piensen nuestros problemas por nosotros.
Daiana Andrea Capdevila es licenciada y doctora en Ciencias Químicas (UBA) y realizó su formación postdoctoral en la Universidad de Indiana, EE. UU. Investigadora Independiente del CONICET en FIL-IIBBA, Profesora Adjunta en la UNSAM. Su área de investigación es la fisicoquímica de las enfermedades infecciosas. Actualmente su línea de trabajo se centra en la evolución molecular de factores de transcripción bacterianos para aplicaciones en monitoreo ambiental y diagnóstico.
Iván Gabriel Dalmau es licenciado en Filosofía (UBA), licenciado y profesor en Sociología (UBA), doctor en Ciencias Sociales (UBA) y realizó el posdoctorado en Ciencias Sociales (UBA). Investigador Adjunto del CONICET en el IIGG-UBA, Profesor Adjunto en la UNSAM y Auxiliar Docente en la UBA. Su área de investigación es la filosofía y teoría política contemporánea. Actualmente su línea de trabajo se centra en los alcances y las potencialidades de la crítica foucaultiana del neoliberalismo.
[1] Recuperado de: https://www.argentina.gob.ar/noticias/comunicado-oficial-numero-129
[2] Retomamos algunas ideas que hemos desplegado en un trabajo escrito en un registro académico, que se encuentra actualmente en prensa. En esta intervención, para no sobrecargar la lectura, hemos optado por aludir genéricamente a subcampos de las ciencias en lugar de citar investigaciones en concreto.
[3] Discutir la noción de “utilidad” excede los objetivos de este escrito. Cabe destacar que nos encontramos abocados al tratamiento de dicha problemática mediante la elaboración de un breve artículo que esperamos poder compartir por este medio a la brevedad.
[4] Recuperado de: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/manuel-adorni-justifico-los-recortes-en-el-conicet-el-presidente-entiende-la-importancia-de-la-ciencia.phtml
Imagen de portada: El Riachuelo, de Collivadino, Pío (Argentina, Buenos Aires, 1869 – Argentina, Buenos Aires, 1945). Óleo sobre tela. Salón Nacional de Artes Plásticas, Museo Nacional de Bellas Artes.