Por Andrés Barreda Marín (Facultad de Economía – Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM)
1- El cuerpo inerme del México del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) flota boca abajo en el lago estigio del neoliberalismo. Durante su campaña electoral y en los 50 primeros días de la nueva administración, Donald Trump ha pateado hasta el hartazgo los principales acuerdos vigentes entre México, Estados Unidos y Canadá establecidos en 1992: tanto los acuerdos explícitos de libre circulación de mercancías y capitales, como los inconfesables de una intensa circulación de mano de obra “sobrante”, procedente de México y Centroamérica pero de forma ilegal y criminalizable. Razón podría esperarse que entre 2017 o 2018 resulten condiciones más adversas de la renegociación de este tratado, si es que logra subsistir.
Aprovechando la confusión imperante, las empresas ganadoras del libre comercio (especialmente las de los medios de comunicación) y los funcionarios gubernamentales globalizados que se enriquecieron obscenamente con los acuerdos del libre comercio han desatado una campaña que amenaza que con fin del librecambio se perderá una prosperidad y justicia extraordinarias, cuando en realidad fue durante este periodo que en México comenzaron los peores fraudes electorales de su historia, el desmantelamiento del mercado interno y de nuestras agricultura milenaria y soberanía alimentaria, la destrucción de las cadenas industriales del siglo XX, la quiebra de una de las empresas petroleras más poderosas del mundo, la destrucción irreversible del medio ambiente y de un pacto político y social avanzado que estuvo plasmado en los derechos reconocidos de nuestra Constitución de 1917.
La consolidación del neoliberalismo trajo la privatización y desnacionalización de todas las empresas públicas, una reforma política, la expulsión de 20 millones de mexicanos hacia Estados Unidos y la tortuosa transmigración de 15 millones de centroamericanos, así como la contención represiva permanente de cada respuesta popular contra el libre comercio. En virtud de ello, durante los últimos treinta años de neoliberalismo y veintidós de TLCAN, la dominación México-Estados Unidos operó en México mediante un mecanismo de columpio que pasaba continua y alternadamente de los mecanismos de sujeción económica a los de sujeción política.
El flujo de cientos de miles de millones de dólares invertidos en México convirtió al país en uno de los cuatro principales destinos de los dólares yanquis y en uno de los principales paraísos exportadores del mundo neoliberal. En virtud a su ejemplar desregulación financiera, laboral y ambiental y a los niveles excepcionales de corrupción, México se consolidó como una de las mejores plataformas para obtener sin restricción alguna todo tipo de ganancias extraordinarias. La prosperidad de los inversionistas (no de la población) se ató a una reforma política, jurídica e institucional que garantizara estabilidad en el saqueo, para lo cual se aplicó una ingeniería institucional que permitiera la comisión de reiterados fraudes electorales, la distribución de privilegios políticos y su llamada gobernanza, así como reiterados linchamientos mediáticos contra los actores sociales que resistían. Aunque en el andar mismo, también se definió una de las principales economías criminales del mundo que ofreció la posibilidad, tal vez imprevista, de militarizar la vida diaria, sin que los medios de comunicación internacional se vieran en la incómoda situación de nombrar estos hechos como un estado de excepción. Ello plantó una campaña de terror que ha permitido destruir todos los tejidos comunitarios de la sociedad.
Gracias a estas trampas y a los cambios económicos y políticos, pero sobre todo al desproporcionado apoyo estadounidense (financiero, político, mediático y militar) a las elites y a la clase política mexicana, se derrotaron con alevosía de fuerza todas las iniciativas realmente democratizadoras y las movilizaciones sociales de protesta que desde 1988 amenazaban con articular un poderoso descontento. El financiamiento de la guerra contra las drogas (Iniciativa Mérida iniciada apenas en 2008) apalancó el desbocamiento de la violencia, gracias al cual el capital en los últimos diez años militarizó al país a nombre de una supuesta guerra entre cárteles y autoridades. Ello arrojó un baño de sangre que por lo menos lleva 220 mil muertos, con una violación de todos los derechos existentes y una campaña de terror que curiosamente no rasguña a los centros exportadores, pero si corroe las estructuras íntimas de la solidaridad comunitaria del país, y por ahí, la defensa de la población y de la soberanía nacional, en zonas de recursos estratégicos en curso de privatización y desnacionalización o fuera de ellas.
Aun así, los actores que fueron severamente golpeados y desgastados no desaparecieron sino que aumentaron y se diversificaron, y hoy tenemos no sólo una crisis económica sin precedentes, un derrumbe político institucional que en los próximos meses podría llegar a ser extraordinariamente profundo, sino también una incontenible emergencia de innúmeros movimientos sociales, viejos y nuevos, organizados y espontáneos, que no sólo expresan las deudas políticas, económicas, industriales, agrarias, sociales, demográficas y ambientales contraídas durante los 30 años de neoliberalismo, sino que además tienen en su poder todos los saberes, la imaginación y las fuerzas autogestivas de las cuales va a depender la base de la inminente reconstrucción nacional.
2- El libre comercio de México —país firmante de 15 acuerdos con cincuenta países del mundo— es un caso ejemplar que permite mirar de forma nítida el modo con que el libre comercio, supuesto mecanismo neutral, en realidad está cimentado en formas directamente violentas (al otorgar privilegios y ejercer superexplotación laboral en industrias, campos y servicios, o sobreuso extremo de la naturaleza, exclusión de comunidades ubicadas en zonas de despojo, maltrato o exterminio de desempleados, migrantes, transmigrantes, indígenas, mujeres, niños, jóvenes, etc.) que súbita o paulatinamente requieren de otras formas de violencia política, jurídica y cultural necesariamente correlativas. Proceso en el cual, el monopolio natural de la violencia detentado por el Estado mexicano se torna ejemplarmente lesivo, decadente, doloso y sistemáticamente criminal.
El libre comercio y su forma específica de Estado en el caso de México han silenciado con especial cuidado los abusos sobre las y los trabajadores en los centros laborales o en los juzgados de este tipo, los abusos contra los campesinos, indígenas y habitantes urbanos a los que se violentan variados usos del suelo, los despojos de tierras, bienes comunes o bienes públicos, los abusos contra migrantes y transmigrantes, el racismo contra los pueblos indios, los abusos sexuales y económicos contra las mujeres, los niños de casi todos los niveles sociales o la exclusión de la mayor parte de los jóvenes. Se silenciaron los abusos de las empresas transnacionales elevando precios mientras degradaban la calidad de los bienes y servicios, reduciendo a letra muerta los derechos de los consumidores, se impidió que las audiencias accedieran a información verídica o a expresar necesidades y disonancias en los medios o contra las empresas monopolizadoras de la comunicación. Se acalló el descontento contra el abuso de poder y autoridad, la corrupción estructural, la complicidad gubernamental con el crimen organizado, la impunidad, o el descontento político electoral contra las políticas económicas públicas, contra la manipulación institucional y mediática de los procesos electorales, contra la manipulación creciente, contra las injusticias económicas, jurídicas y políticas, contra la desmemoria, contra la generalización de la corrupción institucional y la putrefacción criminal de la vida económica, política y jurídica.
México disputaba desde hacía veinte años un lugar destacado en materia de feminicidios (el término de forjó acá), narco asesinatos, asesinato de activistas de oposición, masacres contra los pueblos indios, asesinatos de migrantes y trabajadores de la comunicación, pero durante los años del libre comercio se evitó con dolo que las redes de los mass media (en contubernio con el lobby gubernamental mexicano) advirtieran al mundo el modo como caminaba el país. Ello brindó un margen de maniobra al Estado mexicano para explotar su previo prestigio diplomático como un país de asilo político, y sobre ello revender su nuevo “prestigio” modernizador. Con el libre comercio los medios de comunicación internacionales y la red de diplomáticos del gobierno mexicano cuidaron las espaldas de este pujantemente exportador, silenciando la pandemia estructural de violencia que inoculaba todas las regiones e instituciones del país.
Mientras la cadena de violencia se propagaba durante los últimos años como una verdadera metástasis, la narrativa mediática y de la alta academia económica, política y jurídica insistían en que el cuerpo nacional estaba en curso de sanación, por cuanto la economía (su libre mercado y libre competencia) era una suerte de quimioterapia, innegablemente venenosa e incómoda, pero eficiente al fin y al cabo, por cuanto funcionaría pulcra y neutralmente, como la vieja economía de siempre. Es decir, como un mecanismo no violento básicamente equilibrante que, al progresar curaría los males extraeconómicos de la sociedad debidos a carencias o rezagos previos, curaría las grandes anomalías o desequilibrios históricos, los factores políticos imprevisibles, incluso los psicológicos, culturales, etcétera.
Pero el neoliberalismo no se conformó con el mecanismo económico equilibrante de la teoría económica y la teoría de juegos (donde todos ganan). También postuló la aplicación de una reforma política que supuestamente resolvería contradicciones y conflictos sociales, al crear un nuevo espacio de acuerdos de cooperación donde ya no chocarían las clases sociales, sino más bien negociarían los grupos particulares y los individuos definiendo la nueva “gobernanza” del Estado. Para ello, éste se autorreforma y construye dentro de sí una serie de múltiples instituciones: nuevos partidos y asociaciones políticas y los Organismos Constitucionales Autónomos, que supuestamente darán juego a cada vez más grupos de interés.
Pero a partir de este momento de supuesta neutralidad no violenta del mercado y la reforma política es justo cuando el panóptico autoritario y antidemocrático del Estado mexicano se ocupaba de prohibir en múltiples frentes el acceso social a la información estratégica (sobre pobreza, despojo, represión, violencia, contaminación de aguas, devastación de la salud, etc.), prohibiéndola a nombre de seguridad nacional. Mientras, organiza respuestas inconfundibles: la compra creciente de todo tipo de armas y el estrechamiento de vínculos con todos los órganos de la seguridad estadounidense, durante y después de cada proceso electoral fraudulento, y durante y después de cada movilización social masiva.
El Estado mexicano a fines de los años noventa promovió la militarización de las instituciones policías, entre 2006 y 2008 sacó el Ejército a las calles militarizando toda la seguridad y actualmente (entre 2016 y 2017) promueve crear una nueva
Ley de Seguridad Interior que otorga al Ejército, entre otras cosas, la facultad de cateo y allanamiento de todos los domicilios sin orden judicial previa. En paralelo da rienda suelta a una economía criminal que justifica a esta “guerra contra las drogas” que permite generalizar un clima de terror y destrucción de los tejidos sociales y las garantías sociales e individuales. El Estado mexicano ha promovido todo tipo de linchamientos mediáticos contra diversos actores sociales (comunidades, trabajadores, movimientos urbanos, profesores, grupos de autodefensa, estudiantes, etc.), lo mismo que ha aplicado innúmeras persecuciones de organizaciones y dirigentes sociales, golpizas, encarcelamientos políticos masivos, asesinatos políticos, desapariciones forzadas, impunidad plena, escalamiento de la injusticia, antidemocracia y más impunidad. Lo cual se ha ejercido sin brindar justicia ni reparación a ninguno de los grandes grupos agraviados durante los últimos cincuenta años.
La “reforma política” engatusó a fines de los años noventa a varios sectores medios alejados del creciente sufrimiento de las clases oprimidas, pero al final de la siguiente década este maquillaje ya no disfrazaba el desvío del poder económico y la centralización y expansión de los grandes capitales, así como la creación de cada vez más megaproyectos y nuevos procesos extractivos (mineros y fósiles) o la privatización de Pemex. Aun así, las revistas financieras y la TV promotoras del libre comercio insistían en que las nuevas urbes plenas de malls y miles de tiendas de conveniencia, así como otras especulaciones inmobiliarias, eran la prueba fehaciente de la nueva prosperidad alcanzada.
La autonomía territorial de los corredores de capitales deslocalizados y la indiferencia y dureza del Estado mexicano deriva del hecho de que estos paraísos industriales, agroexportadores, maquiladores, turísticos y financieros es premiada por los flujos internacionales del capital, que invierten sumas crecientes en dichos corredores si éstos garantizan la desregulación laboral, financiera, ambiental, política, jurídica, etc. Gracias a ello el Estado se ha permitido, desde la masacre de Acteal en Chiapas, la ejecución persistente de represiones cada vez más escandalosas, masacres, fraudes electorales, etc., sin vacilar un instante, reorganizando una y otra vez el saqueo y la destrucción socio ambiental del territorio o volviendo a reprimir cada vez más violentamente lo que anteponga en su camino.
Por ello, aunque las víctimas de la violencia creciente aplicada por Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-1996), Vicente Fox (2000-2006) pero muy especialmente por Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) aprenden a denunciar nacional e internacionalmente los inefables asesinatos masivos derivados de la lucha social y la guerra contra las drogas, de la violencia militar, las desapariciones forzadas, los falsos positivos, la presencia de asesores colombianos especializados en represión, etc., todo ello no ha podido ni siquiera hablar sobre el modo en que la nueva economía global, la corrupción propia de las empresas y los funcionarios públicos o los partidos políticos, conviven con esa campaña de terror general que tanto beneficia a la violencia económica, no sólo de los despojos sino también al funcionamiento normal de la economía industrial, agroexportadora, extractiva y especuladora.
El escalamiento de cientos de nuevos parques industriales de alta tecnología totalmente dirigidos a los procesos de exportación que sobre todo han prosperado en la región central del Bajío y en el norte del país, o las poderosas regiones agroexportadoras basadas en la superexplotación o en la franca esclavitud de millones de indígenas, antes del sexenio de Peña Nieto, el gobierno no había querido hacerlas visibles para el público en general. Lo que explica por qué los excluidos y la oposición política contra el TLCAN no identificaron en tiempo y forma este núcleo fundamental de la fuerza del Estado. Gracias a ello no se explicó suficientemente cómo el nuevo tipo de Estado logró sobrevivir como un Estado democrático sin preocuparse mínimamente por el estancamiento del PIB de los últimos treinta años, ni por la forma en que desatendía todos los conflictos sociales.
3- La trascendencia de la coyuntura actual que vive Norteamérica consiste en la manera en que, hasta ahora, el libre comercio se está desmoronando. Derrumbe que ocurre por la manera en que el centro de la dominación imperial ha entrado caminando por sus propios pies en la más profunda crisis institucional de su historia. Trump expresa en el fondo el modo en que desde 2012, al poder deslocalizado se le han ido agotando en el planeta sus principales paraísos industriales en los cuales concentra y centraliza sus obscenos montos de capital de dudosa valorización. El Foro de Shangai ha impuesto a Estados Unidos un recorte de posibilidades geoeconómicas justo al momento en que la caída de la tasa y las masas de ganancias exacerba las contradicciones entre todos los capitales, mientras en la propia base territorial estadounidense se agota la paciencia de cientos de miles de pequeños y medianos capitales, anclados en un mercado interno que está estancado y decadente. Trump expresa el modo en que estos capitales ya no están dispuestos a seguir siendo sacrificados en aras de una deslocalización que no los ha beneficiado directa ni indirectamente.
Siguiendo los más arcaicos rituales sacrificiales siempre reactualizados por el fascismo, Donald Trump ha elegido hacer leña con los migrantes mexicanos, pues ello le ayuda a cohesionar a la población xenófoba de Estados Unidos. Para ello revictimiza a los migrantes, pues después de haberlos despojado y desempleado en sus lugares de partida, después de empujarlos a salir de su país para asaltarlos, asesinarlos, discriminarlos y superexplotarlos laboralmente en sus lugares de arribo, después de este viacrucis, reaparecen los empresarios fascistas tipo Trump que los estigmatizan como delincuentes y violadores, para humillarlos mediáticamente y así poder anular sus escasos derechos y bienes, para como cabeza de turco detenerlos y reexpulsarlos masivamente hacia México y Centroamérica.
Análogamente se podrá sacrificar a los empresarios y tecnócratas mexicanos como parte del mismo ejercicio, arguyendo que tales funcionarios en realidad fueron un ejemplo de deslealtad, no porque traicionaran a su patria de origen sino porque abusaron de la confianza que les concedieron la blancas palomitas yanquis al momento de negociar el TLCAN, propiciando que el capital estadounidense saliera perdiendo en el largo plazo. No se requiere mucha imaginación para suponer que los tecnócratas mexicanos ya intentan por diversos medios negociar su servilismo canino explorando nuevas formas de hacer negocios en el hogar de su nuevo amo.
Más allá de estas fantasías Trump representa, al menos originariamente, a un grupo de capitales medios (quiero decir, millonarios y billonarios de baja escala) o incluso más pequeños, que se los ha condenado a desparecer bajo una lógica implacable de concentración y centralización ejercida por los grupos norteamericanos más poderosos. Capitales “en resistencia” que intentaron salvarse tejiendo una vasta alianza electoral y cultural con la enojada población WASP, población trabajadora o farmer que también ha sido hecha de lado por la vertiginosa acumulación y crisis del capital y por el estado de abandono en que se encuentran las redes de infraestructuras y servicios del país.
Más allá del sorprendente choque frontal del actual gobierno norteamericano con las poderosas empresas mediáticas globales por el avance y reposicionamiento imperial en favor de la reconstrucción del mercado interno de Estados Unidos, ello ha propiciado que la defensa de estos mercados nacionales ya no sólo sea el tema de las periferias anti imperiales sudamericanas o euroasiáticas de los últimos quince años, pues el asunto parece haberse vuelto inaplazable para la misma metrópoli.
Como los acontecimientos más decisivos de la modernidad hoy estamos frente a un momento de peligro extraordinario, que puede precipitarnos hacia regresiones fascistas extremadamente oscuras, pero también para Norteamérica y México podría tratarse de una oportunidad histórica única, que permita realizar un balance autocrítico profundo de lo ocurrido durante los últimos treinta años. Todo lo cual evidentemente dependerá de lo que los actores sociales sean capaces de realizar.