Por Martín Burgos (Centro Cultural de la Cooperación)
El gobierno de Cambiemos surgido de las elecciones del año 2015 tiene grandes particularidades respecto de los anteriores gobiernos de la derecha vernácula y lo hace particular por varias razones. En primer lugar porque su fuente de legitimidad está íntimamente ligada a la victoria electoral, por lo que suele decirse que es el primer gobierno de derecha, aunque pueda ser discutible. Esto implica lógicamente que las elecciones de medio término son, para él, fundamentales para poder continuar abrevando de esa fuente de legitimidad. No obstante, las políticas económicas que está llevando adelante no logran tener resultados positivos ni en términos de crecimiento, de distribución del ingreso, ni en mejora de la calidad de vida de la población. De hecho, para muchos esto no es una sorpresa sino que la aplicación de políticas neoliberales es parte constitutiva del gobierno del PRO. De ahí que varios sugieren que este gobierno tiene el mismo contenido que las otras derechas que conoció Argentina, pero con un envase nuevo, à la mode siglo XXI.
Por lo tanto, más allá del “envase” amarillo, se abre un interrogante político de envergadura: si la política económica del gobierno no tiene resultados positivos sobre la población, como podrá sostener su existencia democrática? Qué presencia podrá tener si no hay buenas noticias del lado económico para sus electores? La cuestión de la lógica política de la política económica es lo que tratará de analizar esta nota luego de caracterizar el modelo económico.
Deuda externa y fuga de capitales
A más de un año de la asunción del gobierno de Cambiemos, pareciera consolidarse un modelo de tipo de cambio bajo y tasa de interés alta, en el cual la valorización financiera se vuelve preponderante. Este modelo se fue gestando a instancias de un bloque dominante constituido por las empresas transnacionales y las finanzas internacionales, y del desplazamiento de los sectores más vinculados a los agronegocios y a la UIA, que pedían un modelo de tipo de cambio alto. El único compromiso que tuvieron con esos sectores son las prometidas reducciones a las retenciones a las exportaciones de soja e industriales, concesión que por el lado del campo no termina de convencer. Esta actitud es comprensible: para algunos sectores agropecuarios, este período podría tener varias similitudes con el de los años noventa, marcados por una fuerte concentración y remate de campos, pero en esa puja el sector todavía tiene una carta fuerte para presionar por otra devaluación: su capacidad de acopio en los silo-bolsas que le permite retener la cosecha a costo bajo, una herramienta que ya empezó a utilizar este año.
Si bien los primeros pasos del gobierno, marcados por la devaluación y quita de retenciones, apuntaban hacia un modelo de tipo de cambio alto bajo las consignas de “competitividad” y “neo-desarrollismo”, los elevados niveles inflacionarios hacen que hoy el tipo de cambio real sea similar al del año pasado. Esta realidad -tan heterodoxa- según la cual la inflación depende más del tipo de cambio que del déficit fiscal, parece haber calado en un sector del gobierno que se encuentra a gusto con un tipo de cambio anclado que le permite mantener más controlada la inflación.
Esta política económica no es de extrañar, dado que los anteriores períodos neoliberales (1976 y 1989) tuvieron la misma secuencia: una primera etapa de tipo de cambio alto y apertura comercial (1976/78 y 1989/91) y luego un tipo de cambio bajo sostenido con deuda externa privada o pública. La actual deuda externa financia la fuga de capitales de las grandes empresas privadas y de la clase media (cuyo ritmo es de casi 2.000 millones de dólares por mes) así como la remisión de utilidades de las empresas transnacionales que se ve beneficiado por ese “peso argentino fuerte”. De los 55.000 millones de dólares que se tomaron de deuda externa en los mercados internacionales, 15.000 se fueron a pagar los fondos buitres y otros 15.000 se evaporaron por compra de dólares, restando 20.000 para engrosar las reservas y que, si continúa esta dinámica, se transformarán en fuga a lo largo de 2017. Se va configurando así un esquema en el cual los beneficios son privados y los costos son sociales, dado que la deuda externa la pagaremos entre todos mientras los beneficios de la fuga de capitales seguirán siendo de pocos.
La implementación del modelo financiero implica también un cambio en el comportamiento de las empresas, las cuales encuentran alternativas a la inversión productiva en las altas tasas de interés del mercado o directamente en la dolarización de su cartera. De esa financiarización de las empresas surgen fenómenos asociados, como los “argendólares” (créditos en dólares) que ya representan 10% de las reservas, y cuyo respaldo en los depósitos en dólares presenta todo un debate. Por otro lado, las altas tasas de interés permiten también un atractivo negocio para los capitales golondrinas internacionales, que les permite realizar una diferencia tomando prestado a tasa baja en Europa, Japón o Estados Unidos. En todos estos casos, el negocio implica que el tipo de cambio siga estable entre el momento de entrada y salida, y supone cada vez mayores incentivos para no devaluar.
Este aumento de las tasa de interés se debe únicamente a una política del Banco Central, el cual aspira el dinero circulando ofreciendo a los inversores instrumentos en pesos con alta tasa de interés, como las letras (Lebacs) que se renuevan mensualmente como si fueran un plazo fijo, o los pases que los bancos renuevan semana a semana. La masa de dinero que representan estas lebacs a fin de 2016 era del equivalente del total de la base monetaria, lo que lo volvía una bomba difícil de desactivar. En efecto, si la tasa de interés baja demasiado, es muy probable que los capitales especulativos se cambien a posiciones en dólares, lo que constituiría una fuerte presión sobre el tipo de cambio.
La acumulación en recesión
El tipo de cambio bajo sumado a la apertura comercial fomentan la desindustrialización y el desempleo en las industrias que mayor empleo proveían y que se beneficiaban de mayor protección (textiles, metalmecánicas, por ejemplo). Para las Pymes, sin lugar a dudas, vuelve a regir un período de “acumulación en recesión” en la cual bajar costos y renunciar a su margen de ganancia son condiciones de supervivencia. En ese sentido, la reducción de personal, la evasión impositiva, el atraso en los pagos a proveedores, la mora en el pago de deuda y la extensión de horarios de trabajo sin compensación para sus trabajadores (o pagando en negro), e incluso quedarse con la parte previsional que le deberían derivar al Anses, son parte de las herramientas de esta acumulación en recesión que, creemos, se implementará ante la vista gorda de un Estado que podría considerar estas prácticas como una legítima búsqueda de “competitividad”.
Por otra parte, la reorientación de las Pymes hacia la importación de los productos que antes producían, con el objetivo de aprovechar sus redes comerciales, les permitiría recuperar ganancias por los bajos costos que implica, pero también incrementaría el desempleo. De esta forma, es muy probable que se reduzca la inflación con importaciones a precio de dumping social o de dumping técnico (reconocido por la OMC) o con una producción local en condiciones laborales/impositivas más flexibles.
En consecuencia, la clave social de este modelo es, sin lugar a dudas, volver a formar un ejército de reserva que pueda reducir los salarios y disciplinar los sindicatos. Los datos de desempleo muestran una alza que podría significar que la tendencia a volver a un desempleo de dos dígitos es solo una cuestión de tiempo. Mayor desempleo para frenar la inflación: esa parece ser la apuesta del gobierno que, además, puede tener réditos de otro tipo. En efecto, mientras una gran parte del asalariado disfruta del tipo de cambio bajo, bajos precios de productos importados y facilidades para viajar afuera, y una porción menor de los jubilados cobren su “reparación histórica” que podría tomar los ribetes de una “jubilación de privilegio”, los efectos políticos de esta “plata dulce” será que la clase media revalidará electoralmente al gobierno del PRO, e incluso puede ser un motor de crecimiento económico para el año que viene.
Pero el desempleo tendrá duros efectos sobre los sectores más vulnerables que, hasta ahora, se encontraban protegidos de la intemperie del mercado por un Estado activo. De esta forma, se reemplaza la grieta mediática por una grieta social entre un sector que se beneficiará del modelo de tipo de cambio bajo y otro que verá empeorando su situación y podría llevarnos a una conflictividad social creciente.
Insustentabilidad económica
Todo esto configura un modelo socialmente excluyente y económicamente inestable, como se reconoce desde la derecha y desde la izquierda, con el mismo argumento: el crecimiento de la deuda externa se podría volver impagable. A este dato objetivo, casi matemático, se le agrega un condimento muy especial con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Esta nueva coyuntura internacional abre un gran interrogante sobre el futuro de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos y en las conexiones entre Wall Street y los economistas especializados en colocar bonos de deuda latinoamericana. En todo caso, los incrementos de la tasa de interés de la Reserva Federal y del riesgo-país no facilitan la continuidad de este modelo de endeudamiento y podría iniciar más rápidamente que lo deseado el ciclo de pago de esa deuda externa.
El cierre de los mercados internacionales pondría inmediatamente en crisis el modelo a través de una reducción de las reservas y la creciente dolarización de los activos que actualmente están colocados en pesos (lebacs y pases). Esta situación explosiva está lejos de ocurrir en la actualidad, pero los crecientes desequilibrios financieros implican un continuo refinanciamiento de esos capitales especulativos, sea el endeudamiento externo como los instrumentos de inversión financiera en pesos. Este permanente roll-over de la deuda implica también que “el mercado” confía en algunos funcionarios bien determinados como lo es en la actualidad Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central, que se convirtió en el hombre fuerte de la política económica del gobierno y logró las salidas de Melconian y Prat-Gay, sus dos rivales.
“El mercado”, esa entelequia constituida por las agencias de riesgo, los grandes fondos de inversión y los grandes bancos que trabajan bajo el paraguas institucional de los organismos financieros internacionales, se convierte por lo tanto en el condicionante de toda la política económica. Toda ella debe encuadrarse en las pautas que le enuncian las finanzas: desde la reducción de gasto público para lograr mejorar el riesgo país, la flexibilización laboral, la privatización y desregulación de los mercados para lograr “canjes exitosos” y préstamos a mayor plazo, hasta garantizar una tasa de interés elevada -condición de continuidad de la renta financiera. Como la deuda no se puede pagar, sólo se la puede renovar en condiciones cada vez peores, que es la forma de que un gobierno pueda sobrevivir. Pero “el mercado” no sólo condiciona el gobierno actual, sino también los futuros. Todo intento de buscar alternativas “heterodoxas blandas” se saldarán con un aumento del riesgo país que hará más cara la renovación de la deuda.
Como lo escribió Jorge Schvarzer en su libro “La lógica política de la política económica”, la inestabilidad de la política económica generada durante la dictadura es lo que hacía la fuerza de Martinez de Hoz, porque permitía la estabilidad del elenco ministerial y condicionaba toda la política económica. Por extensión, también condicionó el gobierno de Alfonsín, que trató de negociar sin éxito, tuvo que ajustar a pedido de los mercados y sin embargo le terminó estallando la bomba de la deuda externa e interna en las manos.
Estos antecedentes nos permiten plantear la hipótesis de que el gobierno actual ya no tiene sólo su fuente de legitimidad en las elecciones de 2015, sino que fue forjando un nuevo tipo de poder a lo largo de 2016 que condicionará la sociedad argentina de aquí en adelante. Este poder radica en la fuerte inestabilidad de la deuda interna y externa que requiere de renovaciones constantes y que ponen la política al servicio de los mercados financieros. Estas lógicas vuelven a poner a “los mercados” en un lugar de predominio sobre el sistema político argentino, prometiendo el “caos económico” si volviera un gobierno popular. Por lo tanto, si bien los resultados económicos de este gobierno fueron negativos para el bienestar de la población, debemos buscar la lógica política de esta política económica en su insustentabilidad dado que ésta implica el condicionamiento de las políticas económicas de gobiernos futuros y, más generalmente, aparece como una forma de disciplinar la sociedad argentina.
Imagen de portada: Quique Sena. En la cuerda floja III, 2014. Óleo sobre lienzo, 150 x 150 cm. Serie completa en: http://quiquesena.com/works/cuerda-floja-1/.