Por Verónica Soto Pimentel (FLACSO-CONICET)
Este domingo 19 de noviembre se realizarán en Chile las elecciones presidenciales para el período 2018-2022.
Son 8 candidatos en carrera, por lo que es muy probable que haya una segunda vuelta donde se definirá quién tendrá el honor de portar la banda presidencial. Según las encuestas de los últimos meses, la disputa principal estaría entre los dos principales representantes del clásico duopolio que ha gobernado a Chile desde el término de la dictadura: el candidato y ex-presidente de la centro derecha – Coalición Chile Vamos -, Sebastián Piñera; y el candidato por la centro-izquierda y actual senador independiente por la segunda circunscripción de Antofagasta, Alejandro Guillier – coalición Nueva Mayoría, ex “Concertación”.
La mirada apocalíptica sobre el posible triunfo de Sebastián Piñera, tanto a nivel nacional como internacional, contrasta con una mirada más detenida sobre la realidad del país. Nuestro largo y angosto Chile, ha sido gobernado durante los últimos 40 años por una sola y hegemónica visión de sociedad: el neoliberalismo. De este modo, la creencia en el libre mercado como distribuidor de bienes sociales, la obsesión por la estabilidad macroeconómica por el miedo a una inflación descontrolada y el legado de una cultura del silencio, de la represión y la negación de la libertad de expresión post dictadura, nos han configurado como un país rico, libre de corrupción, ordenado y tranquilo. Sin embargo, tras esa fachada, se esconde, entre otros, un proceso creciente de desigualdad y concentración de la riqueza, que nos ha llevado, por ejemplo, a que el 72% de la riqueza del país esté concentrado en el 20% de las personas más ricas.
La antigua Concertación, hoy la Nueva Mayoría, ha sido parte importante de este proceso de concentración y desigualdad. En efecto, luego del retorno a la democracia, los presidentes de centro izquierda – Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo lagos y Michelle Bachelet – han tendido a profundizar la implementación del neoliberalismo en Chile, proceso iniciado durante la última dictadura militar en los 80’, promoviendo y facilitando, a través de diferentes políticas y reformas, una mayor privatización y mercantilización de los servicios y derechos sociales básicos: educación, salud, previsión social, protección al menor, etc.
Recordemos dos ejemplos emblemáticos de esta cuestión. En Chile, para acceder a la educación superior se debe pagar. Para quienes no tienen los recursos para hacerlo, pueden financiar sus estudios a través de créditos o becas. En los 2000, por problemas con la oferta de los primeros, el Estado universalizó el sistema crediticio a instituciones no pertenecientes al Consejo de Rectores[1] a través del llamado Crédito con Aval del Estado (CAE). Operado por la banca privada y garantizado por el Estado, si bien permitió que más jóvenes pudieran acceder a la educación superior, empeoró la problemática del endeudamiento de estos estudiantes. Sumado a la alta tasa de interés de este crédito, esta modalidad de pago deja con una deuda a los nuevos profesionales de entre 15 y 30 años, mientras que la banca se enriquece con los altos intereses y los cobros abusivos e inflexibles. Ahora bien, en paralelo a la subsistencia de créditos, se implementó recientemente la llamada gratuidad en la educación superior. Pero, en realidad, esta reforma se acerca más a un nuevo sistema de becas que a un proyecto de gratuidad a largo plazo, ya que está destinado al 70% de la población más pobre del país, y su financiamiento está asegurado solo en la partida presupuestaria del gobierno de turno, por lo que nada asegura su continuidad con los próximos presidentes.
Otro ejemplo es el Sistema de pensiones, que opera por capitalización individual. Entidades privadas, las AFPs[2], administran las cuentas individuales de ahorro previsional e invierten sus activos en el sistema financiero, con la expectativa de obtener ganancias y, con ello, aumentar los montos de las jubilaciones. Este sistema ha mostrado ser ineficiente en términos redistributivos, ya que le otorga ganancias exorbitantes a la banca que los administra, mientras que el 80% de los jubilados no alcanza una pensión equivalente al sueldo mínimo. Las soluciones del ejecutivo han ido de la mano con la lógica del funcionamiento del Mercado financiero y del neoliberalismo: entre otros, otorgar subsidios para que los jubilados alcancen y obtengan al menos una jubilación mínima y liberar aún más el mercado de las AFPs (de hecho, ya alcanzan el nivel internacional), bajo el supuesto que, a mayor inversión, mayores ganancias, que a la larga se traducirán en mejores pensiones. Sin embargo, luego de la última reforma en el año 2008, si bien hubo avances en cobertura, no fue así con la calidad de las pensiones, perviviendo esta lógica de enriquecimiento de las AFPs a costa del ahorro de los trabajadores, los cuales terminan recibiendo, en su mayoría, pensiones de miseria. De hecho, en el período enero-marzo de 2017, las utilidades de las AFP fueron de $116 mil millones (U$D 177.330.795 aprox.)[3]. En contraste, el 85% de los jubilados recibía una pensión promedio de 212.000 pesos chilenos (U$D 324 aprox.), cifra menor al sueldo mínimo, que actualmente es de 270.000 pesos chilenos (423U$D aprox.).
¿Es, entonces, verdaderamente la Nueva Mayoría una alternativa a Sebastián Piñera? Se desdibuja esta oposición cuando pensamos que las principales políticas y reformas de los gobiernos de centro izquierda han seguido la lógica neoliberal, modelo que no sólo opera en función del empobrecimiento de la mayoría de la población para el enriquecimiento de una minoría, sino que además crea las condiciones de posibilidad para que dicha lógica de acumulación por desposesión, como la llama el inglés David Harvey, se reproduzca. Por otra parte, ambos apelan a una visión naturalmente egoísta e individualista de los hombres y mujeres, lo que termina potenciando y naturalizando la idea de que el bienestar social tiene que ser fruto del esfuerzo, del emprendedorismo y del mérito personal. Eso, nos lleva a una naturalización aún peor: normalizar que una minoría concentre el poder político y económico del país, y que en paralelo la mayoría de la población sufra el empeoramiento de sus condiciones de vida, porque, probablemente, no se han esforzado demasiado.
El Frente Amplio
En este escenario aparece una tercera candidatura, que le sigue al candidato Alejandro Guillier y que, incluso, llegó a disputarle el segundo lugar. Hablamos de Beatriz Sánchez del Frente Amplio[4].
El Frente Amplio, podríamos decir, es la realineación de la izquierda extraparlamentaria con miras a disputar el sillón presidencial y puestos en el recambio de escaños parlamentarios. Su lanzamiento fue en enero de 2017 y presentó su candidata presidencial en abril del mismo año. Sin embargo, su composición interna y su participación en la política institucional, movimental y ciudadana tiene una larga historia.
En este sentido, esta coalición política sería una de las etapas constitutivas de un proceso mucho más largo de crítica y contraposición al poder que se fue constituyendo cuando la Concertación y la elite política antipinochetista fue poco a poco alineándose con aquello contra lo cual quería luchar: el libre mercado, la desigualdad, la represión, la violación de los derechos humanos, la retirada del Estado, la mercantilización de los servicios públicos, entre otros. Su composición es amplia y diversa; ciudadanos de a pie, militantes maduros de partidos políticos pequeños, dirigentes sindicales y sociales que, decepcionados de las promesas incumplidas de la Nueva Mayoría, decidieron apostar por otros proyectos y programas insertos en un paradigma diferente al Neoliberal y con lógicas contrarias a la política de los acuerdos –muchos de ellos, en efecto, ya han participado de candidaturas extra-duopolio. Lo componen también movimientos sociales, que desde la militancia territorial han compartido la posibilidad de disputar la política institucional para realizar cambios estructurales para transformar la realidad social chilena. Y también son parte del Frente Amplio una camada de jóvenes militantes que fueron parte de las movilizaciones estudiantiles secundarias y universitarias que lucharon contra el lucro en la educación y la gratuidad universal en la educación superior y que hoy ocupan cargos públicos: Gabriel Boric, diputado del Movimiento Autonomista; Giorgio Jackson, diputado del partido Revolución Democrática; y Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso y militante del Movimiento Autonomista.
Las líneas ideológicas que convergen en esta diversidad son el proyecto de un Chile Otro, construido desde un lugar diferente al del duopolio y de la política de los acuerdos con la que ha operado la centro izquierda y la centro derecha. Desde una visión de sociedad que no tenga como medida al mercado y que colabore a la desnaturalización de que sea una elite dominante la que tenga el control social, material, político y cultural sobre nuestra sociedad y a la visibilización de la complicidad con que la Nueva Mayoría ha garantizado las condiciones de posibilidad de la concentración de la riqueza y la desigualdad. De hecho, sus principales cuestionamientos son ¿Cuántas personas toman las decisiones en Chile? ¿Quiénes lo decidieron? Quieren un país donde participen todos y todas, donde se construya un gobierno que nos lleve del poder de pocos y pocas al poder de muchos y muchas. Las mismas recetas, ha dicho Sánchez, nos han llevado a los mismos resultados. Es necesario cambiar la receta para obtener otros resultados, es necesario transformar un modelo que está agotado en sus resultados.
No es de extrañar que sus propuestas programáticas, sean justamente aquellas que causan los mayores resquemores y dolores de cabeza a la clase dirigente actual: terminar con las AFPs, con el sistema de endeudamiento universitario, con el negocio en la salud; legalizar el aborto libre; cambiar el modelo de desarrollo neoliberal por uno productivo inclusivo, que mire hacia dentro y deje a atrás la teoría del derroche; cambiar la constitución heredada de la dictadura a través de una asamblea participativa donde la ciudadanía no tenga un rol consultivo sino constructivo; democratizar y descentralizar el país, permitiendo, entre otras cosas, que los ciudadanos elijan a sus propios gobernantes regionales, y que no sean designados desde el nivel central; un gobierno feminista, donde mujeres y hombres sean parte de la construcción de una sociedad sin patriarcado; la construcción de un Estado Plurinacional donde se respeta la cultura y formas de vida de las comunidades indígenas; la adopción monoparental y el matrimonio igualitario; un impuesto significativo a los súper ricos; una política de derechos humanos y de memoria que se focalice en encontrar la verdad y la justicia; etc.
Por otra parte, en tanto el diagnóstico del Frente Amplio se construye sobre la base de que en Chile unos pocos tienen mucho poder, poder sobre la economía, la política, los medios de comunicación, en definitiva, sobre cómo vivimos los muchos y muchas, es que el programa de gobierno se delineó a partir de diagnósticos y propuestas que emergieron de asambleas ciudadanas comunales y que luego fueron sometidas a plebiscito. En estas instancias participaron 12 mil y 16 mil personas respectivamente. Así, se plantea un programa de quienes no tienen el poder, pero que quieren tomarlo y distribuirlo entre todas las personas. Es decir, oponer el poder de muchos y muchas al poder de pocos y pocas.
Reflexiones finales
A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Chile, el escenario es incierto. Pese a que las encuestas dan por gran ganador a Sebastián Piñera y que ponen a Beatriz Sánchez en tercer lugar, dando a entender la continuidad del duopolio tradicional, hay algunos factores que permiten darle una cuota de incertidumbre a estas predicciones.
En primer lugar, en Chile, el voto es voluntario. En las últimas elecciones municipales, la votación no alcanzó el 40% del padrón electoral. Por otra parte, en los últimos debates y entrevistas, los candidatos de la centro derecha y centro izquierda, han mostrado su propio agotamiento respecto de propuestas y alegatos, pareciendo ya desgastada y poco creíble la vieja pugna entre Chile Vamos y la Nueva Mayoría. Por otra parte, hay una ciudadanía que nos ha mostrado el hartazgo frente al modelo, y que se ha movilizado contra los principales emblemas del modelo neoliberal.
¿Será entonces el momento de aires nuevos para la política vieja y anquilosada chilena? ¿Será que estamos cada vez más cerca, como decía Allende, de la apertura de las grandes alamedas por donde pasen hombres y mujeres libres? Estamos imposibilitados de responder a estas preguntas y la futurología nos saca del foco principal de la discusión. Si Beatriz Sánchez pasa a segunda vuelta, será un hecho histórico y desafiante. Pero, más importante, es preguntarse qué pasará con el Frente Amplio si la candidata no alcanza la segunda mayoría ¿Será que esta coalición terminará apoyando al candidato de la Nueva Mayoría sólo para no darle el cargo a Sebastián Piñera? Y si así fuera ¿no volvemos a la misma lógica con la que el Frente Amplio quiere romper? Creemos que el camino debería ser la resistencia a caer una vez más en la condescendencia con líderes políticos que representan los intereses de una minoría, y donde el poder de pocos y pocas termina decidiendo el destino de todos y todas, nuevamente, de espaldas a la ciudadanía.
[1] Pese a que la Educación Superior en Chile se financia privadamente, hay un conjunto de universidades que son denominadas “tradicionales” y que se distinguen de las instituciones privadas de educación superior. Estas tienen una relación más directa con el Estado, acceden a financiamiento directos, y el acceso a las mismas, está normado por una prueba de selección nacional, PSU.
[2] Administradoras de Fondos de Pensión.
[3] Datos obtenidos de la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile en julio de 2017.
[4] Para más información consultar al sitio web http://www.frente-amplio.cl