Por Sofía Ardusso, Ludmila Azcue y Yanina Cobos
Los feminismos han sido parte del proceso de transformación de las universidades públicas en términos de ampliación de derechos. Asimismo, el diseño y la arquitectura desde una perspectiva de género permiten visibilizar aquellas violencias y discriminaciones que pueden obstaculizar el acceso y la permanencia de las mujeres y diversidades en el ámbito universitario. En esta nota, Sofía Ardusso, Ludmila Azcue y Yanina Cobos, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, presentan los desafíos y las posibles acciones en relación a la “construcción de instituciones educativas más inclusivas, plurales, seguras y accesibles para todas las personas”.
Las universidades públicas de nuestro país se vieron atravesadas por las implicancias, los sentidos y las significaciones de la masiva expresión de los feminismos en las calles a partir del primer Ni Una Menos en 2015. Si bien no puede desconocerse que desde que las mujeres pudieron acceder a estudios universitarios, los espacios de educación superior fueron escenarios claves de cara al desarrollo de los “estudios de la mujer”, los “estudios de género” y luego las teorías feministas, el 3 de junio de 2015 fue una fecha clave que da inicio al proceso de transformación de las universidades públicas para comenzar a pensarse desde una perspectiva de género.
Los feminismos irrumpieron en las universidades para cuestionar –y transformar– todo. ¿Cómo nos sentimos quienes no nos identificamos como “varones cis” cuando habitamos las instituciones educativas? ¿Qué barreras identificamos las mujeres y diversidades sexuales para permanecer en los espacios de educación superior? ¿Estos espacios son funcionales a nuestras demandas, necesidades y proyectos de vida? ¿Pueden diseñarse espacios universitarios que nos permitan sostener nuestros trabajos no remunerados –los reproductivos, de crianza y cuidados de otras personas–?
Los cuestionamientos feministas nunca sobreabundan. ¿Es posible (re)construir las universidades de modo que dialoguen con las necesidades de todos los géneros? ¿Cuáles deben ser las características de las oficinas donde funcionan las consejerías en derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos? ¿Y de aquellas donde se activan los protocolos ante casos de violencias por motivos de género en entornos universitarios? ¿La señalética de las oficinas puede realizarse con lenguaje inclusivo? Y ¿pueden pensarse baños sin distinciones de género?, ¿para el uso de personas con discapacidades?, ¿adecuadas para el cuidado y la higiene de las personas menstruantes? ¿Cómo desandar las representaciones sociales de funcionarixs y docentes que reproducen los mandatos de género?
Para comenzar a compartir algunas reflexiones y ensayar posibles respuestas a estas preguntas, desde un posicionamiento teórico-político feminista, es necesario tener en cuenta que la arquitectura, como parte de nuestra cultura capitalista-patriarcal, históricamente ha respondido a una cosmovisión androcéntrica, facilitando la permanencia de los varones cisgénero, heterosexuales y sin discapacidades visibles en los espacios públicos, confinando así a las demás personas en los espacios llamados “domésticos”. De esta manera, podemos anotar que se perpetúan las desigualdades sociales basadas en el género, enervando no solamente la construcción de los proyectos de vida de las mayorías, sino también de sociedades verdaderamente equitativas.
Ahora bien, ¿es posible trabajar la arquitectura y el diseño desde una perspectiva interdisciplinaria y sensible a las particularidades de todos los géneros? Las arquitectas Inés Moisset y Carolina Quiroga plantean que la actividad de diseño, concebida desde un abordaje transdisciplinar y feminista, garantiza el acceso a la cultura en condiciones de igualdad para todas las personas, pone en valor los aportes de las mujeres al patrimonio y a la arquitectura colaborando con “la construcción de nuevas nociones de sentido y de identidad”.[1]
Apuntando que es fundamental que el diseño cuente con la participación de las mujeres “como un proceso interdisciplinar y transversal” desde la primera etapa diagnóstica hasta la final evaluativa, Zaida Muxí junto a otras colegas arquitectas y urbanistas señalan: “La participación [de las mujeres] es imprescindible para comprender y visibilizar lo que ocurre en un espacio, para poner sobre el papel todo el conocimiento que acumula una comunidad sobre su propio territorio y concretamente, la experiencia de las mujeres en su vida cotidiana”.[2]
Una mirada con enfoque de derechos y perspectiva de género del diseño y la arquitectura nos permite cuestionar algunas de las manifestaciones sexistas de la estructura capitalista-patriarcal en la que nos hallamos inmersxs. Este enfoque también coadyuva con la visibilización de la importancia de incorporar las voces, experiencias y necesidades de mujeres y diversidades como instancia previa e insoslayable de cara a la construcción de espacios de educación superior más inclusivos, seguros, saludables y accesibles para todos los géneros. Este posicionamiento teórico-político-epistemológico puede colaborar con revertir los fenómenos de desigualdad social para así contribuir a que todos los colectivos sociales puedan tener acceso y representación en la proyección de los espacios públicos.
Trasvasando estas reflexiones a nuestro campo de acción/transformación, podríamos decir que repensar la infraestructura universitaria desde el feminismo requiere identificar aquellas violencias y discriminaciones que pueden obstaculizar el acceso y la permanencia de las mujeres y diversidades en el ámbito universitario. Para ello, es necesario construir un diagnóstico a partir de las experiencias de quienes conforman su comunidad: estudiantes, graduadxs, docentes y personal universitario.
De esta manera, una planificación de las obras universitarias con perspectiva de género y diversidad implica considerar las experiencias, demandas y expectativas históricamente invisibilizadas, con el objetivo de construir espacios e instalaciones sin discriminaciones basadas en el género y –en definitiva– más inclusivas, al generarse las condiciones físicas necesarias para facilitar la permanencia de todas las corporalidades e identidades.
Así pues, este trabajo pretende sistematizar una serie de exigencias que devienen impostergables para la construcción de instituciones educativas más inclusivas, plurales, seguras y accesibles para todas las personas, identificando a modo ilustrativo algunos de los debates y de las conquistas gestadas en la Universidad Nacional de Mar del Plata –ubicada al sudeste de la provincia de Buenos Aires– a partir de políticas, proyectos y acciones impulsadas desde su Programa Integral de Políticas de Género, así como desde la Secretaría de Políticas de Género y el Programa de Género y Acción Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la UNMdP.
Por un lado, en la medida que la vida universitaria suele coincidir con la etapa reproductiva de las personas, pero considerando también que el trabajo –no remunerado– de reproducción, crianza y cuidados de otras personas suele recaer principalmente sobre las mujeres de las familias, se torna necesaria la construcción de espacios que aporten a la democratización de los cuidados y a la consiguiente eliminación de todas aquellas barreras físicas que dificultan la permanencia de quienes tienen responsabilidades de cuidado. Para esto, hubo primero que trabajar en las barreras simbólicas que actúan como velo obstaculizador en las decisiones políticas y el diseño de los espacios universitarios. De este modo, se trabajó en espacios grupales con personas de la comunidad universitaria que tienen a su cargo el cuidado de niñeces, para problematizar los límites cotidianos con los que se encuentran. Se construyó con ellas una campaña de visibilización y una encuesta para relevar la realidad que atraviesan, con posterior divulgación de los resultados y entrega de los mismos a las autoridades.
Las siguientes acciones fueron identificadas como necesarias: salas de lactancia, espacios para los cuidados corresponsables, instalaciones que favorezcan la presencia de niñeces, rampas y ascensores que faciliten la movilidad con carritos y otros dispositivos para el traslado con niñxs y otras personas que requieran cuidados –personas mayores, personas con movilidad reducida, etcétera–, sillas y bancos que colaboren con la comodidad de embarazadas y personas gestantes, cambiadores en lugares comunes, ampliación de cupos en el “jardín maternal”, ludotecas en los eventos académicos, entre otras.
Entre los antecedentes en los que ha avanzado la UNMdP, podemos mencionar los dos jardines “maternales”, la sala de lactancia en el Complejo Universitario, la creación de baños inclusivos y sin género. Vale destacar que la Resolución mediante la cual se aprueba la creación y apertura de nuestra Sala de Lactancia, reconoce que “es necesaria para garantizar la permanencia de las trabajadoras de la UNMDP (docentes y no docentes) como de las estudiantes, procurando promover políticas tendientes a contemplar los períodos de lactancia, colaborando con el pleno desarrollo de niños y niñas vinculados/as a la comunidad de nuestra Universidad”.[3]
Antes de la apertura de la Sala de Lactancia, se realizó una encuesta con estudiantes de la UNMdP que son madres de niñxs de hasta 4 años de edad. Este instrumento arrojó que la mayoría de las estudiantes encuestadas manifestó no extraerse leche en espacios universitarios (37.1%), algunas indicaron que no cursan durante el período de lactancia (20%) y otras que se la extraen en espacios universitarios tales como baños, pasillos y/o aulas (7.6%).[4] Con la creación de la Sala de Lactancia, consideramos que la UNMdP ha dado un paso importante para encaminarnos a la construcción de una institución educativa corresponsable de los cuidados y –en consecuencia– más inclusiva. Complementan estas políticas institucionales, la ampliación de las licencias xaterno-filiales y los regímenes especiales de cursada para personas que cuidan.
Por otro lado, los feminismos han visibilizado que la arquitectura es patriarcal en tanto es parte de una cultura construida desde la óptica y el hacer de un género socialmente dominante, por lo que responde a las necesidades, intereses y expectativas del varón –cisgénero, heterosexual, blanco y de clase media–. Los espacios públicos fueron históricamente diseñados por varones y para ser habitados por ellos, en el contexto de creencias religiosas, discursos y prácticas que castigaban a aquellas mujeres que “ofendían el honor de su familia” al tener una vida por fuera del ámbito doméstico al que “naturalmente” pertenecían. Cuando las mujeres y diversidades comenzaron a habitar los espacios públicos, rápidamente identificaron una diversidad de obstáculos para el tránsito y la permanencia en términos equitativos respecto de los varones, erigiéndose como una expulsión implícita de los cuerpos feminizados de la vida pública. Todo esto parece responder a una realidad antigua, pero lo cierto es que los límites que seguimos encontrando las mujeres y disidencias en el tránsito institucional, da cuenta de un imaginario que persiste.
En consonancia, una infraestructura universitaria con perspectiva de género requiere de espacios para la atención de la salud integral, en consonancia con el espíritu y el articulado no solamente de la “Ley de ESI” (Ley Nacional 26.150) sino también de la Ley de Protección Integral de las Mujeres (Ley Nacional 26.485) y la Ley de Identidad de Género (Ley Nacional 26.743). Estas conquistas legislativas de los feminismos en nuestro país son una exhortación a transversalizar la perspectiva de género también en la infraestructura, de manera que continuar construyendo espacios físicos sin perspectiva de género va a contramano de la misión de caminar una universidad libre de discriminaciones y violencias sexistas. Por ello, es necesario planificar una infraestructura universitaria que incorpore la perspectiva de género de modo transversal en pos de garantizar la accesibilidad de todas las personas al derecho a la educación superior, así como a transitar por una universidad sin discriminaciones y violencias basadas en el género.
Para aportar con este objetivo, podemos considerar como relevantes las siguientes acciones: baños neutros con la señalética correspondiente, baños con privacidad y que permitan el adecuado descarte de los “desechos” menstruales así como la correcta higiene de los cuerpos y productos menstruales reutilizables, oficinas accesibles para la provisión de insumos para sostener la salud integral –dispositivos para la prevención de infecciones de transmisión sexual, diversidad de productos menstruales, otros–, campañas gráficas en lugares con circulación y visibilidad sobre cuidados para la salud e higiene, espacios de consulta sobre derechos sexuales con atención interdisciplinaria, campañas gráficas de promoción de derechos instaladas en las paredes, intervenciones públicas respecto a los derechos sexuales, salud menstrual, entre otras.
En diferentes universidades de nuestro país funcionan consejerías que promueven los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de estudiantes, docentes, graduadxs y personal universitario. En el caso de nuestra Universidad, hacia finales del año pasado, el Programa Integral de Políticas de Género logró la aprobación del proyecto para la creación Consejería en Cuidados y Salud Sexual de la UNMdP.[5] Por su parte, la Secretaría de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social puso en funcionamiento una Consejería específica para su comunidad académica, que aborda cuestiones relativas al derecho a la sexualidad integral.
Además, la ESI nos propone a las instituciones educativas generar acciones para la plena inclusión de las diversidades y todas las corporalidades, por lo que entendemos que es necesario el diseño de espacios físicos y mobiliario para que las universidades públicas puedan ser cómodamente habitadas por todas las personas, puesto que solamente así serán verdaderamente accesibles e inclusivas. Por ejemplo, es importante que las personas con cuerpos grandes puedan contar con sillas en aulas y/u oficinas para permanecer sentadas por varias horas, o que los cubículos de los baños sean adecuados y no sólo pensados desde la economía del espacio. Esto parece ser muy sencillo, pero desde las profesiones específicas también suelen reproducirse, en general, miradas hegemónicas que complejizan el acceso a estos recursos.
Finalmente, se observa la necesidad de conformar espacios para prevenir y erradicar las discriminaciones y violencias por motivos de género en las instituciones de educación superior. La mayoría de las universidades públicas de nuestro país cuentan con protocolos de actuación en casos de violencias por motivos de género (en nuestra Universidad funciona desde el año 2017), los cuales requieren –en términos exclusivamente vinculados con las condiciones físicas– no sólo de campañas gráficas colocadas en lugares visibles y con circulación de la comunidad universitaria, sino también de oficinas que sean fácilmente accesibles para quienes deseen acercarse, con privacidad para que las consultas y denuncias sean respetuosas de los derechos de las personas damnificadas, y con medidas de seguridad para quienes trabajan en el dispositivo.
En virtud de que el Protocolo suele ser aplicable a todas las personas que circulan por la universidad –incluso a quienes trabajan, por ejemplo, para empresas con las que la universidad acuerda la realización de obras–, se advierte que una buena práctica podría consistir en la mención de esta herramienta en los pliegos de licitación de obras, así como ponderar positivamente a quienes presenten propuestas que incorporen transversalmente la perspectiva de género.
Se destaca en este sentido el proyecto presentado en 2013 al Consejo Superior de la UNMdP por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social, luego de reiteradas denuncias de abuso y acoso en inmediaciones del Complejo Universitario, que exhortó a las autoridades universitarias y municipales a reunirse para acordar la instalación de más luminarias, sanear los terrenos de la zona y solicitar mayor frecuencia de colectivos así como la instalación de puestos de carga de la tarjeta SUBE.
Abonando a este eje, también se observa que la aprobación de la utilización del lenguaje inclusivo en la UNMdP[6] logró algunos impactos en la señalética de ciertas oficinas y dependencias, abandonando el masculino genérico por largos años dominante en las instituciones de educación superior y avanzando hacia la adopción de denominaciones que abracen a todos los géneros en pos de construir una universidad pública cada vez más feminista, accesible e inclusiva. Dicha normativa fue acompañada de una guía de uso y de talleres que continúan implementándose en distintas áreas, no obstante aún se advierten fuertes resistencias en su uso cotidiano.
Nuestras universidades públicas han crecido en los últimos años, sin un correlato presupuestario para la actualización y ampliación de la infraestructura. Las áreas de obras en general, están compuestas principalmente por varones y gestionan una parte importante de los presupuestos públicos. A la hora de planificar las obras, muchas veces la mirada androcéntrica se traduce en la ausencia de las voces y perspectivas de quienes habitan los espacios.
Para que nuestras universidades sean verdaderamente inclusivas y diversas, resulta urgente democratizar las miradas en áreas de definición presupuestaria y de planificación de las obras y servicios. En la UNMdP, se intenta comenzar a influir en estos aspectos con la creación del gabinete funcional, una mesa de trabajo entre diferentes áreas con el objetivo de transversalizar la perspectiva de género (dependiente de la Secretaría de Asuntos Financieros y coordinación de Gabinete en conjunto con la Subsecretaría de asuntos laborales e innovación institucional, con asesoramiento del Programa Integral de Políticas de Género).
Claramente, la inclusión de la perspectiva feminista en la infraestructura universitaria debe ir acompañada de un plexo normativo y las correspondientes instancias de sensibilización. Siendo las mujeres más del cincuenta por ciento (50%) de nuestra población, resulta prioritario transformar las lógicas instituidas en los hábitos, rutinas y políticas universitarias, atendiendo a la realidad cotidiana de quienes diariamente la habitamos. Dicha mirada feminista también debería contemplar la integración de las personas con la naturaleza favoreciendo los espacios verdes, promover la relación entre las personas, el encuentro colectivo, los momentos de esparcimiento y recreación en las rutinas de trabajo y estudio, hacer disfrutable nuestra institución por todos los cuerpos, perspectivas y vivencias.
La implementación de la Ley Micaela (Ley Nacional 27.499) en nuestra institución es una política central para correr los velos que nos impiden pensarlo, y consideramos que la transversalización de la ESI es una aliada estratégica para darnos impulso en las transformaciones institucionales. A 16 años de la sanción de la Ley de ESI, resulta vital escuchar las demandas que trae el movimiento estudiantil para pensarnos desde sus contenidos, pero también para actualizarla en el sentido de las luchas que tienen vigencia en nuestros territorios.
Lo sabemos, los feminismos vinieron a transformarlo todo, a colarse por los intersticios más impensados de nuestra sociedad y de las instituciones, también en las decisiones presupuestarias, la infraestructura y la obra pública.
Sofia Ardusso es licenciada en trabajo social, militante feminista y representa a la Universidad Nacional de Mar del Plata en la Red de Género del CIN. Se desempeña como Secretaria de Género de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo social de la UNMdP.
Ludmila Azcue es abogada feminista, especialista en derecho penal por la UNMdP. Se desempeña como Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la UNMdP.
Yanina Cobos es licenciada en ciencias sociales y militante feminista. Coordinó el Programa de género y acción comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo social de la UNMdP. Se desempeña como Subsecretaria de Extensión de la Facultad.
Contacto: extsalud@mdp.edu.ar – generofcyts@mdp.edu.ar
Instagram: @extension_salud_ts_unmdp – @generosaludyts
[1] Moisset, I. y Quiroga, C. (2019). Nuestras arquitectas. Una experiencia didáctico-investigativa con perspectiva de género. Revista Habitat Inclusivo, (14) (s/p).
[2] Muxí Martínez, Z. et al (2011). ¿Qué aporta la perspectiva de género al urbanismo? Feminismo/s, (17), p. 121.
[3] Para acceder a la RR N° 5077/21: http://digesto.mdp.edu.ar/vista/ver_norma.php?id_norma=51927
[4] Para acceder a la encuesta, publicada bajo el título “Hacia la creación de políticas de cuidado en la UNMdP”: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13jhE4m_9sh–yBbJm1mOvvCg5Ana6gOp
[5] Para acceder a la RR N° 5184/2021 http://digesto.mdp.edu.ar/vista/ver_norma.php?id_norma=52792
[6] El lenguaje inclusivo en la UNMdP se aprobó mediante Ordenanza de Consejo Superior N° 1245/19. Para acceder a la normativa: http://digesto.mdp.edu.ar/archivos_adjuntos/Adjunto_37032.pdf. Para acceder a la Guía para un Lenguaje Inclusivo en la UNMdP: https://www.mdp.edu.ar/attachments/article/127/GUIA%20Lenguaje%20Inclusivo%20en%20la%20UNMDP.pdf
Imagen de portada: La fuente, de Marcel Duchamp (1917).