Entrevista a Elizabeth Gómez Alcorta
Por Santiago Ferrando Kozicki

Empresarios y dictadura cívico-militar

A pocos días de un nuevo 24 de marzo, nos encontramos en un delicado momento histórico. Muchos de los logros conseguidos por la memoria y contra la impunidad del Terrorismo de Estado corren el riesgo de ser desvirtuados y minimizados. Puntualmente, en los últimos seis años mucho se había avanzado en la responsabilidad civil por delitos de lesa humanidad, sin embargo hoy, es uno de los puntos más débiles de la política estatal de Memoria, Verdad y Justicia. Elizabeth Gómez Alcorta formó parte del Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde abril de 2015 hasta febrero de 2016 y participará en el juicio oral contra los directivos de Ford Motors Argentina por delitos de lesa humanidad.

Santiago Ferrando Kozicki: ¿Cómo se gestó el esfuerzo de los organismos por enjuiciar a los responsables civiles de los delitos cometidos en la última dictadura militar?

Elizabeth Gómez Alcorta: Tanto el juicio a las Juntas Militares como el informe de la CONADEP y todo el trabajo de los organismos, durante la dictadura y posterior a ella, y por ende el proceso de juzgamiento de estos hechos, se hicieron respetando una lógica castrense: centros clandestinos, áreas, jefes de áreas. Entonces, después del largo periodo de impunidad, de las leyes de obediencia debida, de punto final y los indultos, cuando se reabren los juicios, entre 2003 y 2005, se retoman en el mismo lugar que se habían dejado a fines de la década del ochenta: primero se avanzó sobre los responsables militares y, cuando se logró reconstruir e imputar a casi todos los que estaban identificados que actuaban en los centros clandestinos, se abrió la posibilidad para avanzar sobre otras responsabilidades.

Estas nuevas responsabilidades, y esto es el dato más importante, no es que no se conocieran desde antes, ya en los mismos testimonios que recopila el Informe de la CONADEP se nombra a empresarios, jueces, periodistas, médicos, curas, directivos de universidades. Lo que pasa es que el proceso de juzgamiento como proceso histórico más que como proceso jurídico o judicial pasó por estas diferentes etapas. Recién en los últimos cinco o seis años, en un contexto político determinado, fue posible continuar sobre las responsabilidades de civiles.

Hasta el año 2013 nunca se había dado un esfuerzo conjunto entre las   organizaciones de la sociedad civil y las dependencias estatales para sistematizar las responsabilidades empresariales. Había mucha información desde las ciencias sociales, investigaciones de historiadores, economistas, políticos, periodistas pero trabajando exclusivamente sobre procesos individuales; es decir, qué pasó en Ford, qué pasó en Alpargatas y así. Lo que no existía, hasta el Informe Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humanidad, era un trabajo que sistematizara una cantidad de casos de empresarios y permita estudiar su participación en el Terrorismo de Estado.

SFK: ¿En qué consistió el Informe sobre Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad?

EGA: El Informe fue una investigación conjunta entre FLACSO, el Programa Verdad y Justicia, el CELS y la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, con el objetivo de aportar a la búsqueda de la verdad en materia de delitos de lesa humanidad cometidos por empresarios. Se cubrieron diferentes tipos de empresas –pequeñas, medianas, grandes, servicios, producción, industriales, privadas, estatales– a lo largo del país y se estudió, bajo una metodología específica pero sin una premisa previa, si hubieron prácticas represivas similares.

Se trabajó con 25 empresas y fue posible hallar denominadores comunes, a lo que nosotros llamamos prácticas empresariales represivas: existencia de lugares de detención clandestina, aporte de información clave, como listas con nombres, direcciones, fotografías, medios de movilidad, etcétera. Esto es lo que nos permite afirmar que existió una elite empresarial, o por lo menos una parte de ella, es decir de los poderes fácticos, que tuvo un rol como sector y no en términos individuales en conjunto con las Fuerzas Armadas. Después, dentro del proceso de juzgamiento se baja a cada caso para realizar reproches individuales sobre los empresarios.

SFK: ¿Cuáles son los argumentos para calificar a las acciones de los empresarios como delitos de lesa humanidad?

EGA: Sobre esta pregunta hay que tener en cuenta que los delitos de lesa humanidad no son delitos especiales, cualquier persona puede llevar adelante un delito de lesa humanidad siempre y cuando se den los elementos típicos,   los que establece el Estatuto de Roma. Es decir, cualquier persona que lleva adelante cualquiera de las acciones enumeradas en el artículo 7 de dicho estatuto –asesinato, exterminio, tortura, desaparición forzada, etcétera-, y además tiene conocimiento que se da en el marco de un ataque a la población civil que sea generalizado o sistematizado es responsable de un delito de lesa humanidad. Eso sí, ni la acción ni el acto en concreto del particular tiene que ser sistemático o generalizado porque esas son características del ataque. No importa si es un cura, un juez, un empresario, un militar o un ministro. Lo que hay que probar es si su aporte concreto cuadra dentro del tipo penal, formó parte del ataque generalizado y tenía conocimiento de eso.

Aquí es donde surge una de las principales defensas de los imputados: no niegan el hecho pero argumentan que desconocían que su aporte era para tal fin. Sin embargo, esta defensa se desvirtúa cuando se secuestraba a X persona de la empresa, la mujer concurría al día siguiente a consultar por su marido y el jefe de relaciones laborales de Acindar, por ejemplo, le decía “quédense tranquila señora, va a aparecer en un par de días” y en un par de días aparecía. Esto te permite probar que no solamente sabían que su aporte era para privarlo de la libertad, torturarlo y/o matarlo sino que además tenían vínculos con las fuerzas represivas y conocimiento específico de su accionar.

En relación a este punto, en el caso de Ingenio Ledesma, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal –en su momento integrada por Geminiani, Hornos y Borinsky-, en un hecho único y excepcional, abre un recurso de casación por un procesamiento sin prisión preventiva y considera que no se pudo probar el conocimiento que tenía Pedro Blaquier sobre los aportes logísticos que realizó a los hechos conocidos como la Noche del Apagón. Como está totalmente probado el aporte de los vehículos de la firma para el secuestro en la noche del apagón, dicen que no conocía que su aporte estaba dirigido a eso.

SFK: ¿Cuál es el punto clave para entender la imputación y responsabilidad a empresarios por delitos de lesa humanidad? Imagino que no es igual que en el caso de los militares.

EGA: En relación a esto es imprescindible conocer ¿por qué un empresario, que en general lo que busca es lucro, mayor producción, abrir más filiales, se va a manchar las manos de sangre? Es está la pregunta clave.

En el caso de los militares la imputación es más sencilla. Ahí uno no se pregunta, por ejemplo, sobre las motivaciones que tenía el “Turco Julián” para estar dentro de un centro clandestino. Eso lo argumentás cuando ubicás su acción dentro de una estructura jerarquizada o en un aparato organizado de poder. Ahora bien, en el caso de los empresarios no se puede utilizar la misma lógica de imputación. Hay que encontrar las razones de su participación.

¿Por qué el gerente de relaciones laborales y los directivos de Ford permitieron que haya un centro clandestino dentro de la fábrica en General Pacheco? ¿Por qué, por ejemplo Levín quiere estar en la Comisaria Cuarta de Salta cuando torturan a sus empleados?

El fundamento de la motivación se puede advertir en la situación económica y social –principalmente la relación capital-trabajo- en los años anteriores al Golpe del Estado y cómo se vio modificada una vez que terminó la dictadura. A partir de esto es posible entender una gran parte de porqué las prácticas terroristas se dieron tanto fuera como dentro de las fábricas.

En el año 1974 el sindicalismo tenía la capacidad organizativa y de fuerza para obstaculizar los beneficios y privilegios de los empresarios y la posibilidad de conseguir nuevos derechos para la clase trabajadora. Concretamente, en ese año, la tasa de desempleo era del 2,3 % y los trabajadores tenían el 48 % de la participación en la empresa. Además, la industria tenía un 28% de peso en la economía y la economía tenía un crecimiento consecutivo de once años.

En 1982, la participación de los trabajadores había descendido al 22 por ciento, habían cerrado 20 mil empresas y el peso de la industria había bajado al 22 por ciento. Y, en principio, uno puede entender que no hubiese sido posible, de ningún otro modo, cambiar la estructura de la economía nacional sin altísimos niveles de represión.

Por un lado, el Gobierno Militar atacó y descabezó a la militancia de base sindical, responsables de haber alcanzado los niveles históricos en derechos y beneficios de los trabajadores. Por otro lado, entre 1976 y 1977, modificó las bases legales del derecho laboral: se modificaron veintisiete artículos de la Ley de Contratos de Trabajo, se dictó una nueva Ley de Convenios Colectivos, se reformó la Ley de Obras Sociales, se intervienen los sindicatos, se eliminó el fuero sindical y el derecho a huelga, y se utilizó la Ley 20.840 con la que se imputó a sindicalistas por conductas subversivas.

En este combo, que llevó a un cambio de modelo y matriz económica, existe un interés muy particular de los empresarios para la recuperación de sus ganancias y privilegios.  Esto comienza en julio de 1975 con el “Rodrigazo” y un año después, con el Golpe de Estado, se consolida y sistematiza con la apertura al liberalismo en la Argentina.

Hoy tenemos la información para explicitar una lógica que consistió en una primera etapa de represión y exterminio de las organizaciones armadas, y una segunda etapa –a partir de cierta normativa estatal – donde el enemigo pasa a estar dentro de la fábrica, es ahí cuando aparece la idea de la guerrilla fabril. Y, a pesar de la enorme diferencia que existía entre los sindicatos y organizaciones político militar de las organizaciones armadas, las fuerzas de seguridad utilizaron las mismas armas, metodologías y recursos que utilizaban para reprimir, torturar y eliminar a los integrantes de las organizaciones armadas. Esto es lo que explica por qué la represión y desaparición dentro de las empresas fue tan tremenda y terrible.

SFK: El 28 de marzo de 2016 el Tribunal Federal de Salta condenó al empresario Marco Levin, ex propietario de la Veloz del Norte. ¿Cuáles fueron los argumentos de los jueces?

EGA: El caso de Levin es un caso particular porque su aporte concreto fue tan burdo que los jueces no abordan en profundidad la cuestión de las motivaciones antes explicadas. Levin da un listado de los trabajadores que posteriormente son detenidos, pone el micro que los traslada de Tucumán a Salta, y lo ven en la comisaria mientras torturan. Además, mientras uno de los trabajadores es torturado en la comisaria, se escucha la voz de Levin que dice “este no” y suspenden la tortura. Esto demuestra que no solo hizo un aporte concreto sino que él tenía dominio del hecho. Hay pocos casos así, en la mayoría, hay aportes concretos que colaboran y contribuyen a los hechos de otros sea pero no con esté dominio del hecho.

SFK: ¿Cuál es la situación de los juicios seguidos a empresarios por delitos de lesa humanidad a partir del nuevo gobierno?

EGA: En términos de política de Memoria, Verdad y Justicia el retroceso es tremendo en los tres poderes. El Poder Ejecutivo realizó un desmantelamiento feroz de todas las dependencias que durante los últimos años se crearon para producir información, clasificar informes y acompañar en los juicios contra los responsables de la última dictadura cívico militar. Ninguna dependencia de Derechos Humanos quedó igual que como estaba en noviembre de 2015, muchas desaparecieron y otras sufrieron una reducción enorme en sus recursos y limitación en sus facultades. Además, en diciembre de 2016 se rehabilitó la cárcel de Campo de Mayo para el alojamiento de genocidas privados de la libertad.

Por su parte, la Presidencia del Senado tiene desde fines de noviembre de 2015 creada la Comisión Bicameral de Investigación de responsabilidades empresariales pero nunca la integro.

El Poder judicial sufre un desaceleramiento en todos los juicios de lesa humanidad, se vuelve recurrente la suspensión de nuevos procesos y hay un importante incremento en el otorgamiento de prisiones domiciliarias. Además aparecen sentencias que buscan revertir estándares en materia de Memoria, Verdad y Justicia. La más significativa es la de Capilla del Rosario, localidad en de la Provincia de Catamarca en la que en 1974 fueron fusilados militantes del ERP. En la causa había una condena a perpetua pero la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, dijo que como era en época de democracia no había Terrorismo de Estado. Por otro lado, el juicio de Ford tenía fecha fijada para agosto de 2016, se pasó para el 14 de marzo de 2017, y el último día hábil del año pasado levantaron esa fecha sin fijar una nueva. El Tribunal dice que la levantó porque la Cámara de Casación la intimó a que lleve adelante otros juicios donde hubieran personas detenidas. Ahí hay otra paradoja perversa, ya que eran tres los empresarios imputados, todos muy mayores de casi noventa años, uno ya falleció y los otros dos están en libertad, y mientras más se posterga el juicio, más posibilidades hay de otorgarles, lo que nosotros llamamos, impunidad gerontológica.