Por Diana Milstein (FACE-UNCo/CIS-CONICET-IDES)

Algo más que un “conflicto docente”

El colectivo conformado por maestros y maestras, profesores y profesoras, directores y directoras, auxiliares, estudiantes y familiares  -de jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias, normales (así y con orgullo las siguen nombrando sus profesores y estudiantes en los carteles), técnicas, de bachilleratos populares, de artes, de orquesta y coros infantiles, de artes y oficios, penitenciarias, especiales, de universidades e institutos universitarios, de institutos de formación docente, de cooperadoras escolares, de centros educativos municipales, barriales y de movimientos sociales,  de gran cantidad de localidades de todas las provincias, mostraron una vez más, este 21 y 22 de marzo en los locales de las escuelas, en calles, avenidas y autopistas, sobre puentes y en plazas, quiénes somos los que sostenemos trabajando y estudiando la educación escolarizada en la Argentina.

A través de inscripciones en carteles y en las vestimentas, disfraces, muñecos, actuaciones y cánticos, contestaron las hipócritas y ladinas explicaciones acerca del deterioro de la escuela pública y las declaraciones acusadoras sobre el “conflicto docente”, expresadas por tecnócratas, burócratas y funcionarios que tienen bajo su responsabilidad de gestión –política, administrativa, económica y académica- al conjunto de escuelas públicas y privadas de nuestro país.

Este colectivo no solo está constituido por quienes marchan en las manifestaciones y hacen paro. También debemos sumar a una cantidad muy relevante de docentes –identificables por estudiantes y familiares de las escuelas- que no pueden sufrir descuentos, atropellos administrativos, amenazas de sumarios, cesantías o despidos, y por eso, los días de paro cumplen con su horario de trabajo en las instituciones. Y hay una minoría de maestros, maestras, profesores y profesoras, familiares y estudiantes,  dispersa en escuelas a lo largo y ancho del país, que no comparten esta manera de exponerse en las calles, de demandar sus derechos y las obligaciones de los gobernantes para con la educación.

¿Cómo explicar la presencia recurrente de la protesta hermanada y unificada de las y los docentes durante todos los gobiernos constitucionales que estuvieron a cargo del estado nacional y los estados provinciales post última dictadura militar?

Denominar a estas protestas como “conflicto docente” es un reduccionismo que contribuye a invisibilizar las motivaciones, razones y circunstancias que sostienen esta larga e intermitente presencia de docentes, estudiantes y familiares exhibiendo sus preocupaciones, críticas, recelos y disgustos con respecto a los salarios y el presupuesto destinado al funcionamiento de las instituciones, a las reformas educacionales y sobre todo a su implementación, al estímulo que desde hace décadas recibe la educación privada en todos los niveles por parte de los gobiernos, al estado de los edificios, a las evaluaciones malintencionadas organizadas desde los ministerios de educación, entre otras cuestiones en debate público. La expresión “conflicto docente” también vela las propuestas e iniciativas que expresan reiteradamente los y las docentes para dialogar y corregir las circunstancias que producen la interrupción de la normalidad de los ciclos lectivos escolares.

Los docentes no hacen huelga, ni salen a la calle para no ir a la escuela a trabajar, sino porque no consiguen que los gobernantes, responsables del funcionamiento de todas y cada una de las instituciones educativas, garanticen condiciones para que ellos y ellas trabajen y los y las estudiantes estudien, en el marco de un estado de derecho.

En otras palabras, hacen huelga para reclamar a los gobernantes que cumplan con sus responsabilidades y obligaciones y reviertan el proceso de precarización presupuestario, jurídico, edilicio, administrativo y académico de la educación escolar argentina. Esto implica garantizar que se paguen salarios dignos y equitativos a quienes trabajan en instituciones educativas; que se reparen los edificios y funciones los servicios de agua, luz, gas y red cloacal de las instituciones; que detengan el proceso de desintegración y fraccionamiento del sistema de educación pública; que aseguren que quienes están a cargo de la enseñanza acrediten su calificación como docentes.

Este conjunto de obligaciones y responsabilidades es de los que ocupan cargos en los gobiernos, quienes en lugar de ocuparse de las mismas, priorizan otras tareas, gastan el dinero en programas, tecnología y actividades innecesarios o poco relevantes y sub-ejecutan presupuesto destinado a educación. Estos funcionarios –algunos electos y otros designados- nunca evalúan las tareas que están bajo su responsabilidad y sobre las que podrían interrogarse, entrevistarse y examinarse entre ellos y ellas mismos; tampoco titubean ni discuten sus aumentos de salarios, sencillamente se los auto-otorgan; ni dudan en reparar las oficinas desde donde “gestionan” la educación pública. No responden cuando las y los docentes les exigen claridad en la redacción de las normas, reglamentos, reformas administrativas y curriculares; suelen no contestar cuando les piden arreglos porque llueve dentro de los edificios o porque están rotos los baños, las puertas, los vidrios, etc; dicen que deben pensar en una reforma estructural educativa, sin rendir cuentas de los resultados de las reformas estructurales que ha sufrido el sistema escolar público ocupando ellos y ellas funciones en el poder legislativo y /o ejecutivo. Mienten o sobre lo que están al tanto y conocen y hablan demasiado acerca de lo que saben poco.

No saben sobre sistemas, métodos, encuadres, procedimientos, estrategias y técnicas de evaluación, pero compran programas y los aplican; no saben sobre enseñanza escolar y tecnología de la información pero hacen negocios con mercaderes de notebooks, netbooks, tablets y demás, y destinan una parte de dichos negocios a repartir objetos tecnológicos en las escuelas. Tampoco saben cómo hacen los y las docentes para lograr que una gran parte del estudiantado aprenda, egrese de los distintos niveles y alcance a obtener títulos y certificaciones (a pesar de las condiciones de deterioro generalizado que se profundizan desde hace más de 40 años), ni cómo se las ingenian muchos para sostener una formación permanente, y se dedican a descalificar el trabajo docente con impudicia e insolencia descarnada.

Efectivamente el deterioro de la educación escolar en la Argentina es notable. Se trata de un gran fracaso de todos los gobiernos constitucionales, a pesar que el derecho a la educación es un artículo fundamental de nuestra Constitución Nacional, cuyo incumplimiento interpela, en primer lugar,  a los propios gobernantes.  Se trata de un problema de orden jurídico, político y económico del que son responsables los gobiernos y al que casi nunca se refieren en sus discursos ni en sus proyectos. A través de sus acciones y discursos con los que desfiguran y embarullan la firmeza en los reclamos y la legitimidad y legalidad de la protesta de cientos de miles de docentes, auxiliares, estudiantes y familiares buscan ocultar el incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos.

Porque estas protestas efectivamente expresan un CONFLICTO- esta vez con mayúscula- de quienes gobiernan y no logran financiar, administrar, estructurar y organizar la educación escolar a nivel nacional, provincial y municipal. Desde 1983 a la fecha no han encontrado una forma racional, aceptable y factible de planificar y ejecutar estrategias y acciones que aseguren la educación preescolar, primaria y secundaria para el conjunto de niños, niñas y jóvenes de este país. No han podido encuadrar, estructurar ni económica, ni política, ni académica, ni legalmente el funcionamiento de las instituciones encargadas de la educación escolar en la Argentina.

Los sucesivos gobiernos han producido un gran desordenamiento del sistema de educación escolar en el país y, consecuentemente, de las vidas cotidianas de cada una de las instituciones educativas. Como parte de ello, desplazan la verdadera naturaleza de las demandas de los y las docentes y la comunidad educativa en general hacia acusaciones mutuas con algunos dirigentes gremiales y promueven polarizaciones falaces tales como, oponer los paros docentes a la estabilidad institucional y contraponer el derecho de huelga a la vida democrática.

Todos saben que estamos ante algo más y muy diferente a un mero “conflicto docente”. Los y las educadores en la calle ENSEÑAN y por eso son una brasa caliente para estos gobernantes, los anteriores y algunos de los sindicalistas que, cuando pueden, también son funcionarios de gobierno o actúan en su representación.